Miércoles 13 de Septiembre de 2017 16:47

Escrito por Muralsonorense.com

+ Ahora sufren la dificultad para salir de los problemas

OAXACA, Oax., 13 de Septiembre de 2017.- El terremoto de mayor magnitud en la historia de México cobró ya cerca del centenar de vidas y habitantes de Oaxaca, uno de los puntos donde más se resintió el movimiento de suelo, lloran a sus muertos mientras los rescatistas evalúan daños en las pequeñas comunidades donde el polvo de los derrumbes no termina de asentarse.

Oaxaca ha sufrido la pérdida de 71 vidas dice Águeda Robles, vocera de la Coordinación Estatal de Protección Civil; en Chiapas, 15 personas murieron, muchas menos pese a ser la entidad donde se fijó el epicentro del sismo que alcanzó 8,2 grados. En  el vecino Tabasco hubo cuatro muertes más.

Durante más de 72 horas después del terremoto del jueves, las réplicas sacudían a Juchitán de Zaragoza y pueblos alrededor. Asunción Ixtaltepec, a unos ocho kilómetros, con perros sobre los escombros se buscaba a las víctimas.

Las historias son tristes. Medios de todo el mundo las narran desde alguna esquina ruinosa dejada por el efecto del temblor.

Por ejemplo, el diario neoyorquino New York Times cita a Lourdes Pérez, enterrando a su hijo a quien trató de salvar cuando la planta alta de la vivienda donde él habitaba colapsó. El cotidiano dice que sus reporteros la vieron de pie, ojos fijos hacia las ruinas de la casa, donde la destrucción reflejaba su gran pesar interior.

El terremoto sacudió el suelo bajo sus pies, cuando Lourdes estaba afuera de su casa, ubicada enfrente de la casa en la que su hijo, Eduardo Peralta, de 33 años, vivía con su familia. Dormían en la planta y corrieron al sentir el movimiento él, su esposa Sunihey Antonio, y la hija de 1 año.

Se escuchó “tronar” la casa, se tambaleó y colapsó. Eduardo alcanzó el portón cuando una barra de concreto cayó sobre su espalda, aplastando su columna y cuello. Ella lo vio y a gritos clamaba ayuda y solicitaba equipo para extraerlos corriendo hacia los escombros. Sunihey y su hija no sufrieron heridas.

Más historias se han escuchado. Todas parecidas. Cuerpos sin vida bajo escombros de casas y edificios, incluido el palacio municipal de Juchitán de Zaragoza.

En Ixtaltepec murieron diez personas y los problemas fueron mayores, pues los auxilios se centraron en Juchitán, donde fue mayor el golpe sobre sus 100 mil habitantes. Pero las calles de esta comunidad reflejaban destrucción y escaseó durante un día completo el agua y la comida, refugiados por cientos en forma improvisada en una pista de baile al aire libre, cubierta con un techo de latón. Allí llegaron tamales, arroz y frijoles llevados por voluntarios que sirvieron comida donde se pudo, incluso cajuelas de automóviles y camiones.

El mensaje del pueblo transmitido por el rotativo neoyorquino surgió de María Luisa Mátus: “no tenemos idea de cómo vamos a reconstruir todo el pueblo”. Ella es trabajadora del Estado y coordina esfuerzos en el refugio, donde el arroz, el agua embotellada y el papel de baño formaban pilas, pero mirando al horizonte con incertidumbre plantea que “ahora eso es lo menos urgente en nuestra lista de prioridades”.

Trabaja en el cómo reunir paquetes de comida y otras necesidades para 3000 personas en Ixtaltepec que ya llevan varias noches a la intemperie, sobre banquetas agrietadas fuera de sus casas o en patios traseros, canchas de básquetbol o estacionamientos. La lluvia, la falta de colchones… todo es problema.

Los daños se llevaron al principal hospital regional de Juchitán. Se debió llevar a los heridos a otras  ciudades. Escasean los antibióticos, anestesia y equipo médico. Sin electricidad, no pueden tomarse radiografías.

Respecto a cómo reconstruir las ciudades, todavía no hay una idea, pero la población espera que tarde mucho tiempo debido a los daños. Un funcionario local expresó: “Esperemos que no tome treinta años como pasó en 1985”, refiriéndose al gran terremoto de 1985, que destruyó varias ciudades de estas entidades y numerosas zonas de la capital de la República.

VIGILABA… Y MURIO

JUCHITÁN, Oax.- Agentes de la Policía Municipal montaron una guardia de honor en el funeral de Juan Jiménez.

Se trata de un agente enterrado por los escombros al derrumbarse el edificio del Ayuntamiento. La ciudad entera presenció el trabajo de los rescatistas; su cuerpo fue recuperado el sábado y llevado a su casa, donde familiares y amigos llenaron el patio para dar el pésame a su esposa y a sus tres hijos, quienes están convencidos que su padre se fue porque “Diosito lo necesitaba”.

