Martes 19 de Junio de 2018 22:12

Escrito por comunicado

La Armada rescata a 4 personas que viajaban en la nave desplomada

Ciudad de México, 19 de junio de 2018.- La Secretaría de Marina-Armada de México, informa que hoy personal adscrito a la Segunda Zona Naval rescató a cuatro personas aproximadamente a 35 millas náuticas (65 kilómetros) al oeste de Altata, Sinaloa, quienes iban abordó de una aeronave tipo cessna que se desplomó en la mar.

Esta acción de búsqueda y rescate se efectuó tras recibir una llamada de apoyo donde se informaba que una avioneta había caído al mar con cuatro tripulantes a bordo, por lo que se ordenó el zarpe de una embarcación clase defender con personal de sanidad naval y de rescate, con el fin de localizar los restos de la avioneta y a sus tripulantes.

Asimismo, despegó un avión de la Armada de México para apoyar en las labores de búsqueda, con la cual se logró avistar una balsa con cuatro personas, quienes de manera coordinada con personal de la embarcación de búsqueda y rescate acudió al lugar localizando a las personas con lesiones menores, a quienes rescató y personal de Sanidad Naval proporcionó los primeros auxilios, para posteriormente ser traslados a puerto seguro.

Martes 19 de Junio de 2018 15:10

Escrito por Muralsonorense.com

+Daña a la producción, afirma; se decretan más y cubren áreas cercanas a propiedades de Carlos Slim en el Mar de Cortez

GUAYMAS, Son., Son., 14 de Junio de 2018.- La Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola de Baja California entregó al Presidente Enrique Peña Nieto una carta donde afirma que las Áreas Naturales Protegidas ponen en riesgo la pesca, la alimentación y los empleos de miles de pescadores.

El mismo documento le explica al mandatario que dichas áreas son incongruentes a sus objetivos de conservación, cuando pretenden otorgar permisos de explotación de minas submarinas a compañías particulares.

La denuncia de los armadores ocurre días después de que el gobierno federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, decretó 3 nuevas Áreas Naturales Protegidas en el litoral del Mar de Cortez, en una superficie de 466 mil 690 metros cuadrados, en zonas usadas para la pesca comercial ribereña de Ensenada. Se sabe que dichas zonas se ubican muy cercanas a propiedades playeras del magnate Carlos Slim Helú.

La petición de cesar con la creación de Áreas Naturales Protegidas en la zona costera y marina de Baja California se ha replicado en Sinaloa y la hará la Canainpes en todo el país; incluirá la demanda de revocación de las que ya se declararon arbitrariamente, para que pasen por un proceso correcto de evaluación con todos los sectores involucrados, exigió el organismo que agrupa a los productores pesqueros mexicanos.

Alfonso Rosiñol De Vecchi, presidente del sector, dijo que los pescadores están comprometidos con la conservación de las especies en peligro “y somos los más interesados en ser una actividad sustentable, ya que de eso depende nuestro futuro”.

Destacó que ya hay normas que regulan la sustentabilidad de la actividad pesquera en el país, por lo que solicitó por escrito al Presidente de la República Enrique Peña Nieto, durante su visita del 11 de junio pasado a Ensenada, que no se decreten más ANP y se deroguen las recientemente creadas para someterlas a “un proceso correcto”.

Dejó en claro que los productores pesqueros no están en contra de la conservación, pero las declaratorias indiscriminadas de las ANP, “están provocando el efecto contrario a los objetivos deseados” y que “dejan a vastas zonas del mar libres para la pesca furtiva”, cuando la pesca legal que se encuentra regulada podría actuar como apoyo para vigilar las zonas, reportando embarcaciones sin permiso y ayudando a retirar artes de pesca ilegales.

