Jueves 23 de Abril de 2015 15:12

Escrito por Comunicado

CD. DE MEXICO, 23 de Abril de 2015.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya  investiga el caso de la niña Alondra, una menor de Guanajuato que la policía sacó de su escuela para llevarla a Estados Unidos ante la presunción de que fuera hija de una mujer, perdida hace ocho años.

Este miércoles la menor de 14 años regresó con su familia, luego de que los exámenes de ADN entre ella y la mujer que la reclamaba como su hija, resultaran negativos, por lo que la CNDH abrió un expediente de queja.

La queja consigna que el pasado jueves 16 de abril, policías sustrajeron de su escuela a la alumna, la llevaron ante la jueza con asiento en Los Reyes, Michoacán, quien otorgó la custodia a una mujer radicada en la Unión Americana que la reclamó como su hija.

Dorotea García se separó de su ex marido cuando su verdadera hija, también llamada Alondra, tenía ocho años. El hombre se la llevó y desde entonces no ha vuelto a verla. En un viaje a Guanajuato descubrió a esta pequeña, con el mismo nombre y rasgos físicos similares, y creyó haber encontrado a su hija, por eso demandó acción legal para recuperarla.

Tras pasar cuatro días juntas en Houston y realizarse pruebas de ADN, se confirmó que no había parentesco entre ambas mujeres. El video de la policía sacando a Alondra de la escuela se hizo viral en redes sociales porque aunque los papás le decían que ellos lo arreglarían, la niña gritaba desesperada que no quería irse.

La CNDH abrió la queja para determinar si hubo violaciones a los derechos de la menor durante este procedimiento.

Martes 14 de Abril de 2015 08:52

Escrito por Agencias

CD. DE MEXICO, 13 de abril de 2015.- En Sinaloa no existe el cobro de piso ni presión contra empresarios originada en grupos del crimen organizado, aseguró Aarón Rivas Loaiza, Secretario de Desarrollo Económico en la entidad al afirmar que se tiene la certeza de seguridad para los inversionistas que buscan ampliar su mercado en la entidad.

“Aquí en Sinaloa no hay cobro de piso, no hay cobro de cuotas, no hay nada, aquí se paga lo que es el compromiso fiscal nada más, aquí no tienen ningún problema por ello”, dijo luego de que el estado fuera puesto en medio del nuevo escándalo que enfrenta el Gobierno de Mario López Valdez tras el asalto millonario a la minera el Gallo, propiedad del grupo canadiense McEwen Mining.

Tras el atraco, Rob McEwen, presidente de la minera canadiense, dijo a Business News Network que para operar en México lleva una “buena relación” con los grupos del narcotráfico en Sinaloa, quienes dan los permisos a las compañías para saber cuándo pueden operar.

“Los cárteles están ahí. Generalmente tenemos una buena relación con ellos. Si queremos ir a explorar a algún lado, les preguntamos, y te dicen: ‘no, pero regresen en un par de semanas después, cuando terminemos lo que estamos haciendo’”, dijo McEwen, que agregó que la zona está tomada por operaciones temporales para transporte y cosecha de droga.

El Gobernador Mario López Valdez mostró desconcierto ante las declaraciones del inversionista canadiense y dijo desconocer que la delincuencia organizada tenía que dar permisos a empresas para operar en el estado.

“Con Rob McEween me une una gran amistad […] y jamás me había hecho un comentario de esa naturaleza y jamás hemos tenido una denuncia de lo que hoy está dando como conocimiento. Si existe eso que él dice, lo desconocíamos las autoridades”, dijo López Valdez.

Al respecto, Rivas Loaiza rechazó ayer que se tenga que llegar a utilizar ese tipo de tratos, sobre todo por la seguridad que otorga el Estado a las empresas que operan en Sinaloa y declaraciones de McEwen habrían sido malinterpretadas, de acuerdo a una charla del gobernador con el empresario, quien presuntamente buscaría hacer una aclaración al respecto.

Este fin de semana, el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) publicó que no sólo las mineras extranjeras se enfrentan a las amenazas del crimen organizado, también las mineras mexicanas y sus empleados denuncian la creciente inseguridad en el país.

“La inseguridad para las empresas mineras mexicanas y sus empleados también está en aumento”, dijo Manuel Reyes, presidente de una asociación mexicana de ingenieros de minas al diario.

OTROS CASOS

The Wall Street Journal recuerda que en el 2013, un ejecutivo del gigante minero ArcelorMittal recibió un disparo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en un ataque donde funcionarios mexicanos ubicaron actividad de un cartel de la droga local.

En marzo, añade, empleados de Goldcorp Inc., fueron encontrados muertos en Guerrero, después de que otro empleado fuera secuestrado a principios de ese mes, cita la prensa local.

En febrero, la compañía Torex Gold Resources Inc., con sede en Toronto, Canadá, informó que cuatro de sus trabajadores estaban entre 13 secuestrados cerca de su mina en Guerrero.

El año pasado, las fuerzas federales tomaron el control del puerto de Lázaro Cárdenas [Michoacán] para apagar el contrabando a China de miles de toneladas de mineral de hierro producidos en minas clandestinas o extorsionados a empresas por el cártel de los Caballeros Templarios de Michoacán, recordó en una publicación The Wall Street Journal.