Martes 12 de Septiembre de 2017 14:59

Escrito por Comunicado

+ Impone su nombre al teatro de Guadalajara en emotiva ceremonia

GUADALAJARA, Jal., 12 de Septiembre de 2017.- En reconocimiento a su trayectoria artística, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rindió homenaje al Primer Actor Ignacio López Tarso y en una emotiva ceremonia impuso su nombre al Teatro Guadalajara.

El Director General, Mikel Arriola, y el artista develaron la marquesina con su nombre y la placa alusiva a este gran acontecimiento.

Ignacio López López, mejor conocido como Ignacio López Tarso, ha mantenido una relación histórica con los teatros del IMSS al inaugurar en 1962, con tres obras, los 34 teatros que tiene el Instituto, siendo el Teatro Guadalajara el primero con la puesta en escena “Un Tigre a las Puertas”, obra de Jean Giraoudoux, acompañado por la actriz María Teresa Rivas.

En 2014 volvió a pisar los teatros del Seguro Social, donde ha tenido exitosas temporadas con las obras “Un Picasso” y “Aeroplanos” en el Teatro San Jerónimo Independencia en la Ciudad de México.

El protagonista de “Macario”, “Edipo Rey” y “La vida inútil de Pito Pérez”, entre otras, agradeció “la gran sorpresa que me da otra vez el Seguro Social, y al Director General, Mikel Arriola que tuvo la iniciativa de recuperar todos los teatros y la actividad teatral para el Seguro Social”.

Al develar la placa del teatro que lleva su nombre, López Tarso agradeció al Instituto Mexicano del Seguro Social, al que, dijo, “le debo gran parte de mi carrera, todos los años 60 dedicados al teatro inaugurando teatros por toda la República, y haciendo una temporada de teatro grande, de teatro clásico con el apoyo del Seguro Social“.

El actor volvió a pisar este Teatro después de 55 años con la obra “Un Picasso” al lado de la actriz Gabriela Spanic. En su mensaje, el titular del Seguro Social, Mikel Arriola, reconoció al Primer Actor por su trayectoria artística y por dejar una huella indeleble en cada uno de los teatros del IMSS en los que ha estado presente. Sin él, agregó, no se entiende el teatro, el cine ni la televisión en México.

Asimismo, anunció que con la puesta en escena de “Un Picasso” da inicio la Gira IMSS Cultural que comprende la presentación de seis obras en los teatros de 12 ciudades que, se estima, podrán apreciar 240 mil espectadores a nivel nacional.

Consideró que en el IMSS la promoción del teatro será permanente y calculó que con la recuperación de la actividad teatral el número de butacas disponible para todo público podría crecer 70 por ciento.

Con esta gira, precisó, se busca apoyar la circulación nacional de obras bajo un modelo autosostenible que genere recursos para apoyar al teatro social, en una mezcla con teatro comercial, así como asegurar la presencia continua de espectáculos de calidad en el interior del país.

A este homenaje al Primer Actor asistieron el Director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Igor Rosette; el delegado del IMSS en Jalisco, Sergio Castillero Manzano, y el Secretario de Gobierno del estado, Roberto López Lara, entre otros.

Jueves 07 de Septiembre de 2017 20:22

Escrito por Animal Político

CD. DE MEXICO, 7 de Septiembre de 2017.- En una oficina de cinco metros cuadrados dentro de una pequeña plaza comercial de Ciudad del Carmen, Campeche, operan oficialmente las empresas E&P Solutions y Energy Oil and Gas.

Es un despacho polvoriento, donde no hay mesas, sillas o personal trabajando.

El empleado del despacho contiguo observa el cristal sucio de la oficina, que solo tiene un aparato de aire acondicionado empotrado en la pared, y asegura que no recuerda que en ese cubículo operen esas dos compañías.

“Nunca antes había escuchado el nombre de esas empresas”, dice encogiendo los hombros.

El vecino de despacho no es el único que no conoce a esas dos empresas: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tampoco pudo encontrar ni rastro de ellas.

Y no las encontró porque se trata de empresas fantasma, es decir, compañías que no están en donde reportan, no pagan impuestos, usan facturas falsas y no tienen la infraestructura ni el personal necesario para dar servicios. Por eso están en la ‘lista negra’ del SAT.

Quien sí encontró y tuvo tratos con estas empresas fue el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), una universidad pública que en 2013 las contrató por 566 millones de pesos para dar “servicios profesionales especializados en ingeniería” a Petróleos Mexicanos.

Esta universidad pública de Tabasco no sólo contrató a E&P Solutions y Energy Oil and Gas. También a otras dos empresas: Drilling and Completion Services y a Integrated Reservoird Management Services de México.

Las cuatro participaron en el fraude de 566 millones de pesos y tienen en común que comparten socios, representantes legales y comisarios, quienes resultaron ser prestanombres, según se confirmó al entrevistarlos en sus domicilios, colonias populares y con altos índices de violencia de Tabasco.

