Responde Calderón 35 preguntas
El presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República las respuestas a las preguntas parlamentarias que le fueron formuladas en relación al estado general que guarda la administración pública del país en el V Informe de Gobierno.
A través de un oficio remitido por la Secretaría de Gobernación, el Ejecutivo federal contestó 35 cuestionamientos en total.
De ellos, 10 le fueron planteados por el grupo parlamentario del PAN, 7 por el PRI, 6 por el PRD, 4 por el Partido Verde Ecologista de México e igual número por Convergencia y el Partido del Trabajo.
Sobre las interrogantes entorno a la estrategia de seguridad, el Ejecutivo señaló que al termino de diciembre de 2010 se tenían contabilizados 34 mil 612 fallecimientos ocurridos en “el contexto de la rivalidad delincuencial”.
De ellos, 10 mil 135 se registraron en Chihuahua; en Baja California ocurrieron 2 mil 019; en Durango se presentaron mil 892 ejecuciones; Guerrero 2 mil 739; Jalisco mil 073, mientras que en el Estado de México sumaron mil 538; en Michoacán mil 751; Nuevo León tuvo 971; Sonora mil 258; Tamaulipas mil 475; Veracruz 453 y el Distrito Federal 653 homicidios.
En este sentido, el mandatario subrayó que el registro que lleva en la base de fallecimientos “no determina el estatus jurídico de la persona, pues en todo caso y circunstancia se asume el principio de presunción de inocencia”.
“La pertenencia a una organización criminal sólo se puede determinar a través del resultado de las investigaciones ministeriales”, precisó en el documento.
Por esa razón --agregó-- esclarecer posibles vínculos criminales de las personas fallecidas no es resultado que pueda derivarse de la información contenida en dicho registro, pues ello rebasa los propósitos del mismo.
Además, el presidente Calderón manifestó en sus respuestas que “no considera a las personas fallecidas en el contexto de la rivalidad delincuencial como una cifra estadística”.
Sin embargo, mencionó que estos registros son necesarios para dimensionar una situación como esta y “las víctimas de la violencia irracional de los criminales no se consideran daños colaterales para el gobierno federal”.
Al referirse al programa Todos Somos Juárez, indicó que la Secretaría de Seguridad Pública detuvo a 2 mil 602 personas en flagrancia por la comisión de algún delito, además aseguró 436 armas, 51 mil 825 cartuchos, 856 cargadores, 48 granadas, mil 994 estopines simples, dos estopines eléctricos y un lanzagranadas.
De igual forma, resaltó que la Policía Federal aseguró a 223 presuntos delincuentes relacionados con delitos contra la salud, tráfico de armas, homicidio, “cobro de piso” y secuestro en dicha entidad.
De ellos --aclaró-- 186 están presuntamente vinculados con el Cártel de Juárez, 37 con el de Sinaloa y 15 con el de Gente Nueva.
El Ejecutivo mencionó que debido a estas acciones se registró una disminución del 38 por ciento en el número de fallecimientos ocurridos por presunta “rivalidad delincuencial”.
Especificó que durante septiembre de 2012 a junio de 2011 la Secretaría de la Defensa Nacional coadyuvó con un efectivo promedio mensual de mil 474 elementos en las funciones de seguridad pública en ese estado.
Sobre Plataforma México se informó que el gobierno federal ha destinado a este programa, administrado por la SSP, casi mil 500 millones de pesos de los cuales 981 se corresponden a gasto corriente y 515 a gasto de inversión.
Por otro lado, el titular del Ejecutivo refirió que en el marco de la Estrategia Nacional Contra el Narcomenudeo, de septiembre de 2010 a julio de 2011, se efectuaron 26 mil 333 acciones entre operativos y cateos.
En ellos, apuntó, se detuvo a 28 mil 764 personas, se aseguraron 77 mil 110 kilogramos de marihuana, 829 kilogramos de cocaína, 58 kilogramos de heroína, 3 mil 730 kilogramos de metanfetaminas y 79 mil 584 pastillas psicotrópicas.
Asimismo, se eliminaron mil 620 centros de distribución y se desmantelaron 53 laboratorios que aunados a los desmantelados en el marco del Esfuerzo Nacional dan un total de 185 laboratorios en el periodo mencionado.
Sobre la presentación de denuncias de las víctimas de delitos señaló que entre septiembre de 2010 y junio de 2011 se canalizaron 15 mil 440 denuncias a diferentes áreas para su atención entre las que se encuentran las 32 delegaciones de la PGR, la Subprocuraduría de Control Regional, la de Procedimientos Penales y Amparo.
También, se remitieron a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
En el tema de los casinos que operan el país, recordó que el 28 de agosto el Servicio de Administración Tributaria reportó que en coordinación con las fuerzas federales realizaron un operativo en el que embargaron 3 mil 541 máquinas “tragamonedas” y se verificaron 5 mil 056 en 8 establecimientos en el área metropolitana de Monterrey.
Además, puntualizó que en la presente administración no se ha expedido “un solo permiso por criterio propio de la Segob, sino en cumplimiento de sentencia ejecutorias de amparo o mandamiento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”.
Lo anterior, significa que la totalidad de establecimientos fueron permitidos antes de esta administración o son casos avalados por una resolución judicial, recalcó.
Refirió que en México existen 27 permisos que amparan múltiples establecimientos y cada uno de ellos suma un total de 561, de los cuales solamente cuentan con aviso de apertura y funcionamiento 306.
Sobre el combate a la corrupción dijo que en el último año se han denunciado ante la PGR a mil 562 personas en 92 denuncias, de ellos mil 059 son servidores públicos y 503 particulares.
De igual forma, añadió, la Secretaría de la Función Pública ha impuesto sanciones en el último años a 7 mil 117 servidores públicos y a 434 empresas, derivado de esas acciones de fiscalización se han logrado reintegros, ahorros y recuperaciones por 13 mil 350 millones de pesos.
Al referirse a la crisis financiera internacional que se vive actualmente, el presidente de la República explicó que el gobierno federal monitorea permanentemente la situación económica nacional e internacional, a fin de identificar factores de riesgo y responder con prontitud ante alguna eventualidad en esta materia.
Reconoció que dicho esfuerzo ha permitido reconocer con oportunidad los elementos de riesgo y como resultado de ello se ha desarrollado una estrategia de respuesta “basada en fortalecer los fundamentales económicos del país y llevar a cabo acciones contracíclicas”.
El documento se envió a la Junta de Coordinación Política y a las comisiones de trabajo de la Cámara de Senadores.
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