Sábado 04 de Abril de 2020 22:23

Escrito por Comunicado

Hermosillo, Son., abril 4 de 2020.- Los diputados integrantes del Poder Legislativo del Estado de Sonora acordaron solicitar al Presidente de la República que, ante la pandemia por el COVID-19 ordene el cierre parcial de la frontera de Sonora con Estados Unidos de Norteamérica, y que se tomen los controles y restricciones necesarias para evitar el tránsito entre ambas fronteras de personas que no se dediquen a actividades esenciales, por lo menos hasta el 30 de abril del presente.

El Acuerdo emitido por la Presidencia de la mesa directiva, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, y las representaciones parlamentarias de la LXII Legislatura, establece que México se ha mantenido con una posición pasiva ante la amenaza del tránsito de personas contagiadas que se internan en el país, sin los mínimos controles de salubridad o alguna restricción por autoridades mexicanas.

“Ante esta grave y urgente acción exigimos al Gobierno Federal el cierre parcial de la frontera con Estados Unidos de América y que se tomen los controles y restricciones necesarias para evitar el tránsito de personas que no sea debido al desarrollo de actividades esenciales, por lo menos al 30 de abril”, destaca el escrito signado el 2 de abril del presente.

Señala que al 30 de marzo de este año, el COVID-19 había afectado a 723 mil personas a nivel mundial, de las cuales habían fallecido 34 mil y 152 mil habían vencido la enfermedad, mientras que Estados Unidos es la nación con más casos registrados de coronavirus, con 163 mil 429 contagiados y 3 mil ocho muertos, según informa en tiempo real The Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de la John Hopkins University.

En el Acuerdo, los legisladores sonorenses mencionan que el pasado 20 de marzo, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, ordenó cerrar la frontera con México para viajes no esenciales, a fin de frenar la propagación de la pandemia, medida que entró en vigor el 21 de marzo en toda la frontera terrestre por un periodo de 30 días, sujeto a extensión previa revisión.

De acuerdo con el Artículo 64 de la Constitución local, esta Soberanía cuenta con varias facultades legales, dentro de las que destaca la consagrada en la fracción XXXV de dicho numeral, que a la letra dice:

XXXV: Para velar por los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado, y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general.

Por lo tanto, en atención a los términos de la disposición constitucional mencionada, “los diputados del Congreso del Estado estamos obligados a velar por los intereses de la población a la que representamos, procurando llevar a cabo nuestras acciones legislativas con base en las necesidades reales del Estado, guiando nuestro actuar de conformidad con la retroalimentación que obtengamos de la ciudadanía, que demanda que este Poder Legislativo se pronuncie en el sentido de exhortar al Presidente de la República a que emita la restricción señalada”, señalan.

“Consideramos que en relación a este importante tema de salud pública, debemos ser un conducto para canalizar el sentir de la población de nuestro Estado. De igual forma estimamos necesario exhortar respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora, para que realice las gestiones necesarias y urgentes con el titular del Poder Ejecutivo Federal para el cierre parcial de la frontera de Sonora con EUA, debido a la pandemia por el COVID-19, por lo menos hasta el 30 de abril", puntualizaron.

Jueves 05 de Marzo de 2020 14:01

Escrito por Comunicado

Hermosillo, Son., marzo 5 de 2020.- El Poder Legislativo recibió una iniciativa con proyecto de decreto que presentó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, para reformar el Código Penal, el Código Civil y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el objeto de que las mujeres no sean violentadas y acosadas mediante el llamado “ciberacoso”.

Ante la presidenta de la mesa directiva, diputada Magdalena Uribe Peña, la titular del Poder Ejecutivo estatal hizo entrega de lo que llamó una batería de reformas a leyes, que de aprobarse, permitirán al Ministerio Público dictar una medida cautelar para que imágenes como videos y fotografías que se suben a la red, sean bajadas  y que no permanezcan en el tiempo, explicó.

“Estamos marcando historia y creo que este Congreso lo hará, en una batería de reformas a leyes, tanto al Código Penal, al Código Civil y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esto está basado en la lucha de una joven veracruzana llamada Olympia, que ustedes recordarán, y básicamente de lo que se trata es de empujar con todo para que no más mujeres y sobre todo jóvenes, sean violentadas, acosadas mediante el ciberacoso y que marquen su vida para siempre”, aseveró.

La Gobernadora del Estado dijo que ha conocido muchas historias de mujeres a las que se les ha destruido la vida por ese tipo de situaciones, por lo que Sonora tiene que ir a la vanguardia, escuchar a las jóvenes que piden mayor velocidad en las investigaciones.