No es la única coincidencia. Estas cuatro empresas tienen otro elemento en común: desaparecieron en cuanto recibieron el dinero público, según consta en la fecha que presentan las actas de liquidación entregadas al Registro Público del Comercio y en los datos de los contratos de cada convenio.

Esta es la punta del iceberg. Con ese modus operandi, entre 2011 —con Felipe Calderón en la presidencia y Juan José Suárez en la dirección de la paraestatal— y 2014, Pemex entregó 3 mil 576 millones de pesos a 96 empresas, para lo que contó con la complicidad de seis universidades públicas del sureste del país, con quienes firmó 39 convenios.

A través de la filial Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP), la petrolera firmó esos convenios de colaboración con la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), la Universidad Popular de la Chontalpa, el Instituto Técnico Superior de Comalcalco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, y las universidades Juárez Autónoma y la Tecnológica, ambas de Tabasco.

Las universidades, aunque declararon por escrito que tenían la capacidad para cumplir con todos los convenios y se quedaron con una comisión de 634 millones de pesos, contrataron a otras empresas, que tampoco podían dar el servicio, por lo que contrataron a unas más. El dinero dio tres vueltas.

La Universidad Popular de la Chontalpa, por ejemplo, declaró por escrito que tenía la capacidad para cumplir con servicios para Pemex-PEP y que “no requería la contratación de ningún tercero”. Era mentira.

El convenio 425102832 entre Pemex y la Chontalpa se firmó por 238 millones de pesos. Pero ese mismo día, la universidad transfirió el dinero a la empresa Maheca S.A. de C.V.

Esta subcontratación se realizó sin que la universidad justificara con un estudio de mercado que contratar a esa empresa significaba mejores precios o mejores condiciones para realizar los servicios.

En otro caso, en el convenio con Pemex-PEP 428811857, la Universidad de la Chontalpa tenía tanta prisa por subcontratar a Maheca S.A. de C.V., que firmó el contrato un día antes de sellar el convenio con la petrolera.

La Universidad de la Chontalpa repitió este modelo en al menos once ocasiones tanto con Maheca S.A. de C.V. como con otras tres empresas: Surface Technology SA de CD, Pro Source S.A. de C.V. y Cantarell Services. Así repartió 861 millones de pesos.

El modelo se repitió una y otra vez hasta sumar 3 mil 576 millones de pesos.

Emilio Lozoya Austin fue director de Pemex los primeros 4 años de este sexenio. Cuestionado sobre estos convenios, respondió a Animal Político y MCCI: “dichos contratos se asignaron a nivel de la regiones, y no desde el corporativo, de tal forma que nunca conocí ni los detalles ni participé en los procesos de adjudicación”.

“Si hubo posibles irregularidades, mi postura es que se investigue y en su caso deslinden responsabilidades. Esto siguiendo el debido proceso y analizando los temas técnicos que estos contratos hayan estipulado”.

Involucrados

Los 39 convenios que se firmaron con las universidades fueron palomeados por altos funcionarios de Pemex-PEP que, lejos de ser sancionados, fueron premiados con un ascenso. Por ejemplo, José Luis Fong Aguilar, como subdirector de Producción Región Sur, firmó el convenio 425102832 con la Universidad Popular de la Chontalpa, lo que significó un desvío de 238 millones. En la actualidad continúa en la petrolera como subdirector, pero ahora del área de Producción Bloques Norte.

Un caso más claro es el de Juan Javier Hinojosa Puebla, quien como subdirector de Desarrollo de Campos de la petrolera firmó dos de estos convenios por un total de 207 millones. Hoy, es director de Pemex-PEP.

Cuando se le pidió a Hinojosa Puebla su versión de lo ocurrido se negó a responder.

La actual administración de Petróleos Mexicanos dijo a Animal Político y MCCI que la petrolera “constató que las universidades e instituciones educativas estatales con las que se celebraron los contratos cumplieran con los requisitos (fundamentalmente consistentes en su capacidad técnica y económica), que en la normativa de la empresa se encontraban establecidos para la contratación de los servicios”.

Y agregó que “en todos los casos, las universidades declararon contar con la experiencia y recursos, así como con la capacidad técnica y financiera para cumplir con la prestación de los servicios objeto del convenio específico”.

En su momento, la Auditoría Superior de la Federación reportó que estos convenios entre Pemex y las universidades públicas fueron ilegales, pues las instituciones educativas no realizaron los servicios y, violando la ley, subcontrataron a empresas.

Animal Político y MCCI revisaron cada uno de los convenios para determinar qué pasó con el dinero público involucrado. La investigación se abocó en confirmar si las empresas contratadas operan legalmente, visitar los domicilios registrados, cuestionar a los socios de las mismas y comprobar si se prestaron los servicios.

El resultado: se confirma que, contrario a lo que respondió Pemex, las universidades no realizaron los servicios y entregaron el dinero público destinado a mejorar la producción petrolera del país a 96 empresas que presentan un amplio ramillete de irregularidades.

