+ Diputados también van por la elección de magistrados
HERMOSILLO, Son., 6 de agosto de 2012.- La Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio de 2011 y las de los 72 ayuntamientos, así como la convocatoria para la designación de magistrados del Tribunal Estatal Electoral, son temas pendientes de desahogo de la 59 Legislatura, informó el presidente de la Diputación Permanente, Félix Rafael Silva López.
Al término de la sesión ordinaria, el legislador también hizo un exhorto a todos los diputados interesados en presentar iniciativas en beneficio de los sonorenses, a hacerlo cuanto antes o platicar con el Presidente de la comisión respectiva para sacar adelante los temas antes de finalizar su labor el 15 de septiembre del presente.
“Estamos en la misma sintonía de trabajar por el bien de Sonora. La iniciativa que se presentó hoy es un paso que deberíamos haber dado porque desgraciadamente mucha gente que cuida a otra no tiene para mantenerse ni la otra ni ella”, expresó el diputado Silva López.
El Presidente de la Diputación Permanente consideró asimismo que la 59 Legislatura no dejará menos pendientes de los que su antecesora les dejó a ellos cuando asumieron en septiembre de 2009.
“Es menos trabajo el que les vamos a dejar; la pasada nos dejó como 200 asuntos, van a ser menos de 100”, aseveró.
En la sesión ordinaria, , se turnó a la Comisión de Desarrollo Social una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonora.
El diputado Marcor Ramírez dio lectura al documento en el que se propone incluir la consideración de los cuidadores familiares de personas adultas mayores dependientes funcionales, como grupo poblacional que también se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Esto por los riesgos de salud, desventajas económicas y sociales a los que están expuestos al asistir cotidianamente y sin remuneración al creciente número de familiares adultos mayores con salud fragilizada, destaca la iniciativa.
La reforma a la Ley de Desarrollo Social constituye una respuesta concreta a las necesidades de atención y apoyo a los sectores vulnerables, con un sentido de orden, sistematización y coordinación, incorporando mecanismos de control para el uso adecuado de los recursos destinados a los programas de desarrollo social, agrega.