Sábado 31 de Agosto de 2019 19:35

Escrito por comunicado

Hermosillo, Son., agosto de 2019.- La Comisión de Fiscalización recibió esta tarde los informes de resultados de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y de los 72 municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2018, que se sustentan en las 2 mil 62 auditorías realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF.

El diputado Fermín Trujillo Fuentes, presidente de la Comisión de Fiscalización, recibió la documentación de manos del Auditor Mayor del ISAF, Jesús Ramón Moya Grijalva, quien dio a conocer que en el Poder Ejecutivo, organismos autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, asociaciones civiles y sindicatos, fueron 168 sujetos fiscalizados para un total de 803 auditorías.

Por otra parte, en el ámbito municipal, dijo, fueron 182 sujetos fiscalizados para un total de mil 259 auditorías.

Moya Grijalva también entregó al diputado Trujillo Fuentes un informe general de los resultados de la revisión de las cuentas públicas municipales; un documento: propuesta de calificación de las cuentas públicas municipales; otro documento: encuesta de percepción de la calidad de los servicios públicos; 76 resúmenes de las revisiones a recursos federales; y 51 dictámenes de despachos externos.

Agregó que en el Poder Legislativo fueron solventadas las 17 observaciones que estaban pendientes, mientras que en el Poder Ejecutivo sólo restan 167; en el Poder Judicial se solventaron las doce que tenían; en los órganos autónomos fueron 96 las solventadas y 29 están en proceso de análisis, en tanto las asociaciones civiles solventaron 96 de un total de 128.

El diputado Fermín Trujillo Fuentes, a quien acompañaron el presidente de la Diputación Permanente, Luis Mario Rivera Aguilar, así como las diputadas Diana Platt Salazar, Marcia Lorena Camarena Moncada y María Magdalena Uribe Peña, se comprometió a que en el transcurso de las próximas horas, hará llegar a los 32 diputados la documentación y el CD con la información.

La próxima semana prevén llevar a cabo una reunión de trabajo de la Comisión de Fiscalización, para lo cual invitarán al titular del ISAF a fin de que aclare las dudas que puedan surgir a partir de esta revisión, informó.

La idea es que este análisis y revisión les permita a los diputados llegar al 15 de octubre, fecha límite para que se presenten al Pleno los informes de resultados de las cuentas estatal y municipales, con todas las dudas aclaradas sobre el ejercicio fiscal 2018, sostuvo el presidente de la Comisión de Fiscalización.

Viernes 23 de Agosto de 2019 20:06

Escrito por comunicado

Hermosillo, Son., agosto 23 de 2019.- Iniciativas para modificar las leyes Orgánica del Poder Legislativo, de Educación y de Agua del Estado de Sonora, fueron presentadas durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente y la Presidencia las turnó para estudio a las comisiones dictaminadoras de Gobernación, de Educación y Cultura, y del Agua, respectivamente.

El diputado Luis Mario Rivera Aguilar, presidente de la mesa directiva, cedió en primer término el uso de la voz a la diputada Miroslava Luján López para que diera lectura a su iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el objeto de crear la comisión de diversidad sexual como comisión de dictamen legislativo.

Expuso que para alcanzar la meta de armonizar al 100 por ciento el marco jurídico estatal, de conformidad a lo que disponen los diversos instrumentos internacionales y la Constitución Federal en materia de derechos humanos, especialmente los que se refieren a la comunidad LGBTTTIQ (Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer), resulta necesario que en el Congreso del Estado se cuente con una comisión en la materia.

“Que contemos con una comisión dictaminadora que analice y dictamine exclusivamente todas aquellas iniciativas que se presenten ante este recinto legislativo en temas que conciernen a los miles de sonorenses que forman parte de dicha comunidad, razón por la cual propongo la creación de una comisión de diversidad sexual como una comisión de carácter permanente”, aseveró la diputada Luján López.