Por ejemplo, cinco de las compañías son fantasma, según el SAT; siete no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); seis recibieron millones de pesos a pesar de no contar con folio mercantil —el registro que toda empresa debe tener antes de operar legalmente—; cuatro no existían en la dirección reportada, y 11 fueron desmanteladas tras recibir el dinero de los contratos.

Además, como parte del fraude millonario, Pemex-PEP entregó contratos por 932 millones de pesos a siete compañías que pertenecen, o que tienen entre sus integrantes, a 10 ex funcionarios de la misma filial petrolera.

En algunos casos, incluso, los ex funcionarios violaron la ley de Servidores Públicos al no esperar un año fuera del servicio público para hacer negocios con Pemex-PEP.

Pero para Pemex esto “es normal”, pues dijo que “esos profesionistas cuentan con capacidad y experiencia en el ramo, para la efectiva prestación del servicio”.

Uno de los ex funcionarios que presuntamente violó la ley es Héctor Vera Argüelles, quien trabajó como supervisor en el área de Coordinación de Programación y Evaluación de Pemex-PEP hasta que en octubre de 2010 abandonó la petrolera.

Siete meses después de dejar el cargo, Vera Argüelles se convirtió en representante legal de la empresa Maheca S.A. de C.V. y consiguió dos contratos por 127 millones de pesos para dar servicios a Pemex-PEP.

En poco más dos años, esta empresa vinculada al ex funcionario sumó 502 millones de pesos en ocho contratos. Usó el mismo esquema: Pemex-PEP contrató a Maheca S.A. de C.V. a través de la Universidad Popular de la Chontalpa, para que diera asesorías petroleras. Esto, a pesar de que la empresa, según su acta constitutiva, se dedica a asesorías contables e informáticas.

Pero Maheca no fue el destinatario final de todo el dinero. Como no tenía el perfil ni la capacidad para cumplir con los servicios, entonces subcontrató a cinco empresas a las que transfirió 90 millones de pesos de los 342 millones que recibió de tres convenios con la Universidad de la Chontalpa.

De esas, Logistic Peninsular S.A. de C.V. ya fue denunciada por el SAT como empresa fantasma. Construcción, Suministros y Arrendadora Lomax recibió dos contratos pese a no tener folio mercantil, según respondió en una solicitud de información la Secretaría de Economía. Mientras que Pen Comerce S.A. de C.V. y Global Baker Oil fueron liquidadas en el estado de Guerrero, lugar de su sede, una vez que recibieron contratos millonarios.

“Si yo fuera empresario, no trabajaría de conserje”

Maheca ni siquiera tenía socios de verdad: Francisco N., uno de los accionistas fundadores —de los dos que registró la empresa cuando fue constituida en 2010—, es un conserje que labora limpiando el suelo de una escuela ubicada en una ranchería pobre de Tabasco.

Francisco N. admitió en entrevista que se alquiló a un bufete de contadores para aparecer como dueño de Maheca. No dijo cuánto recibió por convertirse en prestanombres, aunque sí aseguró que no vio ni un peso de los millones que le empresa ganó mientras él fue accionista.

“Si yo hubiera ganado algo de ese dinero no estaría trabajando en esta escuela”, dijo el conserje y prestanombres de Maheca.

La otra persona que aparece como dueña de la firma, Ofelia del Rosario Arce Medellín, no fue localizada en el domicilio reportado. Tampoco se localizó a Alejandra Pinete Herver, otra accionista. Quien vive en el domicilio negó conocerlas o saber algo de Maheca: “En mi casa vivo yo y no sé nada de esa empresa”.

Otro ex funcionario que se benefició de este esquema es Silvano Torres Xolio, quien de 1993 a 2003 fue superintendente en la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial de Pemex-PEP, y en junio pasado se postuló como candidato a presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por el Partido Verde.

Torres Xolio se asoció con Williams Morfín Silva —que tuvo el cargo de subgerente en la subdirección de Seguridad Industrial de Pemex-PEP— para fundar la empresa Cantarell S.A. de C.V.

Las acciones de Cantarell se transfirieron en 2006 a Flor Estefanía Torres Gallardo, hija de Torres Xolio. Mientras que su hermana, Diana Beatriz Torres Gallardo, figura desde ese año como representante legal de la empresa Pro Source S.A. de C.V.

Estas empresas en 2013 ganaron 190 millones en dos contratos entregados por la Universidad de la Chontalpa para trabajar con Pemex. De ese monto, transfirieron 28 millones a una empresa catalogada como fantasma por el SAT y otra más que no existe en el domicilio registrado, tal y como corroboró este equipo de investigación. Apenas 76 millones se entregaron a tres empresas que sí hicieron los servicios y los 113 millones restantes simplemente se desvanecieron.

