+ En Hermosillo las "Madres buscadoras" encontraron fosas con 18 cuerpos
GUANAJUATO, Gto., 28 de septiembre de 2020.- Este lunes se reportó el hallazgo de fosas clandestinas en el municipio de Irapuato, en donde han localizado alrededor de un centenar de personas.
El descubrimiento se logró con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda y tras el paso, acudieron a certificar y hacer sus actuaciones correspondientes, varios fiscales que han permanecido apoyando la presencia y tarea de los familiares. Ocurrió tres días después del inicio de una serie de operaciones para dar con un grupo de personas desaparecidas.
Las fosas se localizaron durante el sábado en las inmediaciones de la denominada presa "El Conejo", por parte de las organizaciones de familiares de desaparecidos "A tu Encuentro" y "Sembrando Comunidad", que de inmediato reportaron la noticia para acelerar la identificación de los cuerpos.
Los colectivos en sus informaciones confirmaron haber visto de frente "el horror", al encontrar sin vida a personas con historias y familias con la promesa de la Fiscalía de dar cuentas sobre los hallazgos.
Los trabajos de investigación y búsqueda continúan en el lugar y los restos se llevarán a laboratorios de la Fiscalía General del Estado a fin de realizar una clasificación para determinar a qué cuerpos corresponden cada uno y avanzar en su identificación, para lo cual se programarán pruebas de ADN.
TAMBIEN EN SONORA
HERMOSILLO, Son.- La Fiscalía estatal emprendió investigaciones para esclarecer identidad y tratar de determinar la causa de muerte de al menos 18 cuerpos encontrados en un cementerio clandestino en el ejido Mesa del Seri, al oriente de esta capital.
Los restos fueron encontrados por integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, tras recibir una llamada anónima que las condujo al lugar, donde ubicaron las fosas clandestinas en donde estaban los 18 cuerpos, algunos de los cuales tenían tres días de haber sido sepultados.
La Fiscalía General de Justicia del Estado envió un comunicado donde informa haber iniciado el análisis de los restos, para lograr identificarlos, mientras el lugar se encuentra bajo el resguardo de agentes y continua la búsqueda en los alrededores.
+ Lo anunció la Secretaría de Seguridad; el penal es famoso desde la fuga del conocido narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán
CD. DE MÉXICO, 28 de septiembre de 2020.- El Centro Federal de Readaptación Social número 2, o CEFERESO “de Occidente”, será cerrado y los internos serán trasladados a otros centros federales establecidos en distintos puntos del país.
Este penal, conocido también como “Puente Grande”, es uno de los centros considerados de Máxima Seguridad del país, como lo es el conocido como Del El Altiplano, antes Penal de Almoloya, que opera en Almoloya, Estado de México.
A ambos los une la misma fama, pues en diferentes años logró burlar la vigilancia y fugarse Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien fuera el líder del Cartel de Sinaloa y hoy purga una condena de por vida en una prisión de Estados Unidos.
En un acuerdo publicado este día en el Diario Oficial de la Federación, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, informó sobre esta decisión del gobierno federal.
En su Artículo Segundo, el acuerdo señala textualmente: “Prevención y Readaptación Social, realizará las acciones tendientes al cierre del Centro Federal de Readaptación Social número 2 ‘Occidente’, ubicado en el Complejo Metropolitano de Puente Grande, Jalisco”.
Las personas privadas de la libertad en este lugar, serán trasladadas a centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias.
Los derechos de los trabajadores adscritos laboralmente al Cefereso No. 2 “Occidente”, se respetarán conforme a la ley, por lo que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, de acuerdo a las necesidades del servicio.
Uno de los hechos violentos más recientes registrados en Puente Grande, ocurrió el 22 de mayo. Ese día se desató una riña cuyo resultado fueron numerosos heridos y se lamentó la muerte de ocho internos que estaban sentenciados por delitos como robo, homicidio y secuestro.
+ Deben ser negocio para la hacienda pública, afirma, y que la Semar acabará con el contrabando y tráfico de drogas
VERACRUZ, Ver., 27 de septiembre de 2020.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que van a revisar los contratos "leoninos" con los cuales se entregaron los puertos del país a particulares, y que dejan poco beneficio para la Hacienda pública.
