Martes 06 de Agosto de 2019 19:22

Escrito por Agencias

+ El diario La Jornada publica un amplio texto donde explica graves daños a la economía del río Sonora; dice que, a 5 años de grave derrame tóxico, aún se padecen secuelas por intoxicación

CD. DE MÉXICO, 6 de agosto de 2019.- El río Sonora, al cual el consorcio Grupo México –propiedad de Germán Larrea– vertió 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado el 6 de agosto de 2014, quedó devastado, indica el inicio del texto de un artículo divulgado este día por el , diario La Jornada.En el mismo texto cita que la población en el cauce de esa vía fluvial

En el mismo texto afirma que la población en torno al cauce, no tiene servicios de salud y agua potable, además de que su economía quedó aniquilada. La empresa, por su parte, goza de impunidad, según el testimonio de quienes habitan poblaciones como Bacanuchi, Arizpe, Huépac, Banámichi, Aconchi, Baviácora, San Felipe y Ures.

Hace cinco años, un derrame tóxico proveniente de la mina Buenavista del Cobre, que opera en Cananea, provocó graves daños ambientales y daños en la salud a millares, sobre todo menores que han jugado en aguas contaminadas.

Al sobrevenir el desastre no hubo alerta oficial. Más tarde, el gobierno federal determinó que era la mayor contingencia ambiental provocada por la minería en la historia de México.

Niños y adolescentes fueron analizados en laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y privados, y en sus organismos se halló pesados bioacumulables y sus niveles de plomo por encima de los 10 microgramos por decilitro de sangre que el cuerpo podría tolerar.

Lo que al principio solo fueron problemas dermatológicos que incluyeron llagas y alopecia, se ha afirmado que hoy para varios menores significaron trastornos renales por altas concentraciones de magnesio, cobre y cadmio.

Dos menores, hijos de Jessica Hernández, son atendidos en hospitales del estado de Minnesota (EU) por especialistas, pues esa medicina requerida no está al alcance de ellos en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas), que Grupo México dispuso para resarcir los daños causados.

El tratamiento los ha obligado a mudarse a Estados Unidos y pagar consultas médicas de 104 dólares. La mujer dijo que el consorcio de Germán Larrea solamente les dio una indemnización de 9 mil pesos, cifras que rondan aquellas entregadas a 381 personas que oficialmente, resultaron afectadas en su salud.

DAÑOS AMBIENTALES

El derrame de la minera de Grupo México también devastó ecosistemas a lo largo de 250 kilómetros y por ello se crearon comités de Cuenca del Río Sonora, medio por el cual los habitantes emprendieron la lucha legal que incluye 14 juicios contra la compañía de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México. Las demandas son por ecocidio y violación a derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano.

Para la Procuraduría General de Protección al Ambiente, la minera de Larrea ha incurrido en 55 irregularidades y ha sido negligente en el cumplimiento de normas ambientales relativas al manejo de lixiviados y residuos peligrosos.

Al citar estas anomalías provocadas, recordó que el pasado 9 de julio Grupo México dañó otro cuerpo de agua en Sonora, al verter 3 mil litros de ácido sulfúrico frente al puerto comercial de Guaymas, en el Mar de Cortés, que la empresa minimizó y aseguró que no causó daños en flora ni fauna, pero a la fecha no hay un informe oficial de ello.

Este día se supo que comuneros afectados exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación reabrir el Fideicomiso Río Sonora hasta reparar los daños en su totalidad, acusando que de dos mil millones de pesos comprometidos para remediar daños, solo se aportaron poco más de mil 200, antes de darse por cerrado el fideicomiso en los primeros meses de 2017, sin que se tomara en cuenta ni se avisara a los afectados, lo cual generó inconformidad entre integrante del Comité de Cuencas del Río Sonora.

Más tarde acusaron que el ácido sulfúrico vertido al río ocasionó enfermedades de la piel, digestivas y oftalmológicas, estragos en la flora y fauna de Sonora y los casos de cáncer de colon y estómago se incrementaron y los impactos al medio ambiente, a los derechos humanos al agua, a la salud y a la economía, persisten y no hay monitoreo que brinde certeza a los perjudicados.

