Los ricos también ¿roban?

Domingo 11 de Diciembre de 2011 21:00

Escrito por Agencias

+ Sacude el escandalo a la Casa Real española

          MADRID, España, 11 de diciembre de 2011.- En sus más de 36 años de reinado, Juan Carlos I de Borbón se ha enfrentado a situaciones difíciles, como el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 del coronel Tejero, la quema de banderas españolas y de fotografías suyas por independentistas catalanes.

También vivió el divorcio de su hija la infanta Elena y protagonizó situaciones embarazosas, como cuando le espetó el famoso “¿por qué no te callas?” al presidente de Venezuela Hugo Chávez. Incluso una vez le descubrieron cazando osos en Rusia, previamente drogados para facilitar la captura.

Pero hoy, por primera vez en la historia de la democracia española, su yerno, Iñaki Urdangarín, duque de Palma, podría ir a los tribunales por un caso que investiga la fiscalía anticorrupción, acusado de apropiación indebida, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración por más de 20 millones de dólares.

El motivo de escándalo para la sociedad española no ha sido desmentida por la Casa Real, que ha argumentado que no comenta informaciones de la vida privada de sus miembros, pero se sabe que ya han tomado cartas en el asunto y se han apresurado a desvincular a Urdangarín de la familia real.

Mientras el caso se aclara, ni él ni su esposa la infanta Cristina tienen agenda de actos públicos representando a la Casa Real. Es posible que esta Navidad no viajen a España desde Washington, donde residen desde hace dos años, para evitar que se les fotografíe en alguna salida pública o junto a los reyes.

Aunque la Casa Real no ha mostrado su apoyo al duque, la reina Sofía sí lo ha hecho. Hace unos días viajó a Washington a visitar a su hija y a su yerno e incluso se dejó fotografiar junto a la pareja saliendo de su casa en Estados Unidos, en un gesto de apoyo implícito a Urdangarín.

El rey, en contraste, no ha aparecido públicamente con Urdangarín, pese a que se reunió con él nada más conocerse la noticia, ni ha hecho ninguna declaración al respecto, preocupado por la situación, pues sabe que España es un país “juancarlista” en el que la monarquía es cada vez menos valorada, y que su hijo Felipe no es tan querido ni valorado como él.

Según la Agencia Tributaria, entre 2003 y 2007 el marido de Cristina ingresó más de 16 millones de euros de la administración pública, a través del Instituto Nóos de Estudios Estratégicos, sociedad “sin ánimo de lucro” que él mismo creó y presidió.

Valiéndose de su parentesco familiar con el monarca, Nóos captaba fondos públicos y privados y los desviaba a una red de empresas particulares de su propiedad y de su socio principal, Diego Torres, en las que logró contratos millonarios, la mayoría “inflados”, muchos de los cuales le concedieron el gobierno autonómico de las Islas Baleares, del conservador Jaume Matas, y el de Valencia, del también conservador Francisco Camps, muchos de cuyos miembros están imputados en una enorme trama de corrupción que afecta al Partido Popular (PP): la trama Gürtel.

El propio Torres reconoció que el Instituto Nóos organizaba eventos deportivos, foros de turismo y deporte y asesorías; y cobraba por los servicios prestados a través de otras empresas que poseían como la consultoría Aizoon.

Según la Fiscalía Anticorrupción, obtenía un 170% del beneficio sobre el costo real. Investigadores judiciales sostienen que el núcleo principal de toma de decisiones en Nóos estaba formado por Urdangarín, Diego Torres y la esposa y dos cuñados de éste, que se encargaban del departamento jurídico y financiero del instituto.

Diego Torres lleva seis meses imputado por falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de fondos públicos. Pero la infanta Cristina, que figuraba como vocal de la junta directiva de Nóos hasta 2006, no será imputada porque los investigadores consideran que estaba “apartada del conocimiento del área financiera”.

Como el duque sería acusado en dos meses, la estrategia de la casa real es que la infanta Cristina, que ocupa el séptimo lugar en la línea sucesoria al trono después del príncipe Felipe, sus dos hijas, la infanta Elena y sus dos hijos, renunciaría a los derechos dinásticos. Con este gesto, la hija menor de los reyes dejaría de ser miembro de la familia real para ser sólo hija de los reyes. Quedaría apartada de la vida oficial y dejaría de recibir la asignación que el rey le entrega del dinero que recibe de los Presupuestos Generales del Estado.

 Es decir, sería infanta como lo son sus tías Pilar y Margarita, hermanas de Juan Carlos. Pero no tendría ningún privilegio más. A no ser que se divorcie, igual que hizo su hermana, la infanta Elena.

Tampoco los partidos políticos han hecho comentarios hasta que los tribunales se pronuncien. Sólo Izquierda Unida (comunistas y republicanos, IU) de Valencia ha reclamado abiertamente una respuesta pública del duque de Palma en una carta en la que le exigen “que colabore con la justicia aportando toda la documentación e información que se le requiera y, sobre todo, que devuelva los fondos públicos que le fueron otorgados en su momento y que, según se ha sabido recientemente, acabaron en empresas vinculadas a usted y a su esposa, la infanta Cristina”.