Sábado 12 de Noviembre de 2022 19:09

Escrito por Muralsonorense.com

+ Alza la voz alcalde ante derrames, pero coadyuva para solucionar el problema

EMPALME, Son., 12 de noviembre de 2022- El alcalde Luis Fuentes Aguilar alzó la voz ante la Comisión Estatal del Agua (CEA) pidiendo inmediata solución al derrame de drenaje que se presenta en la ciudad, pero al mismo tiempo ofreció coadyuvar en esa solución.

Anunció que las utilidades de la Expo-Gan Empalme 2022 se utilizarán en comprar material para reparar las fugas, en este caso tubería.

El presidente municipal acudió al punto donde fluía gran cantidad de aguas negras, en bulevar Independencia y Las Américas, donde se entrevistó con Cristina Navarro, directora técnica de Operaciones de la CEA en Guaymas, Empalme y San Carlos.

Le pidió a la funcionaria celeridad en los trabajos para reparar esta fuga, recibiendo el compromiso que este mismo día quedará solucionado el problema.

Dijo que se puso a disposición para contribuir a solucionar el problema, pues si bien no es un asunto que competa de manera directa al Ayuntamiento, al final de cuentas se ve afectada la ciudadanía “y en ese sentido nos vemos obligados a intervenir y aportar lo que podamos”, enfatizó.

Una vez reparada la fuga, Ayuntamiento y CEA clorarán el área afectada por derrames a fin de reducir riesgos de enfermedades tanto en la piel, como gastrointestinales, típicas de estos problemas.

Por su parte, Cristina Navarro comentó que la fuga en el cárcamo 4 ya se había reparado desde la tarde anterior, pero al anochecer nuevamente “tronó” y debieron reiniciar los trabajos que deberían quedar listos este sábado.

Miércoles 09 de Noviembre de 2022 10:07

Escrito por comunicado

Hermosillo, Son., noviembre 8 de 2022.- La Ley que prohibirá al Gobernador del Estado otorgar pensiones que no cumplan con los requisitos legales fue aprobada por el Pleno del Congreso, para terminar con abusos cometidos por anteriores gobernadores que otorgaron pensiones vitalicias a personas que en su mayoría no cumplían con lo que establece la Ley para ser beneficiados.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presentó el dictamen con proyecto de Ley que adiciona una fracción XIV al Artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Sonora, disposición que se refiere a lo que le está prohibido al titular del Poder Ejecutivo estatal, por lo que la adición dice: “Otorgar pensiones que no cumplan con los requisitos previstos en la Ley”.

El diputado Jacobo Mendoza Ruiz, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dio lectura al dictamen que se elaboró con base a una iniciativa que el Gobernador del Estado presentó ante esta Soberanía el 28 de octubre de 2021 y en la cual argumenta lo siguiente:

Una vez que concluye la vida productiva de una persona, tiene derecho a gozar de una pensión que le permita vivir en la tranquilidad, este derecho se encuentra establecido en la mayoría de las legislaciones de las entidades federativas, estableciendo los requisitos y montos para acceder a ellas.

Por eso es que resulta injusto que existan acciones de funcionarios públicos que de manera discrecional o sin atribuciones tomen ese derecho en sus manos y otorguen pensiones a personas que no cumplen con los requisitos de Ley para obtener este beneficio.

La dictaminadora consideró que con esta prohibición que se pretende establecer en la Constitución local, se garantizará que, en lo sucesivo, no se afecte por una indebida decisión unilateral del Ejecutivo, el sistema de seguridad social que tanto esfuerzo y recursos le ha costado construir a las y los servidores públicos del Estado.

Una de las consideraciones del dictamen establece que, a pesar de las disposiciones preventivas, tanto en la Constitución Federal como en la Ley del ISSSTESON, no existe una protección legal completa a los recursos que forman parte del fondo y del sistema para el otorgamiento de pensiones, que deben ser en beneficio exclusivo de las y los trabajadores que con sus propios recursos coadyuvan al sostenimiento de dicho sistema, para poder disfrutar de sus frutos cuando llegue el momento de retirarse.

