Martes 06 de Marzo de 2018 14:01

Escrito por Agencias

+ Caos, trifulcas y ‘sanguijuelas’ en el Hotel, revela artículo del NYT

CD. DE PANAMÁ, 6 de Marzo de 2018.- El Trump Hotel Panamá, una torre de 70 pisos que lo con vierte en el más alto del país en esta capital del istmo, es la única propiedad del presidente Donald Trump en América Latina.

Se diseñó y construyó para ofrecer vistas extensas de la bahía panameña, tiene 5 piscinas en sus áreas del exterior y cada habitación ofrece batas, artículos de papelería y enjuague bucal que llevan la marca del apellido del presidente estadounidense, Trump.

Pero ya tuvo problemas por los gritos y empujones del personal de seguridad y otras personas, la policía con cascos antibalas e intervenciones de reguladores laborales panameños, especialistas forenses y un juez de paz.

Todo deriva de la operación completada por el empresario que hace poco adquirió la mayor parte de las acciones del hotel, Orestes Fintiklis, quien se propuso dejar por fuera a los Trump, pese al contrato de largo plazo que existe para gestionar la propiedad, pero ellos se se niegan a irse.

En una carta cuyo sobre indica que es “Privado y confidencial” dirigida a los otros propietarios del hotel, Fintiklis comparó a los Trump “con sanguijuelas” que se habían aferrado a la propiedad y “están drenando” las últimas gotas de sangre del hotel, indica un artículo divulgado este lunes por el diario The New York Times, donde también se puede leer que la crítica va más allá, pues también interpuso demandas acusando al negocio familiar de los Trump y a la Organización Trump de mala gestión del hotel.

LOS TRUMP RESPONDEN

Por su parte, la Organización Trump responde con acusaciones a Fintiklis de usar “tácticas mafiosas” para entrar a la fuerza a las oficinas administrativas del hotel, lo cual provocó altercados, y de involucrarse en una “conspiración fraudulenta” para quitar a la propiedad la gestión y la marca Trump.

El 26 de febrero, el Ministerio Público de Panamá dijo investigar si hubo “conducta reprochable” en la disputa, lo cual significa que una rama de un gobierno extranjero se encuentra en la posición extraordinaria de investigar un negocio propiedad del presidente estadounidense.

Hace solo siete años, al inaugurarse el hotel, el presidente de Panamá, en ese entonces Ricardo Martinelli, exaltó la propiedad junto a Trump. La ciudad de Panamá en esa época estaba repleta de inversionistas internacionales y su economía estaba en auge. Era la “Dubái de Latinoamérica”.

Alan Garten, principal funcionario legal de la Organización Trump, dijo que el Donald Trump no está involucrado en la disputa actual y que “esto no tiene absolutamente nada que ver con el presidente de Estados Unidos”, y asentó que “es una disputa exclusivamente comercial” y que “obviamente, la situación recibe más atención esta vez”.

El presidente sigue siendo propietario de la empresa a través de un fideicomiso, pero delega la gestión cotidiana a sus hijos mayores, Donald Jr. y Eric. Todo indica que el origen del conflicto es un asunto de negocios, no de política; en cualquier otro momento, la Organización Trump y su ejército de abogados podría haber disfrutado entablar este tipo de batalla campal.

Sin embargo, ahora la disputa se vuelve el dolor de cabeza más grande del negocio familiar en una época en que su fundador está en la Casa Blanca. Ello implica que cada decisión y problema se magnifica en todo el mundo. El negocio también da señales de reducirse: la Organización Trump aceptó acuerdos para eliminar el nombre de Trump de propiedades alguna vez atesoradas en Nueva York y Toronto.

Con toda la presión y las tensiones, la empresa se muestra reacia a dejar ir la propiedad panameña y con eso posiblemente dar cabida a otros socios para desafiar sus acuerdos, se extiende el NYT apegándose a fuentes cercanas a la familia trump.

Los Trump creen que la ley está de su lado. Sus abogados argumentan que su acuerdo de gestión evita que Fintiklis rescinda el contrato sin la orden de un mediador y el contrato para administrar el hotel expira en 2031. Los Trump dicen que quieren respaldar a sus empleados, varios de los cuales Fintiklis ha querido despedir, mientras el contrato esté vigente.

