+ Envían iniciativa de reforma a la Ley Aduanera
CD. DE MEXICO, 29 de junio de 2012.- El Senador Fernando Castro Trenti presentó una iniciativa de reforma a la Ley Aduanera respecto a la importación de autos usados al territorio nacional
Dicha reforma permitirá que la importación de vehículos pueda realizarla directamente el importador sin necesidad de agente o apoderado aduanal, quedando estrictamente prohibido que la Secretaría de Economía o la Secretaría de Hacienda establezcan a través de disposiciones de carácter general regulaciones y restricciones arancelarias o no arancelarias, que puedan ser contrarias o impliquen mayores requisitos que los establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Además con la reforma de Castro Trenti el productor no estará obligado a proporcionar el certificado de origen del vehículo al exportador y por lo tanto no será exigible como requisito de importación.
Castro Trenti afirmo que las actuales disposiciones del Gobierno Federal además de violar el TLCAN, han encarecido arbitrariamente un bien que beneficia a las familias de menores ingresos, al permitirles poseer un medio de transporte digno.
“Con la Reforma que he propuesto hoy, busco darle una solución definitiva a esta problemática permitiendo con esto un gran ahorro a miles de mexicanos, así como un aumento en su productividad y desarrollo”, subrayó.
La internación de vehículos usados a la franja fronteriza del norte de nuestro país no es un fenómeno nuevo, se encuentra profundamente arraigado y responde a las características de esta región, toda vez que la cercanía con los Estados Unidos de América ha permitido que millones de personas sin recursos se hagan de un automóvil que de otra manera no podrían adquirir en agencias o concesionarias nacionales. Tradicionalmente, en los lotes de autos de segundo uso se otorgan financiamiento y créditos, lo que ha significado una solución a los problemas relacionados con el transporte público.
Tampoco debe olvidarse que en el vecino país son múltiples las facilidades para adquirir un vehículo usado, pues con pocos recursos se pueden conseguir unidades en buen estado con 4 o 5 años más de vida útil, situación que no ocurre en México, señaló.
La regulación de la importación de autos usados ha cambiado radicalmente en los últimos años, pues se ha pasado de un esquema comercial proteccionista, a otro de libre intercambio de bienes, siendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el punto culminante de este proceso, pues a través de dicho ordenamiento se procedió a una desgravación arancelaria gradual, que busca proteger a nuestra industria frente a la competencia proveniente de los Estados Unidos de América y Canadá.
De acuerdo con lo establecido en el “Anexo300 – A Comercio e Inversión en el Sector Automotriz” del TLCAN, México a partir del 1º de enero de 2009, deberá gradualmente disminuir la antigüedad de los vehículos usados que se podrán importar al país, sin restricción alguna, hasta llegar al 1º de enero de 2019, cuando México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos.
Pareciera que del texto antes transcrito podríamos suponer que nos encontramos frente a la inminencia del proceso de apertura total en el sector automotriz, sin embargo, está aún está muy lejos de concretarse pero no por culpa del propio TLCAN, sino por las autoridades mexicanas que han hecho nugatorio el contenido de este instrumento internacional, aseveró el legislador.
Lo anterior se afirma, puesto que los días 24 y 31 de diciembre del 2008, el Ejecutivo Federal procedió a la publicación del “Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos auto motores usados", así como de la “Resolución que modifica a la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, respectivamente, instrumentos ambos que contienen disposiciones proteccionistas y contrarias al espíritu del TLCAN.