En los domicilios que registraron Pro Source y Cantarell en los contratos con la Universidad de la Chontalpa, Animal Político y MCCI confirmó que las oficinas están desmanteladas. También se visitó el domicilio reportado por Silvano Torres Xolio, en Villahermosa, Tabasco, pero éste no respondió a la petición de entrevista.

Ante el Registro Público de Comercio, Cantarell aparece liquidada el 6 de julio de 2016. La empresa argumentó que se disolvió porque estaba “agobiada por los gastos operativos”.

Regreso al futuro

A través de la Universidad Autónoma del Carmen de Campeche (UNACAR), Pemex-PEP entregó en 2012 dos contratos por 86 millones a MC Tecnologies S.A. de C.V. Sin experiencia previa con Pemex, esta compañía recibió contratos millonarios dos años después de que su socio fundador, Benito Javier Criollo Herrada, dejara la petrolera tras 20 años de trabajar como gerente en el área de Perforación-división Norte.

En el acta constitutiva de esta empresa también figura como comisaria Candy Guadalupe Pérez Pérez, quien no sólo es empresaria, sino también —y al mismo tiempo— funcionaria de Pemex-PEP en el área de supervisión de contratos.

MC Tecnologies fue contratada para dar servicios a la petrolera en junio de 2012. Sin embargo, el convenio que avaló esta contratación entre UNACAR y Pemex-PEP está firmado en junio de 2013. Es decir, a MC Tecnologies se le entregó el dinero un año antes de que la propia Pemex-PEP supiera que necesitaba esos servicios.

El exfuncionario Benito Javier Criollo no respondió a la solicitud de entrevista.

Animal Político y MCCI buscó al rector de UNACAR, José Antonio Ruz Hernández, pero también declinó hacer comentarios.

Con este esquema, Pemex se suma a la lista de instancias del gobierno federal que firmaron contratos por 7 mil 670 millones de pesos.

Y eso, sin contar que hasta el día de hoy, el gobierno federal ha firmado 2 mil 61 convenios iguales con universidades públicas que violan la Ley de Adquisiciones y que involucran 31 mil 668 millones de pesos.

Miércoles 06 de Septiembre de 2017 18:27

Escrito por Agencias

+ Revela investigación la “Estafa Maestra”

CD. DE MÉXICO, 6 de Septiembre de 2017.- La Secretaría de Desarrollo Social que encabezaba Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, una estrategia que acababa de crear el gobierno federal buscando reducir la pobreza extrema.

Dicho apoyo se creó para llegar a las familias con pobreza alimentaria que a partir de abril de 2013 se beneficiarían de la Cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.

Pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó la entrega de, solamente, el 7% de las despensas que se habrían comprado, pero no tiene constancia de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres.

De lo que sí hay prueba, es de que lo que Sedesol pagó por los servicios.

Lo que ya se ha confirmado como un escandaloso desvío se cumplió por la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que serían intermediarias en el beneficio.

La Cuenta Pública de 2013 y 2014 reporta diez convenios con ambas universidades, por unos 2 mil 224 millones de pesos, que debieron llegar a dar más cobertura de programas sociales y servicios en las zonas más rezagadas del país, además de combatir la pobreza.

Las universidades no dieron ningún servicio y solo se prestaron para la operación, lo cual les dejó  una “comisión” de 215 millones 446 mil pesos. El resto del dinero, más de 2 mil millones de pesos, se lo entregaron a 20 empresas, 19 de ellas irregulares al grado de ser causales estos procedimientos, de inhabilitación para recibir contratos públicos, según la ley.

Los medios informativos Animal Político y MCCI visitaron oficinas de esas empresas en 6 estados, buscaron a los socios en las direcciones registradas y recabaron información oficial del SAT y la Secretaría de Economía, cita la investigación que han comenzado a divulgar.

Arrojó que los recursos se entregaron a tres empresas fantasma, catalogadas así por el Servicio de Administración Tributaria en 2015; a otras tres que están bajo investigación del mismo SAT por presuntas operaciones irregulares; a seis que no cumplen con un requisito indispensable para operar —el registro ante la Secretaría de Economía—; a una cuya oficina fue desmantelada apenas se recibió el dinero; a otra que no fue localizada por la Auditoría Superior de la Federación —que reportó como domicilio para sus operaciones uno que no corresponde a su sede—; a una que tiene una oficina virtual de la que no existe registro de que pueda realizar servicios; a otra que es un despacho contable sin personal o infraestructura, y a tres más que tienen un objeto social distinto al servicio que debían dar.

El articulo de estos medios señala que la Sedesol se declaró “satisfecha” con los servicios recibidos a cambio de 2 mil 224 millones de pesos, y no consideró irregular el sobreprecio de más de 220 millones por parte de las universidades a cambio de ¡nada!.

Participaron 20 empresas, pero una destaca: ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., un pequeño despacho contable en la Ciudad de México, que recibió los recursos destinados a combatir el hambre sin firmar un solo contrato o realizar algún servicio.

