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Agustin Rodriguez

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Domingo 23 de Enero de 2022 21:10
Escrito por Agustín Rodríguez L.
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+ Mejora la ciudad la tarea Municipal; la evidencia muestra funcionarios responsables; mejoran imagen y multiplican programas sociales; la alcaldesa suma apoyo a los yaquis; el gobernador les pide confiar para ir más de prisa

 

GUAYMAS, Son.- Le creo a la autoridad municipal al lanzar el reto a la inercia dañina heredada por los alcaldes de los últimos trienios.

Le he creído a la doctora Karla Córdova desde hace años al hablar del tema social, que siempre ha impulsado, así que hoy como alcaldesa no puede ser diferente.

Información que me envió el Ayuntamiento trae gratas sorpresas, para empezar, el Fondo de Infraestructura Social Municipal que en 2022 será mayor de lo esperado, 113 millones de pesos.

Y como le dije antes, Salud Municipal hará su trabajo en la colonia Popular, pero no se va sola; estarán al lado la Dirección de Desarrollo Social y los Institutos de la mujer, de la juventud, Deporte y Casa de la Cultura. Se hará así en cada Centro Integral de Atención Social, esos que abandonaron Lorenzo de Cima y Sara Valle, en sus malo y peor trienios. Hoy albergan funciones que todo alcalde debe hacer cuando no llega a robarse el dinero del pueblo.

Lo mejor es que los funcionarios hablan el mismo idioma al exponer la necesidad de rescatar al puerto y enderezar el camino, como se capta en cada Dirección o en esos centros, entre el personal de Pilar Hernández (Desarrollo Social); Alfonso de la Torre (Infraestructura), Carlos Burrola (Síndico), Maura Solorio (DIF), Ricardo García (CMCOP) y Yamilé Yocupicio (Planeación y Control Urbano).

Ah, cuanta chamba les dejaron. Y la están haciendo, para bien de Guaymas. No se cansen.

Incluya a Jonhatan Aguilar, quien el fin de semana dio otro “entre” al bulevar Rodolfo Sánchez Taboada, magnífica obra realizada en los años 50 por ese general veracruzano, para resaltar la belleza de la bahía.

Trabajadores de Servicios Públicos la mejoran y pronto iniciará su rehabilitación para recuperar ese hermoso y tradicional espacio donde convivieron nuestros padres y abuelos.

En 2014, malandrines hurtaron y vendieron cual fierro viejo –en una chatarrera conocida por la Policía— el busto del mílite y secretario de Marina. A los ladrones destructores de nuestra cultura, la autoridad municipal les dio trato de “jóvenes traviesos” y se abstuvo de fincarles responsabilidad, pues solo eran “unos kilos de bronce”. Qué pena.

El caso es, Jonhatan Aguilar trae a su gente limpiando camellones, retirando maleza y basura y ya la gente podrá volver a reunirse en un mejor ambiente, como ofreció la alcaldesa Córdova hacer en toda la ciudad. Paso a paso se sale de bajo cero, para volver a crecer.

También ataca los basureros clandestinos. La herencia de PASA y “asociados” también creó esa nociva cultura; la gente optó por dejar su basura en construcciones abandonadas o baldíos. La responsabilidad se retomó y en los primeros 15 días retiraron mil 500 toneladas; establecida la rutina de limpia, recogen 200 toneladas diarias.

La Cultura se impulsa con fuerza este 2022, todo lo contrario al ayer inmediato, y Giezy Cordero Duarte, titular del Instituto Municipal de Cultura y Arte, anunció nutrida agenda. Ya se reunió con Beatriz Aldaco, su contraparte estatal, y trabajarán juntos con apoyo del Fondo de Cultura Económica y Educat.

Cordero defiende, y le asiste la razón, esas acciones como la mejor manera de alejar a niñez y juventud de las malas prácticas.