Agrega que aún hay lugar a interpretaciones dolosas que han permitido el otorgamiento indebido de pensiones a personas que no cumplen con los requisitos para obtener una pensión con cargo a los recursos que aportan los servidores públicos en activo, pues en palabras del actual Gobernador del Estado, “nos encontramos gobernadores anteriores que abusaron de la confianza que les otorgó la ciudadanía y emitieron decretos para otorgar pensiones vitalicias a personas que en su mayoría no cumplían con los requisitos legales para ser beneficiados”.

La Ley será enviada a los 72 ayuntamientos para su aprobación o rechazo, en su caso, por lo que una vez aprobada por la mitad más uno de los cabildos, será enviada a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigor.

Turnan iniciativas a comisiones y presentan posicionamiento

En esta sesión ordinaria se presentaron tres iniciativas, una con proyecto de ley y dos con proyecto de decreto, las cuales fueron turnadas por la Presidencia a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Justicia y Derechos Humanos, y de Pesca y Acuacultura, respectivamente.

La primera de estas es un proyecto de ley que reforma el Artículo 97, párrafos tercero, cuarto y quinto de la Constitución Política del Estado de Sonora, para que quede establecido que la Fiscalía General de Justicia del Estado contará, además de las fiscalías en materia de delitos electorales y anticorrupción, con una fiscalía que atienda los casos de tortura.

A nombre de las y los integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, la diputada Rosa Elena Trujillo Llanes expuso que este Poder Legislativo ha incurrido en una omisión absoluta al no haber creado la fiscalía especializada en delito de tortura en la Constitución local o en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, organismo que también omitió crear el reglamento interior de la fiscalía y una unidad encargada de investigar los casos, señaló.

Agregó que en la Ley Orgánica de la FGJE solo se prevé, en el Artículo 63, fracción VI, que es obligación del personal de la Fiscalía General, impedir por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física, psicológica u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La segunda iniciativa se refiere a un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Familia para el Estado de Sonora, en materia de divorcio incausado, que fue presentada por la diputada Margarita Vélez De la Rocha, integrante del grupo parlamentario de MORENA, quien propuso adecuar dicho marco jurídico a los criterios formulados tanto por organismos internacionales como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Indicó que esa forma de divorcio fue establecida en el siglo XIX, concretada con la Ley del Divorcio, promulgada en 1915 por el presidente Venustiano Carranza, la cual, a pesar de ser una reforma progresista en su tiempo, su vigencia se prolongó por casi cien años y a la fecha resulta inaplicable debido al cambio en la sociedad mexicana.

Esto trajo una consecuencia jurídica con un nuevo criterio emitido por la SCJN, que marcó como determinante la protección y respeto al valor fundamental de la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, y dejó en claro que el Estado tiene prohibido intervenir en la elección de los individuos respecto a su estado civil, dijo, por lo que es inconstitucional condicionar la acreditación de causales para otorgar el divorcio cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes.

La tercera iniciativa presentada tiene por objeto dar plena garantía del acceso al esquema de seguridad social integral que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social para las y los pescadores sonorenses, dio a conocer el diputado Ernesto Roger Munro Junior, a nombre del grupo parlamentario del Partido Encuentro Solidario.

Sostuvo que el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de pesca y acuacultura para el Estado de Sonora busca que, desde el ámbito local, se accione de manera conjunta con la legislación federal en la materia, para garantizar a las y los pescadores bienestar y los derechos que les corresponden.

“Se trata de atender a las y los pescadores y a sus respectivas familias en vida, en el aquí y en el ahora, y no esperar como sucedía anteriormente, a que desgraciadamente sufran algún accidente o percance para darles lo que por derecho les corresponde”, expresó.

No permitirán más abusos en materia laboral, señaló, ni contratos de seis meses para que los den de baja por medio de extorsiones y con renuncias anticipadas para no cumplir con la obligación de garantizar la seguridad social, pues la Ley del IMSS es muy clara en el tema y lo que se hace actualmente es ilegal y contraviene los derechos laborales de las y los sonorenses que dedican su vida a la pesca.

Antes de clausurar la sesión y citar para la próxima este jueves 10 de noviembre, a las 10:00 horas, la diputada Elia Sahara Sallard Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA, presentó un posicionamiento en relación con “Noviembre, mes de la vivienda”, en el cual destacó es de suma importancia coadyuvar en los objetivos específicos en materia de vivienda aplicable para el Estado de Sonora.

