Hermosillo, Son., agosto 14 de 2020.- Con la intención de beneficiar a los municipios de Sonora, diputados integrantes de la Primera y Segunda Comisión de Hacienda, en forma unida, aprobaron modificar el decreto que establece los factores de distribución de participaciones federales para el actual ejercicio fiscal y la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado para el mismo período.
Ante los presidentes de las comisiones de Hacienda, Diana Platt Salazar por la primera y Rogelio Díaz Brown Ramsburgh por la segunda, explicaron Gilberto Cabanillas Hoyos y Gerardo Avitia Encinas, director general de Política y Control Presupuestal y Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda, respectivamente, el origen del escrito presentado por el Secretario de Hacienda estatal, con el que solicitó al Poder Legislativo la intervención a efecto de emitir la disposición para establecer bases, montos y plazos de la distribución de recursos para los municipios, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios de la Ley de Coordinación Fiscal.
Cabanillas Hoyos manifestó que en el curso de los primeros meses del año surgió un nuevo concepto de participaciones federales a los estados y municipios, relativo al Impuesto Sobre la Renta (ISR), que se deriva de la enajenación de inmuebles y construcciones, mismo que se dio en el proceso legislativo del paquete federal y se materializó jurídicamente a finales de abril.
“Dado que este concepto es nuevo, no se incluyó en el decreto de factores que se aprobaron en el pasado mes de diciembre y es por eso que se precisa incorporar como concepto participable de los municipios el ISR derivado de la acción de terrenos y construcciones, y establecer factores de distribución al igual que el resto de conceptos de participaciones federales para los municipios”, detalló.
Gilberto Cabanillas agregó que a pesar de que el Estado comenzó a recibir este recurso a partir de enero de este año, no se ha podido canalizar a los municipios dado que no se cuenta con la instrucción de parte del Poder Legislativo para establecer la distribución, por ello tuvieron que formular esta iniciativa para incorporarla a la Ley de Ingresos como un concepto participable y en el decreto de factores.
El Procurador Fiscal consideró como expectativa que deberían ser alrededor de 80 millones de pesos para este ejercicio fiscal, tomando en cuenta que ha sido un año atípico y que han suspendido muchos actos de comercio en Catastro y en el Registro Público de la Propiedad.
A efecto de que sea más equitativa la distribución para los municipios, se consideró con los integrantes de las comisiones utilizar el mismo factor con el cual se distribuye el impuesto derivado de la obtención de premios.
En la discusión general, la diputada Yumiko Palomárez Herrera solicitó que antes de llevarse a votación dicho dictamen, se realizará una mesa de trabajo para analizar y complementar la propuesta, puesto que es una responsabilidad cuidar y velar los intereses de los sonorenses, sobre todo al tratarse de recursos públicos. No obstante, cuestionó el principio de legalidad al considerar que la comisión dictaminadora no estaba trabajando conforme a lo que plasma la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sonora, tal como lo manifiesta en el artículo 8.
Ante ello, los diputados María Dolores del Río Sánchez y Martín Matrecitos Flores reflexionaron sobre la urgencia de aprobar el dictamen como responsabilidad que tiene el Poder Legislativo para que esos recursos se distribuyan a los municipios, y que estos puedan ejercerlos, sea poco o mucho lo acumulado.
Por su parte, el presidente de la Segunda Comisión de Hacienda, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh dijo que, en su experiencia como exalcalde de Cajeme, recursos de esa naturaleza son apremiantes que lleguen, y aunque sean pocos, les ayudan a resolver problemas, sobre todo en situaciones como las que se están viviendo.
También tuvieron participación los diputados Héctor Raúl Castelo Montaño, Fermín Trujillo Fuentes, Luis Armando Colosio Muñoz y Lázaro Espinoza Mendívil.
La diputada Diana Platt Salazar, presidenta de la Primera Comisión de Hacienda, propuso en lo particular hacer una adhesión en los artículos transitorios correspondientes a la periodicidad de las transferencias, tal como lo plasma el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, mismo que fue aprobado por mayoría, para después dar por clausurada la sesión.