Agregó que se requieren acciones legislativas que garanticen el respeto a la dignidad de todas y todos los sonorenses, sea el tema que sea, dejando a un lado los prejuicios que en nada abonan a la solución de los diversos temas que atañen a los sonorenses. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Enseguida tocó el turno de presentar iniciativa al diputado Francisco Javier Duarte Flores, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, con el objeto de establecer la eliminación de las cuotas escolares por concepto de reinscripción.

“En la actualidad es molestia general entre los padres de familia, el hecho de que cada inicio de ciclo escolar las instituciones privadas realizan el cobro por concepto de reinscripción, lo que viene a lesionar gravemente la economía familiar, al tener que destinar una considerable cantidad de dinero a un concepto que resulta irrisorio, inviable e inexplicable”, expresó el legislador.

El erogar una colegiatura mensual es un sacrificio monetario para muchas familias, puesto que en ocasiones tienen que endeudarse para poder cumplir con las obligaciones de pago, dijo, además de que los centros educativos privados cobran un concepto más denominado reinscripción, dependiendo de su modalidad, por lo que se ve muy mermada la economía de las familias.

La iniciativa, que presentó de manera conjunta con el diputado Fermín Trujillo Fuentes, tiene por objetivo fundamental eliminar los cobros por concepto de reinscripción cuando no exista interrupción en la continuidad de los estudios, por considerarlo desproporcionado. Se turnó para estudio a la Comisión de Educación y Cultura.

La tercera iniciativa incluida en el orden del día propone reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Agua del Estado de Sonora, en lo relativo a las unidades de riego, dio a conocer el diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz, quien habló de la necesidad de formalizarlas para que puedan tener acceso a los apoyos de los programas de gobierno tanto Federal como estatal, así como créditos en instituciones bancarias para mejorar la infraestructura, equipamiento y productividad.

“La Comisión Estatal del Agua y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, a través de su Programa de Mediano Plazo 2016-2021, plantean integrar las acciones estructurales y normativas, implementándolas en el corto y mediano plazo que orienten hacia la gobernabilidad del agua en el Estado”, externó.

También para garantizar el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento, como lo ordena el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como contribuir en la organización de unidades de riego, asistencia técnica y modernización de la infraestructura hidroagrícola que incremente la rentabilidad del sector agrícola.

El diputado Chaira Ortiz refirió que los cambios en las políticas de los programas de apoyo oficiales para impulsar el desarrollo tecnológico de dicho sector productivo, durante las tres últimas décadas han sido muy limitados, de manera que en Sonora, de las 929 unidades de riego, poco más del 72 por ciento son deficientes por problemas de organización, infraestructura obsoleta con bajos niveles de eficiencia, mal estado de infraestructura por falta de conservación y falta de asistencia técnica.

La iniciativa será estudiada por la Comisión del Agua. Con oportunidad se informará la hora y el día de la próxima sesión ordinaria de la Diputación Permanente.

Jueves 22 de Agosto de 2019 22:13

Escrito por Muralsonorense.com

+ Despidió a un asesor jurídico sin liquidar sus servicios y hoy podría costarle más de 20 millones de pesos; hay otra demanda similar por hasta 140 MDP

GUAYMAS, Son.- Un  tribunal federal condenó al ejido San José de Guaymas, a dar cumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que esta entidad social celebró con el abogado Felipe Morales Espinoza en el mes de julio de 2009.

El punto tercero de la resolución emitida el 20 de agosto por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través del Juzgado Décimo de la Civil, a donde las partes se remitieron para efectos de alegatos, indica la condena al ejido de “pagar al actor, el Diez Por Ciento del valor de los terrenos que le recuperó” y señala numeración de los juicios de amparo derivados de juicios agrarios 1460/2005 y 1461/2005, referidos en el Contrato Base de la acción, lo que se cuantificará en ejecución de sentencia, a juicio de peritos.

La condena del tribunal también obliga a pagar al actor “los gastos ordinarios y extraordinarios que se originaron en el desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, previa regulación en la ejecución de la sentencia.