Un grave señalamiento en la demanda, es que el fondo para reparar daños fue un mecanismo privado, un acuerdo de Grupo México y el gobierno federal pasado sin participación de la gente perjudicada que sirvió para hacer negocios y limpiar la imagen de la empresa a espaldas de las víctimas, por lo que cual se espera se toque el tema en la segunda sala de la SCJN, que sesionará este miércoles para decidir sobre el primer amparo interpuesto por los comités de cuenca sobre la forma en que operó el fideicomiso.

Martes 06 de Agosto de 2019 19:20

Escrito por Agencias

CD. DE MÉXICO, 6 de agosto de 2019.- La Fiscalía General de la República confirmó que indaga sobre cuatro edificios donde funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano habrían falsificado documentos que les permitieron realizar la “Estafa Maestra” en la que se involucra a la extitular de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.

La Fiscalía General de la República dijo haber logrado un acuerdo con tres exfuncionarios de esas dependencias, quienes aceptaron colaborar y a cambio, tendrán inmunidad en el proceso judicial que intenta esclarecer el elevado desfalco en perjuicio de las arcas del país.

Incluso reveló los nombres: José Antolino Orozco, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Ibarra Infante, exdirector de Coordinación de Delegaciones; y María del Carmen Gutiérrez, extitular de la Unidad de Políticas y Enlace Institucional en la Sedatu y la Sedesol.

Ellos expusieron que varias sedes de las colonias Anzures y Polanco operaban como “oficinas alternas” de colaboradores del exoficial Mayor Emilio Zebadúa, y que en esos sitios se “fabricaban” contratos, recibos y comprobantes de firmas falsificadas, todo lo cual habría ayudado a desviar más de 2 mil 800 millones de pesos de las mencionadas secretarías.

Revelaron que los predios están en las colonias Polanco, uno donde la Fiscalía cree, operó como oficina de Zebadúa, quien administró los recursos en Sedatu y Sedesol durante el encargo de Rosario Robles; y otro donde Francisco Báez Álvarez y Héctor José de la O Chi, exdirectores de Programación y Presupuesto de la Sedatu, lo usaron como oficinas temporales. También indagan un tercer inmueble, en la colonia Anzures, oficina privada de Claudia Morones Sánchez, a quien se considera figura clave en la investigación, pues coordinaba las “fábricas de papeles falsos”.

La FGR señaló que esta red utilizada para desviar fondos de la Sedesol y Sedatu operó en otros 10 domicilios hasta donde se llevaron más de 700 millones de pesos en efectivo usando camiones de empresas de valores.

Miércoles 31 de Julio de 2019 13:01

Escrito por Agencias

+ La FGR tiene mucha información para ir a fondo en la investigación; “no te preocupes”, le dijo el presidente Peña Nieto… pero ahora muy preocupada

CD. DE MÉXICO., 31 de julio de 2019.- A Rosario Robles Berlanga le “encargaron” una serie de operaciones “desde el poder” para dar uso discrecional a elevados montos del recurso público, pero a su preocupación de lo que pudiera venir en el futuro, habría sobrevenido una observación entonces muy valiosa: “no te preocupes, Rosario”, de parte del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Rosario Robles Berlanga fue titular de Sedesol (2012-2015) y de Sedatu (2015-2018) y la expresión del hombre más poderoso de México en ese momento se habría dado en abril de 2013.

En contraparte, desde ese año a 2016, la Auditoría Superior presentó 32 denuncias ante la Fiscalía General de la República, entonces Procuraduría, contra las dos secretarías, además de ir sobre operaciones de universidades públicas y sistemas de comunicación, y fue hasta 2019 que la FGR reestructuró la investigación por posible daño al erario que se elevaría ya a 5 mil 875 millones de pesos, “bajo la hipótesis” de delincuencia organizada.

Robles Berlanga acudirá a audiencia ante un Juez federal y será imputada y en su caso vinculada a proceso, por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público. Ya busca un amparo que evite su aprehensión.