Llamó a estas prácticas “políticas seudoconservacionistas” y acusó que obligan a otras dependencias a realizar acciones de vigilancia, distrayéndolas de sus labores prioritarias, y centró sus señalamientos en la progresiva creación de Áreas Naturales Protegidas en Baja California, las últimas de ellas decretadas por la Semarnat los días 4 y 6 de junio pasado en la región Bahía de Los Ángeles y El Barril, en el Golfo de California.

Las dos primeras corresponden a las zonas conocidas como Bahía de Guadalupe y El Faro. La primera en una superficie de 154 mil 945 metros cuadrados y la segunda 125 mil 887, oficializadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio y se les dio categoría de zonas de conservación de la biodiversidad y manejo sustentable de las especies marinas.

La tercera se publicó dos días después y es la más grande, 185 mil 868 metros cuadrados, en el paraje San Francisquito y colinda con el poblado pesquero El Barril, creada con los mismos objetivos de conservación y sustentabilidad.

¿ESPECULACIÓN INMOBILIARIA?

En la región de Baja California Norte se especula con el destino que se daría a grandes extensiones de suelo que serían propiedad del magnate mexicano Carlos Slim Helú, miembro del “top ten” mundial en riqueza y posesiones materiales.

Son grandes superficies de playa que colindan con las áreas declaradas zonas de conservación y en donde invierte para desarrollar proyectos inmobiliarios con enfoque turístico, que incluyen pistas de aterrizaje, cabañas, infraestructura para caza y pesca deportiva.

Los productores pesqueros en un mensaje hecho llegar al presidente Enrique Peña Nieto en el puerto de Altamira, el pasado 1 de junio, le dijeron al mandatario que “México se consolida como una potencia pesquera” y “es un logro (que) le corresponde a su administración ya que se ha contado con su decidido apoyo con el que juntos se ha cumplido a México, aportando (los pescadores) la mejor proteína de origen animal a precios accesibles”.

Eso eleva el producto interno bruto de la industria pesquera por arriba del 10% y más del 20% de las pesquerías son reconocidas y certificadas, “lo que representa un hito en el mundo”.

Pero los pescadores le advirtieron que todo eso está en riesgo de colapsar por las políticas impositivas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al implementar las áreas naturales sin consultar a todos los directamente afectados. Hablan de millones de empleos directos e indirectos y familias enteras en Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur que viven en comunidades donde la vocación natural y la actividad histórica es la pesca y acuacultura. Con las acciones conservacionistas, quedarían sin una actividad económica que les sustente.

Cuestionaron que no se haya consultado al sector y que se esté violentando la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Desarrollo Rural Sustentable y Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, y en particular a la Constitución en el Artículo 25 párrafo 9º, entre otras, por lo que las ANPs pudieran ser ilegales”.

Los empresarios de la pesca finalmente exponen en el documento entregado, que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), destaca que en los próximos años la proteína a nivel mundial será preponderantemente obtenida por la pesca y la acuacultura, por lo que pidió a Peña Nieto no permitir que México ponga en riesgo su soberanía alimentaria.

LOS SUELOS DE SLIM

La especulación de suelos:

Desde hace más de 8 años, la especulación de suelos comenzó y la presencia de funcionarios y empresarios cercanos al poderoso Slim fue notable. Y comenzó el negocio:

Solo en el ejido Matomí, se asienta el puerto pesquero Puertecitos. Una de las empresas del consorcio de Carlos Slim Helú, Hotel Roma, S.A. de C.V., compró 46 mil hectáreas a empresarios y ejecutivos que invirtieron en derechos agrarios, presuntamente de manera ilícita.

En el ejido Independencia, los socios, empleados y familiares de Slim tienen 37 mil hectáreas a través de la misma compañía hotelera.

En la región de Bahía de Los Ángeles al Paralelo 28, “un amigo” de Slim compró 40 mil hectáreas costeras.

Compradores de tierras ejidales en Baja California son socios y directivos de las compañías como Grupo Carso, Financiera y Banco Inbursa, Sears Roebuck de México, Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, Teléfonos de México y Grupo hotelero OSTAR.