La instancia legal no hace condena en costos de su actuación, y pide notificar a las partes para obtener una copia de esta resolución, que será agregada al legajo de sentencias.

De acuerdo a impresiones de abogados especialistas, la resolución ataja cualquier evasiva del ejido señalado y las obligaciones. Tomando en cuenta los gastos de procedimiento y montos por servicio prestado, podrían representar una suma superior a los 20 millones de pesos.

Y HAY MAS PENDIENTES

La condena del tribunal de la Ciudad de México contra el ejido San José de Guaymas, podría tener una secuencia con aquella que derivaría de la demanda interpuesta por similar motivo, por el abogado Jesús Alberto Garza Osuna, a quien también se le suspendió su nombramiento como apoderado legal sin el pago correspondiente de servicios.

Sin embargo, este caso, aunque parecido en el motivo, tendría mayores repercusiones materiales al considerarse que una condena a favor del abogado Garza, podría representar obligaciones al ejido por encima de los 140 millones de pesos, tomando en cuenta los procesos emprendidos para recuperar suelos y detener despojos.

Jueves 22 de Agosto de 2019 22:08

Escrito por Muralsonorense.com

+ Reclamó un predio y evitó la construcción de un local comercial; un Juzgado le negó el amparo al confirmar que no tiene propiedad del suelo del cual se dijo despojado

GUAYMAS, Son.- El terrateniente urbano José Ordaz Aguiar reclamó un predio en el poniente del bulevar Diana Laura Riojas en Guaymas Norte, del cual se dijo despojado y solicitó un amparo contra actos de autoridades, el cual le fue rechazado por el Juzgado de Distrito en Hermosillo.

Los suelos son parte del polígono marcado 8, de una superficie total de casi 29 hectáreas que, en su mayor parte, Ordaz se adjudicó mediante un juicio laboral. La superficie está fuera de ese espacio y fue vendido en diciembre pasado a Jesús Antonio Rodríguez Velázquez, comerciante que edificaría para emprender un negocio y fue afectado por el reclamo.

Se le dio da la razón al comerciante, quien hoy se reserva el derecho de reclamar daños y perjuicios por la actitud del fallido reclamante.

La superficie le fue vendida por Granjas Monarca, sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable hoy en liquidación, precisamente la firma que perdió la demanda laboral interpuesta por Ordaz, quien quiso imponer el criterio de que el suelo vendido era parte del predio adjudicado.

El representante legal de Granjas Monarca, Rodolfo León, dijo que se litigó un procedimiento ordinario que aclara la mala intención enfrentada y confirma la capacidad de los verdaderos dueños, de resolver lo necesario y entregar la superficie con escrituras protocolizadas, lo cual su adversario no puede hacer.

Incluso celebró que la escritura del predio cedido en venta en diciembre anterior, ya fue entregada y el pequeño empresario podrá continuar su proyecto, como podrán hacerlo al menos 7 personas que habrían enfrentado el mismo obstáculo.

AÑEJOS PROBLEMAS

José Ordaz Aguiar no hizo declaraciones, pero no solo este, sino unos 350 casos más existen de familias y personas físicas que le compraron terrenos y carecen de certeza jurídica porque no era el legítimo propietario.

Ordaz trabajaba para Granjas Monarca, cuya representante era la señora Norma Rogers. Ella falleció y él fue nombrado administrador para mantener la venta donde hoy son las colonias Marsella, El Tular, Roca Fuerte, Los Pinos, Femosa y Niza.

Al dejar pendientes reportes de venta y el proceso de escritura, se le retiró el nombramiento, por lo cual presentó una demanda laboral. La Junta de Conciliación y Arbitraje con asiento en Cajeme, le adjudicó cerca de 120 hectáreas, pero no incluía el predio Roca Fuerte, pese a lo cual lo ofreció en venta y entregó suelos, sin la debida documentación.