La idea es que los esfuerzos sean coordinados, dijo, para hacer posible el pleno cumplimiento de la garantía establecida en el Artículo 4° Constitucional, a través del impulso para la asignación presupuestal para la creación de programas de vivienda que permitan que mejore la calidad de vida de los sonorenses, principalmente en condición de vulnerabilidad y con perspectiva de género.

Martes 01 de Noviembre de 2022 12:56

Escrito por comunicado

Hermosillo, Sonora a 01 de noviembre 2022.- Para evitar actos de extorsión y/o corrupción, la diputada local del Congreso el Estado de Sonora, Brenda Córdova Búzani, propone que este hecho se considere como una agravante dentro del ‘Código Penal Del Estado de Sonora’ y de la ‘Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora’ para que la sanción sea de treinta a sesenta años de prisión.

La propuesta que presenta la legisladora Córdova Búzani, es que se considere como falta administrativa grave el que una o un servidor público solicite dinero y obligue a otra u otro servidor público a hacer o dejar de hacer algo, como condición para que siga en su puesto, sin importar el área de gobierno, es decir, legislativo, ejecutivo y judicial.

La integrante de la bancada del Verde Ecologista de México en Sonora, expuso como ejemplo que una o un regidor propietario que ocupe un puesto en alguna dependencia y solicite licencia para tomar un cargo como titular y este le pida dinero o volverá al lugar de inicio para que este se quede sin empleo, “eso es extorsión”.

“Debemos adelantarnos a hechos que pudieran presentarse, como integrantes de la Cuarta Transformación, no permitiremos actos de corrupción o extorsiones, ni cualquier otro delito por parte de servidoras y servidores públicos”, comentó Brenda Córdova Búzani.

Para lograr esta iniciativa, la legisladora Córdova Búzani expuso que se adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora y de la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, de la siguiente manera:

ARTÍCULO PRIMERO. – Se adiciona una fracción V al artículo 293 del Código Penal del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 293.- Al que sin derecho y mediante coacción o intimidación, obligue a otro a dar, hacer, no hacer, dejar de hacer o tolerar algo, con la finalidad de obtener un lucro para sí o para otro, o de causar a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de cinco a quince años de prisión y multa de cien a ochocientas Unidades de Medida y Actualización.

Se impondrá de 30 a 60 años de prisión cuando en la comisión del delito se dé alguna de las siguientes modalidades:

I. Intervengan dos o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos;

II. Se emplee violencia física;

III. Si es cometido en contra de un menor de edad, de una mujer en estado de gravidez o de una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o bien, en contra de una persona mayor de sesenta años;

IV. El sujeto activo del delito sea o haya sido, o se ostente sin serlo, integrante de alguna institución policial o servidor público en alguna de las áreas de prevención o persecución de delitos, administración de justicia o reinserción social; asimismo, cuando porte vestimentas o instrumentos de identificación, de los utilizados por integrantes de instituciones de seguridad pública; o tenga alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima o con sus familiares;

V. Sea cometido por un servidor público, por sí mismo o utilice a otra persona, para solicitar recursos o algún beneficio para sí o para otra persona, como condición para permitir que otra persona continúe desempeñándose como servidor público.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se adiciona un artículo 68 BIS a la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 68 BIS. – Cometerá extorsión la o el servidor público que, por sí mismo o mediante otra persona, mediante coacción o intimidación, obligue a otro a dar, hacer, no hacer, dejar de hacer o tolerar algo, con la finalidad de obtener un lucro para sí o para otro, o de causar a alguien un perjuicio patrimonial, o condicionándolo para que continúe desempeñándose como servidor público.

Por último, la diputada Córdova Búzani, informó que la presente iniciativa se turnó a la comisión de justicia y derechos humanos, para citar a reunión en los próximos días con el fin dar continuidad.

