Martes 30 de Noviembre de 2021 20:29

Escrito por Agustín Rodríguez L.

+ Durazo reconoce en la violencia, un mal que agobia al país; sigue la indagación del ataque a Palacio Municipal en Guaymas; Icreson, bajo la lupa, y el Sevce no volverá a funcionar; el “home port” Peñasco tendrá que terminarse, pero buscan aclarar dónde quedaron 700 MDP

GUAYMAS, Son.- El gobernador Alfonso Durazo confirmó lo informado por la secretaria de Seguridad Pública, Dolores del Río, la fiscal Claudia Indira Contreras, y Sergio Méndez, delegado de la oscura Fiscalía federal, desde el domingo, sobre los “operativos permanentes” tras el atentado del jueves en Palacio Municipal, donde mencionaron “avances del seguimiento” y aumento de elementos de la Policía Estatal, Marina, Guardia Nacional y Sedena.

Hasta este martes, seguía vigente la información sobre el sicario abatido, un ex músico y albañil que por caer en las drogas sobrevivía limpiando autos, y 11 cateos en Guaymas donde se detuvo a 11 personas.

Frente a reporteros, amplió el gobernador hasta donde le permite la regla, pues debe informar la Fiscalía General, que hace su trabajo como organismo autónomo, aunque oficialmente se hizo cargo la instancia federal, de la investigación formal.

Anunció refuerzo a la seguridad con 100 elementos más de la Secretaría de Marina, 90 de la Guardia Nacional; y un reacomodo de policías estatales que sumó a 50 de ellos. Confirma seguimiento diario en la Mesa Estatal de Seguridad y así será hasta encontrar a los responsables.

La justicia espera al lado de doloridos amigos y familiares, sumada a la angustia de una población a la que el Estado entero se solidarizó, clamando por el orden que esta fuerza pueda lograr. Y el país está atento a lo que pasó en Guaymas, pues nos exhibe ante el mundo como una nación sometida por la violencia y la autoridad parece rebasada.

Prudente, la respuesta de Durazo cuando le preguntan sobre el comisario de Policía y Tránsito en Guaymas, Andrés Humberto Cano Ahuir y sus presuntos vínculos con la delincuencia, pues cada quien es responsable de sus actos, y un gobernador solo puede reclamar a cada colaborador, que tenga un desempeño ético y cumpla con su responsabilidad.

Cano cuenta con un certificado de control de confianza. Si se le acusa de algo, no se debe asumir como real tal información sin ser producto de una investigación; y puntualiza el gobernador, las baterías están enfocadas en ubicar y detener a autores intelectuales y materiales del hecho violento en Guaymas.

ICRESON, INVESTIGADO

Al gobernador le preguntaron sobre la “mala fama” del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, lo cual inhibe a inversionistas.

Destacó dos cosas: que los inversionistas hacen bien en considerar a Sonora, San Carlos sobre todo, porque el puerto de Guaymas-Empalme “va a sufrir una transformación muy importante”, y se refiere a los 3 mil millones de pesos con los que se comenzará a modernizar la terminal marítima.

Y que en el Icreson iniciaron un “programa de saneamiento” para poner orden a partir de digitalizar y depurar papeleo, con una investigación paralela que expondrá el señalado tema del “cártel inmobiliario”, esa mafia de corredores, notarios públicos y empresarios cómplices de políticos cuya red ha estafado a muchos confiados propietarios.

En este momento, confirmó Durazo, hay “17 ó 18 hechos fraudulentos que se están investigando” y adelantó que la Fiscalía General informa al gabinete de seguridad sobre el seguimiento puntual, porque una dependencia del Ejecutivo está involucrada.

SEVCE, NO SIRVE

Y el propio gobernador aceptó algo ya sabido:

Ese invento de uno de sus antecesores, el Servicio Estatal de Verificación del Comercio Exterior, ya no afectará a prestadores de servicios quienes pueden estar tranquilos, pues ya se acabó, “nada de retenes de pseudofuncionarios”, y acusa que eso era una práctica donde esa gente del Gobierno del Estado “tenían su negocio a 20, 50 kilómetros, allí estaban revisando… pues no, nada qué revisar”, sentenció.

