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Mensaje de la procuradora Marisela Morales

+ habla de la Ley para erradicar delitos contra las mujeres

          CD. DE MEXICO, 13 de junio de 2012.- Muchas gracias, Señor Presidente, por recibirnos aquí en la Residencia Oficial de Los Pinos, para la promulgación de dos decretos de la mayor relevancia: la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, así como las reformas al Código Penal y demás ordenamientos para combatir los delitos contra las mujeres.

Hoy, gracias a su apoyo y al de la Licenciada Margarita Zavala, así como al impulso fundamental del Congreso de la Unión, estamos concretando dos de las reformas legales más importantes de la última década, por su impacto en la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos más vulnerables.

El trabajo de todos fue indispensable para que se concretaran estas iniciativas.

Quiero extender un amplio reconocimiento a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y a la Diputada Rosi Orozco, por su labor para la aprobación de la nueva Ley para combatir la trata de personas.

Hoy, con la promulgación de la misma, México muestra al mundo su visión de Estado y su capacidad institucional para promover los cambios que nuestro país necesita, así como de voluntad política para alcanzarlos.

La trata de personas es uno de los delitos que más atenta e indigna a la sociedad, al ser un crimen atroz que es la manifestación de la ignominia y el abuso de los criminales, a los que hemos combatido desde el primer día de la Administración.

Este delito lastima profundamente a las personas que lo padecen porque transgrede en su dignidad como seres humanos y en su libertad.

Y también, ofende a sus familias y a la sociedad en su conjunto.

Es, adicionalmente, uno de los negocios ilícitos más lucrativos por la delincuencia organizada, no solamente en México, sino también a nivel mundial de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas.

Por ello, el 14 de julio de 2011 se publicó el decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de nuestra Constitución Política, incorporando la trata de personas como un delito grave y estableciendo la posibilidad de que los jueces ordenen prisión preventiva oficiosa durante el procesamiento del imputado por este delito.

A partir de aquellas reformas, se ha trabajado en el establecimiento de una estrategia jurídica para la homologación de pruebas y definición de tipos penales, que permitan una mejor judicialización de los casos y obtención de sentencias.

Así, el pasado 27 de abril de 2012, el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

Para que hoy, nuestro país cuente con nuevas y más eficaces herramientas para combatir este indignante crimen.

De esta manera, se logrará una mejor coordinación entre los tres órdenes de Gobierno para la prevención, persecución y sanción de la trata de personas.

Se establecen en este ordenamiento los tipos penales en materia de trata de personas, aplicables a las 32 entidades federativas y a la Federación, lo que dará como resultado la homologación de sanciones para quienes incurran en la comisión de este flagelo, fortaleciendo la prevención general y prevención especial de este ilícito.

Se robustece la Comisión Intersecretarial para prevenir, combatir y sancionar los delitos en materia de trata de personas, encabezada por la Secretaría de Gobernación.

Del mismo modo, se reparará el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

Se fortalece el régimen de ejecución de sanciones, al garantizar que los sentenciados por estos delitos no serán sujetos de beneficios que impliquen la reducción de sus condenas.

Se faculta al Ministerio Público de la Federación para ejercer técnicas de investigación especiales, como el seguimiento de personas y la colaboración de informantes, además del empleo de cualquier herramienta para la obtención de pruebas, siempre que no contravengan el orden jurídico y los derechos humanos.

Asimismo, para el caso de víctimas extranjeras en México y víctimas mexicanas en el extranjero, se robustece su protección en materia de asistencia migratoria, repatriación voluntaria y el otorgamiento de visas por razones humanitarias.

Y se implementarán mecanismos más eficaces e integrales, cumpliendo con lo establecido en los protocolos internacionales en la materia.

De igual forma, hoy el Ejecutivo Federal promulga el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para combatir el feminicidio.

A través de dicho decreto, sustancialmente se tipifica un delito con perspectiva de género, ejecutado en contra de las mujeres cuando existan signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones infamantes, violencia familiar, laboral o escolar o incomunicación de la víctima, entre otros rasgos, delito que se castigará con cuarenta a sesenta años de prisión.

Estas reformas son de la mayor trascendencia para la vida social de nuestro país, por ello el Gobierno Federal reconoce el compromiso de las y los señores diputados que generaron nueve iniciativas de ley, las cuales sirvieron de base para la realización de estas reformas que hoy se promulgan.

Con estas adecuaciones legales, sin duda, enfrentaremos con mayor eficacia, la violencia y los delitos contra las mujeres, que en varias entidades del centro y norte de la República son un verdadero flagelo que nos indigna como sociedad y que nos duele a cada uno de los mexicanos de bien.

Señor Presidente;

Señoras y señores:

El Estado mexicano ha concretado hoy reformas fundamentales y ahora debemos seguir adelante en la lucha contra estos crímenes, que denigran a nuestra dignidad como seres humanos y a nuestra sociedad.

No solamente se trata de tener un mejor marco jurídico que nos permita castigar a los responsables de delitos tan deleznables, sino también de generar una cultura del combate contra la violencia de género y contra la trata de personas.

La denuncia es un factor determinante para avanzar en nuestros esfuerzos por terminar con estos abominables delitos.

Debemos también fomentar los valores del humanismo en los mexicanos, para que en nuestras familias y en nuestras comunidades alcancemos mejores formas de convivencia.

La promulgación de esta nueva Ley y de las reformas que combaten la violencia contra las mujeres son un paso muy importante para avanzar hacia este objetivo.

Estamos creando las facultades institucionales para inculcar una cultura que nos ayude a combatir y detener la trata de personas y los feminicidios, que vulneran a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad.

Continuemos trabajando en nuestra responsabilidad de seguir transformando a nuestro país hasta el último día de la Administración del Presidente Calderón, para que todas las personas en nuestro territorio, logren vivir con seguridad y tranquilidad.

Muchas gracias.