Las operaciones realizadas, según investigaciones periodísticas de los últimos años --registradas ante dos notarías de la Ciudad de México—representan inversiones por cientos de millones de dólares.

En ejidos como Matomí, Independencia, Tierra y Libertad y El Costeño, así como en Bahía de Los Ángeles y San Francisquito, celebran que haya llegado inversión de Slim, pues significó un auge, por la derrama de dinero que significó poder vender sus tierras a los presuntos emisarios del potentado, aún cuando no faltó en otros ejidos la división y confrontación.

Ahora operan en esas áreas empresas como Grupo Calinda, que opera Hotel Geneve, Inmuebles Cantrabia, Hoteles Calinda y Provedora Imbursa. Las personas físicas involucradas fueron Ignacio Cobo González, Eduardo Valdez Acra, Carlos Slim Domit, Alejandro Escoto Cano, Patrick Slim Domit, Alfonso Salem Slim, David Ibarra Muñoz, Manuel Alatriste Pérez Peña, Luis Felipe Barrera Amores y Alejandra Almada Trujado.

Cobos es consejero de Carso Global Telecom y directivo de Grupo Hotelero OSTAR. Valdés Acra ha participado en Grupo Financiero Inbursa, Banco Inbursa e Inversora Bursátil.

Slim Domit es hijo de Slim Helú y preside el Consejo de Administración de Telmex; Escoto Cano es apoderado legal de Carso Global Telecom, Patrick Slim Domit es también hijo de Slim Helú y representa a América Móvil, la empresa de telefonía móvil más grande de Latinoamérica, ejecutivo de Grupo Carso, y varias empresas más; Alfonso Salem Slim es consejero de Grupo Carso y ejecutivo de varias firmas del consorcio; David Ibarra Muñoz es director del despacho David Ibarra Muñoz y fue secretario de Hacienda con José López Portillo de 1977 a 1982; actualmente es miembro del los Consejos de Administración de Grupo Carso y América Móvil. Alejandra Almada Trujado es subdirector Jurídico de Fianzas del Grupo Financiero Inbursa.

La compra de derechos agrarios implicó pagos de 30 mil a 50 mil dólares y a cambio recibieron predios costeros desde 100 hasta tres mil hectáreas de superficie. Usaron asesores que en el pasado ocuparon cargos en la Procuraduría y en el Registro Agrario de Baja California.

Martes 19 de Junio de 2018 14:07

Escrito por Agencias

CD. DE MÉXICO, 18 Junio de 2018.- La Comisión Nacional del Agua dijo en un comunicado que los 10 Decretos de Reserva de agua publicados el día 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación, no otorgan beneficios a ningún particular, por el contrario, permiten preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años.

Cita que con estos decretos, 295 de las 757 cuencas del país habrán de preservar sus ecosistemas en las condiciones actuales, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin, pues el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas.

Fundamenta sus observaciones la Conagua, señalando que este tipo de medidas de cuidado del agua, son recomendaciones que se hacen a los países por parte de organismos internacionales que recomiendan reservar al menos el 35% del escurrimiento medio anual de agua para consumo de la población y cuidado del medio ambiente.

Agrega que con las medidas adoptadas México superó en 12% la recomendación internacional en cuanto al volumen de agua asociado a caudal ecológico y se vuelve más previsor ambientalmente que países del primer mundo.

Finalmente aclaró que las reservas de agua decretadas buscan que el agua disponible en las cuencas se guarde para las futuras generaciones y para cuidar el medio ambiente, por lo que cualquier interpretación contraria solo busca desorientar y mal informar a la población.

Martes 19 de Junio de 2018 14:05

Escrito por Agencias

CD. DE MÉXICO, 19 de Junio de 2018.- El presidente Enrique Peña Nieto autorizó la concesión de permisos en 300 cuencas del país, que concentran 55% de las aguas de lagos y ríos del territorio mexicano.

