Viernes 29 de Diciembre de 2017 18:33

Escrito por Muralsonorense.com

CD. DE MÉXICO, 29 de Diciembre de 2017.- El dólar estadounidense cerró la última jornada de 2017 en 20.04 pesos, siete centavos menos que en el cierre previo, y se compró en un mínimo de 18.55 pesos en sucursales bancarias de esta capital.

El Banco de México fijó en 19.6629 pesos el tipo de cambio para cubrir obligaciones en moneda extranjera pagaderas en el país. La mayoría de las principales bolsas de valores europeas despidió con números rojos en 2017, en una jornada de nulos movimientos, ante las próximas festividades de Año Nuevo, salvo por los mercados de Londres y Lisboa, que terminaron con ligera ganancia de 0,85 y 0.36 por ciento.

Con signos negativos resaltó la plaza de Milán con una pérdida de 1.21 por ciento.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.1993, agregando 0.0059 unidades (0.49 por ciento), respecto al jueves pasado, cuando se ubicó en 1.1934 dólares por unidad.

La onza de oro se cotizaba a las 19:27 horas GMT en el World Gold Council en 1,303.50 dólares a la venta y 1,303.15 dólares a la compra, un incremento respecto al cierre previo cuando figuró en 1,289.15 y 1,288.70 dólares, de manera respectiva.

Viernes 22 de Diciembre de 2017 18:29

Escrito por Agencias

+ Fueron millones los que transfirieron ilegalmente a campañas políticas

CHIHUAHUA, Chih., 22 de Diciembre de 2017.- Un ex dirigente priísta fue arrestado como parte de una investigación sobre el uso ilegal de recursos públicos para impulsar las campañas de su partido en las elecciones mexicanas del año pasado, confirmaron funcionarios estatales.

El ex directivo Alejandro Gutiérrez, identificado remarcadamente como es “uno de los aliados del presidente mexicano”, que están bajo sospecha de participar en un esquema de malversación para ganar elecciones y contrarrestar la “profunda insatisfacción con el gobierno”, sostienen ex funcionarios vinculados al plan y cientos de páginas de documentos revisados por el diario estadounidense The New York Times.

El arresto de Gutiérrez, quien fuera secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es parte de una investigación que se amplía sobre la corrupción atribuída al anterior gobernador del estado, quien hacía notar su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario, César Duarte, ahora huye de la ley en los Estados Unidos, pero 6 de sus ex funcionarios estatales han sido vinculados en el caso y algunos ya declaran a la autoridad, lo cual se dijo en el reportaje, ha puesto nerviosos a varios funcionarios de alto nivel del Gobierno mexicano.

Gutiérrez es investigado en relación al plan nacional para canalizar decenas de millones de dólares del dinero público para ayudar a los candidatos del PRI en las elecciones para gobernador de 2016, que canalizó envíos de dinero a los estados con gobernadores cercanos dentro del partido. Luego, los funcionarios crearon una serie de contratos gubernamentales con compañías falsas y la práctica permitió devolver el dinero para destinarlo a las campañas.

En ese momento, los funcionarios del PRI estaban preocupados por perder las elecciones estatales en junio de 2016. Hoy confirman que el patrón de malversación para financiar elecciones se produjo en varios estados donde el PRI temía perder el control.

Los documentos revisados por The New York Times se centran en el esquema de malversación en Chihuahua. Según los registros, millones de dólares del gobierno federal se transfirieron en enero de 2016 a ese estado para usarlos en el sector educativo. Pero se desviaron a cuatro compañías utilizadas para ese fin, un negocio que el auditor fiscal del país incluyó en la lista negra de empresas falsas, en este caso encontradas como proveedores gubernamentales.

Esas empresas fueron contratadas supuestamente para proporcionar servicios educativos, para lo cual recibieron casi 14 millones de dólares y los registros bancarios muestran que el dinero se recibió, pero no proporcionaron esos servicios, según las declaraciones juradas de actuales funcionarios de educación del estado.

Convertido en efectivo, el dinero se devolvió al PRI para que fuera utilizado en las campañas electorales, dicen aquellos funcionarios, uno de ellos Ricardo Yáñez, ex secretario de Educación de Chihuahua, quien cumple sentencia de 4 años en prisión.

LA “PELLIZCÓ” UN POCO

De esos montos, unos 230 mil dólares se depositaron en una cuenta comercial operada por Gutiérrez, el ex secretario del PRI, según los registros bancarios y las declaraciones de los testigos.