La alcaldesa siembra conciencia en su gente, por eso cubre más espacio y pudo acompañar al gobernador Alfonso Durazo y al titular de la Sidur, el guaymense Heriberto Aguilar, a Vícam Estación, suelo yaqui dentro de este Municipio, donde el mandatario habló de sumarse al empuje del presidente López Obrador al Plan de Justicia Yaqui, criticado por algunos grupos por razones fácilmente explicables.

Reiteraron el compromiso estatal y municipal, pues se trata de dar un giro a la situación de la etnia, que no recibía este trato desde los tiempos de Lázaro Cárdenas.

Durazo pidió al presidente crear una zona económica especial en la región, para atraer inversión y empleo; tuvo que referirse a la desconfianza del pueblo yaqui y dijo entenderla, “después de haber tratado con tantos gobiernos, con tantos presidentes que les han dicho una cosa y que no la han cumplido”, pero advirtió que “mientras más tardemos en tenernos confianza, más tiempo vamos a perder en construir juntos soluciones”.

Allí no se dijo, pero quedó claro, que deben vigilar de cerca a funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, de Adelfo Regino, y a la Coordinación del Plan de Justicia, de Hugo Aguilar, pues a veces hacen, o dicen, cosas distintas a lo que ofrece el presidente.

El gobernador sí les dijo que está atento y hace gestión por ellos. Eso es bueno, pues se trata de resarcir el daño que han hecho a la tribu. Justicia es lo único que ocupa la etnia y, aunque mucha gente no está de acuerdo en “chipilear” a los yaquis por lo que ven en la carretera, debemos separar esos grupos de la gente buena que es mayoría, como en todas partes.

De paso, la alcaldesa confirmó que de lo poco que tiene, enviará algo a la etnia, poco más de 8 millones para necesidades apremiantes. El resto, un paquete realmente grande, llega desde México.

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Jueves 20 de Enero de 2022 21:38
Escrito por Agustín Rodríguez L.
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+ Termina la efervescencia, no la opción para el futuro; no hay certificados de impunidad y buscan pruebas de irregularidades; Contraloría le baja al discurso incendiario; Hay denuncias de Padrés contra Claudia; bajo la lupa asalto a Lizárraga y auditoría a Playa Incluyente; a preparar el Carnaval… de 2023

 

GUAYMAS, Son.- Con la semana terminaría la polvareda levantada por el nombramiento de Claudia Pavlovich como futura integrante del Servicio Exterior, no así el proceder de su sucesor, si fuere el caso.

El resumen podría centrarse en la advertencia del actual guía político de Sonora: “yo no estaría tan seguro de que, la decisión presidencial de mandar a Claudia Pavlovich a Barcelona, sea un certificado de impunidad para quienes hayan cometido delitos contra el erario”.

Antes bien, Alfonso Durazo se dijo “más obligado que nunca” a instruir a sus colaboradores a presentar pruebas que acrediten la comisión de esos delitos.

Pero faltaba algo para el remate, por eso pidió a su contralor, Guillermo Noriega, ventilar 172 auditorías emprendidas para confirmar la veracidad de tanto señalamiento hecho en campaña, tan útil al final de cuentas, para el holgado triunfo morenista en la elección pasada.

Lo hizo, “El Memo”, pero con pies de plomo. No hubo discurso incendiario ni queja sobre funcionarios convertidos en Creso a costa de empobrecer a los sonorenses. El contralor prefirió resaltar el respeto al debido proceso para evitar la caída de casos –hace bien, al sexenio pasado se le cayeron todos--, y que no van contra “actores políticos determinados”.

Es decir, no van sobre personas, sino por procesos, lo cual de momento enfría ánimos en gayola, que espera ver sangre en el ring político actual. Noriega prefirió escudarse en una opinión pública interesada en saber si hubo o no las raterías adjudicadas al sexenio fenecido el pasado octubre.

Ir por los saqueadores señalados en campaña, hoy fue “necesidad de realizar procesos estrictamente administrativos e institucionales buscando resultados que lleven a la rendición de cuentas”. No a ataques públicos y mediáticos, sí al estricto apego a la ley y a los derechos humanos si el resultado envía a servidores públicos a instancias judiciales.

