+ Grave acusación le hacen fiscales de EU
CORPUS CHRISTI, Texas, 23 de mayo de 2012.- El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, habría aceptado millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico, gran parte de lo cual fue a parar en inversiones de bienes raíces en Texas.
Esa es la información que están usando fiscales federales en dos solicitudes de confiscación de propiedades que fueron presentadas este martes, de inmuebles cuyo valor alcanza unos 7 millones de dólares cuyo origen serían esos sobornos.
Aunque no hay cargos penales aún, el ex gobernador tamaulipeco entre 1999-2004 presuntamente recibió "millones de dólares en pagos" de los cárteles de la droga "y de varios esquemas de extorsión o soborno".
Yarrington utilizó a varios testaferros y negocios para "convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero", citan documentos en análisis en esta ciudad. Hay otro caso de confiscación presentado en San Antonio.
Las autoridades estadounidenses intentan decomisar un condominio en la isla South Padre y una propiedad de 18,6 hectáreas en San Antonio mientras un abogado de Yarrington en Houston dijo que revisa los documentos divulgados el martes por la noche. Declinó pronunciarse de inmediato sobre los casos.
Yarrington fue también alcalde de Matamoros, la ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, entre 1992 y 1995. Matamoros ha sido el centro de operaciones del Cártel del Golfo.
Según el caso presentado en Corpus Christi, Yarrington recurrió a un empresario mexicano que fue contratista para la alcaldía de Matamoros para que fuese el comprador oficial del condominio de 450,000 dólares en South Padre en 1998, para evitar la detección de la Policía, según los fiscales.
Yarrington tomó dinero de esos ingresos ilícitos para pagar el condominio, que ha utilizado desde 1998, de acuerdo con el caso de confiscación.
En San Antonio, los detalles de la transacción permanecen fuera de la vista pública, pero un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que la propiedad también habría sido obtenida por Yarrington mediante "fondos ilícitos".
Los fiscales federales también difundieron el martes la acusación contra un empresario mexicano, Fernando Alejandro Cano Martínez. Presuntamente usó dinero del Cártel del Golfo para sobornar a funcionarios de en Tamaulipas con la idea de reducir el acoso policial a las actividades criminales.
Cano Martínez enfrenta en Brownsville cargos por lavado de dinero, porque tanto él como "uno o más socios de la confabulación no acusados formalmente" utilizaron un préstamo bancario de 6,7 millones de dólares para comprar una propiedad de 18,6 hectáreas en el condado de Bexar, del que San Antonio forma parte, cuando era un empresario de la construcción de Ciudad Victoria, donde su compañía recibió contratos de varios gobiernos del Partido Revolucionario Institucional.
Uno de los últimos contratos adjudicados a la empresa fue en 2009, para una sección de una carretera que daba acceso a tierras que él tenía frente al puerto industrial de Altamira. Un auditor federal lo obligó a regresar 2 millones de pesos por tramos de ese proyecto que fueron pagadas pero que quedaron sin pavimentar. Está prófugo y no tiene abogados que lo representen.