La disputa ocurre ahora que la propiedad de Trump —al igual que muchos hoteles panameños— tiene problemas. El hotel perdió más de un millón de dólares el año pasado, indican documentos confidenciales en poder de varios medios financieros, después de obtener ganancias operativas brutas de más de 800 mil en 2016.

Fintiklis, de 39 años, no hizo comentarios. Ha hecho, sí, varias apariciones provocadoras en el hotel en días recientes. Una noche, después de una confrontación verbal con los empleados de Trump, él y casi una decena de sus ayudantes, fueron al vestíbulo y pidieron pizza de un restaurante en la propiedad. Después, Fintiklis tocó música de “Zorba, el griego” en el piano de cola y sus amigos cantaban.

Fintiklis nació en Chipre y fue funcionario en el ejército de ese país antes de estudiar derecho en la Universidad de Oxford; ahora tiene residencia en el sur de Florida y dirige Ithaca Capital Partners, su propia firma de inversiones.

En 2017 Fintiklis acordó comprar 202 de las 369 unidades del hotel por 25 millones de dólares, y se convirtió en el propietario mayoritario del hotel, donde también se opera un casino y un complejo de condominios independiente, espacios ajenos a la disputa entre los Trump y Fintiklis.

Los Trump dicen que aceptaron la transacción, en agosto pasado, con la condición de que Fintiklis no interfiriera con su gestión del hotel y la asociación parecía prometedora cuando el chipriota dijo que el hotel era una “propiedad icónica” y que ansiaba trabajar con los Trump. Pero a poco de eso, intentó sacarlos de la asociación.

Su campaña comenzó en serio en octubre: hizo una votación para declarar un incumplimiento por parte de los Trump en su acuerdo administrativo. Después, la disputa llegó al sistema legal y buscó mediación para retirar a la ahora familia presidencial.

Los Trump dicen que la naturaleza inmediata de los esfuerzos legales de Fintiklis, demuestran que jamás tuvo la intención de cooperar y que había estado planeando un ataque desde el inicio.

“Solo queremos dirigir el hotel pacíficamente y sin interferencias”, dijo Garten, el abogado de la Organización Trump. “Sin embargo, estoy dispuesto a litigar este caso y no tengo dudas de que triunfaremos”.

SE VA EL NOMBRE TRUMP

Por su parte, cuando Fintiklis se convirtió en el propietario mayoritario el año pasado, el hotel ya tenía problemas, un hecho que de inmediato adjudicó a los Trump.

Regodeándose en sus críticas, dijo en un documento presentado ante el tribunal que una “pésima gestión” del hotel junto con “violaciones materiales” del contrato de administración y las obligaciones fiduciarias habían hecho que las ganancias se desplomaran y el estado del edificio se deteriorara.

“El hotel prácticamente ha estado vacío”, se mencionó en el documento, una afirmación que los Trump niegan.

Este lunes, después de llegar al hotel con un contingente de funcionarios judiciales y oficiales de la policía nacional —y el fallo favorable de una corte panameña—  Fintiklis finalmente expulsó a la Organización Trump, y las letras plateadas T-R-U-M-P fueron retiradas del cartel del hotel por un obrero.

Jueves 01 de Marzo de 2018 17:33

Escrito por Agencias

WASHINGON, E.U., 1 DE Marzo de 2018.- La empresa Wal Mart tomó la decisión de endurecer las política que aplica para la venta de armas a civiles en este país, “a la luz de los recientes eventos”, refiriéndose a lo ocurrido hace dos semanas en la preparatoria Marjory Stoneman Douglas de Florida.

El principal cambio fue elevar la edad en el requisito para poder comprar armas de fuego y municiones; ahora, el comprador deberá demostrar que tiene 21 años o más, menciona un comunicado donde hace alusión al tiroteo que dejó 17 personas muertas. La venta de armas está permitida a mayores de 18 años pero el presidente Donald Trump ha sugerido elevarla a 21, como ahora lo hizo esta cadena comercial.

Walmart intentará implementar este cambio “lo más rápido posible” y recordó que en 2015 terminó la ventas de rifles deportivos modernos como el AR-15, luego del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook. Agregó que tampoco venden pistolas, excepto en Alaska, donde siente que deben continuar ofreciéndolas a los clientes.