Acompañado por el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, emitió un mensaje videograbado donde indica que “vamos a recuperar estos puertos que se habían entregado mediante contratos leoninos a empresas particulares dejando muy poco beneficio para la hacienda pública, para el pueblo, para Veracruz, y para el pueblo de México".
Aseguró que su gobierno será respetuoso de la legalidad y no cometerá ninguna arbitrariedad, pero precisó que sí se revisarán convenios y contratos, "porque este puerto se concesionó por 100 años a empresas privadas", dijo.
"Eso es realmente inaceptable, entonces vamos a revisar sus contratos en el marco de la legalidad para administrar bien estos puertos", reiteró el jefe del Ejecutivo federal, y al describir que la Secretaría de Marina administrará todos los puertos de México, dice que eso servirá para que no entre contrabando, sobre todo, droga sintética, el famoso fentanilo que tanto daño hace a la juventud.
Enseguida dijo que se pondrá orden en los puertos y se combatirá la corrupción, como se hace en las aduanas y en migración, como se está haciendo en todo el gobierno. “Cero corrupción, cero impunidad, y la responsabilidad en el manejo de los puertos va estar en manos del almirante Ojeda", destacó.
+ Sader, Medio Ambiente, y Marina firman el instrumento publicado en el Diario Oficial de la Federación; incluye protección especial a la vaquita marina en un “Área de Cero Tolerancia”
CD. DE MÉXICO, 24 de septiembre de 2020.- Las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina concluyeron un Acuerdo por el que se regulan artes, sistemas, métodos, técnicas y horarios para realizar actividades de pesca con embarcaciones menores y mayores en el norte del Golfo de California, donde también se establecen sitios de desembarque y el uso de sistemas de monitoreo para las embarcaciones.
El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y suscrito por los titulares de las tres dependencias, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, de Agricultura; María Luisa Albores González, de Medio Ambiente, y Almirante José Rafael Ojeda Durán, de Marina; permite avanzar en el cumplimiento de los compromisos del Gobierno de México de atender la problemática que se enfrenta en esta región.
ES PARA TODOS
El Acuerdo es de observancia general y obligatorio para los titulares de concesiones y permisos de pesca, así como para capitanes y patrones de embarcaciones, motoristas, pescadores y tripulantes de embarcaciones, tanto menores como mayores; incluye a pescadores deportivos y prestadores de servicios a la pesca deportiva-recreativa que realicen actividades de pesca la región.
Se prohíben permanentemente todas las redes de enmalle, incluyendo aquellas construidas de hilo de naylon monofilamento o multifilamento, o cualquier modificación de las mismas, incluidas las redes agalleras, operadas de forma activa o pasiva para actividades de pesca en la zona señalada. Las únicas artes de pesca permitidas son redes de arrastre de camarones y redes de arrastre de escama marina, redes suriperas, línea de anzuelos, palangre, trampas y el buceo libre o semiautónomo de manguera y compresor.
En cuanto a medidas de control, seguridad y protección de la fauna, el Acuerdo establece que las personas físicas o morales que realicen actividades de pesca con embarcaciones menores en la zona marina delimitada, deberán informar a la Oficina de Pesca de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) más cercana al domicilio en donde desarrollen sus actividades de pesca, en un periodo no mayor a las 24 horas siguientes a la llegada de la embarcación a su sitio de arribo o puerto base, sobre cualquier interacción con mamíferos marinos, las medidas de liberación que haya experimentado, así como la disposición final, es decir, liberados vivos o muertos, lastimados o retenidos con justificación oficial o científica.
Asimismo, las embarcaciones que cuenten con concesión o permiso deberán tener instalado un sistema de monitoreo a prueba de alteraciones y manipulaciones, instalado y funcionando, con la tecnología y características que se determinen en las concesiones o permisos de pesca correspondientes, conforme a lo dispuesto por el Artículo 125 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, así como un sistema de video de monitoreo, de acuerdo con los artículos 46 y 125 de la misma Ley.