En su momento, la oficina municipal de Control Urbano entregó al Registro Público de la Propiedad y a Ordaz mismo, el aviso de abstenerse de realizar más ventas, so pena de ejercer acción legal en su contra. Así, el terrateniente no pudo escriturar a sus compradores lo vendido en varios puntos.

Hoy, posesionarios que pagaron su suelo hace 20 años aún enfrentan la inseguridad jurídica.

Martes 06 de Agosto de 2019 20:48

Escrito por comunicado

Hermosillo, Son., agosto 6 de 2019.- Por considerar que a casi cinco años de la contingencia ambiental que afectó la región del Río Sonora aún no se resuelven los problemas de salud provocados por esta situación, la Diputación Permanente acordó enviar un exhorto a diversas autoridades federales y estatales, a efecto de extender la operatividad y mantenimiento de vigilancia epidemiológica y ambiental de Sonora.

El exhorto está dirigido al titular del Poder Ejecutivo Federal, a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, y de Salud, ambas de la Federación; a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS; a la titular del Poder Ejecutivo estatal, a la Secretaría de Salud del Estado y a la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COESPRISON.

El diputado Fermín Trujillo Fuentes presentó la iniciativa con punto de Acuerdo en conjunto con el diputado Francisco Javier Duarte Flores, a efecto de extender en el acuerdo de voluntades suscrito entre la COFEPRIS y la representación de la empresa minera Buenavista del Cobre, la operatividad y mantenimiento de la unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental de Sonora, hasta que se resuelvan totalmente los problemas de salud provocados por la contingencia ambiental que inició el 6 de agosto de 2014.

Después de realizar una relatoría de lo ocurrido con el derrame de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora hace cinco años, el legislador dijo que el ex titular de la SEMARNAT, Juan José Guerra Abud, responsabilizó a Grupo México por esta contingencia y determinó que la minera tendría que resarcir los daños ambientales y de salud de la población.

Recordó que la PROFEPA, la SEMARNAT, la COFEPRIS y la CONAGUA, dieron un informe el 26 de agosto de 2014, en el que refirieron que, aunque la empresa argumentó que el percance lo ocasionaron las lluvias, reportes del Sistema Meteorológico Nacional demostraron que era falsa esta aseveración.

En el tema de la contingencia ambiental, el diputado Luis Mario Rivera Aguilar, presidente de la mesa directiva de la Diputación Permanente, presentó el posicionamiento: “el peor desastre ecológico relacionado con la minería en la historia del país: el derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi provocado por la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México”.

“El problema con Grupo México, además del daño ecológico que su responsabilidad ocasiona, es la falta de seguimiento por parte de las autoridades a los problemas competentes, como Pasta de Conchos, el Río Sonora y el Río Bacanuchi; en esos casos no ha habido el seguimiento adecuado y se presupone impunidad al respecto”, aseveró.

Rivera Aguilar recordó que recientemente ocurrió un derrame de 3 mil metros cúbicos en el Mar de Cortés, que aunque luego de la evaluación que emitió la PROFEPA y la denuncia de 50 irregularidades en la empresa minera Buenavista del Cobre, Grupo México pagó una multa de 23 millones de pesos y conformó un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para atender las afectaciones en la zona, a nivel ambiental y social, tales multas y compensaciones no impactan al ser la cuarta empresa en capital en la Bolsa Mexicana de Valores.

“Con la Ley de Responsabilidad Ambiental se busca establecer responsabilidades directas a quienes causen daños al ambiente, exigiendo reparación y compensación de dichos daños cuando sea pertinente, a través de los procesos jurisdiccionales locales y reconocer el derecho de acción judicial a quienes sean directamente afectados en su salud y en su patrimonio”, externó.

A favor de reforzar la actividad minera en Sonora, para lo cual como diputados pueden ser el conducto eficaz entre las instituciones y el sector minero, se pronunció la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada, y que se revisen los protocolos y esquemas de seguridad.

Hacer equipo con los ciudadanos y ser gestores ante las instancias locales y nacionales para que la actividad minera se realice dentro del marco normativo es otra de las acciones que propuso la legisladora.