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Piden eliminar cargos injustos a víctimas de delitos

+ Propone el diputado Emeterio Ochoa que los vehículos de las víctimas de algún delito trasladados a corralones se devuelvan sin costo al terminar la investigación

HERMOSILLO, Son., 17 de septiembre de 2024 –Con el objetivo de proteger a víctimas de delitos al eliminar los cargos económicos injustos relacionados con el almacenamiento de sus vehículos durante los procesos de investigación, el Diputado Emeterio Ochoa Bazúa (PRI) en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa de ley que busca adicionar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia.

El proyecto de decreto adiciona un segundo y tercer párrafo a la Fracción VII del Artículo 6º de la ley señalada, para garantizar que los vehículos de las víctimas, cuando sean trasladados a centros de almacenaje, pernocta, corralones o resguardos operados por la Fiscalía o empresas privadas, sean devueltos sin costo alguno una vez que concluyan los actos de investigación.

“La iniciativa responde a la preocupación de las familias o personas víctimas involucradas en algún delito, sobre el cargo económico que representa el almacenaje diario, mismo que varía entre los 150 y 300 pesos diarios, cargo que, en la actualidad, lo cubre tanto el responsable como la víctima por el resguardo y recuperación de sus vehículos, por lo que la víctima no debería cubrir ningún cargo además del perjuicio que ya tuyo”, expuso.

Ochoa Bazúa subrayó que el actual sistema impone una carga económica desproporcionada a las víctimas, quienes, sin haber tenido responsabilidad en el delito, deben pagar costos que pueden superar el valor de sus vehículos, por lo que la modificación propuesta busca garantizar que estos costos no recaigan sobre los afectados, promoviendo una mayor justicia y alivio para las víctimas de delitos.

Esta iniciativa busca precisamente eso, asegurar que aquellos que ya han sufrido una pérdida o un daño no tengan que enfrentar una carga económica adicional para recuperar lo que les pertenece”, subrayó.

La mesa directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura recibió esta iniciática y la turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su discusión y dictaminación, para posteriormente ser discutida en el Pleno del Congreso.