Todas las embarcaciones menores a las que se refiere el acuerdo serán inspeccionadas, sin excepción, al momento de la salida, así como en el desembarque, indistintamente por personal de Semar, Guardia Nacional, Conapesca y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en los términos de su competencia.
En cuanto al compromiso de protección a la vaquita marina, el Acuerdo establece un “Área de Cero Tolerancia” de 225 kilómetros cuadrados dentro del área de refugio para la protección de esta especie endémica, cuyas coordenadas de delimitación geográfica se precisan en el Artículo Décimo Tercero. En este perímetro, las autoridades llevarán a cabo, de manera coordinada, las 24 horas del día durante todo el año, el patrullaje y la vigilancia marítima, aérea y satelital, o mediante cualquier otro medio o tecnología que se considere necesaria.
El Acuerdo entra en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. De manera simultánea, las tres dependencias involucradas, a través de sus órganos desconcentrados y descentralizados, establecerán el Grupo Intergubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California, con el objetivo de analizar, definir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones y estrategias relacionadas con el cumplimiento de la aplicación de este instrumento.
Exhiben a cacique hidalguense: desfalcó a la Universidad y edificó un imperio
CD. DE MÉXICO, 20 de septiembre de 2020.- Gerardo Sosa Castelán desvió millones de pesos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo hacia empresas bajo su control para financiar negocios inmobiliarios en varias entidades del País.
De acuerdo con Óscar Pacheco Medina, quien fungió como su operador y se acogió a un “criterio de oportunidad” para evitar ir a la cárcel, desde casi 20 años constituyó empresas para adquirir terrenos, construir naves industriales y rentarlas.
La transferencia de recursos fue posible debido a que Sosa Castelán, actualmente preso en el penal del Altiplano, ha sido desde hace varios lustros el dirigente del llamado Grupo Universidad, que ha controlado esa Casa de Estudios y que desde 2015 tiene el control de todo el patrimonio a través de Patronato Universitario.
El Grupo fue retratado en el libro "La Sosa Nostra, Porrismo y Gobierno Coludidos en Hidalgo", del escritor Alfredo Rivera, el cual fue prologado por el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y publicado en 2004.
Pacheco Medina reveló el pasado 3 de agosto, al declarar ante la FGR: "El 15 de diciembre de 2001 constituí la empresa denominada Inmobiliaria Constructora y Arrendadora Yolo, a solicitud del licenciado Gerardo Sosa Castelán, cuyas decisiones de la empresa dependían de él directamente".
El Yolo es un cerro y pueblo del municipio de Tulancingo, la tierra natal de Sosa Castelán. A través de esa inmobiliaria, Sosa Castelán adquirió terrenos y construyó naves industriales en Apizaco, Tlaxcala; Teziutlán y Tehuacán, Puebla; Celaya, Guanajuato; Minatitlán, Veracruz y la Ciudad de México.
La "vocación empresarial" de Sosa Castelán se inició en la Universidad con recursos de ésta, con los cuales creó 21 empresas que producen, administran o proveen bienes y servicios a la comunidad universitaria y a clientes externos.
Según los informes del testigo colaborador, rendidos en la causa penal 263/2020, después de que aproximadamente en 2005 concluyeran la ampliación de una bodega en Apizaco, se acercó a Sosa Castelán un arquitecto de Tulancingo, de nombre Jesús Bravo Paredes.
"Después de esa nave, se hace una súper nave en la Ciudad de México de aproximadamente 10 mil metros en San Antonio, DF, y esa se pagó así: a mí me depositaron de la UAEH por diversas cantidades de pesos y ocupé todo eso para comprar el terreno en el 2007", relata.
"El puro terreno costó 45 millones, se pagó de la siguiente manera: la UAEH me depositó a mi cuenta esa cantidad y el banco Santander congeló ese dinero y le otorgó a Inmobiliaria Constructora y Arrendadora Yolo una serie de préstamos con la garantía líquida que le dio la Universidad para tener una cuenta nueva".