Explicó que la iniciativa plantea reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el objeto de que se considere como grave este tipo de delitos sexuales, y se incluirá a los órganos desconcentrados que reciban dinero público.

La diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada hará suya la iniciativa una vez que sea turnada a comisiones en el Pleno del Congreso, informó la titular del Poder Ejecutivo estatal, pero espera que todas y todos los diputados, a la mayor celeridad, la aprueben.

En la entrega del documento estuvieron presentes diputados integrantes de la LXII Legislatura; la fiscal del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez; la directora del Instituto Sonorense de las Mujeres, Blanca Luz Saldaña López; la presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Guadalupe Taddei  Zavala; magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa y funcionarios públicos.

Jueves 27 de Febrero de 2020 14:15

Escrito por Comunicado

Hermosillo, Son., febrero 27 de 2020.- Iniciativas para modificar las leyes del ISSSTESON, de Educación, de Fomento de la Cultura y Patrimonio Cultural, y de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, presentaron diputados en esta última sesión ordinaria de febrero.

La diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada, presidenta de la mesa directiva, agradeció el apoyo de sus compañeros en el desarrollo de los trabajos durante este mes, una vez presentadas las iniciativas, a las cuales dio turno para su estudio y posterior dictaminación.

De acuerdo al orden del día aprobado, la diputada Diana Platt Salazar presentó un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con el objeto de garantizar a los servidores públicos estatales y organismos incorporados al ISSSTESON, el derecho humano a la salud, en específico la atención y tratamiento del cáncer.

“Considero que la atención y tratamiento de una enfermedad tan seria y, en algunos casos fatal, como lo es el cáncer, no debe ser condicionada, primero a determinación por parte del Instituto, es decir, si será considerada como enfermedad profesional o no, y segundo, en caso de que sea considerada como no profesional, a que la atención del derechohabiente sea por un máximo de 52 semanas por parte del ISSSTESON”, expresó.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Salud, mientras que la Comisión de Educación y Cultura estudiará la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación para el Estado de Sonora, que presentó la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada, a efecto de desarrollar en dicha legislación, de una forma más puntual, el tema de la vinculación de las instituciones de educación superior con la sociedad y los sectores productivos.

“Tanto en las universidades e institutos tecnológicos y en las diversas instituciones de educación superior, públicas y privadas, existen programas de vinculación que se traducen en una efectiva herramienta de participación y apoyo social. Con ese reconocimiento es que la presente iniciativa pretende apoyar, de manera legal, los esfuerzos que se llevan a cabo y con el objeto de que se convierta en una política pública que le dé aun mayor impulso a la vinculación académica con la sociedad”, aseveró.

La Comisión de Educación y Cultura también estudiará la iniciativa presentada por la diputada María Alicia Gaytán Sánchez, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Sonora, por considerar que en dicha norma existen vacíos para resaltar la figura y la importancia del cronista en la historia de Sonora.

Expuso que dicho cargo es visto como una carga presupuestaria innecesaria y la labor desempeñada por el mismo es reducida, razón por la cual propuso la obligatoriedad de que en cada Municipio haya un cronista; los requisitos, a efecto de que el cargo sea asumido por una persona que tenga las capacidades y conocimientos técnicos de la materia; los supuestos en caso de que pudiera dejar el cargo; y el procedimiento de elección, entre otros.

La Presidencia turnó a las comisiones de Desarrollo Urbano y de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, presentada por el diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz, a fin de establecer en dicha norma una mayor cobertura al fomento de la cultura y protección al medio ambiente por parte de las desarrolladoras inmobiliarias.

Propuso que tengan la obligación de sembrar por lo menos un árbol de naturaleza regional por cada casa habitación que entreguen, en razón de la compra venta realizada por las inmobiliarias, para fomentar la participación de todos los sectores públicos y privados en la cultura de la protección y cuidado del medio ambiente.

En el siguiente punto del orden del día, el diputado Filemón Ortega Quintos presentó un posicionamiento con motivo del Día Internacional sobre las Enfermedades Raras, que se conmemora este 29 de febrero.

Hizo un llamado al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Salud para que brinden la importancia correspondiente a este tipo de enfermedades, y con sus acciones busquen siempre el beneficio de aquellos pacientes que viven con estos padecimientos, ya que en Sonora no se cuenta con un registro confiable, pero se estima que existen cerca de 170 mil pacientes y el 80 por ciento son niños.