Hizo recordar al anterior contralor, Miguel “El Ronco” Murillo, cuando tardaba en llamar a cuentas a los padrecistas perseguidos por los “Claudilleros” y decía querer evitar una detención por la mañana y verse obligado a soltarlos por la tarde.

No pudo. Persiguieron, encarcelaron y, como el Memo Noriega cuestionó: ¿cuántas personas están en la cárcel al día de hoy después de la persecución que vimos hace 6 años? ¿Cuántos casos se sostuvieron a lo largo del tiempo, después de un ejercicio mediático importante o de información excesiva?

El caso es, desde el primer día, este sexenio audita a todas sus dependencias, como es obligado. Al parejo, modifica mecanismos legales para alargar tiempos de prescripción a faltas cometidas por servidores públicos y no se pierda la rendición de cuentas.

Una pregunta alusiva al tema de la semana –el nombramiento de Claudia—, fue si un nuevo cargo da impunidad a un servidor público. Así contestó:

“No, no. La respuesta es no. Ningún --y lo voy a repetir--, ningún cargo público, ya sea en el Servicio Exterior del gobierno federal o en las Naciones Unidas te va a dar inmunidad a un proceso de rendición de cuentas. Ninguno. No es, ningún cargo, un blindaje para la rendición de cuentas y si es hasta donde tengamos que llegar, llegaremos”.

Atrajo la promesa del gobernador Durazo de crear la Unidad de Inteligencia Financiera en Sonora, para agilizar el rastreo del dinero público y la fiscalización. La habrá, pronto, y estará enlazada con la UIF federal. Así las cosas.

De paso: las principales denuncias contra Claudia Pavlovich, las interpuso y ratificó el ex gobernador Guillermo Padrés ante la Fiscalía Anticorrupción, por abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. Incluyó al exfiscal Rodolfo Montes de Oca y el exsecretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella.

Pero existen otras 18 denuncias similares contra exfuncionarios –destacan los de Salud e ISSSTESON--, interpuestas el pasado 8 de octubre en la Agencia 2ª. Especializada en Hechos de Corrupción.

PENDIENTES PREOCUPANTES

Guaymas espera pronta aclaración de dos cosas:

1.- La cereza que coronó el pastel de la corrupción del trienio pasado, la “Playa Incluyente” San Carlos. Existe un expediente con nombres de beneficiarios y demás detalles de la tranza con dinero público, lo cual facilitará al ISAF cumplir el exhorto hecho por el Congreso del Estado para poner en el banquillo de los acusados a Sara Valle y cómplices.

2.- El intento de asalto y amenazas al exdiputado local Rodolfo Lizárraga. Crece la especulación sobre motivos distintos al allanamiento de su domicilio en “El centinela”.

SIN CARNAVAL

Al cancelarse el Carnaval 2022, el Ayuntamiento de Guaymas anuncia que el recurso disponible esta vez, se usará en obra pública para mejorar la imagen de la ciudad.

La alcaldesa Karla Córdova ofrece iniciar ya preparativos para 2023, con eventos previos hasta llegar a un resultado cercano al esplendor que alcanzaba la fiesta en el pasado.

La idea se apega al criterio de quienes aman esta convivencia que data de 1888, cuando participaba toda la sociedad e invitados internacionales, pero los últimos años solo se improvisó y centró en vender alcohol, con el obvio y negativo resultado a que ello conlleva.

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Martes 18 de Enero de 2022 22:54
Escrito por Agustín Rodríguez L.
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+ AMLO nombra cónsul a Claudia y no debe sorprender; para muchos, se confirman acuerdos con el morenismo; Durazo la felicita, pero las auditorías siguen; Orduño pedirá auditoría a la “playa incluyente”

 

GUAYMAS, Son.- Nadie debiera llamarse sorprendido por la designación de Claudia Pavlovich como cónsul en la muy liberal Barcelona.

