Jueves 08 de Agosto de 2019 19:12

Escrito por Agencias

VERACRUZ, Ver., 8 de agosto de 2019.- La mañana de este jueves, una tromba marina en las costas de Coatzacoalcos afectó viviendas y escuelas, según el resumen de la Unidad Estatal de Protección Civil.

La alcaldía de este municipio señaló que la tromba se formó al lado del malecón, en la colonia Villa de Allende, atravesó el río Coatzacoalcos y terminó en Bella Vista, luego de fuertes ráfagas de viento.

El espectáculo que representó este fenómeno meteorológico fue acompañado del temor propio por los efectos destructivos que pueda traer consigo. En efecto, la autoridad dijo que afectó viviendas y escuelas de la ciudad, por lo que elementos de Protección Civil realizan inspecciones para evaluar los daños.

Debido al paso de la onda tropical número 25, se esperaban lluvias este día, acompañadas de viento, por lo que el alcalde dijo que estaban preparados para enfrentar inundaciones, pero pidió a la población extremar precauciones.

Jueves 08 de Agosto de 2019 19:11

Escrito por Agencias

CD. DE MÉXICO, 8 de agosto de 2019.- La Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles que tenía conocimiento de que en la Secretaría de Desarrollo Social y en la de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, hubo desvíos de recursos por 5 mil 73 millones 358 mil 846, mediante un total de 27 convenios con universidades autónomas, politécnicas y sistemas de radio y televisión estatales.

En la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Robles Berlanga fue acusada de omisión cuando le informó la Auditoría Superior de la Federación sobre irregularidades presentadas en las dependencias que encabezó entre 2012 y 2018. Presuntamente nunca se lo dijo al presidente Enrique Peña Nieto.

La defensa de la exfuncionaria federal buscaba dejar fuera del proceso a la ASF con argumentos legales; sin embargo, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo concluyó que la Auditoría tiene facultades para defender a la hacienda pública y ser parte de la investigación y el proceso, por lo cual debe reconocérsele el carácter de ofendido.

La respuesta del equipo legal de Rosario Robles pidió precisión exacta de cuáles y cuántos eran los convenios en los que se involucra a su defendida y eso complicó a la parte acusatoria, por lo que el juez de control decretó un receso antes de reanudar el procedimiento que tiene en los titulares nacionales a la poderosa exsecretaria que siendo de oposición, tuvo relevantes papeles en el sexenio priísta de Enrique Peña Nieto.

Miércoles 07 de Agosto de 2019 15:13

Escrito por Agencias

+ Exsecretarios de Salud se atribuyen avances en la materia y explicaron la pertinencia del programa que empezó casi dos décadas atrás

CD. DE MÉXICO, 7 de agosto de 2019.- Seis exsecretarios de Salud de cuatro Gobiernos federales creen que no es buena idea centralizar servicios y desaparecer el Seguro Popular, como lo promueve la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los exfuncionarios señalaron que en julio, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Dijeron que la amplitud de propósitos y la multitud de cambios en la iniciativa de reforma que tiende a una recentralización en el sistema de salud, debe ser cuidadosamente discutida en el país.

“Nos parece urgente señalar un error crucial contenido en dicha iniciativa: la voluntad por desaparecer la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y su brazo operativo el Seguro Popular”, dice el pronunciamiento, y establecen que ese error anularía un avance institucional de los más importantes del sistema de salud mexicano en este siglo.

Para ellos, el Seguro Popular es un gran programa construido por las generaciones anteriores de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud y en el documento dirigido al Presidente de la República, los órganos de Gobierno, del Congreso de la Unión y a la opinión pública plasman su rúbrica Guillermo Soberón, titular de Salud en el Gobierno de Miguel de la Madrid; Julio Frenk, responsable con Vicente Fox; José Ángel Córdova y Salomón Chertorivski, secretarios con Felipe Calderón; así como Mercedes Juan y José Narro, secretarios con Enrique Peña Nieto.

Hablaron de perseverancia por la cual hoy, México tiene más camas de hospital por habitante, más médicos y más enfermeras, y por eso, ha reducido continuamente la mortalidad infantil y la muerte materna.

“Ha logrado eliminar o controlar enfermedades como la poliomielitis y la difteria, controlar el sarampión y la rubeola, y contar con uno de los esquemas de vacunación más completos de nuestra región”, dice el documento dirigido al presidente López Obrador y a los legisladores, en el cual también los exfuncionarios, urgieron a un diálogo nacional con expertos para no desmantelar el sistema de salud.

Martes 06 de Agosto de 2019 19:22

Escrito por Agencias

+ El diario La Jornada publica un amplio texto donde explica graves daños a la economía del río Sonora; dice que, a 5 años de grave derrame tóxico, aún se padecen secuelas por intoxicación

CD. DE MÉXICO, 6 de agosto de 2019.- El río Sonora, al cual el consorcio Grupo México –propiedad de Germán Larrea– vertió 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado el 6 de agosto de 2014, quedó devastado, indica el inicio del texto de un artículo divulgado este día por el , diario La Jornada.En el mismo texto cita que la población en el cauce de esa vía fluvial

En el mismo texto afirma que la población en torno al cauce, no tiene servicios de salud y agua potable, además de que su economía quedó aniquilada. La empresa, por su parte, goza de impunidad, según el testimonio de quienes habitan poblaciones como Bacanuchi, Arizpe, Huépac, Banámichi, Aconchi, Baviácora, San Felipe y Ures.

Hace cinco años, un derrame tóxico proveniente de la mina Buenavista del Cobre, que opera en Cananea, provocó graves daños ambientales y daños en la salud a millares, sobre todo menores que han jugado en aguas contaminadas.