Antes de clausurar la sesión, el Pleno eligió a la diputada María Magdalena Uribe Peña para que presida los trabajos del Congreso del Estado durante marzo. En la mesa directiva también participarán las diputadas Marcia Lorena Camarena Moncada, como vicepresidenta; Gricelda Lorena Soto Almada, como primera secretaria; Rosa Icela Martínez Espinoza, como segunda secretaria; y Miroslava Luján López, como suplente.

El Pleno sesionará el martes 3 de marzo, a las 11:00 horas.

Martes 25 de Febrero de 2020 14:12

Escrito por Comunicado

Hermosillo, Son., febrero 25 de 2020.- Hasta una pena máxima de 65 años enfrentarán quienes incurran en el delito de feminicidio, aprobó el Pleno del Congreso del Estado, a la par de otro Decreto que adiciona la Ley del Registro Civil, a efecto de que las actas que expida la autoridad registral no estén sujetas a plazo alguno, con lo cual estos documentos no perderán su valor con el paso del tiempo.

Ambos decretos fueron dictaminados por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el primero con base a una iniciativa presentada recientemente por el diputado Carlos Navarrete Aguirre, mientras que el segundo lo presentó el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 8 de octubre de 2019.

El dictamen con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 263 BIS-1 del Código Penal para el Estado de Sonora establece, entre los considerandos, que los datos duros de la Secretaría de Seguridad Pública dejan en evidencia que desde el establecimiento de la figura del feminicidio, esta conducta de extrema violencia hacia las mujeres no ha disminuido, sino que se ha incrementado.

“Cabe destacar que la diferencia entre la cantidad de casos de feminicidio y homicidio doloso en contra de mujeres es muy pequeña, presentándose números muy similares entre uno y otro ilícito, siendo en 2016 cuando ambos presentaron la misma cantidad de manifestaciones, mientras que en 2017 y 2018 se presentó de manera preocupante una cantidad mayor de feminicidios que de homicidios dolosos, donde la víctima era mujer, pero no se actualizaba ningún supuesto que acreditara que era homicidio por razones de género”, destaca el considerando.

Ante este panorama es que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dictaminó el proyecto que propone incrementar la pena de prisión mínima a 45 años y la máxima a 65 años, más multa de mil a mil quinientas Unidades de Medida y Actualización. Actualmente, el Código Penal establece una penalidad mínima de 30 años y una máxima de 60 años.

En el segundo Decreto que aprobó la asamblea se establecerá en la Ley del Registro Civil que la vigencia de las actas de nacimiento y las copias certificadas de las mismas, que expida la autoridad registral, no estarán sujetas a plazo alguno, con lo cual se garantizará no sólo el derecho de las personas a contar con un documento que acredite su identidad, sino que no perderán su valor con el paso del tiempo.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos propuso adicionar un Artículo 52 BIS a la referida legislación, con base a una iniciativa del grupo parlamentario del PAN, que argumentó la necesidad de que los elementos de identidad que son plasmados en las actas del Registro Civil, deben mantenerse vigentes, sin importar la fecha en la que hayan sido emitidas.

El acta de nacimiento o sus certificaciones expedidas por el Registro Civil del Estado de Sonora no tendrán fecha de vencimiento o caducidad, por lo que las instituciones de carácter público o privado, instituciones educativas de cualquier nivel escolar, así como en los centros de trabajo, deberán de tomar como válidas para cualquier trámite, acto o forma de identificar con la simple presentación de la certificación expedida por el Registro Civil, independientemente de la fecha en que fue emitida, establece la adición.

Y agrega que será siempre y cuando dicho documento se encuentre en buen estado, sea legible, no presente alteraciones visibles y puedan distinguirse los elementos de identificación a que se refiere el Artículo 52 de la Ley del Registro Civil.

En esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó un Acuerdo que resuelve exhortar al Comisionado Ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, así como a los 72 presidentes municipales, con el objeto de que la producción total de plantas en los viveros estatales y municipales sea cien por ciento nativas, y que la selección de las especies reproducidas sea acorde a las condiciones climáticas de las diferentes regiones del Estado.

El diputado Luis Mario Rivera Aguilar propuso que a dicho Comisionado, junto con la titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, CIDUE, del Ayuntamiento de Hermosillo, se les exhorte para que las instancias encargadas de llevar a cabo las actividades de planeación urbana y reforestación, utilicen, incentiven y promocionen obligatoriamente las especies nativas en espacios públicos y privados.

