Baja California Sur, 9 de Diciembre de 2010.- El Gobierno de Baja California Sur y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) suscribieron el Programa de Trabajo Específico para la Prevención, Atención y Seguimiento de Denuncias de los Delitos Electorales y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en el Contexto del Proceso Electoral local 2011.
Durante la firma estuvieron Narciso Agúndez Montaño, Gobernador Constitucional de Baja California Sur; José Luis Vargas Valdez, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales de la PGR; Javier Dovala Molina, Delegado Estatal de la PGR, además de diversos funcionarios del gobierno del estado.
El titular de la Fiscalía subrayó que "el mandato de la FEPADE es y seguirá siendo velar por la legalidad y el respeto a la libertad y autenticidad del voto desde una perspectiva de Estado, con imparcialidad y sin distingos de grupo o partido, en el marco de un absoluto respeto a la soberanía del estado de Baja California Sur."
Asimismo, destacó que la firma del Programa refrenda la voluntad del Estado y del Gobierno de la República para garantizar el derecho de los mexicanos a ejercer libremente su voto.
Manifestó que la suscripción de dicho mecanismo de colaboración representa un paso importante para la consolidación de un blindaje electoral que permita hacerle frente de manera coordinada e integral a los retos y amenazas que se ciernen sobre los procesos electorales,
Por su parte, Narciso Agúndez Montaño, Gobernador de Baja California Sur, destacó la importancia de los compromisos adquiridos por el gobierno del estado y reiteró su compromiso con la imparcialidad y la legalidad.
De igual forma, se suscribieron mecanismos de colaboración con el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral con la representación de sus titulares, Ana Ruth García, Consejera Presidenta, y Augusto Raúl Jiménez, el Magistrado Presidente, respectivamente, con el propósito de promover la cultura democrática, la denuncia ciudadana y la difusión de los delitos de los electorales.