Al sobrevenir el desastre no hubo alerta oficial. Más tarde, el gobierno federal determinó que era la mayor contingencia ambiental provocada por la minería en la historia de México.

Niños y adolescentes fueron analizados en laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y privados, y en sus organismos se halló pesados bioacumulables y sus niveles de plomo por encima de los 10 microgramos por decilitro de sangre que el cuerpo podría tolerar.

Lo que al principio solo fueron problemas dermatológicos que incluyeron llagas y alopecia, se ha afirmado que hoy para varios menores significaron trastornos renales por altas concentraciones de magnesio, cobre y cadmio.

Dos menores, hijos de Jessica Hernández, son atendidos en hospitales del estado de Minnesota (EU) por especialistas, pues esa medicina requerida no está al alcance de ellos en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas), que Grupo México dispuso para resarcir los daños causados.

El tratamiento los ha obligado a mudarse a Estados Unidos y pagar consultas médicas de 104 dólares. La mujer dijo que el consorcio de Germán Larrea solamente les dio una indemnización de 9 mil pesos, cifras que rondan aquellas entregadas a 381 personas que oficialmente, resultaron afectadas en su salud.

DAÑOS AMBIENTALES

El derrame de la minera de Grupo México también devastó ecosistemas a lo largo de 250 kilómetros y por ello se crearon comités de Cuenca del Río Sonora, medio por el cual los habitantes emprendieron la lucha legal que incluye 14 juicios contra la compañía de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México. Las demandas son por ecocidio y violación a derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano.

Para la Procuraduría General de Protección al Ambiente, la minera de Larrea ha incurrido en 55 irregularidades y ha sido negligente en el cumplimiento de normas ambientales relativas al manejo de lixiviados y residuos peligrosos.

Al citar estas anomalías provocadas, recordó que el pasado 9 de julio Grupo México dañó otro cuerpo de agua en Sonora, al verter 3 mil litros de ácido sulfúrico frente al puerto comercial de Guaymas, en el Mar de Cortés, que la empresa minimizó y aseguró que no causó daños en flora ni fauna, pero a la fecha no hay un informe oficial de ello.

Este día se supo que comuneros afectados exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación reabrir el Fideicomiso Río Sonora hasta reparar los daños en su totalidad, acusando que de dos mil millones de pesos comprometidos para remediar daños, solo se aportaron poco más de mil 200, antes de darse por cerrado el fideicomiso en los primeros meses de 2017, sin que se tomara en cuenta ni se avisara a los afectados, lo cual generó inconformidad entre integrante del Comité de Cuencas del Río Sonora.

Más tarde acusaron que el ácido sulfúrico vertido al río ocasionó enfermedades de la piel, digestivas y oftalmológicas, estragos en la flora y fauna de Sonora y los casos de cáncer de colon y estómago se incrementaron y los impactos al medio ambiente, a los derechos humanos al agua, a la salud y a la economía, persisten y no hay monitoreo que brinde certeza a los perjudicados.

Un grave señalamiento en la demanda, es que el fondo para reparar daños fue un mecanismo privado, un acuerdo de Grupo México y el gobierno federal pasado sin participación de la gente perjudicada que sirvió para hacer negocios y limpiar la imagen de la empresa a espaldas de las víctimas, por lo que cual se espera se toque el tema en la segunda sala de la SCJN, que sesionará este miércoles para decidir sobre el primer amparo interpuesto por los comités de cuenca sobre la forma en que operó el fideicomiso.

Martes 06 de Agosto de 2019 19:20

Escrito por Agencias

CD. DE MÉXICO, 6 de agosto de 2019.- La Fiscalía General de la República confirmó que indaga sobre cuatro edificios donde funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano habrían falsificado documentos que les permitieron realizar la “Estafa Maestra” en la que se involucra a la extitular de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.

La Fiscalía General de la República dijo haber logrado un acuerdo con tres exfuncionarios de esas dependencias, quienes aceptaron colaborar y a cambio, tendrán inmunidad en el proceso judicial que intenta esclarecer el elevado desfalco en perjuicio de las arcas del país.

Incluso reveló los nombres: José Antolino Orozco, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Ibarra Infante, exdirector de Coordinación de Delegaciones; y María del Carmen Gutiérrez, extitular de la Unidad de Políticas y Enlace Institucional en la Sedatu y la Sedesol.

Ellos expusieron que varias sedes de las colonias Anzures y Polanco operaban como “oficinas alternas” de colaboradores del exoficial Mayor Emilio Zebadúa, y que en esos sitios se “fabricaban” contratos, recibos y comprobantes de firmas falsificadas, todo lo cual habría ayudado a desviar más de 2 mil 800 millones de pesos de las mencionadas secretarías.

Revelaron que los predios están en las colonias Polanco, uno donde la Fiscalía cree, operó como oficina de Zebadúa, quien administró los recursos en Sedatu y Sedesol durante el encargo de Rosario Robles; y otro donde Francisco Báez Álvarez y Héctor José de la O Chi, exdirectores de Programación y Presupuesto de la Sedatu, lo usaron como oficinas temporales. También indagan un tercer inmueble, en la colonia Anzures, oficina privada de Claudia Morones Sánchez, a quien se considera figura clave en la investigación, pues coordinaba las “fábricas de papeles falsos”.

La FGR señaló que esta red utilizada para desviar fondos de la Sedesol y Sedatu operó en otros 10 domicilios hasta donde se llevaron más de 700 millones de pesos en efectivo usando camiones de empresas de valores.