El chisme “liberado” en agosto en la propia Cancillería mexicana, fue rápida y profusamente replicado por los padrecistas locales en el intento de satanizar la futura designación de quien ni negó ni aceptó el dato, dejando brotar críticas incluso de priístas que traen la espina clavada por la multicitada versión no confirmada --pero muy aceptada—de la entrega del Estado al morenismo.

La política es de acuerdos, así que no sería raro un paso así por parte de la exgobernadora, quien más que desleal o traidora –pesado término--, quizá visualizó el futuro y buscó el blindaje del año séptimo, por aquello de que hubiese quedado a la vista algún pecado administrativo de su sexenio.

Y de paso, proteger inmerecidamente a colaboradores que, no me ayudes compadre, son responsables, en gran parte, de la carga negativa que la dama trae sobre sus espaldas.

Así, las expresiones de Alfonso Durazo candidato, reiteradas por el Durazo gobernador, pueden ser serias pero, como se lo he planteado a abogados en charlas de café, la política seguido está por encima de la ley y este sería un ejemplo.

Como político capaz en el manejo de la mano izquierda, Durazo hizo lo correcto al felicitar a su antecesora por el nombramiento y desearle éxito.

Cómo no hacerlo, si el propio presidente López Obrador afirma tener "buena opinión de todos los propuestos” y “por eso hicimos este planteamiento; todos, para nosotros, son mujeres, hombres, que merecen respeto y representarnos".

En cuanto a la amenaza priísta de expulsar a Pavlovich y al exgobernador de Campeche, también propuesto para el servicio exterior, el presidente explica que no van a hacer labor partidista, “van a representar a nuestro país”, y el anuncio de “Alito” Moreno, presidente del CEN tricolor se le hace “muy rudo, muy excesivo”.

Así que “todo está bien”, solo espera que Pavlovich acepte el cargo pese al amago, la ratificación del Senado de la República y, finamente, el beneplácito de la región anfitriona, y reveló que hace meses, ella le manifestó su interés en el servicio exterior, pues estudió Relaciones Internacionales. Si había posibilidad, la invitaría. Hubo y la invitó.

Por su parte, el dirigente del PRI, justificadamente molesto –pierde figuras importantes con esta labor de zapa del morenismo presidencial—, así terminó el mensaje reprobatorio a sus exgobernadores: “las oportunidades que da el PRI deben corresponderse con buen trabajo y resultados, pero también con lealtad a México y a los mexicanos”.

Pero como que hace falta una respuesta de los beneficiarios del sexenio de Claudia. No se miran, no hablan de resultados, no recuerdan que la señora lamentó el Sonora recibido en 2015 y que, por ejemplo, rescató las carreteras estatales destruidas en un 80% por el abandono de su antecesor.

Deberían recordarlo. Aunque la negociación a la que pudo llegarse puede implicar el silencio para atajar escándalos, a cambio de un muy anunciado futuro de esplendor.

Pero si el gobernador Durazo tuvo razón en campaña y al asumir su cargo, respecto al abuso de poder y corrupción del sexenio de 30 años –reducido a 24, al excluir a Eduardo Bours—, debe dejar constancia del resultado de las  auditorías, para que las instancias legales, si es el caso, puedan hacer su trabajo.

Al margen de que el mismo presidente reconoció, la gente quería a sus gobernantes cuando visitó Sonora y Campeche y pidió pruebas de corrupción, si no, es chisme, no obstante, muchos sonorenses creen en la mala fama de algunos colaboradores de la futura cónsul en Iberia, que dejaría cortos a padrecistas perrunamente perseguidos, señalados, encarcelados, pero nunca sentenciados.

Lo administrativo avanza. Este miércoles, el contralor Guillermo Noriega, expondrá avances en la revisión al pasado gobierno. Su jefe, el gobernador, adelantó para tranquilidad de los incrédulos, que hay 142 auditorías regulares y 17 especiales a 14 dependencias.

