Jueves 10 de Noviembre de 2011 22:50

Escrito por comunicado

México, D.F., 10 de noviembre 2011.- Para que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publique en Internet y en los medios de comunicación los nombres y las sanciones a los proveedores de bienes y servicios que de manera reiterada cometan infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Cámara de Diputados aprobó reformar dicho estatuto.

La reforma, avalada con 383 votos en pro, dos en contra y una abstención, adiciona un párrafo al artículo 129 para precisar que la publicación deberá consistir en un extracto de la resolución que tome la Profeco, los hechos constitutivos de la infracción, el proveedor sancionado, así como la sanción impuesta.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Alejandro Cano Ricaud (PRI) dijo que la reforma fortalece institucionalmente a la Profeco al ampliar sus herramientas para promover y proteger derechos del consumidor, al informar sobre los proveedores que de manera reiterada violenten prerrogativas.

Consideró que servirá como incentivo para que los proveedores de bienes y servicios cumplan con la ley y no transgredan los derechos de los consumidores, pues la población podrá conocer quiénes son los que constantemente violan el marco jurídico.

En su turno, el diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (PAN) señaló que con la reforma se da un paso importante hacia la protección de los derechos de los consumidores y se fortalecen las atribuciones de la Profeco dado que informará sobre las causas de sanción a ciertos oferentes, lo cual dará mayor garantía y certeza jurídica.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) se manifestó en contra al considerar que las resoluciones debieran ser públicas una vez emitidas y no hasta que se agoten todos los recursos.

“No hay compromiso con la publicidad y transparencia de los procedimientos, por eso yo votaré en contra porque no se privilegia el principio de máxima publicidad”, dijo.

La reforma se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Jueves 10 de Noviembre de 2011 22:27

Escrito por Angélica Beltrán

Palacio Legislativo de San Lázaro a 10 de noviembre de 2011.- En desafío a sus propios grupos parlamentarios, legisladores del PRD, PT y PRI tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados en demanda de un mayor presupuesto para la población indígena; de no obtener el incremento solicitado anunciaron que iniciarán huelga de hambre en pleno salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Los legisladores del PRD de la Comisión de Asuntos indígenas: Filemón Navarro, Florentina Rosario, Luis Hernández Cruz y Domingo Rodríguez iniciaron la protesta en la máxima tribuna por el presupuesto “grosero” que se ha contemplado para los indígenas; a la que se sumaron diputados del Partido del Trabajo y el presidente de esa comisión, el priista, Jorge González.

Esto, en desafío de las cúpulas de grupos parlamentarios, reveló el legislador de San Luis Potosí, Domingo Rodríguez, quien usa el tradicional sombrero de los hombres de provincia; toda vez que no tienen el respaldo de sus coordinadores parlamentarios.

En conferencia de prensa, el diputado de Gurrero, Filemón Navarro expuso que los grupos indígenas del país confían en los diputados que los representan para obtener recursos presupuestales equivalentes al número de la población indígena del país, que suma 14.5 millones de habitantes en diversos estados de la República, por lo que no regresarán a sus comunidades sin haber logrado mayores recursos para este sector.

La solicitud de ampliación de presupuesto es de 510 mil millones de pesos para diversos programas de desarrollo de las comunidades indígenas que viven en marginación y en situación precaria, destacaron los legisladores perredistas.

El grupo de cuatro diputados que iniciarían huelga de hambre en los próximos días son Filemón Navarro y Florentina Rosario de Guerrero; Luis Hernández Cruz de Chiapas y Domingo Rodríguez Martel de San Luis Potosí, quienes aseguraron que no claudicarán en su demanda y llegarán hasta las últimas consecuencias como  la muerte, si no se otorga un presupuesto digno para esta población marginada de México.

Ante la toma de tribuna, el presidente de la Mesa Directiva, Emilio Chuayffet, decretó un receso hasta que se restablecieran las condiciones para continuar con la sesión de este jueves; mismo que duró apenas unos minutos, en vista de que el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Navarrete Prida, inició una reunión con los diputados demandantes para negociar un nuevo monto presupuestal para la población indígena.

Miércoles 09 de Noviembre de 2011 19:54

Escrito por comunicado

Morelia, Michoacán a 9 de noviembre de 2011.- El PRD en Michoacán presentó una denuncia penal en contra de la hermana del presidente Felipe Calderón, así como del delegado de SAGARPA, Esteban Cruzaley Díaz Barriga, del presidente del PAN, Germán Tena Fernández y quienes resulten responsables de coaccionar el voto en el municipio de Apatzingán. Víctor Báez Ceja, presidente del  Partido de la Revolución Democrática, acudió este día a la Agencia del Ministerio Público Especial para la Atención e Investigación de Delitos Electorales a fin de presentar la denuncia con el objeto de deslindar responsabilidades a quienes violaron el Código Electoral del estado de Michoacán.

Después de darse a conocer un audio en la Cámara de Diputados, donde Esteban Cruzaley establece la estrategia para coaccionar el voto en aquel municipio y deja al descubierto cómo han operado, el PRD presentó la denuncia penal. Además presentó pruebas que demuestran que la hermana del presidente sostuvo una reunión el martes con Cruzaley, por lo que el presidente del PRD ratificó que el Gobierno Federal ha metido las manos al proceso electoral de Michoacán con recursos humanos, financieros y materiales, poniendo a los funcionarios federales al servicio de la candidata de Acción Nacional, pese a que son “dependencias que tienen la obligación de servir al pueblo sin tintes políticos. Queda evidenciado que Los Pinos está metido aquí de manera total”.

