+ “Vamos a cerrarle el mercado a los ladrones”, anuncia el diputado Palafox HERMOSILLO, Son., 3 de Marzo de 2017.- Si los yunques, casas de empeño y empresas dedicadas a la compra de metales de valor no exigen a sus clientes comprobar la legal procedencia de los objetos que reciban, estarán cometiendo un delito, aseguró el diputado David Palafox Celaya.
El legislador presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley que adiciona un artículo al Código Penal del Estado de Sonora en ese sentido, ya fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Con esta adición al Código Penal de Sonora, dueños y colaboradores de esos establecimientos deberán pedir a los clientes notas o facturas que acrediten la legal procedencia de los objetos, porque de no hacerlo estarán incurriendo en un delito, explicó.
“Queremos cerrarle el mercado a los ladrones con esta iniciativa que tiene como objetivo inhibir el delito de robo en la entidad, convertido actualmente en un serio problema que afecta el patrimonio y la tranquilidad de los sonorenses”, dijo Palafox Celaya.
Destacó que la iniciativa responde al hartazgo de los sonorenses debido a que, de acuerdo a datos del Inegi, entre los tres delitos más denunciados en Sonora durante 2015, estuvieron el de robo en sus distintas modalidades, como robo total o parcial de vehículos, en casa habitación o asalto en la calle o en el transporte público.
El hecho de que dichas empresas exijan el comprobante que demuestre la procedencia legítima de los bienes recibidos, daría como resultado la dificultad de deshacerse de la materia del delito de inmediato por parte del delincuente y dará mayor margen a las autoridades de proceder a la investigación de una forma más oportuna, con mayores posibilidades de detener a los autores y recuperar la materia del delito, señaló Palafox Celaya.
El también presidente de la Comisión Anticorrupción en el Congreso del Estado, dijo que mientras casas de empeño y recicladoras sean un mercado que facilita a los delincuentes convertir en efectivo los objetos robados, habrá quienes estén dispuestos a arriesgarse, a dedicarle tiempo a esta actividad.
Actualmente solamente existe una sanción administrativa para quien incurre en estas prácticas, pero ahora se propone que sea un delito y se castigue con cárcel, porque “de no cumplir con lo dispuesto en la iniciativa, los dueños de estas empresas serían sancionados con prisión de un mes a nueve años y con multa de una a doscientas cincuenta unidades de medida y actualización”, subrayó Palafox Celaya.