La empresa tampoco vende cargadores de gran capacidad o accesorios, como los aditamentos que permiten a un rifle semiautomático disparar más rápido porque “tomamos en serio nuestra obligación de ser un vendedor responsable de armas de fuego e ir más allá de la ley federal”, explicó el gigantesco consorcio en el comunicado.

NI JUGUETES BÉLICOS

Wal Mart mencionó además que retirará juguetes que se asemejan a los rifles de asalto, anuncio subsiguiente al de la cadena de tiendas de deportes Dick’s Sporting Goods, donde informa que ya no venderá rifles semiautomáticos y cargadores de municiones de gran capacidad.

El presidente Donald Trump se reunió este miércoles con un grupo bipartidista de legisladores para analizar la seguridad en las escuelas y tocar el tema, al que se ha referido diciendo que está a favor de elevar la edad mínima federal para comprar armas de fuego de 18 a 21 años, una política a la que se opone la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

El presidente también apoya ampliar reglas en la verificación de antecedentes de las personas que desean comprar un arma para enfocarse más en la salud mental.

Martes 13 de Febrero de 2018 15:03

Escrito por Agencias

CD. DE MÉXICO, 13 DE Febrero de 2018.- A dos días de terminar la precampaña, el líder estatal de un partido minoritario en el Estado de México, Vicente Onofre, fue herido de bala.

Un  día después, el precandidato a una alcaldía en Puebla, Francisco Lenin Portal Sánchez, fue atacado a balazos cuando circulaba en su vehículo y para su fortuna salió ileso.

Pero no todos tuvieron esa suerte:

Al comenzar febrero, fue asesinado Francisco Rojas San Román, precandidato a alcalde de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; ya había sido muerto a balazos en Oaxaca el ex líder municipal Teodoro Ortiz Barragán.

Solo en enero, fueron asesinados Jorge Montes González, líder municipal y regidor de Celaya; Santiago Cháidez Jiménez, ex alcalde de un municipio en Durango; Juan Manuel Hernández Martínez, regidor en Tamaulipas; Víctor Molina Dorantes, ex alcalde de Veracruz, y Miguel Ángel Licona, ex presidente municipal en Hidalgo.

El Diario New York Times dedicó una extensa publicación al tema tomando como base cifras oficiales del Estado mexicano. Oficialmente, autoridades federales contabilizan en el lapso de precampaña entre el 8 de septiembre hasta el 11 de febrero, fueron asesinados 19 políticos locales entre alcaldes (electos o en funciones), ex alcaldes o precandidatos a presidente municipal. En 2016 fueron victimados 9 presidentes municipales, ex alcaldes y alcaldes electos.

NYT dice que esos números reflejan la violencia en el país. México acaba de cerrar su año más mortífero desde que hay registro y con esas bases cita que es doce veces más probable que un político local sea asesinado que alguien de la población civil.

“Vemos una descomposición social en el país debido a esta escalada de violencia”, dijo Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan, en Estado de México, y dirigente de la Asociación Nacional de Alcaldes, y agrega que “esto genera un ambiente muy raro y muy tenso en un año electoral”, lo cual atribuyó a la violencia de “mafias” que desean atemorizar a candidatos o dirigentes en funciones para afianzar su control sobre territorios disputados.

El 1 de julio se renovarán 3 mil 416 cargos de elección popular, cifra récord para una jornada electoral en el país --la mitad son del nivel local o municipal— y la violencia ha irrumpido en la política, lo cual representa un costo muy elevado para la democracia.

NYT cita declaraciones de Sandra Ley, especialista en violencia electoral y sus consecuencias del Centro Investigación y Docencia Económicas, para señalar que “nuestra construcción de la democracia fue a nivel local, de abajo para arriba, con el municipio”, (pero) ahora, en vez de una construcción democrática, el nivel municipal se ha vuelto también “la primera entrada de grupos de delincuencia organizada que están peleando para tener acceso o empezar a tener acceso e influencia en la composición de puestos clave en seguridad, de presupuesto, de finanzas”.

Y señala que los ataques contra autoridades municipales en México tienden a aumentar durante periodos de elecciones locales, pero se han agudizado este año y seguirán haciéndolo, porque también coinciden con las elecciones federales, concurrencia que hace ver “más operación del crimen organizado”.