Hermosillo, Sonora.- La Diputación Permanente resolvió hoy enviar un exhorto al Presidente de la República para que instruya a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a fin de que solucione el conflicto minero del Sindicato de la Sección 65 del municipio de Cananea, Sonora, y a la Gobernadora del Estado para que brinde apoyos extraordinarios a las esposas y familias de los integrantes de dicha agrupación sindical.
El diputado Carlos Navarrete Aguirre recordó que el 30 de julio de 2007, alrededor de mil 200 integrantes del Sindicato Minero de la Sección 65 decidieron irse a huelga por lo que consideraron graves violaciones a su contrato colectivo de trabajo y a la falta de seguridad que padecían dentro de las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, municipio de Cananea, Sonora.
Dicha huelga fue declarada inexistente por la Junta de Conciliación y Arbitraje, a solicitud de autoridades de la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal, dijo, reclamos que después se comprobó que eran legítimos, sobre todo por los trabajadores que luchaban y continúan en su lucha por defender un bien tutelado por las leyes mexicanas e internacionales, que es la vida.
“Su principal reclamo continúa siendo que la empresa minera brinde seguridad a sus trabajadores, tal como lo prevé nuestra Constitución Federal, de la cual en materia laboral surge una Ley reglamentaria del Artículo 123 de nuestra Carta Magna (Ley Federal del Trabajo)”, aseveró.
Es por esta situación que solicitó a la Diputación Permanente que envíe un exhorto al Presidente de la República para que instruya a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que dé una pronta solución al conflicto minero referido, y que también se exhorte a la Gobernadora del Estado para que brinde apoyos extraordinarios a las esposas y familias de los integrantes del Sindicato Minero de la Sección 65, municipio de Cananea, Sonora.
En otro Acuerdo aprobado en la sesión ordinaria de hoy, la Diputación Permanente resolvió enviar un exhorto a la titular del Poder Ejecutivo estatal, para que dentro de sus atribuciones reconozca la relación laboral de aquellos entrenadores de la Comisión Estatal del Deporte que cumplan con las disposiciones del Artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Luis Mario Rivera Aguilar explicó que el objetivo es que se les brinde certidumbre jurídica y laboral, e igualmente se garantice la seguridad social y cobertura médica de familiares del medallista panamericano, Claudio Zupo, que dependían económicamente del atleta recientemente fallecido.
“No es una situación nueva la que viven los entrenadores y atletas en nuestro país. En el caso de los entrenadores se ha exhibido por distintos medios la incertidumbre con la que viven, al no contar con la posibilidad de acceder a un salario digno, ni prestaciones que logren dignificar su trabajo”, afirmó.
La Comisión del Deporte del Estado de Sonora, encargada de la coordinación de la política estatal en materia de cultura física y deporte, tiene como objetivo el fomento al deporte para lograr impulsar el desarrollo integral de la juventud, sostuvo, por lo que en este sentido, los principales actores encargados de ejecutar dicha política y lograr los objetivos planteados de formación y desarrollo de las personas son los entrenadores.
“No podemos aceptar la idea de que aquellos que tienen la responsabilidad del éxito de nuestra política deportiva estatal no cuenten con el apoyo necesario para cumplir la tarea que les fue encomendada, y por otro lado, la vulneración de los derechos laborales de los empleados de la comisión debido a la imposibilidad de dicho actor de acceder al sistema de salud público o a una pensión, es inaceptable”, externó Rivera Aguilar.
A la par de la iniciativa con punto de Acuerdo, el legislador presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sonora, la cual fue turnada por la Presidencia a la Comisión del Deporte del Congreso del Estado.
Con oportunidad se publicará en la Gaceta Parlamentaria el aviso de la próxima sesión ordinaria de la Diputación Permanente.