La red de pagos sugiere un vínculo entre el esquema de malversación y los líderes nacionales del partido. Los contratos y los registros bancarios muestran que millones de dólares se destinaron a algunas de las mismas empresas falsas, o empresas conectadas a ellas en los estados de Sonora y Durango.

También cientos de miles de dólares en depósitos a compañías por parte del estado de Colima y ahora se indaga sobre el procedimiento que habría operado similarmente en Veracruz y Tamaulipas.

Los funcionarios de Veracruz no respondieron a interrogantes sobre el caso. El actual gobernador de Tamaulipas, que ganó durante la elección en 2016, dijo que ya investigó a sus funcionarios y no encontró ningún contrato con las cuatro principales compañías falsas, pero se indaga sobre más presuntos involucrados.

En el documento de sentencia, Yáñez, el ministro de Educación estatal declarado culpable, es citado diciendo que tanto Gutiérrez como el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, le dijeron que el dinero se envió al gobierno federal para financiar las campañas electorales del partido, lo cual se había hecho también en varios estados.

Duarte huyó a Estados Unidos para evadir cargos federales y estatales de corrupción, que le habrían dejado dividendos irregulares por unos 300 millones de dólares durante su gestión.

La hija de Duarte es ciudadana estadunidense y, de acuerdo con los documentos legales revisados por The New York Times, el ex gobernador solicitó una tarjeta de residencia permanente; hoy estaría viviendo en Texas y Nuevo México, pero no se le ha encontrado para pedirle su declaración.

El presidente del partido oficial en el momento del plan de financiamiento de campañas, Manlio Fabio Beltrones, es aliado desde hace mucho tiempo del presidente y su familia y es también mencionado en el documento de sentencia. El ex gobernador le habría dicho que Beltrones había ideado el plan.

Los casos de la campaña son parte de una amplia investigación en curso en Chihuahua, donde el nuevo gobernador, Javier Corral, le ha encargado a su fiscal general que investigue la corrupción.

En enero de 2016, Chihuahua enfrentaba problemas financieros y necesitaba ayuda para hacer la nómina. Jaime Herrera, el ex secretario de Finanzas del estado en la gestión de Duarte, necesitaba casi 16 millones de dólares para aliviar la tensión financiera.

Dos días después, en un contrato de siete páginas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aceptó el pedido. De acuerdo con la oficina del gobernador, un cambio de dos días para una solicitud tan grande fue una decisión asombrosamente rápida.

Pero el motivo de la transferencia era un engaño. Según ellos, Gutiérrez, el ex directivo del PRI, había llamado a funcionarios en Chihuahua para que le pidieran el dinero a los funcionarios federales y se les dieron los nombres de cuatro compañías que supuestamente le proporcionarían servicios educativos al estado, pero hoy se sabe, eran firmas falsas desde las cuales los miembros del partido podían desviar el dinero.

El gasto fue de unos 5.2 millones de dólares por el software estatal de recursos humanos. A otras tres empresas se les pagaron millones por capacitación y educación, según los contratos revisados por The New York Times. Especialistas en contrataciones dicen que los montos pagados por el estado eran astronómicamente altos por los servicios que brindaban.

Viernes 22 de Diciembre de 2017 18:28

Escrito por Agencias

MONTERREY, N.L., 22 de Diciembre de 2017.- El secuestro de cinco personas en un hotel local en abril 2010, y la matanza de Allende, Coahuila, en marzo de 2011, “fueron perpetradas por los Zetas y provocadas por filtraciones de inteligencia que había sido provista (por la DEA) a la UIS (Unidad de Investigaciones Sensibles)”.

Eso es lo que revela el reportaje del portal ProPublica, redactado por la periodista Ginger Thomson, cuya credibilidad está en lo alto tras ganar el prestigiado Premio Pulitzer.

La madrugada del 21 de abril de 2010, 15 camionetas con hombres armados llegaron al hotel Holliday Inn de Fray Servando Teresa de Mier, en esta ciudad y de ellas descendieron unos 50 pistoleros con uniformes oscuros y pasamontañas. Tomaron la hospedería y registraron todo el quinto piso derribando puertas y sacaron a cuatro huéspedes, tres hombres y una mujer, y terminaron al privar de su libertad a uno de los recepcionistas.

También registraron el hotel Mission, vecino del anterior, donde “levantaron” a un empleado al parecer por equivocación, pues poco después lo liberaron. Las víctimas desaparecieron y la investigación policiaca sin resultados hizo que el tema fuera al olvido.