Los permisos se levantaron con los decretos de reservas de agua publicados hace 10 días por el gobierno federal. Así, el agua ha sido concesionada por los próximos 50 años para usarse en la industria minera, el fracking, extracción de hidrocarburos, industria inmobiliaria o turística, al estar la mayor parte de las cuencas concesionadas en sitios donde se llevan realizan esas actividades.

Los permisos firmados favorecen el “uso doméstico y público urbano” del recurso natural para que los gobiernos locales que tienen concesionado el uso de agua potable, otorguen cesiones a empresas, como se ha autorizado en lugares como Veracruz, Puebla y Saltillo.

Se ha iniciado un movimiento generalizado en el país por parte de zonas agrícolas, porque están en riesgo de perder sus permisos y ya preparan amparos.

Académicos, legisladores y organizaciones se opusieron a estas concesiones y evitaron que durante esta administración la iniciativa oficial de la Ley General de Aguas saliera adelante. Pero con los decretos publicados en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, las limitaciones vigentes se eliminaron por décadas, y permite la asignación de grandes volúmenes a las comisiones locales del agua, varias de ellas que ya se encuentran en control privado, como puede verse en documentos analizados por expertos de la UNAM y otros estudiosos.

Los decretos que levantan restricciones sobre el agua, dan concesiones en 40% de las cuencas (300) de 756 del país en 20 estados; esto representa el 55% del volumen superficial según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que explicó que la reserva es una cantidad de agua destinada para la protección de la naturaleza y el consumo humano.

La WWF explicó que participó junto con la Comisión Nacional del Agua en definir el agua que se necesita para lograr la conservación de la flora y la fauna de una cuenca, así como el agua que es necesaria para la población durante los siguientes 50 años, “respetando sus usos para actividades productivas actuales y aquellas que se habrán de desarrollar en el futuro”.

Pedro Moctezuma, uno de los autores de los análisis, pone como ejemplo que en las cuencas de Actopan y la Antigua, el decreto menciona que además del uso doméstico y público, se permite también la “modernización de los servicios del líquido”, que sería ejecutado por Odebrecht y Aguas de Barcelona.

Sábado 16 de Junio de 2018 12:56

Escrito por Agencias

A prisión por fraudear en autofinanciamientos

CD. DE MEXICO, 16 de Junio de 2018.- Una investigación de la autoridad judicial concluyó la presunta participación de tres ejecutivos del programa Planfia, en un fraude bursátil que superaría los 600 millones de pesos, el más cuantioso en las últimas décadas.

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte ordenó en los primeros días de junio detener a José de Jesús Venegas Blancarte, ex director general de Planfia, por violación a la Ley del Mercado de Valores.

Tras comparecer en una audiencia, el juez también vinculó a proceso por el mismo delito a Óscar Eduardo Urbina Pérez, ex director de Finanzas, y a Alfredo Medina Velazquillo, ex asesor jurídico de la sociedad financiera popular, que se especializa en otorgar crédito directo y a distribuidores, para que un sector con cierto nivel de ingresos pueda acceder a la compra de autos.

La Procuraduría General de la República les ha acusado de colocar al público certificados bursátiles al parecer sin garantías, por más de 600 millones de pesos que estarían desviando hacia cuentas personales, procedimiento que causó daños a Planfia como al público inversor entre 2014 y 2016.

Una querella interpuesta ante la Procuraduría Fiscal de la Federación, hizo que esta dependencia realizara las indagaciones que le permitieron detectar el año pasado los manejos supuestamente ilícitos. La PGR tiene en curso otra carpeta de investigación contra los ex directivos por violar la Ley de Organizaciones Auxiliares del Crédito, al confirmar irregularidades como alteración de cuentas activas o pasivas de la financiera.

Planfia también presentó una denuncia ante la Procuraduría de la CDMX por el delito de administración fraudulenta, pero el procedimiento permite que dos de los procesados estén en libertad provisional, en tanto que el paradero de Venegas Blancarte se desconoce.