Remoción en FEPADE, agravio contra priístas

Martes 14 de Febrero de 2012 20:40

Escrito por Angélica Belrán

CD. DE MEXICO.- El cambio de titular de la Fepade desató un torbellino entre los partidos políticos, pues aunque es facultad exclusiva del ejecutivo la remoción de sus funcionarios; queda claro que el personaje cesado era pieza clave para los priistas, por lo que las protestas de éstos aunque se han escuchado en lo más alto; son inútiles, pues se trata de una acción apegada a derecho.

Bajo el argumento de la transparencia, el PRI ha protestado desde su presidencia nacional y desde la Cámara de Diputados por la remoción del titular de la Fepade, organismo a cargo de la PGR; pues lo consideraron un agravio contra ellos mismos; una acción indirecta para afectarlos, y hasta una declaratoria de guerra según apreciación del coordinador de la bancada en San Lázaro,  Francisco Rojas.

Y aunque es una facultad exclusiva del presidente de México el cambio de dicho funcionario, los priistas ya se apresuraron a denunciar que esto es el inicio de la guerra sucia electoral en contra de su partido.

En el fondo de la indignación priista está que el personaje removido, José Luis Vargas, era parte del equipo del ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, (aparente panista, que claudicó finalmente a las filas azules); y que en la realidad siempre fungió como uno de los principales operadores políticos del PRI dentro del gobierno de Felipe Calderón.

El cambio sin duda no favorecerá a los priistas, que cargan sobre sus hombres denuncias serias contra militantes de primerísimo nivel. En los últimos días se denunció al candidato del PRI a la gubernatura de Michoacán, Fausto Vallejo, por supuestos vínculos contra el crimen organizado, y cuyo triunfo electoral quedó sujeto a las investigaciones de la Fepade. Organismo que acreditó su victoria como gobernador constitucional esta madrugada, siendo José Luis Vargas aún el titular del organismo.

Y aunque la plana mayor del PRI en San Lázaro: Francisco Rojas, Jorge Carlos Ramírez Marín, César Augusto Santiago y José Ramón Martel ofrecieron una conferencia de prensa para exponer su indignación por la remoción, aunque no sea un delito ni una extralimitación de las facultades del ejecutivo; quedó claro que bajo el paño de lágrimas de los priistas está oculta su frustración de manipular y desviar las posibles denuncias en su contra por delitos electorales; ya que el fiscal José Luis Vargas era un aliado, y estaba muy lejos de ser imparcial, objetivo y menos transparente.

Ah, por cierto, para dar esta conferencia en las instalaciones del palacio Legislativo de San Lázaro, los diputados priistas pusieron condición a los representantes de los medios; sólo se trataría el tema de la Fepade. Preguntas de otra cuestión no serían respondidas… Y así fue. 

Denuncia contra delegados

Este martes los diputados José Luis Marcos León Perea de Sonora, así como Yolanda de la Torre y José López Pescador de Durango, ratificaron ante el todavía titular de la FEPADE, José Luis Vargas Valdés, una denuncia de hechos contra funcionarios federales y de cinco Estados: Durrango, Sonora, Nayarit, Puebla y Michoacán por presunta utilización de recursos públicos para favorecer a precandidatos del PAN.

El expediente de la denuncia, respaldada por los 239 legisladores de la bancada priista, contiene, a decir de los legisladores denunciantes: audios, videos y fotografías que acreditan la probable comisión de delitos de orden electoral en esas entidades.

La práctica común de priistas en cargos públicos de favorecer a sus candidatos con recursos públicos, ya no fue bien vista por ellos, en manos de los panistas. Por lo que la denuncia fue presentada en aras de lograr comicios limpios, alcanzar una democracia verdadera, así como una equidad. Disque.

Entre la ley mordaza y el periodo de intercampañas

La falta de reglas claras para saber cómo se debe llevar el periodo de intercampañas, denominado también el periodo del silencio, el papel de la prensa se ve mermado, pues aunque mucho se ha mencionado que los medios podrán ejercer su derecho constitucional de informar sin restricción alguna, la ley electoral no ha quedado clara aún ni para los actores políticos ni para los medios de comunicación.

De modo general ha quedado establecido que lo que prohíbe la ley electoral es que en este lapso que inicia el 16 de febrero y culmina el 29 de marzo, los precandidatos no pueden difundir su plataforma electoral, participar en debates ni promover el voto. A la vez, no pueden contratar espacios en los medios electrónicos.

Eso sí, pueden hablar de los problemas del país, a través de entrevistas individuales, pero nunca confrontando ideas con otros candidatos; asimismo, haciendo prevalecer el derecho constitucional de la libertad de reunión, la ley electoral prevé la organización de eventos de la militancia de cada partido, pero siempre y cuando sean a puerta cerrada y no en lugares abiertos.

Los lineamientos ciertamente son muy generales, por lo que incurrir en alguna falta será fácil; aunque por esa misma razón también será fácil librarla