Viernes 17 de Febrero de 2017 19:54

Escrito por Comunicado

HERMOSILLO, Son., 17 de Febrero de 2017.- Con el propósito de atender a los niños repatriados que viajan sin la compañía de un adulto y poderlos enviar de regreso a sus lugares de origen de manera segura, la diputada Flor Ayala pidió que se destine para ello a Sonora el 1 por ciento de los mil millones de pesos que asigna la Federación para la protección de los migrantes.

Hizo un exhorto al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que se envíe ese dinero al estado y se posibilite atender a los más de 9 mil niños migrantes no acompañados que se deportan cada año por las fronteras de Sonora.

El 1 por ciento del presupuesto que destina la Federación a los consulados en Estados Unidos para apoyo a migrantes representa 10 millones de pesos, que se sumarían a los 5 millones de pesos que destina el DIF estatal para ese fin.

La legisladora mencionó que en el estado, la Gobernadora Claudia Pavlovich hace su esfuerzo y ya entregó 12 millones y medio para albergues en la frontera, pero urge mayor apoyo del Gobierno Federal.

La diputada comentó que en Arizona 1.4 millones de indocumentados inyectaron 18 mil millones de dólares en ingresos al presupuesto del estado; aun así, el año pasado 37 mil inmigrantes cruzaron por Sonora al ser deportados hacia México desde los Estados Unidos.

De esos 37 mil deportados, 22 mil fueron por Nogales y 15 mil por San Luis Río Colorado, lo que coloca a Sonora en el tercer lugar en el número de indocumentados repatriados, una gran cantidad de ellos menores de edad.

Flor Ayala explicó que con ese 1 por ciento se pueden instalar módulos de atención exclusiva a estos niños migrantes, mientras llega el momento de enviarlos a sus casas.

En estos módulos  contarían con atención especializada, médica, psicológica y alimentaria para iniciar durante su estancia su recuperación física y emocional, mientras se les envía a sus lugares de origen, mencionó.

Viernes 17 de Febrero de 2017 19:48

Escrito por Comunicado

+ Alcalde pone en tela de juicio el Mercado de Mariscos          GUAYMAS, Son., 17 de Febrero de 2017.- El mercado de mariscos fue considerada por el alcalde Lorenzo Decima Dworak como “una obra plagada de irregularidades desde su inicio”.

Por ello, expuso, “fue una de las observaciones que en septiembre-octubre del 2015 hizo la Comisión Plural Especial de regidores”, al hablar del tema en conferencia de prensa.

Tras la exigencia de personas que pidieran a Decima Dworak entregar los locales a auténticos pescadores, no a presuntos productores que los reclaman, el alcalde se comprometió a responder, pero anteponiendo el criterio de que el Municipio ni recibió recursos ni ejerció la obra.

Ausentes los presuntos afectados, quienes habían anunciado su presencia en Palacio Municipal, Decima Dworak dijo que nunca será “partícipe de una acción que genere una afectación o que forme parte de un engaño”.

“Por mis orígenes no puedo estar en contra de un sector tan representativo de nuestro puerto y tan vulnerable, mi perfil me obliga a ser solidario con cada uno de los pescadores y hacer propio su reclamo, razón por la cual les debo asegurar que nadie ocupará de forma arbitraria el Mercado de Mariscos”, advirtió.

Dio instrucciones a la Dirección Jurídica y a Contraloría Municipal, dar los pasos necesarios para alcanzar la certeza jurídica respecto al mercado de mariscos.

El director Jurídico, Carlos Mexía Osuna, sostuvo “la plaga” de irregularidades denunciada por el alcalde y que fueron detectadas desde el origen de esa obra.

Entre las principales, dijo, está el cambio en el acuerdo de destino del terreno entre el Ayuntamiento y la autoridad federal, en este caso la Dirección General de Zona Fedetral Marìtimo-Terrestre (Zofemat) de Semarnat, así como la concesión por 20 años a la cooperativa Lago Nakuro, sin aprobación del Cabildo.

El abogado del Municipio describió que fue una operación “muy compleja” e insistió en que “está plagada de irregularidades e ilegalidades”, (pero) ya obra en Contraloría el expediente correspondiente y se toman medidas para que las autoridades correspondientes actúen en consecuencia.

DEBE DECLARAR EXALCALDE

El Contralor Municipal, Fernando Ortega López oficializó a los medios de comunicación que el ex alcalde guaymense Otto Claussen Iberri está citado para que responda por el pago que con dinero público realizó a una empresa de seguridad privada para que cuidara su casa en Hermosillo.