Las denuncias se pueden ver en el informe del órgano fiscalizador sobre el estado de solventación de observaciones al corte de marzo de 2019 Y LA Fiscalía ha ampliado esas investigaciones, lo cual aclararía los presuntos quebrantos al erario público, que para los estudiosos e investigadores, provocó drástica baja en el nivel de vida de los mexicanos.

La información divulgada por distintos medios en el país, señala que para cometer esos delitos --el desvío de recursos en Sedesol y Sedatu—se falsificaron documentos; usaron indebidamente atribuciones, la colusión y asociación delictuosa fue cosa común, hasta generar una maquinación organizada que dio los resultados esperados a sus “operadores”. Esos resultados fueron el desvío de recursos y el peculado, la consecuencia de todas las acciones que ahora deberán comprobarse.

Exfuncionarios de la auditoria federal reconocen que no hay pruebas de la participación de Rosario Robles, pero sí aquellas por conocimiento directo durante la revisión de la ASF, además de testimonios de quienes estuvieron vinculados en la fiscalización.

La ASF había documentado una “participación intencional, en donde se utilizaron instituciones para tejer una red aprovechando una posición de poder”, organizada para poder obtener beneficio o prebenda indebida y desviar el recurso a otros fines.

Es decir, crearon “empresas fachada”, involucraron a notarios, grupos empresariales que aparecen legalmente pero no existen en los hechos, para sustentar práctica irregular que simula prestación de servicios en bienes o servicios. Son, en todos los casos, operaciones inexistentes.

Para la Contraloría Federal (SFP) se trata de acciones u omisiones, que con la evidencia recabada e inferencias lógicas, permitirán elaborar un razonamiento y se estructurará toda una red, para hacer surgir la información que permita corroborar que todo fue fabricado, que los servicios no se entregaron.

Como parte de la indagación hay testimonios de trabajadores y funcionarios que tampoco aceptaban, aunque eran forzados a hacerlo –en algunos casos coaccionados--, a realizar acciones que ahora explican en detalle para conocer los esquemas asignados, cuyo fin era escoger proveedores, enlaces, crear cuentas bancarias, fijar montos de “repartición”, facturación.

Funcionarios de la FGR han confirmado que se conoce ya la mayor parte de “la cadena” que hace visible la “ruta del dinero” y eso permitirá hacer que las personas que participaron “van a tener que rendir cuentas”.

Martes 30 de Julio de 2019 14:19

Escrito por Agencias

+ Fue primero de Germán Corona del rosal, quien dirigió a la antigua y remida Dirección Federal de Seguridad

CD. DE MÉXICO, 30 de julio de 2019.- La casa en la cual encontraron una fortuna propiedad del supuesto “empresario” chino-mexicano Zhen Li Ye Gon, es una majestuosa construcción en las Lomas de Chapultepec que primero fue propiedad de un ex jefe de los “Dipos”, espías y represores del viejo régimen priísta.

La historia surge porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que el chino le compró residencia a un político, señalando primero que “les voy a dar un dato: esta casa fue de un político”.

Cuando representantes de los medios de comunicación le preguntaron quién sería ese político, el presidente respondió con un “Ahí está la cosa. Yo no lo puedo decir, pero ustedes sí pueden hacer la investigación, ayúdenme”.

Pronto, los reporteros encontraron respuestas en la historia y en reporteros más viejos.

Hacia 2004, alrededor de tres años antes de que lo detuvieran, Chen Li Ye Gon le compró esa residencia al político priísta originario del Estado de Hidalgo, Germán Corona del Rosal.

Sería difícil para las nuevas generaciones saber quién fue dicho personaje, pero es fácil para quienes ahora miran el seguimiento a la historia que en ese tiempo dieron a conocer:

Es hijo del general Alfonso Corona del Rosal, quien fuera regente del Distrito Federal en cuando sobrevino la matanza estudiantil de 1968, una época en la cual la moda de “los ricos” era ir a vivir a Lomas de Chapultepec.

Germán Corona del Rosal nació en 1932, en Ixmiquilpan, Hidalgo. Se graduó en 1953 con el grado de teniente segundo de caballería. Entre 1981 y 1982 fue el jefe de los “dipos”, los agentes de la dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, antes Dirección Federal de Seguridad y después Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Carlos Salinas lo hizo delegado de la Secretaría de Programación y Presupuesto en Hidalgo, en 1983 y, como diputado federal, en 1994 aprobó la iniciativa salinista para que dejara de ser grave el delito de corrupción.

