Chuayffet, en tela de juicio

Lunes 05 de Septiembre de 2011 21:04

Escrito por Angélica Beltrán

En la primera sesión de trabajo formal de la Cámara de Diputados se esperan sorpresas desagradables para el presidente de la Mesa Directiva, Emilio Chuayffet; cuyo cargo fue puesto en tela de juicio en cuanto a su legalidad.

De principio, el diputado Alejandro Encinas, ex candidato del PRD al gobierno del Estado de México, anticipó que de regreso a San Lázaro, una de sus primera acciones será presentar una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia, porque la presidencia de Emilio Chuayffet es anticonstitucional.

Primero, porque prohíbe la ley que un mismo grupo parlamentario ocupe dicha presidencia de manera consecutiva; y fue el PRI quien cedió la estafeta a otro diputado de su bancada.

Y en segundo lugar, porque de acuerdo a la constitución, el cargo de la Mesa Directiva abarca lapsos de un año; y no de cuatro meses, como dividieron los coordinadores parlamentarios la presidencia, que ocuparán escalonadamente PRI, PRD y PAN; gracias a un acuerdo político que colocaron por encima de la Constitución Mexicana.

En la misma línea de señalar que los diputados están dejando de respetar la ley máxima; se han apuntado diputados del PRI como Omar Fayat, del PT como Jaime Caárdenas y del PAN como Javier Corral.

Informe de Peña Nieto

Mientras los priistas ven sólo logros y triunfos en el desempeño del gobernador Enrique Peña Nieto en el Estado de México, a quien por cierto el Senador Manlio Fabio Beltrones ya lo reconoció como un político exitoso y popular; el PRD mexiquense a través de Luis Sánchez, ve otra realidad muy distinta.

En un informe pormenorizado en el marco del informe de gobierno del mexiquense; el presidente del PRD en esa entidad especificó que en la entidad aumentó de la criminalidad en sus diversas modalidades, ejecuciones, feminicidios, robo a mano armada, robo de vehículos.

Además de que son mediocres los resultados en cobertura educativa y ejecución de programas sociales, pues la pobreza también aumentó a un millón 600 mil habitantes con pobreza alimentaria; cuando la entidad gozaba, antes de Peña Nieto, de estadísticas estables en ese rubro.

Beltrones ahorró miles con informe por internet; pero ¿en qué gastó la partida para este acto?

De acuerdo a las cifras del Senador Manlio Fabio Beltrones, durante su informe de actividades legislativas que transmitió a través de internet en las redes sociales, 170 mil mexicanos lo vieron, en tanto que en sus respectivas cuentas ya suman un millón de contactos los del priista.

Una manera  distinta y novedosa de presentar un informe público, el del sonorense, que presume que en este nuevo estilo se contactó con la gente; y no con la clase política, como sucede en la práctica.

Sin embargo la cuestión en este caso es, de una y otra forma, moderna o tradicional de presentar informes, los millones de pesos que México destina para estos eventos, de cualquier modo no los ve la ciudadanía redundados en beneficios concretos.

El senador Carlos Navarrete, coordinador de la bancada del PRD erogó tres millones en su informe en el Word Trade Center de la ciudad de México; la coordinadora del PAN en San Lázaro, Josefina Vázque Mota gastó de las arcas de la nación cinco millones de pesos para el mismo caso. Mientras que la cantidad que hubiera ahorrado Beltrones con su nuevo estilo de informar tampoco beneficia a los mexicanos de ningún modo.

“Guerra sucia” podrá ser castigada con sanciones jurídicas

Con el objetivo de castigar a aquellos que ensucian la imagen de los políticos con campañas de difamación; el diputado Arturo Zamora presentará este martes en el pleno de la cámara baja una iniciativa de reformas al Código Penal Federal (que se prevé apruebe la Comisión de Justicia), para sancionar la difamación en contra de precandidatos, candidatos, partidos y coaliciones.

Teniendo como antecedenets la guerra sucia en las elecciones 2006-2009 y su historia misma, pues al ser candidadto del PRI al gobierno de Jalisco fue difamado y finalmente no hubo pruebas de las acusaciones, el diputado priista pondrá a consideración esta iniciativa que no pretende vulnerar el derecho a la libertad de expresión.

Se plantea castigar con seis meses a seis años de prisión y multa de hasta 200 días de salario a quienes calumnien y difamen a partidos, candidatos o precandidatos electorales. Y si el responsable de esta conducta fuera un funcionario electoral, precandidato o incluso un servidor público, la multa deberá ser de 200 a 300 días de salario y prisión de dos a 9 años.