Los países en desarrollo desde Zambia a Chile se han convertido cada vez más en territorios difíciles para las empresas mineras, en medio de las crecientes demandas de impuestos, oposición de la comunidad que endurecen las normas ambientales, revela el diario.

México es el mayor productor de plata del mundo e importante productor de oro, cobre y plomo.

Sábado 11 de Abril de 2015 18:53

Escrito por Comunicado

+ Aclara su contraparte de Chihuahua sobre la fuga de un criminal

Chihuahua., Chih., a 11 de abril del 2015.- Después de las notas informativas vertidas en varios medios de comunicación con relación a la fuga de un peligroso criminal identificado como Oscar Eduardo Vargas Romo (a) “El Negro”, quien se escapó de un nosocomio de Hermosillo después de sufrir un atentado, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua hace las siguientes precisiones:

El Fiscal General del Estado de Chihuahua, Jorge González Nicolás,  jamás señaló que en las diligencias practicadas por la fuga de este criminal se encontraran hechos imputables al Procurador General de Justicia del Estado de Sonora.

Manifestó  que  se contó con todo el apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora y de la autoridad Federal para realizar varias diligencias en esa entidad federativa.

Asimismo comentó en entrevista con varios medios de comunicación, que el 23 de febrero de 2015, al tener conocimiento que este criminal convalecía en Hermosillo tras un atentado, personal de la Fiscalía General de Chihuahua se trasladó a Sonora para aprehenderlo, ya que era requerido por un Tribunal de Garantía por su probable responsabilidad en un multihomicidio y por estar identificado como líder del cartel de Sinaloa con presencia en los municipios de Juárez, Guadalupe, Distrito Bravos y Práxedis G. Guerrero, Chihuahua.

González Nicolás dijo que al llegar los elementos investigadores al hospital hermosillense, este criminal se había fugado. Por lo anterior, con todos los requisitos que exige la ley, un grupo extenso de Investigadores y Ministerios Públicos de la Fiscalía General de Chihuahua se trasladó vía aérea a esa entidad federativa a practicar diversas diligencias.

En coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora se realizaron 38 diligencias --cateos, entrevistas y  declaraciones a camilleros, enfermeros y doctores—y se obtuvieron varios videos de circuito cerrado de entradas y salidas del hospital donde se aprecia el momento cuando es retirado este criminal.

Por último manifestó el Fiscal General del Estado de Chihuahua, que todas estas diligencias se pusieron a disposición de la Procuraduría General de la República para que previa investigación se determine si existe responsabilidad o no de algún funcionario, ya que Oscar Eduardo Vargas Romo (a) “El Negro” fue auxiliado para escapar del hospital.

Cabe señalar que Oscar Eduardo Vargas Romo (a) “El Negro” fue detenido el 14 de marzo del presente año por la Policía Federal en Hermosillo, Sonora. Actualmente se encuentra vinculado a proceso penal por su probable participación en el asesinato de diez personas en el poblado de “Loma Blanca”.

Viernes 10 de Abril de 2015 20:10

Escrito por Agencias

CD. DE MEXICO, 10 de Abril de 2015.- El Senado aprobó por mayoría la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, donde se avala que agentes extranjeros de aduanas, migratorios y de seguridad de jefes de Estado porten armas en territorio mexicano para desempeñar su trabajo.

La decisión fue reprochada por la izquierda al argumentar que eso legaliza el uso indiscriminado de armas por parte de agentes estadounidenses que han violentado e incluso asesinado a connacionales.

La ley se votó con 78 votos en favor por parte del PRI, PAN y PVEM, 20 en contra del PRD y PT y dos abstenciones. Los senadores turnaron a la Cámara de Diputados la reforma tal cual la propuso el presidente Enrique Peña Nieto y la única observación es que los agentes extranjeros solamente podrán usar el armamento en sus puestos de trabajo y son aquellos que trabajen en estaciones migratorias de tránsito internacional y aduanas, así como los que resguardan la seguridad de jefes de Estado, de gobierno o ministros que sostengan visitas oficiales a México.

Pueden usar las armas que utilizan en su país de origen como parte del equipamiento asignado por la institución a la que pertenecen, siempre que se trate de revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático cuyo calibre no sea mayor a .40 pulgadas o equivalente, con un permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional que serán temporales. La dependencia podrá autorizar y justificar el ingreso de otro tipo de armas en el caso de quienes resguarden la seguridad de jefes de Estado.

Senadores del PRI, PAN y PVEM argumentaron que la reforma es sobre todo de carácter económico, pues se agilizará el tránsito en aduanas y estaciones migratorias, lo que podría elevar la competitividad y economía de México, pero el PRD y el PT destacaron que la reforma viola la soberanía nacional y legaliza que extranjeros violenten a los connacionales.

"Yo no le tengo miedo a un oficial extranjero que porte sus armas en un registro, en un recinto aduanal en México bajo la estricta supervisión de la Sedena. Le tengo más miedo a un policía municipal de Iguala", exclamó el ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.