Hoy, a sus 87 años, resdie en su natal Hidalgo.

La casa que le vendió a Zhenli Ye Gon y que luego fue incautada por el Estado mexicano tras encontrar en ella una fortuna superior a los 210 millones de dólares en efectivo presuntamente originados en el tráfico de drogas, será subastada en 95 millones de pesos.

Rápido se conoció el nombre que el presidente López Obrador no quiso dar a conocer en su mañanera de lunes.

Domingo 21 de Julio de 2019 10:10

Escrito por comunicado

Cuatro decretos fueron ya publicados en el Diario Oficial de la Federación y un proyecto se remitió a la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, julio 21 de 2019.- En afán de dotar al Estado mexicano de instrumentos legales que le permita construir mejores condiciones de convivencia social, las y los senadores integrantes de la LXIV Legislatura del Senado de la República aprobaron cinco leyes de nueva creación.

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019; Ley de Educación Naval, y el Proyecto de Decreto turnado a la Cámara Baja, que expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.

Así, durante el Primer y Segundo Periodo Ordinario de Sesiones y el Periodo Extraordinario del Primer Receso, del Primer Año de Ejercicio, los integrantes de la Cámara Alta trabajaron en la aprobación de dichos instrumentos legales que darán mayor certeza jurídica.

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), aprobada el 15 de noviembre de 2018, reglamenta, entre otros asuntos, la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano.

Establece la integración de un Consejo Ciudadano, como órgano especializado de consulta, de carácter honorífico, que ejercerá las funciones establecidas en la ley. El mismo estará integrado por cinco ciudadanos de prestigio que se hayan destacado por su contribución en materia de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en especial de mujeres, comunidades indígenas, niños, niñas, adolescentes y personas migrantes.

Las y los integrantes del Consejo Ciudadano durarán en su encargo cinco años improrrogables y serán renovados de manera escalonada.

El instrumento legal fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 14 de diciembre de 2018.

La ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, publicada, en el DOF el 4 de diciembre del 2018, establece que dicho Instituto será un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa.

Determina que el Instituto será la autoridad del Ejecutivo Federal para normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para garantizar el ejercicio e implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afro-mexicanos, así como su desarrollo integral, sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades.

Además, como cada año, fue aprobada la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. Su publicación en el DOF el 28 de diciembre de 2018, contiene conceptos bajo los cuales se captarán recursos financieros que permitirán cubrir los gastos de la Federación durante un ejercicio fiscal.

Indica que los ingresos públicos se dividen en dos grandes rubros: I) Ingresos ordinarios, recaudados en forma regular por el Estado: impuestos; derechos; ingresos por la venta de bienes y servicios de los organismos y empresas paraestatales.

II) Ingresos extraordinarios, recursos que no se obtienen de manera regular por parte del Estado, vía enajenación de bienes nacionales, contratación de créditos externos e internos (empréstitos) o emisión de moneda por parte del Banco de México.

Asimismo, el 12 de marzo de 2019, en el DOF fue publicada la Ley de Educación Naval que consolida a la Universidad de esa especialidad como eje rector de la Educación Naval, dependiendo orgánica y administrativamente de la Oficialía Mayor de la Marina y doctrinariamente del Estado Mayor General de la Armada.

El decreto, expedido por el Ejecutivo Federal, tiene por objeto normar la educación que imparte la Secretaría de Marina mediante la Universidad Naval, en sus diversos niveles educativos. La enseñanza estará orientada al conocimiento, difusión, aplicación de la ciencia, doctrina y cultura naval para contribuir al desarrollo marítimo nacional.

También, las y los senadores remitieron a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. Es un eje primordial que permitirá al Estado mexicano crear políticas públicas para disminuir la corrupción. Otorga a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria facultades de coordinación con los tres niveles de gobierno para celebrar convenios de colaboración que permitan a la población acogerse a los beneficios del pretendido dictamen.