AUDITORIA A PLAYA INCLUYENTE

Este miércoles sesiona la permanente en la Cámara de diputados y Sebastián Orduño pedirá aprobar el exhorto al ISAF y a la comuna guaymense, para que se audite la llamada Playa incluyente de San Carlos.

La cuestionada obra disparó al cielo la sospecha de corrupción del trienio de Sara Valle y esta vez será oficial la petición de aclarar todo y proceder “en contra de quien actuó de forma ilegal e irresponsable en la planeación, autorización y ejecución de dicha obra”.

ASALTAN A EXDIPUTADO

La noche de este martes, sujetos armados allanaron la vivienda del exdiputado local y ex candidato a alcalde por el PT, exigiendo dinero. Al no encontrarlo, provocaron daños pero Lizárraga confirma que “no paso nada, sólo destrozos en mi casa”.

Estas Líneas…

Domingo 16 de Enero de 2022 22:54
Escrito por Agustín Rodríguez L.
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+ Freno al desorden; trienios anteriores causaron cuantioso quebranto; multimillonarias inversiones y 12 mil empleos a la vista; el tesorero acude a las “grandes ligas” por recursos; el fraude con terrenos en SC, una “danza de los millones”; matan a más policías

GUAYMAS, Son.- La alcaldesa Karla Córdova refleja visión y certidumbre en el camino tomado.

El viernes nos comentó a este servidor y a los compañeros Fernando Oropeza y Gustavo Valenzuela, su entusiasmo por lo que viene para Guaymas y, ciertamente, es algo grande.

No incluyó los 11 mil 600 millones de pesos con los que el presidente López Obrador cumplirá parte de su oferta de llevar justicia a los yaquis de veras, no a los grupos mafiosos que se apoderan de presupuestos o los que extorsionan a viajeros en la carretera.

Habla de cuantiosos recursos para transformar al municipio y del Ayuntamiento, habrá 91 millones de pesos de recursos propios que compartirá en obras con aquellas comunidades, pues 6 de sus 8 pueblos principales son guaymenses.

El análisis de las cuentas heredadas lo toma como algo que sucederá, pues busca recuperar la confianza de los guaymenses, pero será en las instancias correspondientes –Fiscalía Estatal, la Anticorrupción, ISAF, Contraloría estatal y Municipal— donde pongan a cada quién en su lugar.

Se centra en el apoyo que ya recibe, del gobernador, Alfonso Durazo, y del presidente López Obrador.

La alcaldesa anda en todo Guaymas, pues puso en práctica algo que reclamó a anteriores alcaldes como regidora y como ciudadana responsable: encerrada en la oficina no se puede atender a la gente, así que va a donde está la gente para atenderla.

Arregla las finanzas municipales evitando deuda, como la que heredaron sus antecesores y por eso están comprometidas la mitad de las participaciones estatales y federales, por pagar iluminación y servicios que la sociedad nunca vio llegar.

Mientras hace eso, su tesorero, Daniel Apodaca, ejercita experiencia con financieros de alto nivel y acude a la Ciudad de México a buscar recursos, lo cual corta el vicio de contratar “coyotes” que devoran una importante tajada.

“No vine a ocupar una silla y ver pasar el tiempo”, dice Daniel, y confirma visitas a la Secretaría de Hacienda y otras instancias federales. Innova, pues fue también a oficinas de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde hay fondos para atender urgencias sociales con los que esos organismos apoyarían el ya iniciado rescate del puerto.

Apodaca conoce a personajes interesantes en ese nivel, como él, formados en el bienestar social como meta de las estrategias financieras aprendidas. Hay nivel, pues, en el mando municipal, lo cual pone fin a las improvisaciones que permitieron el dispendioso mandato de varios trienios, cuyos funcionarios todavía están al alcance de la ley si los responsables de aplicarla deciden a hacer justicia.

