Lukeville, Az., febrero 23 de 2011.- Elementos de vigilancia de la Patrulla Fronteriza informaron que el viernes por la mañana ubicaron a varias personas que avanzaban a pie, a unos 25 kilómetros de la localidad de Lukeville.
Los agentes fueron hacia ellos y arrestaron a 22 personas mientras el resto del grupo se dispersó, declaró el agente de la Patrulla Fronteriza Eric Cantú.
Los agentes de un helicóptero observaron a muchos inmigrantes escondidos entre los matorrales y los capturaron después a otros 106 indocumentados, agregó.
Los traficantes de personas y posiblemente algunos inmigrantes pudieron huir.
Los 128 detenidos fueron deportados a México o bien fueron encarcelados si tenían alguna cuenta pendiente con la justicia estadounidense.
México, D.F., febrero 23 de 2011.- En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que en un operativo desarrollado por personal del Ejército Mexicano se detuvo a uno de los probables responsables del homicidio del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ocurrido el pasado 15 de febrero.
Añadió que en las próximas horas, se proporcionará a la opinión pública mayor información.
Ciudad de México, febrero 22 de 2011.- La Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal consignó a Manuel Alejandro Orduña Corrales por posesión con fines de comercialización del estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína.
El indiciado fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, durante una revisión de rutina practicada por elementos de la Policía Federal, al momento de su arribo en el vuelo 287 de procedente de Guadalajara, Jalisco, con destino a Madrid, España.
Orduña Corrales transportaba en el estómago 70 cápsulas en forma de pequeñas salchichas, las cuales contenían aproximadamente 707 gramos de cocaína.
El detenido y la droga fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al AICM.
León, Guanajuato, febrero 21 de 2011.- Tres personas que atendían un puesto semifijo de venta de mariscos en León, Gto., fueron aprehendidas por elementos de la Policía Ministerial, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que fueron denunciados por inspectores de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Guanajuato.
Inicialmente, en las oficinas de la Delegación se recibió una denuncia ciudadana la cual señalaba que en un local de venta de mariscos, ubicado en la calle 16 de Septiembre, en la Colonia El Duraznal, se estaban comercializando huevos de tortuga marina.
Esta versión fue plenamente confirmada por personal de la Subdelegación de Recursos Naturales en labores de investigación que realizó en el lugar durante varios días, percatándose de que se ofrecían y pedían los huevos como “limones” y se sacaban de un carrito, junto a una casa habitación que funcionaba como local semifijo.
Fue así como el pasado 17 de febrero, la Delegación de la PROFEPA en Guanajuato interpuso la denuncia penal en la Agencia del Ministerio Público Federal, y ofreció todos los datos sobre la ubicación del sitio investigado, así como de los probables responsables, denuncia que ese mismo día fue ratificada.
Y al día siguiente, el 18 de febrero, personal de la Policía Ministerial de la PGR y de la PROFEPA, en forma coordinada, realizaron un operativo en la colonia El Duraznal, encontrando en cuatro bolsas dentro del carrito un total de 401 huevos de tortuga marina, cuya procedencia legal no pudo ser acreditada.
Fue por ello que las tres personas que atendían el puesto, fueron aprehendidas por los elementos policíacos y presentadas ante el MP federal, a cuya disposición quedaron, junto con los subproductos asegurados y $1,900 (mil novecientos pesos) que era la venta del día.
De acuerdo con el artículo 420 del Código Penal Federal, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y el equivalente de 300 a 3,000 días de multa, a quien ilícitamente recolecte o almacene de cualquier forma huevos de tortugas marinas y se le añadirían tres años más de prisión y mil días multas adicionales cuando esta actividad se realice con fines comerciales.