+ Legisladores hacen la denuncia en el Congreso
Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de diciembre de 2010.- Actualmente en México 20 mil niños son explotados sexualmente y un millón 200 mil lo son en el ámbito laboral, en tanto que un número indeterminado de menores son recluidos como sicarios por los grupos de la delincuencia organizada.
Así lo Informaron legisladores al anunciar que insistirán en modificar la carta marga para obligar a los estados de la república a respetar y garantizar los derechos humanos; y para homologar el código penal en toda la federación, a fin de que se castigue con penas más severas a los tratantes de blancas.
En conferencia de prensa, la diputada Rosi Orozco, presidente de la comisión de Lucha contra la trata de personas, apuntó que Tabasco, Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa son los estados donde más niños han sido reclutados por el crimen organizado.
En tanto que con las investigaciones realizadas se han detectado 46 bandas criminales que trafican con niños; 14 de las cuales se concentran en Guerrero.
A la vez, el senador Guillermo Tamborrel mencionó que el tráfico de personas es el tercer negocio ilegal más lucrativo en México, después del tráfico de drogas y de armas; por lo que en el Congreso de la Unión se seguirá trabajando para imponer leyes más severas que castiguen a “la escoria de la escoria” de la sociedad.
Indicó que la vida de las víctimas de los traficantes de personas es destrozada, al ser abusadas sexualmente; y a diferencia de las personas secuestradas, en las que persiste la esperanza de ser rescatadas, en el primer caso los afectados prefieren la muerte.
Las reformas que se impulsarán en la Cámara de Diputados y el Senado de la República el próximo año son a los artículos 72 y 19 constitucionales, para avanzar en la erradicación de la trata de personas, la esclavitud del siglo XXI, refirió.
Para lograr las reformas constitucionales se recorrerá un gran camino, primero la aprobación en ambas cámaras y después en cada uno de los 31 congresos locales, informaron además los diputados Arturo Santana y Marcela Torres.