Es que la ineficiencia en los últimos 10 años, abrió un boquete de 1,500 millones de pesos a la Tesorería por impuestos y obligaciones no cobrados –dos años de presupuesto municipal--, que fueron a los bolsillos de particulares perfectamente ubicados con solo ver su prosperidad al llegar a cargos que les dieron casas blancas –y de otros colores--, yate, carro de lujo, etc.

Pero ya le cobran a una veintena de empresarios que deben 200 millones de pesos en esos rubros, equivalentes a lo que debe el enorme sector de Guaymas Norte.

Así que, parando en seco la ineptitud y la corrupción, la doctora Córdova mira el futuro y aplaude el apoyo estatal y federal, cuyo efecto ya se siente, pero en febrero se convertirá en un “boom” al iniciar la expansión del puerto, cuyo principal efecto será atraer 12 mil empleos.

Así que, más que centrarse en encarcelar a los léperos que esquilmaron el equivalente a dos presupuestos anuales en los últimos 4 trienios, lo que hace es diseñar la movilidad y actuar en consecuencia, con mejor transporte público, más oferta de vivienda y servicios, esparcimiento y mejoramiento general de la ciudad, como rescatar el centro histórico y otros espacios para que la gente disfrute y conviva en mejor ambiente que el creado por la oscuridad y la basura.

Esas son buenas noticias. Y si escuchamos en la misma sintonía el mensaje del gobernador Durazo, confirmado con detalles por el presidente de la República, entonces todo indica, parafraseando al bavispense que ahora pone orden en la entidad, que ya le toca a Guaymas.

EL FRAUDE CON SUELOS II

Los tres fraccionamientos “campestres” –término equivalente a “cómo evadir impuestos y hacer que el Ayuntamiento pague por los servicios a particulares—, es investigado y ya hay datos en primera instancia:

Solo se ha viso la punta del “iceberg” pero se sabe que el Ayuntamiento, solo en los últimos tres años, no vio ingresos por unos 45 millones de pesos que se habrían ido al bolsillo de funcionarios de Obras Públicas, Sindicatura y Catastro Municipal, y otras cifras similares no entraron a la caja de Comisión Estatal del Agua y de Comisión Federal de Electricidad.

Dos aclaraciones:

Hay fraccionamientos como Villa Bémela, de los señores Bugarini, que cumplieron paso a pasos sus obligaciones para poder vender y entregar escrituras. Bien hecho.

Y el presunto fraude a demandantes de energía eléctrica en esos terrenos, sería causa del despido del superintendente de Zona de CFE, Ramiro Rubí Ruiz, y dos jefes de Departamento.

CAEN MAS POLICÍAS

Aumenta la deuda de la Fiscalía General de Justicia de Sonora con la Policía guaymense.

La instancia confirmó ayer la ejecución de Luis Alfonso, de 50 años, y Amalio, tío y sobrino, Jefe de Custodios del Cereso local y agente de la Policía Municipal. A ver si ahora sí aclara el crimen.

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Jueves 13 de Enero de 2022 22:04
Escrito por Agustín Rodríguez L.
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+ Otra vez, la estafa y el fraude acechan la venta de suelos en San Carlos; propietarios crean el conflicto para que lo solucione el Ayuntamiento; más de 600 compradores “de buena fe” enfrentan la mala fe de los vendedores

 

GUAYMAS, Son.- Hace décadas, el destino turístico de San Carlos es afectado por gente cuyo fin es echarse algo a la bolsa, ajeno al daño provocado a la imagen del lugar, a la gente, incluso a empresarios de verdad cuyo arribo es siempre bienvenido, porque arriesgan sus capitales a favor del desarrollo.

Hoy la comunidad percibe un “deja vu”, al revelarse operaciones con suelo en el cercano pasado propiedad de ejidatarios, convertidos en dueños al modificarse la ley buscando estimular inversión de estos beneficiarios o interesados en asociarse con ellos.

