+ Rocha, insostenible en Sinaloa; era común arrojar gobernadores del poder, pero hoy “no está en mis facultades como presidenta removerlo”, dice Sheinbaum; sindicato cobra millones sin responder a trabajadores; optimismo en la industria turística por el Carnaval Guaymas y el “Vino Fest” San Carlos
HERMOSILLO, Son. – Quienes recordamos el pasado más o menos reciente, entenderíamos si la presidenta Claudia Sheinbaum ordenara el despido del insostenible gobernador de Sinaloa, Rubén Roya Moya.
Se lee grotesco, pero era común ver rodar testas de mandatarios estatales por una directriz del centro. Los expresidentes del pasado siglo están en la competencia de quién derribó más.
La interesante historia que este martes me recordaba mi amigo Bulmaro Pacheco, escritor, historiador e ideólogo priísta –lástima que la ideología devino a menos en el PRI—, fue sobre esa competencia de abuso político escudada en artículos de la Ley que contemplan la desaparición de poderes, o en el servicio a la Nación que los neutralizaba en alguna Secretaría.
Desde las postrimerías del período revolucionario hasta José López Portillo (1976-82), esa facultad constitucional del Senado echó del mando a más de 60 gobernadores, para resolver diferencias entre la Federación y estados.
Solo “Tata” Lázaro (Cárdenas), izquierdista y gran reformador social del país, removió a 18. Mucho después, José López Portillo ordenó leyes para dificultar la desaparición de poderes en un estado, pero fueron insuficientes, como demostró Carlos Salinas al “renunciar” a 17 sin ruborizarse.
Debí comenzar antes, con el creador de las instituciones nacionales –incluido el PRI--, Plutarco Elías Calles, quien echó a 19, pero su verdugo político, Lázaro Cárdenas, usó esta práctica cuando lo exilió. El “callismo” vigente obligó a limpiar el país y levó la guillotina a Colima, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Chiapas y Morelos.
Miguel Alemán, el primer civil presidente, también lo practicó y Adolfo Ruiz Cortines hizo la travesura con los gobernadores de Yucatán, Guerrero y Tabasco; López Mateos repitió la dosis en el conflictivo Guerrero y Gustavo Díaz Ordaz en Durango.
Luis Echeverría no se quedó atrás ante la rebeldía guerrerense y derribó al gobernador, como lo hizo en Nuevo León, Hidalgo, y fue quien obligó a renunciar a Carlos Armando Biebrich en Sonora, acusándolo de la matanza de campesinos en San Ignacio Rio Muerto.
López Portillo hizo lo propio y le siguió Salinas de Gortari con ese impresionante palmarés ya en la era moderna, cuando México se abría al mundo y comenzaba el neoliberalismo tan odiado por la 4T. Imagínense, 17 gobernadores electos por la vía democrática –no se rían—despedidos para nombrar interinos incondicionales. Ah, sufrió la República.
Y callado como era, Ernesto Zedillo hizo la travesura en Chiapas dos veces en el sexenio, y repitió la dosis en Guerrero; luego dispuso igual medida en Morelos y Nuevo León.
En ese sentido fueron tranquilos los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, al inaugurar la era de mandatarios panistas que, por falta de fuerza en la base social, no cedieron a la tentación de perpetuarse enfrentándose al centralismo.
Hoy, la fortaleza del presidencialismo impide esos niveles de confrontación. Los gobernadores dejaron de ser parte de las decisiones del país para sumarse a lo que decida el centro, como antes.
Esta semana, la presidenta Sheinbaum aseguró que remover a un gobernador no está dentro de sus facultades como presidenta de México. Claro que no, como no estaba en las facultades de sus antecesores, pero lo valioso de esa expresión es, no recurre a argucias para poner fin a una representación estatal surgida del voto popular. Democracia, le llaman.
Pero, entonces, quién o quiénes resolverán la situación de Sinaloa, donde crece el repudio al gobernador Rocha Moya, con millares marchando en las calles y hasta allanan y romper puertas en Palacio de Gobierno exigiéndole dimitir, al no poder garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Y me sumo a esta crítica: la pasada semana llegaron representantes morenistas dirigidos por su coordinador en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal y se tomaron la foto con amplia sonrisa anunciando su respaldo al gobierno de Rocha Moya. Le dijeron que lo apoya la presidenta y todo el oficialismo.
Hubiese sido mejor lamentar los hechos, que incluyen la muerte a balazos de una familia inocente, y decirle a los sinaloenses que pronto habrá paz y podrán vivir en la normalidad. No, prefirieron aplaudir y retar alejándose más de la base social, que solo demanda resultados porque Sinaloa padece violencia y posible debilidad institucional, que ya costó mucho dinero y, peor, vidas.
SI HAY SINDICATO
Se reveló que las empresas agrícolas pagan el 2% del sueldo de millares de trabajadores del campo, a un sindicato aún ausente del problema de jornaleros cuya paga se escamoteaba, por lo cual presionaron con gritos y hasta un incendio, para obtenerla.
Supongamos que en pleno ciclo hay 10 mil trabajadores en la región ganando, digamos, 9 mil pesos mensuales. A veces más, si trabajan en empresas serias, no como Santa Inés, de los hermosillenses Salazar Serrano, quienes batallan, por cierto, con una financiera que no devuelve su dinero, mucho, a inversionistas. Pero eso es otra historia.
El punto es que millones de pesos se retienen –a fuerza, pues—para el sindicato, suponiendo que exista, y dispone de ellos mi tocayo Agustín Urías Arenas, presidente del Sindicato de Trabajadores del Campo en Guaymas y Empalme, ¿A cambio de qué? No acudió ni para guardar las apariencias el día de la desesperada manifestación. Tampoco al siguiente día, cuando en represalia, se despidió a 180 jornaleros y se les regresó a Puebla.
Me pregunto si será el mismo sindicato de Iris Sánchez Chiu, la diputada local dueña de siglas por herencia familiar, quien presume de justicia social y vida digna del trabajador, ese que contribuye con su fuerza de trabajo a la riqueza de Sonora, pero no es verdad en los hechos.
Tampoco dijeron “pío” el secretario del Trabajo Francisco Soto Alday --no hay forma de llegar a él—ni Luis Fernando Rentería Barragán, suponiendo que siga como comisionado de Derechos Humanos. Así cómo, pues.
GUAYMAS Y SAN CARLOS DE FIESTA
Arturo Mungarro fue el prestador de servicios turísticos en hacer las primeras observaciones de lo que será un gran empuje económico para la región.
El gerente de la espectacular e histórica hostería de la familia Gándara en Miramar, celebró el anuncio del próximo Carnaval Guaymas 2025 –del 27 de febrero al 4 de marzo-- y su magnífica cartelera artística, cultural y deportiva, cuyo atractivo ya se refleja en habitaciones reservadas.
Al siguiente fin de semana, 8 de marzo, San Carlos tendrá su Festival del Vino (“Vino fest”), un referente entre productores y casas vinícolas por su exitosa evolución, que, como en eventos anteriores, es apoyado por autoridades municipales y estatales. El elenco artístico, como siempre, será de talla internacional y ya lo confirmó Mauricio Monreal, vocero de la organización que preside el promotor turístico Roberto Lemenmeyer, quien revivió la visión de los fundadores de ese destino y encabeza una gran promoción.
En materia turística, ya comenzó bien el 2025.