GUAYMAS, Son., 10 de agosto de 2020.- Arnoldo Heredia Astorga es originario de este puerto y hoy en Sonora recibe reconocimientos, por encabezar el equipo que diseñó y creó el primer ventilador mexicano patrocinado por capital privado de la entidad.
Es un ingeniero de 25 años de edad, egresado de la carrera de mecatrónica del Instituto Tecnológico de Monterrey. Es también parte de quienes ahora han hecho una gran aportación para ayudar a los pacientes que enfrentan problemas derivados de Covid-19, trabajando hace 4 años para la empresa hermosillense GSE Biomedical, que le encomendó el proyecto.
Arnoldo explicó a medios estatales que durante 10 semanas trabajó en un equipo de 70 personas de varias ciudades para lograrlo, lo cual es notable, pues normalmente habrían tardado hasta dos años. Fue un gran incentivo para acelerar los trabajos, ver la creciente demanda de estos dispositivos ante el también creciente efecto de la pandemia.
Arnoldo y sus compañeros no imaginaba lo que lograrían y “todo se dio muy rápido”. Cuando menos lo pensó estaba en una empresa de Monterrey que ayudaría a fabricar los ventiladores. Los últimos 4 meses “vive” viajando entre Hermosillo, Monterrey o Ciudad de México.
Su aportación para crear el ventilador automático fue implementar el diseño electrónico, la tarjeta gráfica y las propuestas electrónicas. En resumen, la coordinación total del dispositivo, desde los sensores hasta la pantalla, explica el técnico guaymense a quien tocó realizar la parte electrónica, es decir, lo que coordina todo el ventilador y hace que se mueva.
Lo define como el esfuerzo de crear los sensores, la pantalla “y todo lo que significa juntar esa orquesta; es decir, la propuesta de los componentes de inicio electrónico”.
Otorga crédito a la firma regiomontana, que potencializó todo ese prototipo, pero en todo lo demás “fue una colaboración enorme entre empresas e instituciones escolares”.
Arnoldo comentó que desarrollar este artefacto cuya importancia actual es enorme, es algo muy gratificante para su vida personal y laboral; es ayudar a las personas, algo que siempre le ha gustado hacer y está contento porque ayudará a frenar una tendencia que se da en México, donde los pacientes con diagnóstico de Covid-19 fallecen por falta de un ventilador mecánico.
Reconoce que su familia se enorgullece de él, su madre, principalmente; pero agradece a todo aquel que está involucrado en el proyecto por la dedicación impuesta, por “un sacrificio nunca antes visto” de lunes a domingo, a todas horas, trabajando por la misma causa.
“Si esto llega a salvar una vida nos vamos a sentir muy satisfechos”, expresó.
También narró que antes de la emergencia sanitaria, Sonora ya había hecho sistemas similares a los de un ventilador y eso fue de gran ayuda para avanzar en el proceso de elaboración y vencer distintos retos.
Recordó que Grupo Coppel les solicitó a él y sus compañeros de la empresa GSE Biomedical, a cargo del ingeniero mecánico Ramsés Galaz Méndez, emprender ese proyecto, y sintieron resume, “desesperación, miedo e incertidumbre”, al pensar que no terminarían a tiempo para cumplir con necesidades, pero los resultados fueron favorables.
Las cifras del COVID-19 dicen que el 57% de las personas fallecidas por esta enfermedad, no tuvieron acceso a un ventilador. Hoy, Arnoldo Heredia confirma que han construido 200 ventiladores y siguen trabajando para crear todos los que sea posible, para apoyar la cobertura de esta necesidad.
HERMOSILLO, Son., 2 de agosto de 2020.- El Sistema de Administración Tributaria pidió a través de un oficio de la Agencia Décima del Ministerio Público Federal, información a la Secretaría de Hacienda sobre los resultados en copia certificada de 4 tomos y un Disco Compacto, relativo a la auditoría SON/PROREG-CECOP/16.