Los procedimientos para vender suelos sin embargo, están entre la estafa y el fraude, que se parecen mucho, pero vea que interesantes los conceptos:

Un delito de estafa consiste en engañar a otro con ánimo de lucro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno; es provocar engaño a otra persona a la que se causa, con ánimo de lucro, un perjuicio patrimonial.

El fraude, un acto ilegal realizado por una o varias de las personas físicas o morales que se encargan de vigilar el cumplimiento de contratos públicos o privados para obtener algún provecho perjudicando los intereses de otro.

Desde hace años, es voz pópuli el “dejar pasar, dejar hacer”, por parte de la autoridad reguladora de estas operaciones. El Gobierno del Estado, concretamente, cuya ausencia es notoria al momento de obligar al vendedor a pagar los trámites de subdivisión, factibilidad e introducción de servicios, registro de operaciones; y en lo federal, el celoso requisito del impacto ambiental y el permiso de Ecología, etc.

La denuncia que exponen unos 600 compradores de lotes “a bajo precio” (ni tan bajo, pues no hay servicios y en algunos casos superan los 50 dólares el metro).

También el Ayuntamiento evadió responsabilidades. Hay quien jura mirando de frente que el ex síndico, Martín Adán Ruelas Velderráin –disfrazado como Martín Ruelas al registrarse como aspirante a regidor suplente en el actual Cabildo—, hasta promovía esas operaciones dudosas, argumentando ante la duda, que “no pasa nada” y hasta hace poco fue parte de quienes hoy demandan.

Hasta opinó que el tubo de agua introducido por una empresa que el vulgo identificaba como propiedad del ex vocal ejecutivo de Comisión Estatal del Agua, Sergio Ávila, pasaría por esos suelos y de allí se conectarían, como se haría más tarde con la luz y demás servicios, que por razones de interés social debería introducir el Ayuntamiento. Se tardaba, presionarían políticamente creando un grupo de ciudadanos afectados, liderados por un activista de alguna sigla grilla. Fácil ¿no?

Hubo excelente asesoría política desde Hermosillo, pero resulta que esos asesores habrían sugerido y aplicado métodos hoy son motivo de 23 carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía General de Sonora, que generaron revisiones en notarías públicas acusadas de falsear declaraciones y documentos.

Y aquí es donde se preocupa la gente que compró de buena fe, pues lo habría hecho ante notario, el fedatario público, el dueño de la confianza según la teoría que le concede la patente para vigilar el cumplimiento de contratos públicos o privados. Y qué decir del Catastro o el Registro Catastral y Registral. Está grande la trama.

Si se revisan las operaciones, tal vez solo se encuentren promesas de venta. Si van más allá, podrían comenzar a tapar tanta puerta abierta a la leperada.

Como siempre, el ciudadano acude a la autoridad más cercana, que es el Ayuntamiento, y así comienza a realizarse la “promesa”.

El secretario del Ayuntamiento, Tino Sarabia, aceptaba que debe atenderse a esa gente aún cuando es un tema entre particulares y que el contacto de usufructo está viciado de origen.

El significado de eso es, que los compradores deberán demandar al dueño del terreno adjunto, para exigir un paso de servidumbre, porque ahora viven un estado de indefensión ante el problema.

Coadyuvará la comuna pero también, lo aclara el responsable de la política interna del Ayuntamiento, buscará junto con otras dependencias alternativas de solución, como son Control urbano, Sindicatura, Infraestructura Urbana y la propia Secretaría que ¿dónde estaban los últimos tres años?

La respuesta es, apoyando estos “desarrollos campestres”, Vista Azul, Paraíso y Mar de Cortés, a cambio de… ¿qué?

Rosario Parra, una de las personas afectadas, pidió –a conejo ido, pedradas al matorral-- saber si los terrenos cuentan con los permisos municipales.

Y más vale tarde que nunca, van a crear un comité legal para interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado por fraude, en contra de las personas que aparecen en el contrato de compra venta notariado.

Sería bueno comenzar por allí y que no se oculten nombres, porque es como la oscuridad hace retrasar los procesos.

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