Pacheco informó a la FGR que algunas de las transferencias que recibió para adquirir los bienes en beneficio de Sosa se hicieron directamente de las arcas universitarias o a través de las empresas controladas por el Patronato.
Por ejemplo, en octubre de 2007 recibió a través de un cheque de caja 5 millones de pesos provenientes de la Dirección de Promoción y Desarrollo de Empresas Universitarias, en tanto que otros 5 millones de pesos los recibió a través del contador personal de Sosa y quien era el encargado del transporte universitario.
Holding universitario:
Con la bandera de obtener recursos para la UAEH, Sosa creó un entramado de empresas que operan al interior de los campus universitarios pero que brindan bienes y servicios tanto a comunidad universitaria como a externos.
Son al menos 21 las sociedades, algunas de ellas con poca vinculación con la vida universitaria, como un periódico o una gasolinera, pero que permitieron acrecentar el patrimonio de ellas al generar círculos de retroalimentación comercial.
Por ejemplo, Transporte Universitario Garza Shop, que brinda el servicio de traslados a los universitarios y carga su combustible en la Gasolinería Garza, también del propio conglomerado.
Entre los negocios más conocidos se encuentran el Rancho Universitario y la Productora Universitaria de Lácteos, en los cuales se producen cinco mil litros diarios de leche y se elaboran 27 tipos de quesos de forma natural, libres de conservadores y extensores, lo que les permite tener el certificado Kosher.
"De acuerdo con el contador (Vainey Melo Zuviri), 85 por ciento de la producción está destinada a su comercialización en la Ciudad de México. Explicó que las utilidades de esta empresa universitaria se destinan para becas de los estudiantes. Durante la degustación de quesos y yogures, Melo Zuviri mencionó que el Rancho Universitario actualmente tiene más de 150 hectáreas, con 520 animales", informó la UAEH el pasado 24 de febrero en un comunicado.
Plaza Pabellón Universitario es un centro comercial ubicado dentro del campus universitario, en el municipio de Mineral de la Reforma, en el que, además de las firmas del Corporativo del Patronato, hay tiendas de otras marcas de productos diversos y dos sucursales bancarias.
Otros giros más que pertenecen al Corporativo son una mueblería, un restaurante, un hotel, un salón de eventos, una librería, una editorial, un hospital veterinario, un centro de negocios y un polifórum. Hasta la Orquesta Sinfónica le genera recursos al Patronato Yolo.
Conforme a las constancias judiciales, en 2001 Pacheco constituyó, junto con su hija Jéssica Pacheco Lozada, la empresa Inmobiliaria Constructora y Arrendadora Yolo. Este nombre corresponde al pueblo en donde Sosa Castelán cerró su campaña a la diputación federal un año antes.
Poco después se incorporó como accionista Adriana del Carmen Cravioto Torres, esposa de Sosa, quien hizo una aportación de capital de 950 mil pesos y adquirió el control del 95 por ciento de las acciones.
El 8 de enero de 2008 Jéssica Pacheco salió de la empresa y transfirió sus acciones a su padre, un movimiento simultáneo al aumento del capital social con un aparente préstamo de 7 millones de pesos de Óscar Damián Sosa Castelán, hermano del ahora preso en el penal del Altiplano.
A partir de ese momento se suscribieron mil 400 acciones adicionales a las 200 que ya existían y el hermano de Sosa pasó a ser el accionista mayoritario. Pacheco fue desplazado en 2015 de la operación de esa empresa.
En marzo de ese año Sosa lo convocó a una reunión en la que estaba presente Francisco Natalio Zamudio Isbaile, tesorero del Patronato de la UAEH. Sosa le ordenó a Pacheco entregarle a Zamudio toda la documentación de Inmobiliaria Constructora y Arrendadora Yolo.
Al día siguiente Zamudio y su equipo de contadores, entre ellos Alberto Leonardo Barranco Velasco y Juan Manuel Hernández Gayosso, acudieron al domicilio fiscal de la empresa por los documentos.
A nombre de Sosa, le pidieron a Pacheco firmar un poder para actos de administración a favor de Zamudio, para cancelar y abrir nuevas cuentas bancarias.