Debido a que fue imposible notificarle personalmente, la Contraloría Municipal tuvo que publicar edictos en periódicos estatales y locales por lo que desaparece el posible pretexto que impediría al exfuncionario estar presente y responder por las irregularidades encontradas, este 2 de marzo.

Viernes 10 de Febrero de 2017 13:15

Escrito por Comunicado

+ Darán transparencia a justicia laboral anuncia la ST          NAVOJOA, Son., febrero 10 del 2017.- Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Sonora, para dar paso al Centro Estatal de Conciliación Laboral y el Centro Federal de Conciliación Laboral, anunció el Secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra.

“En estas instancias y órganos debemos tratar de acercar a las partes para buscar la conciliación, eso le significa ahorros al estado, generar concordia y sosiego en la sociedad es bueno, más que entrar a un litigio o un arbitraje, vamos a acercar a las partes para que busquen un equilibrio y se arreglen los conflictos”, señaló.

Horacio Valenzuela Ibarra explicó que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, son un organismo tripartito donde existen representantes del obrero, empresa y autoridad, y que actualmente tienen presencia en Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Puerto Peñasco, Navojoa y Nogales.

Detalló que al desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje los conflictos laborales serán conocidos por el Centro Estatal de Conciliación Laboral donde, en mesas de conciliación y por medio del diálogo, se llegarán a acuerdos.

El Secretario del Trabajo señaló que en este Centro de Conciliación espera se resuelvan el 80 por ciento de los conflictos obrero-patronales como: despidos injustificados y violaciones al contrato colectivo de trabajo.

“La conciliación es el mejor instrumento para generar paz y sosiego en una sociedad, porque acercamos a las partes, los sentamos en una mesa y buscamos a través del diálogo que se resuelva la demanda que se plantea”, subrayó.

Añadió que esta medida ahorrará dinero al Estado y Federación, además de generar certidumbre y tranquilidad en la población, ya que se evitan litigios que pueden durar varios años.

Valenzuela Ibarra aseveró que los funcionarios que desempeñen sus labores en el Centro Estatal de Conciliación Laboral estarán capacitados para atender a las partes y en caso de no llegar a un acuerdo en las mesas de trabajo las demandas pasarán a los juzgados de primera instancia.

Resaltó que diariamente se reciben al menos 100 demandas en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, siendo Hermosillo el Municipio que radica más de 10 mil expedientes y Obregón cinco mil; ejemplificó que de resolverse en las mesas de diálogo el 80 por ciento de los casos, solo dos mil demandas de Hermosillo y mil de Obregón pasarían a juzgados de primera instancia especializados en materia laboral.

Horacio Valenzuela expresó que estas acciones son en atención al mundo laboral para erradicar el rezago en el que pululan entes que sobreviven de “chupar” y convertir el mundo laboral en un tianguis donde la justicia se vendía al mejor postor.

Viernes 10 de Febrero de 2017 13:10

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+ El diputado Carlos León propone reforma para reducir sueldos a funcionarios públicos en Sonora          HERMOSILLO, Son., 10 de febrero de 2017.- Una propuesta de reforma al artículo 153 de la Constitución Política del Estado de Sonora, para que ningún funcionario público gane más que ejecutivo estatal, presentó el diputado Carlos León García ante el pleno del Congreso.

León García expresó que el Congreso tiene la responsabilidad de dignificar la función pública desde la Constitución, “para que se establezcan las bases constitucionales y legales (que fijen) sueldos de los funcionarios de manera transparente, y empezar a eliminar los privilegios de la clase política”-

Enseguida subrayó que “no podemos soslayar la indignación de la ciudadanía que exige gobiernos más austeros y eficientes”.

Actualmente el artículo 153 de la Constitución Política del Estado de Sonora establece que todo funcionario y empleado público recibirá una compensación por sus servicios, que será determinada por la Ley y no es renunciable.

La propuesta es la siguiente modificación:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman 153 de la Constitución Política del Estado de Sonora, para quedar como siguen:

ARTÍCULO 153.- Los servidores públicos del Estado, de los Municipios y dependencias del Poder Judicial, Poder Legislativo, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, bajo los principios de austeridad, disciplina presupuestal, y racionalidad.

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra.

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Ejecutivo del Estado de Sonora en el presupuesto correspondiente.

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Ejecutivo del Estado en el presupuesto correspondiente.

IV.     No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.