En la entrevista que los medios de comunicación hicieron Víctor Báez, éste reveló que la conversación expone “cómo van a bajar los recursos, cómo van a tratar de inhibir el voto del Partido de la Revolución Democrática, cómo están generando estrategias con servidores públicos que están en Michoacán generando estrategias para inhibir, para cooptar, para comprar liderazgos de nosotros. Esta es la máxima expresión de la mezquindad, de la desvergüenza, el cinismo y estaremos en esta misma denuncia solicitando la renuncia obligada del funcionario de SAGARPA”.

A pregunta expresa de los reporteros, sobre la argumentación que Sagarpa ha hecho para justificar a Cruzaley en el sentido que el delegado está de vacaciones, Antonio Soto Sánchez, representante del PRD ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), sostuvo que esa no es justificación para que el funcionario federal esté coaccionando el voto, utilizando programas sociales y recursos del Gobierno Federal porque eso constituye un delito, “si está de vacaciones con qué poder el señor Cruzaley compromete recursos del gobierno si está de vacaciones, si no es jefe. Es un delito”.

Tanto Báez como Soto exigieron la renuncia de Cruzaley, pero además que se aplique la ley, porque “comete un delito. Debe estar en la cárcel, y si no llega a la cárcel Esteban Cruzaley y los otros delegados que les comprobemos con otras pruebas fehacientes, entonces desgraciadamente este proceso está viciado. Demostramos que hay una gran inequidad”, puntualizó.

 Pese a los atropellos legales del PAN, los perredistas auguraron el triunfo electoral de Silvano Aureoles Conejo como gobernador el 13 de noviembre, toda vez que la hermana del presidente no sólo ha coaccionado el voto, sino también violentó el principio de equidad en la contienda al superar por lo menos diez veces el tope de gastos de campaña aprobado por el IEM.

Cabe recordar que Cruzaley fue grabado en una reunión en Apatzingán con Rigoberto Peláez Mendoza, candidato del PAN a la presidencia municipal, en donde hablaban de condicionar la entrega de cemento para obtener 8 votos por cada persona a la que distribuyeran lo que ellos denominaron  cementate.

Al respecto Antonio Soto precisó que en la conversación también va involucrado el representante del PAN ante el IEM Everardo Rojas Soriano, “ahí se menciona que él debe hacer algunos cambios de casillas, de acuerdo con el Consejo General del IEM, para que vote la gente del PAN, porque donde están ubicadas ganaría el PRD, bueno los amarillos, creo que nosotros somos los amarillos”.

Martes 08 de Noviembre de 2011 17:10

Escrito por comunicado

México, D.F., 8 de Noviembre de 2011.- Con 95 votos a favor y cero en contra, el Senado aprobó el dictamen que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución.

El ordenamiento regula las percepciones de los funcionarios públicos de los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como todos los de los entes públicos, incluidos aquellos dotados de autonomía Constitucional.

Dispone que ningún servidor público pueda recibir un salario o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además, las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, por lo que no podrán clasificarse como información reservada o confidencial, y deben especificar la totalidad de los elementos fijos y variables que las integran, tanto en efectivo como en especie.

La asamblea también adicionó un capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo del Código Penal Federal, a fin de tipificar el delito de remuneración ilícita, que contempla sanciones que van de los tres meses a los catorce de años de prisión y multa de treinta a tres mil veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Así, el servidor públicos que apruebe o refrende el pago, o suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamos o crédito no autorizado, incurrirá en este tipo de conductas.

Los senadores consideraron que todo servidor público debe recibir un sueldo adecuado e irrenunciable por el desempeño de cargo, pero esta debe ser proporcional a sus responsabilidades.

El dictamen establece que no podrá cubrirse ninguna percepción mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas.

Para ello se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra.

Ello, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y gastos de viaje en actividades oficiales.

Para las irregularidades y conductas ilícitas respecto a la Ley, la Auditoría Superior de la Federación tendrá la atribución de promover denuncias de hechos ante el Ministerio Público o de juicio político, cuando procedan.

El senador Pablo Gómez Álvarez, del PRD, resaltó que el control de los recursos públicos “no se puede realizar de manera subrepticia” y con esta ley no habrá remuneraciones desconocidas, pues trasparentan los tabuladores que integran el total de las retribuciones de los servidores públicos.

“No solamente se trata de establecer sanciones administrativas para las personas que abusan de su poder, dando a otros remuneraciones, ya sea directamente o en forma de pensiones que no estén en un decreto legislativo”, aseguró.

Esto también, agregó, tiene que ser considerado dentro del derecho penal, pero con el nuevo ordenamiento no se establece ninguna sanción “gigantesca”.

Por el PT, el senador Ricardo Monreal Ávila señaló que los sueldos tan altos que perciben los funcionarios públicos y los representantes populares es una de las causas que “atizan la irritación social contra los políticos”.

Lo anterior, porque “la enorme cuantía de las percepciones contrasta no sólo con los magros resultados en el ejercicio de sus funciones sino con la miseria que se extiende en amplias capas de la sociedad”, argumentó.

Por ello, la Ley es un paso adelante para el desarrollo económico de México, pero fijar un tope máximo en el salario de los servidores “no será una solución definitiva, cuando debemos reducir en un 50 por ciento los ingresos de la alta burocracia”.

En lo particular la asamblea modificó los artículos 2, 3, 4, 6 y 12 del dictamen.

Los cambios fueron para ajustar la Ley a lo que plantea la Constitución e introducir los principios rectores para el establecimiento de las remuneraciones: equidad, anualidad, desempeño, fiscalización, legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Además, para prohibir que los funcionarios cobren “en dos ventanillas si no se tiene un certificado de que los dos empleos son compatibles”.

El dictamen se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.