Lunes 05 de Marzo de 2018 13:49

Escrito por Comunicado

+ Definen la tarea del personal naval en funciones de Guardia Costera

CD. DE MÉXICO, 5 de Marzo de 2018.- Para “estar mejor coordinados en la tarea de garantizar la seguridad marítima y a la vez, investigar y procurar justicia respecto a delitos cometidos en las zonas marinas mexicanas”, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Marina firmaron el Protocolo de Actuación del Personal Naval en Funciones de Guardia Costera.

Durante la ceremonia en el edificio sede de la SEMAR, el secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, y el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República, firmaron el convenio de colaboración con el que se da mayor certeza jurídica al actuar del Personal Naval que participa en el desarrollo de las operaciones que le competen a la Secretaría de Marina como Autoridad Marítima Nacional, en funciones de Guardia Costera.

Asimismo, define las atribuciones y participación del personal de la Semar que asume tareas de Guardia Costera, con lo cual se cumple con los requisitos para actuar de manera coordinada con las autoridades competentes, respetando los derechos humanos y en lo establecido en el Manual del Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas.

Al hacer uso de la palabra, el Secretario de Marina destacó su satisfacción por haber concretado la firma del protocolo de actuación del personal naval, en funciones de Guardia Costera, que plasma claramente el actuar de los marinos ante hechos que la ley señale como delitos.

Señaló que se han definido los requisitos para la legal puesta a disposición de quienes infrinjan la ley en las zonas marinas, costas y recintos portuarios mexicanos y que “el actuar de nuestros marinos navales tendrá mayor transparencia y legalidad, lo que se traducirá en mayor seguridad para el sector marítimo nacional”.

Observó que todo ello se da en coordinación y colaboración con las autoridades responsables de la seguridad pública y procuración de justicia.

Por su parte, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, celebró suscribir el Protocolo porque con éste, el personal naval, garante de la seguridad en superficies marítimas, como el personal de la Procuraduría, responsable de la investigación y persecución penal, podrán activar un protocolo de actuación que establece las acciones a realizar ante la comisión de un delito”.

Acompañado por el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Omar Hamid García Harfuch, el subprocurador enfatizó, esta herramienta brinda directrices de coordinación entre la Marina Armada de México y las autoridades encargadas de la seguridad pública y de procuración de justicia, traduciéndose en certeza jurídica para el personal naval y contribuyendo a una investigación eficaz y eficiente de los delitos que se cometen en las zonas contempladas.

“Estamos hablando de cómo enfrentar las amenazas a la seguridad pública, que representan la trata de personas, la piratería, el tráfico ilícito de drogas, armas, migrantes, flora o fauna silvestre, entre otros delitos, cometidos en los más de 3 millones de kilómetros cuadrados  que abarca la superficie marítima del Estado mexicano”, apuntó.

Por ello resaltó la importancia de tener certeza jurídica y claridad en sus competencias, para generar sinergias en el combate a la delincuencia marítima bajo el sistema penal acusatorio. Dijo además que, a fin del mes pasado, esta coordinación les ha llevado a iniciar 439 carpetas de investigación en las Delegaciones, derivado de los asuntos puestos a disposición por la Secretaría de Marina.

Lunes 05 de Marzo de 2018 13:46

Escrito por Comunicado

+ Son presuntos responsables del robo de hidrocarburos; se presume son parte de una red que alteraba válvulas para cometer el ilícito

CD. DE MÉXICO, 5 de Marzo de 2018.- La Secretaría de la Función Pública suspendió de su cargo a ocho servidores públicos adscritos a Petróleos Mexicanos, quienes presuntamente participaron en el robo de hidrocarburos.

La Unidad de Responsabilidades en Pemex realizó una investigación en coordinación con la empresa del Estado, que permitió detectar presunta participación de trabajadores asignados al Sector Ductos Minatitlán de Pemex Logística.

Se presume que dichos servidores públicos forman parte de una red organizada que, de manera reiterada, manipulaba y alteraba válvulas de seccionamiento San Octavio del Poliducto Minatitlán–México, en Acayucan, Veracruz, con el fin de apoderarse de manera ilegal de hidrocarburos, en detrimento del patrimonio de Pemex.

Las investigaciones continúan con el propósito de deslindar responsabilidades y determinar el número total de servidores públicos implicados.

La suspensión es una medida cautelar que no prejuzga sobre las probables responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados, aclaró la empresa.

Jueves 01 de Marzo de 2018 17:31

Escrito por Agencias

+ También deberá reparar el quebranto financiero provocado a la entidad

VILLAHERMOSA, Tab., 1 de Marzo de 2018.- El juzgado tercero penal de Tabasco resolvió sobre el expediente 157/2013, una sentencia condenatoria por el delito de peculado en perjuicio del erario público de esta entidad, e impuso pena de 10 años, 10 meses y 15 días de prisión al ex gobernador Andrés Granier Melo.

El documento aprobado y emitido por la autoridad judicial también asienta que el sentenciado deberá cubrir una sanción equivalente a 525 días de multa.

Destaca en el acuerdo del juez, que el señalamiento de ejercicio indebido del servicio público en pandilla, tuvo sentencia absolutoria. La Fiscalía General informó que al comprobar responsabilidad penal en el delito de peculado durante su gestión como gobernador, el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia emitió sentencia condenatoria en contra de Andrés Rafael “N”, quien además de la pena corporal, debe reparar el daño al erario público de Tabasco, calculado en 196 millones de pesos.