Por si no se entendió, el Ejecutivo que llegó a limpiar la casa sucia remata: “Si sirviera, los pondría, pero si solo son para morder, pues no”. Ofreció “garantía total” de que ya no se presentarán “esos seudofuncionarios” donde merodeaban.

Y siguiendo con el mandatario, habló de los parques industriales, alabando lo beneficioso del que opera el Ayuntamiento en Nogales –les deja en rentas más de 150 mil dólares al mes—, y la necesidad de ampliarlos en Guaymas y Empalme para la expansión del puerto, además de vigilar de cerca el de Ciudad Obregón, el que vendió Claudia Pavlovich antes de irse. Era un parque industrial de alta tecnología y fue subastado por el Gobierno del Estado, a precio de remate, pese a su ubicación privilegiada, colindante con el aeropuerto.

El gobernador ya platica con los compradores porque, lea usted bien lo que les dijo: “no voy a aceptar que hayan comprado para especular y que su negocio sea la plusvalía. Si van a desarrollar, respeto los resultados de la subasta; si van a especular, los impugnaré”.

Simpatiza el gobernador con la idea de que sean estos espacios un patrimonio de la ciudad, para que tengan ingresos propios.

Ah, el abandonado proyecto del “home port” en Puerto Peñasco es otro de los análisis con lupa, pues le han invertido 700 millones de pesos, y se ocupan aún mil 200 millones para terminarlo.

“Hay denuncias, ha habido todo tipo de corruptelas”, pero no se dejará tirada esa instalación.

Domingo 28 de Noviembre de 2021 23:06

Escrito por Agustín Rodríguez L.

+ La violencia, un mal del país; llegan a Guaymas aquellos ejemplos; llenar de fuerzas armadas no ha sido solución; un arma de francotirador no fue usada; el comisario sigue en su cargo; la autoridad debe explicaciones

GUAYMAS, Son.- Comentaré algo de lo que está pasando en el país.

El viernes, una aterrada comunidad de Zacatecas, Valparaíso, se enteraba de 8 muertes tras una balacera entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

Una semana antes hubo dos eventos distintos con horrenda secuela de cuerpos colgando de puentes. La Fiscalía federal dijo que fue un choque entre el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación.

Valparaíso ha sido escenario de otros enfrentamientos entre ambos grupos, como uno en junio, que dejó 18 muertos. El miércoles se lanzó el Operativo Zacatecas II con 3,848 agentes, pero 24 horas después la violencia reaparecía.

El alcalde Eleuterio Ramos dice que el gobierno de David Monreal –hermano del senador que quiere ser presidente de México— no hace nada para frenar problemas en estas comunidades desoladas ante el desplazamiento de sus habitantes, por la violencia de los grupos criminales.

Aunque operaban fuerzas federales para atender la inseguridad en límites con Durango, Jalisco y Nayarit, se incrementaron con el Operativo Zacatecas II, pero el alcalde dice que han sido rebasadas, como confirma el reto de “alguien” dejando una cabeza humana en el Palacio Municipal, feo mensaje en el lugar donde despacha el alcalde, a quien ahora custodian una docena de soldados.

Esta población tiene años atestiguando el choque del CJNG, de “El mencho” Oseguera, contra el Cártel de Sinaloa, de Ismael Zambada. Cosas así ocurrían antes en Veracruz, Tamaulipas o Michoacán, por no decir en todo el país. Y siguen ocurriendo.

Por eso es que en Guaymas desalienta el anuncio de llenar de policías y soldados la plaza, para responder a atentados contra la seguridad pública donde gente inocente se vuelven “bajas colaterales”.

Eso ya ocurrió antes, al desbocarse la violencia y cometerse delitos de alto impacto. En 2020 llegaron 49 elementos de Infantería de Marina “para reforzar las acciones de seguridad” en Guaymas y Empalme. Después, con el mismo argumento, un “Hércules” de la Armada de México dejó 120 marinos, aunque la Semar opera aquí una representación de la Armada de México, con unidades aéreas y de superficie.

Tiene un Batallón de Infantería con sus compañías de Fuerzas Especiales, unos 600 hombres –el número varía según las operaciones—, y si se ofreciera, en 2 horas de vuelo llegaría apoyo de la Fuerza Naval del Pacífico, asentada en Manzanillo.