ESGER fue creada en 2011 para ofrecer servicios de construcción, según acta constitutiva con folio 438926-1. Sus oficinas están en un edificio oscuro de la colonia Nápoles, cuya entrada es fácil de franquear, porque no hay recepcionista ni señal de que cumpla con contratos millonarios.

Los accionistas son Esteban Cervantes, que tenía 25 años cuando fundó la empresa, y el contador público Gerardo Casas. Ninguno fue localizado en las tres visitas realizadas a la empresa. Tampoco atendieron las llamadas telefónicas que se hicieron a lo largo de dos semanas.

También se les buscó en sus domicilios particulares. Esteban Cervantes registró como su casa el domicilio de una empresa llamada RAGER, en la colonia Navidad, en la que en fue empleado en 2013. Ahí declararon que no han vuelto a saber de él desde entonces. Gerardo Casas asentó como domicilio un edificio en Cuajimalpa, donde los vecinos dijeron que no lo conocían.

De acuerdo con la declaración de impuestos que la empresa realizó ante el SAT en 2013, de la que Animal Político y MCCI tienen copia, ESGER solo declaró ese año ingresos por 408 millones de pesos y reportó gastos por 407 millones de pesos. Pero “olvidó” declarar el dinero que recibió de la Sedesol: 698 millones.

El mecanismo que involucra a ESGER es enredado: el primer paso fue la firma de tres convenios entre Sedesol y las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México por mil 385 millones de pesos, en 2013. El objetivo de estos convenios era “sensibilizar” a las comunidades sobre la alimentación sana, instalar ventanillas de atención para jornaleros, distribuir material en zonas marginadas y “eficientar la operación a través de la automatización de procesos”.

Las universidades se quedaron con 102 millones 745 mil pesos de comisión y se desentendieron de los convenios. Subcontrataron a 11 empresas para supuestamente dar los servicios.

Las empresas contratadas fueron Servicios Administrativos Zulma, Inteligencia y Tecnología Informática, Symmetrix Architecture, Grupo Comercializador Cónclave, Advanced Computer Knowledge, Prodasa, Dumago Systems, Meve Soluciones, Evyena Servicios, S&C Constructores de Sistemas y Asesorías Nacionales Expanders.

Las 11 empresas están entre las que tienen irregularidades: tres fueron catalogadas como fantasma por el SAT en 2015, seis no tienen antecedentes ante la Secretaría de Economía y dos más ya fueron desmanteladas.

No todo el dinero se quedó en estas empresas. Cinco se quedaron con una comisión y, a su vez, “contrataron” a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que esta última empresa no dio ningún servicio y solo se quedó con el dinero.

En otro caso, una empresa más, llamada Evyena, también le dio el dinero a ESGER, pero antes se lo envió a otra empresa intermediaria, que también se quedó con una comisión: Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos, que a su vez se lo entregó a ESGER. Es decir, el dinero dio tres y cuatro vueltas hasta que quedó en manos de ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V.

Al ser consultada por estas irregularidades ocurridas entre 2013 y 2014, la Secretaría de Desarrollo Social se deslindó de las contrataciones e informó el pasado 30 de agosto que, al firmar convenios con las Universidades, éstas declararon que contaban “con la capacidad para colaborar en los tres proyectos en los términos y porcentajes señalados en cada uno de los anexos técnicos recibidos”.

La Sedesol añadió que “los actos celebrados con la administración pública se presumen de buena fe, sin que puedan exigirse mayores requisitos de los que marque la ley”.

Es decir, según la dependencia, la carta del rector de la universidad afirmando por escrito que la institución educativa contaba con la capacidad para cumplir con los contratos es suficiente para deslindarse de las irregularidades que derivaron de los convenios firmados: la violación a la Ley de Adquisiciones con la subcontratación de empresas que realizaron el 92% de los servicios, el hecho de que no hayan dado los servicios para las que fueron contratadas y que, además, resultaran fantasma e ilegales.

SOSPECHOSOS DE BAJO NIVEL

En ningún caso las firmas de los convenios involucran a funcionarios de primer nivel. La “contratación” de las universidades se la dejan a cargo de mandos medios. Por ejemplo, los convenios de Sedesol para servicios al programa de Adultos mayores, fueron firmados por el director general de Atención a grupos prioritarios. En 2013 el puesto era ocupado por Ramiro E. Ornelas Hall y en 2014 por Héctor Eduardo Zelonka Valdés.

Pero en palabras del auditor superior, Juan Manuel Portal, los titulares de las dependencias son los responsables. En ese periodo, la secretaria de Desarrollo Social era Rosario Robles y el Oficial Mayor, Emilio Zebadúa.

Un concierto de 75 millones

En abril de 2013, Sedesol firmó con la Universidad Autónoma del Estado de México un primer convenio de 159 millones de pesos con tres objetivos: organizar un concierto, entregar despensas y realizar una feria con organizaciones de la sociedad civil.