Con la determinación de la autoridad judicial quedaron en firme las acusaciones de la fiscalía, establecidas bajo la causa penal 157/2013 por desvíos de recursos del Seguro Popular cometidos durante el ejercicio 2010.

La resolución se emitió este 28 de febrero y confirma el actuar de esta institución ministerial que desde 2013 formuló acusaciones ante las instancias correspondientes a fin de recuperar los recursos públicos desviados en agravio del pueblo de Tabasco.

Las indagatorias hablan de un faltante de 196 millones 918 mil 209 pesos y 60 centavos del sector salud, solo de las revisiones al cuarto año de la administración, que deberán ser reintegrados al patrimonio estatal representado por el Poder Ejecutivo.

El Juzgado Tercero Penal también ordenó que pague una multa de 525 días de salario y una suspensión de sus derechos políticos en tanto permanezca privado de su libertad.

Rafael “N” tiene expedientes abiertos por su gestión en el Gobierno de Tabasco de 2007 a 2012, algunos en proceso y otros en integración.

Miércoles 28 de Febrero de 2018 15:28

Escrito por Agustín Rodríguez L.

CD. DE MÉXICO, 28 de Febrero de 2018.- En un mensaje que se explica por sí mismo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) liberó a la empresa minera Grupo México de cualquier responsabilidad posterior por el uso y destino que se dieron a los 55 millones de dólares e intereses devengados, entregó hace 13 años al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

La organización obrera era entonces encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, a quien se apoda el “Napito”, y en un comunicado, el grupo minero calculó que los ex trabajadores beneficiarios del fideicomiso tendrán derecho al dinero y a los intereses que con posteridad del 3 de marzo de 2005 se hayan devengado y hasta el día de su cumplimiento. Si se calculara el interés legal de 9 por ciento anual, ascenderían a más de 100 millones de dólares.

Al valorar los elementos de prueba ofrecidos por las empresas Industrial Minera México y Grupo México, la autoridad laboral pudo precisar que ambas empresas cumplieron con las obligaciones asumidas ante el sindicato y , por lo anterior, el laudo emitido por la Junta condenó al sindicato encabezado por Gómez Urrutia –hoy exiliado en Canadá--, a devolver a los ex trabajadores 54 millones 84 mil 470 dólares, que el extinto Fideicomiso 10964526 (antes 9645) entregó al sindicato el 3 de marzo de 2005.

Grupo México entregó los recursos al fideicomiso, pero éste fue extinto por Gómez Urrutia, quien posteriormente fue acusado de defraudar a los mineros.

Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Siderúrgicos, Metalúrgicos y Conexos, afirmó que el laudo de la JFCA confirma que Gómez Urrutia desvió a sus cuentas personales el dinero que debió entregar a los obreros de Minera Cananea, propiedad de Grupo México.

Mencionó que Ricardo Rodríguez Rocha, secretario de Trabajo del sindicato dirigido por “Napito”, y diputado federal cuando se realizó el desvío de recursos, confirmó públicamente que el dinero no llegó nunca a los obreros de Cananea. El sindicato de Leija agrupa a 14 mil trabajadores y es opositor al sindicato de Gómez Urrutia.

El “Napito” fue propuesto por el partido Morena de Andrés Manuel López Obrador, para llegar al Senado de la República por la vía plurinominal para la próxima legislatura, lo cual creó debate en el país e indignación entre los trabajadores que se consideran defraudados por aquel que se había comprometido a luchar por ellos.

Lunes 26 de Febrero de 2018 20:12

Escrito por Comunicado

CD. DE MÉXICO, 26 de Febrero de 2018.- La Secretaría de Marina-Armada de México anunció que ha retirado 134 kilómetros de redes de enmalle en el alto Golfo de California.

En comunicado emitido este lunes, señala que en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la Gendarmería Ambiental de la Policía Federal, se mantiene tarea en el Programa de Atención Integral del Alto Golfo de California, lo que ha permitido este logro, que acumula ya unas 976 artes de pesca retirados desde 2015.

En 2018, a dos semanas del anuncio del fortalecimiento del Programa, el aseguramiento de redes se ha duplicado; del 30 de enero al 11 de febrero se aseguraron 4.9 kilómetros, mientras que en los siguientes 14 días se retiraron 9.8 kilómetros, en total 80 redes de enmalle.

La inspección, seguridad y vigilancia por parte de la Secretaría de Marina e instituciones aliadas en esta meta, también registran un aumento que llega al 300 por ciento en millas navegadas y casi el doble de kilómetros recorridos en vehículo. En las últimas dos semanas incrementaron cinco veces inspecciones a personas y embarcaciones, al pasar de 291 a mil 386 revisiones y de 60 a 308.

Mediante aeronaves se han sobrevolado 3 mil 469 millas y en recorridos, vigilado 141 kilómetros a pie y 6 mil 955 kilómetros en vehículos. También se ha navegado 4 mil 677 millas a bordo de embarcaciones tipo Patrullas Interceptoras y clase Defender.

De igual forma, en operaciones realizadas el 8 febrero cuando una Patrulla Interceptora de la SEMAR, en colaboración con personal de la CONAPESCA y la Gendarmería Ambiental, aseguraron embarcaciones menores y efectos, y el 18 de febrero, durante patrullaje de vigilancia, personal naval aseguró 20 redes de pesca, 14 tendidas en la mar y 6 abandonadas en la playa, fueron resguardadas por la CONAPESCA.

El primer enfoque del programa, reiteró la Semar, es apoyar la meta del Gobierno de la República cuando reafirma su compromiso para salvar a la vaquita marina, especie 100% mexicana del Alto Golfo de California.