Pero siguió llegando personal militar y en agosto, intensificada la guerra en Magdalena, Santa Ana y alrededores, llegaron más “refuerzos a la seguridad”, con 510 militares a Cajeme, Hermosillo y Guaymas, donde se incrementaban los homicidios dolosos.

En todos los casos aparecen los acuerdos de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad en Sonora. A Guaymas le tocaban 90 elementos, por cierto. No mencionaron asignación a Caborca, Altar y Pitiquito, donde había operativos “pie tierra y de inteligencia”.

Se informó de despliegues en esa zona, donde han aparecido decenas de cadáveres en las carreteras y hasta robaron ambulancias, paramédicos incluidos, para curar a heridos en combate.

Esa mesa la forman la Guardia Nacional, Ejército, Marina, Policía Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno, entre otras instancias.

Bueno, pues hoy que nos volvieron a poner en los titulares mundiales, para mal, de nuevo están aquí los jefes operativos de esas corporaciones. Los “duros”.

No me gana la curiosidad de saber cómo responderán al reto cínico de los criminales, qué harán contra quienes envían a un pobre infeliz a una muerte segura, para asesinar a un escolta que solo hacía su trabajo, y que luego arrojaron granadas cerca de una multitud, para rematar con fuego de armas automáticas ultimando a una joven activista, herir a varios y otra jovencita podría perder una pierna.

Prefiero mencionar que los responsables de la investigación hacen su trabajo. Constaté el interés de la fiscal Claudia Indira Contreras luego de los hechos; no durmió y al mediodía siguiente, coincidimos y me explicó algunos aspectos de la indagación. Este domingo en rueda de prensa al lado del delegado de la FGR y la secretaria de Seguridad Pública dijo algo más, pero no hay mucho avance.

Hay operativos por todos lados y celebro que sean discretos, sin aspavientos. Hasta amables se tripulan vehículos sin siglas, pero identificables, a quienes agradezco darnos el paso en una calle de San Vicente; o darnos preferencia una angosta vía del norte, en unidades navales operando como Guardia Nacional.

Las reportan también en Empalme y en el valle, donde ha sido brutal la violencia de grupos criminales.

Anocheció el domingo y alguien arrojó el “buscapiés” sobre el despido del comisario de Seguridad Pública, Andrés Humberto Cano Ahuir, pero no.

Sigue en su cargo el capitán de Navío que, ciertamente, ha sido polémico. Está allí por e recomendación del propio almirante secretario y lo ratificó la alcaldesa Karla Córdova, “por un período de prueba” con vencimiento al 15 de diciembre.

El atentado del jueves, se apuró a decir el sector oficial, iba dirigido a Cano Ahuir. Pero expertos cuestionan la equivocación del atacante, quien terminó disparando a la cabeza de un escolta a varios metros del comisario, quien estaba en medio de una docena de marinos.

Antelmo, el escolta, estaba a 40 centímetros de la alcaldesa de Guaymas.

Luego, el caos. Disparos de varios frentes, se repelió el ataque y al terminar, había 3 muertos y 9 heridos. Cano resultó ileso.

En un auto asegurado había armas, con un rifle .308 en el arsenal, “muy usado por civiles para la práctica del tiro deportivo, y por los francotiradores policiales y militares”, que no se usó en ese evento.

Sigue la indagación y definir si retiran al capitán Cano, pues su vida estaría en riesgo, como estarían quienes estén cerca si hubiese otro atentado contra el oficial que ha comandado operaciones antinarco en Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa, pero a veces debió retirarse cuando las cosas “se ponen calientes”, por eso duró un tiempo tras un escritorio como agregado Naval en Suramérica.

Y aunque el atentado no fue contra la alcaldesa, la señora Córdova ya se desplaza con escoltas que portan equipo militar de respuesta inmediata.

Malos tiempos vive el puerto y resta que la operación iniciada pacifique la ciudad y se esclarezcan los hechos, nos digan por qué pasaron, porque la opacidad fomenta la impunidad y ésta, la desconfianza –y temor—sobre el papel de la autoridad en esas disputas por negocios sucios.