Martes 01 de Noviembre de 2022 08:28

Escrito por comunicado

Hermosillo, Son; noviembre 1° de 2022.- Para conocer las necesidades financieras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, Sagarhpa; del Instituto de Acuacultura de Sonora y aprobar el proyecto de dictamen que contienen iniciativas a las cuales se les aplicó la figura de caducidad legislativa, se reunieron las diputadas y los diputados de la Comisión de Pesca y Acuacultura.

La diputada Alma Manuela Higuera Esquer, presidenta de la citada Comisión, sometió a consideración el proyecto de dictamen que contiene las iniciativas contenidas en los folios 2730 y 662-BIS-II pertenecientes a la LXI Legislatura y 3387 perteneciente a la LXII Legislatura, para ser desechados, debido a que se consideran desfasados dichos asuntos.

De acuerdo al orden del día, la legisladora cedió el uso de la palabra a Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, Secretaria de Sagarhpa quien junto con su equipo de trabajo brindaron información para fortalecer el sector pesquero en las localidades con mayor grado de marginación, en especial a las mujeres, a través de proyectos de desarrollo; de capacidades y la promoción de prácticas para atender necesidades productivas que generen desarrollo social.

Para que cuenten con equipo óptimo y los insumos necesarios para el desarrollo de la actividad pesquera es necesaria infraestructura pesquera; equipamiento y artes de pesca; proyectos y programas especiales; desarrollo de capacidades y oportunidades de financiamiento.

A través de los programas se pretende trabajar por medio de cooperativas del sector ostrícola; el desarrollo de proyectos en la comunidad indígena Mayo, misma que es liderada por mujeres; la promoción del manejo responsable de los recursos pesqueros y acuícolas en embalses y zona de litoral; inspección en los principales embalses de la entidad; así como la diversificación de la pesca convencional, hacia la transformación y valor agregado, todo ello en conjunto con los tres niveles de gobierno.

Por su parte, Ramón Alberto Nenninger González, director del Instituto de Acuacultura del Estado Sonora hizo la presentación de las necesidades financieras para el ejercicio fiscal del año 2023, en las que destacó el atender los planes de desarrollo para las etnias sonorenses, las zonas costeras, ribereñas, embalses, y zonas marginadas en cuestiones de seguridad alimentaria.

Para lo cual, dijo, se busca fortalecer el gasto de operación e invertir en dos centros de producción, centro acuícola (CAES) y centro reproductor de especies marinas (CREMES), ambas de Sonora, a través de un programa especial del año 2023.

A la reunión asistieron las diputadas María Alicia Gaytán Sánchez, Claudia Zulema Bours Corral y los diputados Jorge Eugenio Russo Salido y Luis Arturo Robles Higuera quienes mostraron su interés para que la actividad del sector pesquero genere un mayor desarrollo y productividad en la entidad y, de esa manera beneficie a los habitantes de Sonora.

El proyecto de dictamen aprobado por los diputados presentes será enviado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para que sea incluido en el orden del día de una próxima sesión.

Martes 25 de Octubre de 2022 15:02

Escrito por Agencias

+ Costará 210 MDP pero tendrá que ser hasta enero, para no entorpcecer el pesado tránsito navideño

HERMOSILLO, Son., 25 de octubre de 2022.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)-Sonora, programó modernizar el tramo de la Carretera Federal No. 15 que cruza a la comunidad yaqui de Vícam.

Así lo anunció el director general del Centro SICT-Sonora, Godofredo Gardner Anaya, al describir tareas de mejora en 3 kilómetros de vía, que se van a modernizar con concreto hidráulico, bajo el cual se colocará nueva infraestructura para alumbrado público, banquetas, estacionamientos y se incluye la reparación del puente peatonal.

La obra es parte del Plan de Justicia Yaqui que ahora será posible una vez eliminado el agresivo bloqueo que por años mantuvieron algunos miembros de la etnia ligados a personas externas.

Se planea rehabilitación total de la carpeta ante las malas condiciones en las que se encuentra, a realizar en 7 meses, con inversión calculada en 210 millones de pesos. Se iniciarán hasta enero entrante, para no tener obstáculos al flujo vehicular típico de las próximas fiestas decembrinas.

Desde hoy se contempla cómo realizar los trabajos con la menor afectación posible a residentes y comerciantes durante el tiempo que se ejecuten y se buscará generar autoempleo entre los residentes.