La institución educativa contrató a S&C Constructores de Sistemas por 75 millones de pesos. Esa empresa organizó en abril de 2013, en la Ciudad de México, el concierto “Compartamos música, erradiquemos el hambre” de la Cruzada contra el Hambre.

S&C Constructores de Sistemas se quedó con 61 millones y le entregó 14 millones a ESGER. La Auditoría Superior de la Federación determinó que no existe evidencia de que ésta última haya participado en la organización del evento.

Un caso similar ocurrió con las empresas Advanced Computer Knowledge y Dumago Systems Solutions, que fueron contratadas por las universidades para un servicio de “redes nutricionales”, es decir, reparto de despensas. Estas dos firmas comparten oficina en un edificio con número 162 de la calle de Liverpool, localizado entre un restaurante coreano y una tienda de helados en la Zona Rosa.

Entre las dos, en un año firmaron contratos por 101 millones de pesos y de los contratos transfirieron 52 millones de pesos a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., aunque no existe constancia documental de los servicios que esta empresa prestó ni razón de la transferencia.

Cuando se solicitó a la Sedesol constancias de que se dieron los servicios contratados, solo entregó las facturas pagadas a las empresas Advanced Computer y Dumago como “prueba”.

En la dirección de estas dos empresas, Advanced Computer Knowledge y Dumago Systems Solutions, es imposible hablar con una persona. Los accionistas, encargados de despacho o representantes legales nunca están ahí, como se confirmó tras varias visitas al domicilio. Los teléfonos están fuera de servicio. Las actas constitutivas de estas firmas no existen en la Secretaría de Economía.

Hasta Nuevo León

Los casos llegan también a cuatro empresas regiomontanas —Evyena, Comercializadora Integral de Servicios Villaregia, Femexport y Grupo Industrial y Servicios Yafed— que participaron en licitaciones o efectuaron trabajos con la Universidad Autónoma de Morelos por un total de 276 millones de pesos.

Una quinta empresa regiomontana, Icalma Servicios y Consultoría, recibió pagos de la Universidad Autónoma del Estado de México por realizar trabajos para Fovissste. La sede de estas cinco firmas es el mismo despacho en la colonia Palo Alto en San Pedro Garza, Nuevo León, en el número 305.

En una visita de campo, un joven de unos 30 años que se presenta como el encargado de la oficina confirmó que todas las empresas se encuentran en esa dirección. Aseguró que no hay más empleados y los dueños únicamente se comunican por teléfono.

En esa dirección están tres empresas más —Constructora Yapo, Comercializadora Rivercruz y Constructora Bofil—, las cuales tienen investigaciones abiertas en Sinaloa, y en Monterrey, Nuevo León, por incumplimiento de contrato.

La oficina que ocupan las ocho empresas no es suficiente para colocar ni siquiera un escritorio pequeño. En horario de oficina la puerta está cerrada y solo se ven cajas con registros contables que se identifican con letreros de papel.

Las cuatro empresas regiomontanas que recibieron recursos de Sedesol, vía la Universidad Autónoma de Morelos, no solo comparten oficina. También tienen la constante de que le entregaron dinero a ESGER: 81% de los 276 millones de pesos que recibieron en contratos.

Todas esas transferencias fueron detectadas por la ASF durante los peritajes que se realizaron durante las auditorías forenses. Se revisaron las cuentas y las transferencias de las empresas involucradas en las presuntas irregularidades.

De la última visita que el equipo de investigación de Animal Político y MCCI realizó a las oficinas de ESGER, solo se consiguió una negativa rotunda a dar cualquier tipo de información tanto de la empresa como de los accionistas.

Todos los convenios que firmó Sedesol con las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México derivaron en distintas operaciones para desviar los recursos.

Para un servicio de evaluación de actividades, la Autónoma de Morelos lanzó en 2014 licitación para contratar proveedor. Solo concursaron dos empresas: Grupo Industrial Yafed y Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos (Consersa). La primera es una empresa fantasma y la segunda, que resultó ganadora, es investigada desde octubre pasado por el SAT por operaciones ilegales.

El 9 de octubre de 2014, la misma universidad entregó 158 millones de pesos a Consolidación de Servicios. Un día después, ésta transfirió el 87% del dinero a otra empresa, Comercializadora Integral de Productos Villaregia, que también es investigada por el SAT desde septiembre 2016. Ésta última compañía, a su vez, le entregó 138 millones de pesos a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., sin siquiera firmar un contrato.

Se hacían las transferencias, pero se incumplía con los servicios. Por ejemplo, la Sedesol pagó 22 millones de pesos por “un sistema de administración y seguimiento a los programas sociales con reglas de operación del gobierno federal” que, según el convenio, debía tener un padrón de beneficiarios unificado.

Lo que se entregó fue un sistema que incluyó solo el padrón del Programa de apoyo comunitario y no el de los 70 programas sociales restantes del gobierno federal. Sin embargo, la Sedesol argumentó que el sistema funcionó al momento de la entrega.