También recalca que los asesinatos o intentos de homicidio de regidores en gran parte son por parte de grupos criminales, pero también pueden deberse por ejemplo, a disputas políticas o a temas personales. Estudios, en el primero de estos casos, dicen que se ha encontrado que esos grupos criminales logran deshacerse de candidatos o políticos si consideran que no les permitirán controlar ese territorio, o peor, o que respaldarán a otro grupo criminal si llegasen al poder.

Eso provoca que muchas personas que buscarían competir en elecciones decidan no hacerlo y “una mayor violencia hace menos competitivas las elecciones en los municipios”, como menciona en el artículo del NYT el politólogo Aldo Ponce. Eso “potencialmente podría facilitar el surgimiento de autoritarismos a nivel local”, remata.

Así, ocurre que en esos casos es que aquellos que sí compiten o se postulan lo hacen ya partiendo del criterio de que harán política a favor de intereses de grupos de delincuencia organizada, y no a favor de la gente. En términos prácticos, este criterio aunado al de Guillermo Trejo, profesor de la Universidad de Duke, termina aceptando que los políticos en competencia con ese objetivo, por miedo o conveniencia, pueden terminar por “ceder el poder hasta que es difícil distinguir entre el gobierno local y el crimen organizado”.

“El efecto de la violencia electoral es todavía más grave para la democracia mexicana, porque excede a los candidatos que disputan un espacio de poder. Si los ciudadanos ven que ni siquiera los políticos y funcionarios se salvan de una situación de violencia, pueden decidir no participar; al fin y al cabo, si el crimen organizado ya determinó el resultado electoral matando, secuestrando o ejerciendo amenazas contra los candidatos, o cooptándolos, se reduce el incentivo para acudir a las urnas.

También se pierde el incentivo para los ciudadanos de participar no solo con su voto, sino ayudando a contar las boletas como funcionarios de casilla o a revisar que no haya irregularidades durante la jornada electoral como observadores, pues cuando alguien resulta electo, ven poca cabida para exigir una rendición de cuentas.

“Es un gran costo participar tan públicamente en un proceso que es tan relevante para el crimen organizado” si los mexicanos no se sienten protegidos al hacerlo, recalcan los expertos. Es un gran eslabón ciudadano, que fue fundamental para la transición democrática del país, pero se está perdiendo poco a poco y así se reduce el espacio que hay entre el crimen organizado y el Estado.

El Instituto Nacional Electoral, instancia oficial que monitorea los comicios a nivel federal, solo dice que ese órgano no es de seguridad pública, que solo les compete propiciar “reuniones con las instituciones que llevan el tema de seguridad” para fomentar medidas de protección. Expertos y políticos han exigido que el tema no quede de lado durante ni después de la campaña.

“Hemos estado pidiendo ya desde hace tiempo un protocolo de seguridad para los alcaldes”, recalcó Vargas del Villar, el dirigente de una de las asociaciones de líderes locales y municipales.

El Congreso de México solicitó desde julio de 2016 a los órganos de seguridad nacional adoptar medidas de protección para los alcaldes, aunque no se han retomado propuestas legislativas afines.

Se solicitaron estos mecanismos con la administración federal, pero no se han concretado porque cambió el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para hacer campaña por el Senado.

Voceros de organizaciones sociales y de derechos humanos, resaltan la gravedad que implica la existencia en el país de un ambiente de zozobra e indican la necesidad de empezar a discutir y adoptar medidas que promuevan coordinación a varios niveles para la investigación de este tipo de delitos, la profesionalización de quienes realicen esas investigaciones y un mejor combate al control que ya tiene la delincuencia organizada sobre rubros gubernamentales.

“Son soluciones que nos van a llevar varios años, pero hay que empezarlo ya”, sostuvo la senadora”.

Desde la solicitud de 2016 no ha habido propuestas legislativas específicas para resolver este problema, incluso con la reciente aprobación de una Ley de Seguridad Interior que presuntamente buscar mejorar el combate a nivel local de la delincuencia organizada.

Todos los grupos consultados y entrevistados, coinciden en lo poco probable de que surja una iniciativa afín antes del proceso electoral de julio.