Un tercer punto dentro del Acuerdo aprobado establece exhortar a ambos funcionarios, a fin de que promuevan, incentiven y lleven a cabo convenios de colaboración tripartita, entre gobierno estatal, municipal y organizaciones de la sociedad civil, para la producción y plantación anual mínima de 20 mil plantas nativas destinadas a la reforestación urbana, de manera permanente.

Jueves 20 de Febrero de 2020 18:42

Escrito por Comunicado

Hermosillo, Son., febrero 20 de 2020.- El Pleno del Congreso del Estado resolvió exhortar al Presidente de la República, para que a través de la Secretaría de Gobernación declare la alerta de violencia de género en el país, y aprobó un Decreto para integrar el Registro Estatal de Víctimas, en el cual se incluirá a las niñas, niños y adolescentes del Estado de Sonora en situación de orfandad por feminicidio.

En la misma temática, en esta sesión ordinaria se presentaron iniciativas para que la penalidad a quien cometa el delito de feminicidio vaya de 40 a 80 años de prisión en lugar de 30 a 60 años como está actualmente, y para que este Poder Legislativo cuente con una unidad técnica para la igualdad de género, mismas que se remitieron para estudio a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y para la Igualdad de Género, respectivamente.

El Acuerdo que resuelve exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación declare la alerta de violencia de género en el país, también está dirigido a las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, a efecto de que soliciten al Presidente de la República dicha declaratoria.

La diputada Leticia Calderón Fuentes presentó esta propuesta al Pleno, la cual inicialmente planteaba declarar la alerta en la entidad, por considerar, expuso, que en el Estado de Sonora la violencia de género contra las mujeres ha ido en aumento en los últimos años.

Refirió que el Artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la Alerta como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, en tanto el Artículo 25 establece que corresponde al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, hacer la declaratoria y notificar al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate.

En el punto tercero del Acuerdo se establece exhortar a la Gobernadora del Estado, para que con independencia de la emisión de la alerta de violencia de género por parte del Gobierno Federal, realice las acciones gubernamentales de emergencia que sean necesarias para enfrentar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y garantizar su seguridad en el Estado de Sonora.

Se acordó incluir en el exhorto al Fiscal General de la República, a la Fiscal General de Justicia del Estado y a los 72 presidentes municipales.

En la discusión de la propuesta participaron los diputados Carlos Navarrete Aguirre, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Eduardo Urbina Lucero, Luis Armando Colosio Muñoz, María Dolores Del Río Sánchez, Alicia Gaytán Sánchez, Jorge Villaescusa Aguayo, Rodolfo Lizárraga Arellano, Filemón Ortega Quintos y Miguel Ángel Chaira Ortiz.

Las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, en forma unida, presentaron al Pleno el dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con base a la iniciativa que el pasado 28 de noviembre presentó la diputada Rosa Icela Martínez Espinoza, que tiene por objeto proteger a los menores de edad que son víctimas colaterales del delito de feminicidio por la privación de la vida de sus madres.

“El padrón de víctimas indirectas del feminicidio permitirá identificar con claridad a las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por el asesinato de sus madres, y brindarles protección a sus derechos”, expresó la legisladora.

El Decreto establece que en la Ley de Atención a Víctimas, de manera explícita, se deja a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, órgano operativo del sistema estatal en la materia, la integración del Registro Estatal, en el cual se incluirá a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

En la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establecen las medidas protectoras especiales que deben llevar a cabo las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para garantizar el respeto a los derechos de los menores en situación de vulnerabilidad, agregó.

En el desarrollo de esta sesión ordinaria, la asamblea aprobó el Decreto mediante el cual se reforman las denominaciones del Título Décimo y de su Capítulo IV, y se adicionan los artículos 148 BIS 2, 148 BIS 3, 148 BIS 4,148 BIS 5, 148 BIS 6, 148 BIS 7 y 148 BIS 8 a la Ley de Salud para el Estado de Sonora, en materia de salud bucodental escolar.

La Comisión de Salud dictaminó, con base a iniciativas presentadas por la diputada Miroslava Luján López, y por los diputados Francisco Javier Duarte Flores y Fermín Trujillo Fuentes, un solo resolutivo que establece disposiciones jurídicas para que la Secretaría de Educación y Cultura, por un lado, y la de Salud, por el otro, fomenten la salud bucodental desde la infancia.

Ambas secretarías deberán dotar anualmente y de manera gratuita a las alumnas y alumnos de preescolar y primaria, de un paquete de salud bucodental consistente en una pasta dental, un cepillo de dientes y un manual de los buenos hábitos del cepillado para la salud bucal, al quedar establecido en el Capítulo Cuarto del Título Décimo, que engloba los programas para combatir de manera especializada a las enfermedades que más afectan a la población infantil del Estado.

