Domingo 06 de Marzo de 2016 20:44

Escrito por Comunicado

México, D.F., 2 de Marzo 2016.- En el marco de la Estrategia de Seguridad para el estado de Guerrero, y como resultado del esquema de colaboración interinstitucional entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal, y autoridades estatales, se logró la captura de Ángel Villalobos Arellano, identificado como presunto jefe de un grupo delictivo vinculado a la siembra y cosecha de amapola, así como al procesamiento de heroína, en la Región de la Montaña en Guerrero.

Mediante el intercambio de información, se tuvo conocimiento que el detenido junto con su hermano presuntamente encabezaban el grupo criminal y estarían involucrados en el homicidio del dirigente de una organización campesina, ocurrido en noviembre del año pasado.

De acuerdo con las investigaciones, después de estos sucesos, Villalobos Arellano habría cambiado de residencia, trasladándose al estado Puebla, desde donde aparentemente continuaba dirigiendo operaciones delictivas.

Con base en labores de inteligencia de gabinete y campo, fue identificada su zona de movilidad alrededor de la capital poblana. Así, fuerzas federales desplegaron un operativo en el municipio de Atlixco en el que, sin realizar un solo disparo, se logró su captura.

Con esta detención se dio cumplimiento a la orden de búsqueda, localización y presentación en contra de Ángel Villalobos Arellano, quien dada su presunta participación en delitos de alto impacto en Guerrero, era considerado uno de los objetivos prioritarios en la estrategia que se implementa en el estado.

Al momento de su detención se le aseguraron dos armas de fuego, equipos de telefonía móvil, once cartuchos útiles y un vehículo blindado.

Junto con los objetos, fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).

Jueves 11 de Febrero de 2016 15:42

Escrito por Agencias

MONTERREY, N.L., 11 de Febrero de 2016.- Un enfrentamiento entre bandas rivales que se disputan el control del penal de Topo Chico, en esta metrópoli, provocó la muerte a 52 de los confinados tras los disturbios que antecedieron al orden impuesto en el recinto.

Hay también 12 heridos graves, citan los informes oficiales y esta mañana el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, dijo que los disturbios fueron originados por una riña entre dos grupos de reclusos antagónicos, liderado uno por Jorge Iván Hernández Cantú, “El Credo”, y el otro por Juan Pedro Zaldívar Farías, “El Z-27”.

El mandatario de Nuevo León dio una conferencia de prensa donde señaló que de los 12 lesionados, cinco están graves, y dio nombres: Oscar Reynaldo Cazares González, Axel Lovato Mendoza, Jorge Alberto Aguirre Treviño y Hugo Roberto Escobar Rincón, pero uno no ha sido identificado.

Familiares de los reos se manifestaron violentamente afuera del penal hasta que el gobernador acudió a informarles de lo ocurrido y facilitarles acceso a áreas donde pudieran ser atendidos. Los reclusos que participaron en la riña estaban confinados a las áreas C2 y C3 del penal, pero no se habla aún de quienes son los fallecidos.

Al final del día sería dada a conocer la lista con los nombres de quienes habrían perdido la vida. Descartó la autoridad que entre las personas lesionadas hubiese niños o mujeres que visitaban el penal y también que en la grave disputa hubiesen usado armas de fuego, pues muertos y heridos muestran lesiones con armas punzocortantes.

No se considera un intento de fuga y el gobernador confirmó que uno de los líderes de los grupos enfrentados pertenece al grupo delictivo de Los Zetas. Los reos hicieron arder la bodega de víveres y otros hechos vandálicos en el penal, hasta las 2 de la mañana que actuó y tomó el control la autoridad penitenciaria.

Personal del Ejército, la Marina y la Policía Federal asumieron las tareas de vigilancia del penal. El Estado pidió que en la vigilancia interviniera la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la averiguación del caso quedó en manos de la Procuraduría Estatal.

Lunes 25 de Enero de 2016 16:31

Escrito por Comunicado

Cd. de México, 25 de Enero 2016.- Desde el pasado 22 de diciembre, la Visitaduría General de la PGR, órgano responsable de combatir la corrupción al interior del Ministerio Publico de la Federación, obtuvo del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, auto de formal prisión en contra de quien fuera directora Adjunta de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda.

Asimismo, en contra de un agente del Ministerio Publico subalterno de la imputada y un elemento de la Policía Federal Ministerial. Además, se persigue a otros tres policías que integraban la célula que trabajaba para dicha Unidad, contra quienes también fue librada una orden de aprehensión.

Los hechos ocurrieron el 2 de octubre de 2015, cuando un empresario fue abordado afuera de su oficina, ubicada en la Colonia Vallejo, por cuatro sujetos que se identificaron como efectivos de la Policía Federal Ministerial de la PGR. Le indicaron que tenían orden para localizarlo y presentarlo a declarar ante la Unidad Antilavado de la SEIDO, por una averiguación previa en su contra por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según las múltiples pruebas que recabó la Visitaduría General para ejercitar la acción penal, durante el trasladado los elementos policiales solicitaron al referido empresario 500 mil pesos para “desaparecer” el expediente de investigación que supuestamente tenían en su contra.

En las instalaciones de la SEIDO, fueron recibidos en la puerta de acceso vehicular por la titular de una de las fiscalías de la Unidad Antilavado, quien condujo al ciudadano a sus oficinas, donde lo amenazó con diversas frases sobre su posible consignación e internamiento en un penal federal.

Por indicaciones de su jefa, el agente del Ministerio Publico levantó una supuesta comparecencia del empresario, quien se habría “reservado” su derecho a declarar para que después le permitieran salir en libertad; pero en realidad todo lo anterior solo fue la forma, a través de la cual los entonces funcionarios lograron amenazarlo para extorsionarlo.

Viernes 22 de Enero de 2016 19:38

Escrito por Comunicado

México, D.F., 22 de Enero 2016.- La Procuraduría General de la República (PGR) incineró más de 95 kilos de narcóticos y destruyó nueve máquinas tragamonedas, relacionados con diversas averiguaciones previas, en el estado de Baja California Sur.

Lo incinerado incluyó 94 kilos 35 gramos 450 miligramos de marihuana, un kilo 116 gramos 980 miligramos de metanfetamina, 191 gramos 290 miligramos de cocaína, 170 miligramos de clonazepam en polvo, cinco unidades de clonazepam, 16 unidades de metilenodioxianfetamina y 463 prendas de vestir.

La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), en su Delegación en Baja California Sur, dio cumplimiento al Programa de Destrucción de Narcóticos y a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales, el cual prevé la incineración de drogas aseguradas y los objetos que son instrumentos del delito.

La incineración se efectuó en el campo de tiro Laguna Seca, de la Tercera Zona Militar, en presencia de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal del Órgano de Control Interno de la PGR, quien verificó que el procedimiento se llevara a cabo en los términos de la normatividad en la materia.

Asimismo, en el relleno sanitario municipal, se realizó la destrucción de nueve máquinas tragamonedas, aseguradas en diversos operativos realizados en la entidad.

La destrucción responde a lo establecido en el Programa de Combate a los Delitos previstos en la Ley General de Juegos y Sorteos, contemplado en el Artículo 12, fracción II, de dicha legislación.