A pesar de que ESGER obtuvo transferencias millonarias y que fue señalada dos años consecutivos por la ASF, no ha sido investigada por el SAT ni por ninguna otra autoridad del país.

Aunque los convenios con las universidades fueron firmados por mandos medios, tanto la titular de la dependencia como el oficial mayor debían conocer de prácticas de desvío, según dice el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal. “Ellos no firman, pero son los responsables”.

En este esquema, el oficial mayor es una figura clave: se trata del administrador de los recursos públicos y quien avala cómo se usan. En el caso de la Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles, Emilio Zebadúa ocupó dicho cargo.

Ante el Órgano Interno de control la Sedesol defendió en todos los expedientes el papel del oficial mayor. Jurídicamente argumentaron que las universidades presentaron los entregables suficientes para justificar el pago.

HAY MAS:

Lo medios a cargo de la investigación anunciaron que existen datos que hablan de que, así como lo hizo Sedesol, en la estafa con universidades públicas también participó Pemex: 3 mil 576 millones de pesos, y ya Animal Político ofrece mayor información en su portal, lo cual "reventó" un nuevo escándalo que involucra a la autoridad federal y a sus altos representantes en lo particular.

Viernes 01 de Septiembre de 2017 21:52

Escrito por Agencias

+ “Limpia el camino a Margarita”, dice AMLO

CD. DE MÉXICO, 1 de Septiembre de 2017.- Con apoyo del PRI, Partido Verde, PRD y PT, 7 panistas derrotan a su dirigente nacional, Ricardo Anaya, y Ernesto Cordero ganó la presidencia del Senado, junto con Octavio Pedroza en la vicepresidencia.

Tras diez horas de negociación, que encabezó el líder de la bancada priísta Emilio Gamboa Patrón, se llegó al acuerdo que también llevó al representante tricolor a la presidencia de la Junta de Coordinación Política, en medio de tensiones, amenazas y acusaciones lanzadas por Fernando Herrera a Ernesto Cordero sobre presuntas negociaciones en lo “oscurito” para que a cambio de su triunfo, apoye al PRI para destrabar la designación del fiscal General de la República.

Cordero tuvo el apoyo de Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega Casillas, Javier Lozano, Roberto Gil, Octavio Pedroza y Sonia Mendoza, pero generó una fractura en el que fuera grupo compacto de los calderonistas.

Se expuso que Cordero fue parte de un acuerdo integral: el PRD logró una vicepresidencia extra; el PT, el Instituto Belisario Domínguez, y el PRI, con su aliado el Partido Verde, tiene votos necesarios para las reformas y los nombramientos pendientes, como el fiscal general.

Tras los consensos de Emilio Gamboa, el coordinador del PAN, Fernando Herrera, reclama traición.

El voto general fue aportado por el 93.9% de los senadores en el pleno del Senado,

RECLAMA PRECIADO:

Así fue el reclamo del senador Jorge Luis Preciado:

“Lamento que pueda más la cartera que la camiseta, que no se han dado cuenta que sigan pensando que son gobierno y que son parte de este gobierno de Peña Nieto, que deben traicionar al PAN y votar con la bancada del PRI. Y te hablo a ti Cordero, Lozano, Lavalle, Roberto Gil. Es lamentable que mientras 30 compañeros tengan la lastimosa necesidad de lastimar su dignidad para darle los votos suficientes para que sean nuevamente el presidente del Senado; vergüenza asuma vicepresidencia”.

Pero el triunfo de Ernesto Cordero también provocó el rompimiento con la tlaxcalteca Adriana Dávila, pues no recibió el respaldo para convertirse en la presidenta de la Mesa Directiva. Octavio Pedroza y Sonia Mendoza se mantuvieran en la Mesa Directiva; uno como vicepresidente y la otra como secretaria.

Herrera había vetado a Ernesto Cordero y propuso que Jorge Luis Preciado fuera presidente; de inmediato fue rechazado; después, propuso que los primeros seis meses la presidiera Laura Rojas y los otros seis Adriana Dávila.

LIMPIAN CAMINO A MARGARITA: AMLO

CD. DE MEXICO.- El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que elegir a Ernesto Cordero como presidente del Senado de la República, fue para “limpiar” el camino a Margarita Zavala y así sea la candidata presidencial del PAN en 2018.

López Obrador realiza una gira por Sonora y sostuvo en esta entidad que el presidente Enrique Peña Nieto “ya está limpiando el camino a la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, y por eso el panista Ernesto Cordero llega como presidente a la mesa directiva en el Senado de la República”.

Agregó que “por eso se le lanzaron al aprendiz de mafioso, al presidente del PAN (Ricardo Anaya), y también por eso lo están poniendo en su lugar, le están sacando los trapitos sucios al que fue el gobernador de Puebla, (Rafael) Moreno Valle”, y consideró “muy truculento” que Cordero sea presidente de la Mesa Directiva.