Presentan iniciativas y posicionamientos

Para intensificar las penas y sanciones a todos aquellos que cometan el delito de feminicidio, el diputado Luis Armando Colosio Muñoz presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el penúltimo párrafo del Artículo 263 BIS 1, del Título Décimo Sexto, Capítulo III BIS del Código Penal para el Estado de Sonora.

Sostuvo que a pesar del esfuerzo realizado por contar con un marco jurídico que garantice los derechos humanos de las mujeres; que prevenga, atienda y sancione la violencia contra la mujer, aún se requieren mayores esfuerzos, específicamente para atender los feminicidios, por ser la manifestación más cruel de la violencia extrema contra las mujeres y por su profundo impacto social.

En esta iniciativa, que estudiará la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, propone que la penalidad por el delito de feminicidio vaya de 40 a 80 años, en lugar de 30 a 60 años como está establecido en la legislación punitiva de Sonora.

Y a la Comisión para la Igualdad de Género se turnó para estudio una iniciativa presentada por la diputada María Alicia Gaytán Sánchez, con el objeto de crear una unidad técnica para la igualdad de género en el Congreso del Estado, para lo cual propuso adicionar un título décimo sexto a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Explicó que la unidad tendrá como propósito coordinar el proceso de implantación e institucionalización de la perspectiva de género de forma transversal en el diseño, planeación, presupuesto, ejecución y evaluación de los proyectos, programas y acciones del Poder Legislativo, además de contribuir con las acciones que se establezcan en materia de ética, integridad, igualdad de género, prevención de conflicto de interés, hostigamiento y acoso sexual, así como actos de discriminación y violencia laboral.

Y para que los permisionarios que así lo soliciten obtengan una licencia de alcoholes provisional, siempre y cuando cumplan con los requisitos de Ley, el diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, y de las leyes de Hacienda Estatal y Municipal.

Dicha licencia, dijo, tendrá una temporalidad de un año y con un costo del 30 por ciento de la cuota establecida, misma que al fenecer su tiempo y si el permisionario desea continuar con su establecimiento o negocio, deberá cubrir el 70 por ciento restante de la cuota original para obtener la licencia definitiva, así como el costo de su revalidación anual. La iniciativa se turnó a la Segunda Comisión de Hacienda.

La diputada Rosa María Mancha Ornelas presentó por su parte una propuesta con punto de acuerdo para que este Poder Legislativo, en ejercicio de la facultad establecida en los artículos 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 64, fracción I de la Constitución local, presente ante el Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

Lo que se busca es que se reconozca y garantice el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan, en virtud de que la referida legislación federal no reconoce este derecho como política de Estado, lo que se puede interpretar como que están sujetos a medidas discriminatorias, al no ser parte de la promoción de la igualdad de oportunidades, aseveró. La iniciativa será estudiada por la Comisión de Pesca y Acuacultura.

La Presidencia turnó a la Comisión de Transporte y Movilidad una iniciativa presentada por el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño, a fin de adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, para que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC, participe en dicho órgano.

Indicó que la CMIC aportaría los conocimientos técnicos y económicos del comportamiento del servicio de transporte público urbano y de carga, así como de las afectaciones socioeconómicas del aumento de tarifas a dicho servicio.

Los puntos 13 y 14 del orden del día correspondieron a los posicionamientos presentados por los diputados Filemón Ortega Quintos, en relación al tema de viviendas en el municipio de Álamos, Sonora, derivado de la tormenta tropical 19-E, y Carlos Navarrete Aguirre, para recordar a los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, Coahuila, respectivamente.

Ortega Quintos hizo un llamado a que la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión de Vivienda, ambas del Estado de Sonora, den cumplimiento al compromiso hecho por la titular del Poder Ejecutivo estatal cuando ocurrió el fenómeno meteorológico en 2018, con el objeto de que sean beneficiados los ciudadanos cuyas casas resultaron afectadas.

A catorce años de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, donde fallecieron 65 mineros el 19 de febrero de 2006, la exigencia es que se cumpla con el rescate de sus restos, como lo prometió el titular del Poder Ejecutivo Federal, y que se tomen las medidas legales contra quienes resulten responsables por dicho accidente laboral, afirmó por su parte Navarrete Aguirre.

El Pleno sesionará el martes 25 de febrero, a las 10:00 horas.