Jueves 08 de Febrero de 2018 18:12

Escrito por Agencias

+ Le encontró lazos con el narcotráfico de México

WASHINGTON, 8 de Febrero de 2018.- El banco holandés Rabobank debe pagar casi 370 millones de dólares en Estados Unidos, luego de anunciarse su participación en la operación de fondos vinculados con narcotraficantes mexicanos, confirma el Departamento de Justicia.

El Rabobank NA, filial en California del Cooperatieve Rabobank UA, se declaró culpable de obstruir investigaciones sobre lavado de activos del Departamento del Tesoro y de su principal regulador, la OCC, luego de una amplia investigación donde se narra que los empleados bancarios ocultaron información a los investigadores durante casi cinco años.

La sanción suma 368.7 millones de dólares y es una de las mayores impuestas por Estados Unidos en un caso de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico en México, pero es apenas una fracción de aquella mil 900 millones de dólares contra el banco HSBC, en 2012, al que se le demostró que “ayudaba” a clientes a transferir fondos sospechosos de México, Irán, Siria o Arabia Saudita.

Rabobank recibe esta sanción dos meses después de que un ex vicepresidente de la institución, George Martin, aceptó colaborar los agentes investigadores sobre su presunta responsabilidad en saltar salvaguardas contra el lavado de dinero. En el lapso de 2009 a 2012, Rabobank movio entre sus cuentas casi 370 millones de dólares en efectivo, calificadas como imposibles de rastrear, que provenían de México, entre otros orígenes.

El Departamento de Justicia estadounidense dijo que Rabobank supo que un alto número de transacciones de sus clientes indicaban tráfico internacional de narcóticos, crimen organizado y lavado de dinero, pero “optó por mirar hacia otro lado y encubrir las deficiencias”, pero peor aún, “tomó medidas para obstruir que el regulador examinara esas mismas deficiencias”.

La sucursal Calexico de Rabobank, ubicada a dos cuadras de la frontera entre Estados Unidos y México, fue la sucursal de mayor rendimiento en ese condado del sur California, precisamente por los depósitos en efectivo desde México, expone la investigación, donde se habla de una “lista verificada” de clientes con transacciones sospechosas que “no debían revisarse, incluso si generaban alertas de los sistemas de control interno”.

También se observó el saltó dado de 2009, cuando esa lista sumaba unos 10 clientes, a más de un millar en los tres años posteriores, pero la política del banco en ese lapso impidió investigaciones internas sobre transacciones sospechosas, como exige la ley, no obstante las alertas “regulares” que llegaban a la institución luego de operaciones sospechosas y cuentas de alto riesgo, dicen los fiscales.

Los ejecutivos del banco obstruyeron en 2012 una investigación del Departamento del Tesoro, mintieron a los examinadores y cuando empleados internos cuestionaban esas operaciones, los despidieron.

Pero no es la primera vez que Rabobank se exhibe como un banco de esta naturaleza. La hostoria cita que ya fue sancionado en 2006 y 2008 por fallas regulatorias “casi idénticas”, de acuerdo al informe del Departamento de Justicia de este país.

Martes 06 de Febrero de 2018 16:27

Escrito por Agencias

NUEVA YORK, (EU), 6 de Febrero de 2018.- El índice Dow Jones perdió este lunes 1,175.28 puntos (4.61%), su peor caída en términos de puntos en la historia del mercado de valores de Nueva York, aunque no su más grave descenso porcentual.

La estrepitosa caída se atribuye al ambiente de tensión entre inversionistas, de un repunte en la inflación y por consecuencia, de un incremento en las tasas de interés de referencia, lo cual encarece de entrada, el financiamiento para las empresas.

La baja de este lunes sucedió luego de que el índice cayó más de 660 puntos el viernes pasado, para cerrar su peor semana desde enero de 2016. Antes de esta jornada, la peor caída del Dow Jones en términos de unidades había sido cuando el indicador disminuyó en 777.68 puntos el 29 de septiembre de 2008, lo que marcó el inicio de la recesión económica de Estados Unidos.

La peor caída en términos porcentuales del indicador fue en 1987, cuando el Dow Jones cayó 22 por ciento. En esta misma jornada, las principales acciones mexicanas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York registraron fuertes pérdidas, a la par del índice Dow Jones.