Arraiga PGR a 16 criminales

Lunes 18 de Abril de 2011 17:22

Escrito por Comunicado

+ Sigue investigación de `narcofosas´ en Tamaulipas

          CD. DE MEXICO, 18 de Abril de 2011.- En seguimiento a la investigación con motivo de los hallazgos en fosas ubicadas en San Fernando, Tamaulipas, el fiscal de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada obtuvo de un Juez Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, la medida cautelar por 40 días contra.

1.- Guadalupe Hernández Ibarra 

2.- Remigio Mireles Camarillo y/o Camarillo Mireles 

3.- Óscar Jaramillo Sosa

4.- Martín García Badillo

5.- José Luis Aguilar Vélez

6.- Jesús Ramos Pérez

7.- Eleodoro Robles Sánchez

8.- Elpidio Reyes Sáenz

9.- Gilberto Rivera Hernández

10.- Lázaro Flores Peña

11.- María Guadalupe Galván Hernández

12.- Mario Alberto Romero Hernández

13.- Santos Maldonado Reyes

14.- Julio Guadalupe Jaramillo Vela

15.- José Manuel Ávila Lugo 

16.- Rogelio de la Portilla Heredia

Lo anterior, por su probable responsabilidad en la comisión del  delito de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, homicidio y lo que resulte.

Estas personas, policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, fueron puestos a disposición del Representante Social de la Federación en cumplimiento a una orden de localización y presentación girada por la autoridad ministerial.

Se cuenta con indicios de que colaboraban proporcionando protección al grupo delictivo denominado "Los Zetas", además de que podrían haber incurrido en prácticas de encubrimiento de los responsables de los hechos que se investigan.

La medida cautelar permitirá profundizar y ampliar las líneas de investigación para la integración de la averiguación previa, aseguró la fiscalía de la Federacion.

Exhortó a las personas con familiares que se encuentren desaparecidos o que desconozcan su paradero, pero tengan conocimiento de que se dirigían a la frontera norte entre el 19 y el 31 de marzo de 2011, denuncien ante las Delegaciones de la Procuraduría General de la República y las Procuradurías  de Justicia en los estados, con la finalidad de recabar muestras de ADN y que aporten elementos encaminados a la identificación de las víctimas.