Es un requerimiento del Dr. Camilo Constantino Rivera, Director de Investigación y Litigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, que revela revisiones a las cuentas del último año de desempeño del el ex Director de Centro Estatal para la Concertación de la Obra Pública, Francisco Arnaldo Monge, pero al parejo, se revisa también el ejercicio del gasto del actual titular de ese organismo, Manuel de Jesús Bustamante.
Las revisiones al actual titular involucrarían conflicto de interés al asignar obra pública, nepotismo y obras asignadas cuyo resultado no fue satisfactorio.
Hermosillo, Sonora.- Exhortos para que las autoridades de Transporte en el Estado implementen un programa de modernización tecnológica y para que la Asociación de Bancos de México coadyuve en evitar el contagio y propagación del COVID-19, mediante la apertura de todas las sucursales de sus agremiados, resolvió enviar la Diputación Permanente del Congreso del Estado.
En el primer Acuerdo, que fue propuesto por la diputada Leticia Calderón Fuentes, se establece exhortar a los titulares de la Dirección General de Transporte y del Fondo para la Modernización del Transporte, a efecto de que todos los municipios que cuenten con el servicio de transporte urbano entren dentro del programa de modernización tecnológica, y que todos los estudiantes accedan al beneficio de la tarifa especial extraordinaria a que se refiere el Artículo 29 de la Ley de Transporte.
Con esto se daría cumplimiento a lo establecido en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto número 83, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora, pues todas las acciones que realiza el Estado se centran en los municipios de Cajeme, Navojoa y principalmente Hermosillo, expuso Calderón Fuentes.
“Los demás municipios no han recibido atención por parte del Estado, solo regular que los concesionarios presten servicio sin importar las condiciones y las obligaciones que la Ley de Transporte marca. A la Dirección de Transporte le falta ampliar el seguimiento de obligaciones en la Ley y el FEMOT pareciera un organismo que trabaja solo para tres municipios”, aseveró la legisladora.
En el segundo Acuerdo aprobado, el diputado Carlos Navarrete Aguirre propuso exhortar a la Asociación de Bancos de México para que coadyuven a evitar el contagio y propagación del COVID-19, mediante la apertura de todas las sucursales de sus agremiados; que funcionen todas sus cajas y laboren todos sus ejecutivos, a fin de evitar la conglomeración de clientes y el tiempo de espera para ser atendidos.
Agregó que aunque poco a poco se han reactivado algunos comercios y por eso las instituciones bancarias deberían abrir más sucursales, ya que son una actividad esencial, sin embargo no ocurre así y como prueba mostró un aviso de un banco en el municipio de Cananea, Sonora, donde solo dos sucursales están abiertas al público.
“La gobernadora del Estado ya solicitó la apertura de más sucursales, más cajas y más ejecutivos atendiendo al público, pero no se ha obtenido una respuesta, de hecho hasta reunión virtual sostuvo con la Asociación de Bancos de México el pasado mes de junio.
Es por ello que esperemos que a través de este exhorto por parte de este Poder Legislativo, la Asociación se ponga del lado del ciudadano, quien es quien les ha generado la riqueza a sus agremiados”, externó.
Como penúltimo punto del orden del día, el diputado Jesús Alonso Montes Piña presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora, con el objeto de otorgarles apoyos a las empresas de la entidad, que les permitan reabrir, adecuarse a la nueva realidad y sobre todo, conservar y generar empleos.
Propuso que se adicione la fracción VII bis al Artículo 136 BIS de la Ley de Hacienda Municipal, a efecto de que se establezca que causará un derecho la evaluación y aprobación del programa interno de protección civil por parte de los ayuntamientos, así como la aplicación de un estímulo de 20 por ciento a los establecimientos y edificaciones señaladas en los incisos a) y g) de la fracción XI del Artículo 8, siempre y cuando realicen el pago de derechos durante los tres primeros meses del año.
La iniciativa se turnó para estudio a la Segunda Comisión de Hacienda. Con oportunidad se informará a través de la Gaceta Parlamentaria, el día y la hora de una próxima sesión ordinaria de la Diputación Permanente.