Ahora, Ginger Thomson publicó un reportaje en el portal ProPublica, con el título: “La conexión de la DEA al ataque del Holiday Inn, que no había sido revelada hasta ahora”, donde sugiere que la desaparición de los cuatro hombres y la mujer fue producto de una filtración de altos mandos de una Unidad Especial de la Policía Federal a Los Zetas, responsables de ese operativo.

Explica Thomson que los pistoleros del grupo criminal zetas buscaban a cinco policías federales encubiertos que intentaban capturar al jefe de Plaza en esta ciudad. Eran miembros de la Unidad de Investigaciones Sensibles (UIS), policías federales mexicanos especialmente seleccionados y entrenados por la DEA, (que) se habían hospedado en el hotel.

En efecto, confirma el documento, trabajaban encubierta encubiertos para rastrear movimientos de un jefe Zeta llamado Héctor Raúl Luna Luna, ‘El Tori’”.

Pero uno de los mandos de la UIS filtró al capo Arturo Beltrán Leyva las acciones de la DEA y la UIS, y también les advirtió a Los Zetas, sus socios en esa época.

‘El Tori’ supo del operativo en su contra y envió pistoleros al Holiday Inn para eliminar a los federales, pero un día antes los agentes habían abandonado el lugar por un “error técnico”.

Pero esa no habría sido la única filtración de la UIS que provocó la muerte de inocentes, pues en junio, ProPublica y National Geographic difundieron una investigación detallada sobre la masacre de Allende, ocurrida en marzo de 2011 y acusan que esta acción y la ocurrida en el hotel, “fueron perpetradas por los Zetas y provocadas por filtraciones de inteligencia que había sido provista (por la DEA) a la UIS”.

La DEA acusó que uno de los responsables de esas filtraciones fue Iván Reyes Arzate, jefe de supervisores de la UIS, acusado en una corte federal de Chicago “por haber compartido información sensible con narcotraficantes”.

Los Zetas se llevaron gente equivocada: un ejecutivo de ventas de productos ópticos; un ingeniero químico de una firma de cosméticos, un vendedor de zapatos y una profesora de una universidad de Reynosa.

“Cuando descubrieron su error, Los Zetas intentaron sacar una pequeña ganancia”, revela el artículo, y explica que uno de los secuestradores llamó por teléfono al jefe de Luis Miguel González, el ejecutivo de marketing.

POLICÍAS CRIMINALES

El jefe de plaza de Los Zetas, Héctor Lula Luna, no solo recibió información de la Policía Federal; también tenía en su nómina a altos mandos de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León y al menos a 30% de la Policía Estatal.

El Ejército Mexicano, en junio de 2010, juntó a toda la policía estatal que cuidaba la zona de ‘El Tori’, con el pretexto de una revisión de su armamento y dio el con varios narcos incluido el capo, a quien detuvo y la ciudad se paralizó con 40 narcobloqueos en calles y avenidas, para detener tres camionetas que trasladaban al detenido a la zona militar.

Ginger Thomson habló con agentes de la DEA bajo promesa del anonimato, sobre las filtraciones de la Policía Federal a los narcotraficantes y los agentes coincidieron en que si eso hubiera pasado en Estados Unidos, habría habido todo tipo de indignación, “pero en México, siento decirlo, a nadie le importa una mierda”.

Miércoles 20 de Diciembre de 2017 15:13

Escrito por Comunicado

CD. DE MÉXICO, 20 de Diciembre de 2107.- El presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que la reforma fiscal de Estados Unidos podrá incidir en la capacidad de las empresas para canalizar flujos de inversión a México, y llamó a concretar una deducción plena de prestaciones laborales, revisión de la tasa de impuestos a personas en la informalidad y a reducir progresivamente el impuesto corporativo, entre otras propuestas.

En un comunicado, el sindicato empresarial señala que México requiere adecuar su sistema fiscal para ser más competitivo y preservar la atracción de inversiones en el país; instó al gobierno a procesar una reforma fiscal antes de que concluya la presente administración.

LAS PROPUESTAS

Entre las propuestas de Coparmex para hacer frente a la reforma fiscal de Estados Unidos, ESTÁN LAS SIGUIENTES:

-Reducción de la tasa corporativa a 21 por ciento a partir del primero de enero del 2018, en lugar de la actual del 35 por ciento.

-Un impuesto aplicable a ciertos pagos que las empresas americanas realicen a sus partes relacionadas en el extranjero, de hasta el 20 por ciento.

-Eliminación del impuesto corporativo alternativo mínimo (AMT por sus siglas en ingles).

-Posibilidad para ejercer deducción inmediata de inversiones.

-Cambios en las tasas de impuesto de las personas físicas.

-Esquema de repatriación obligatoria de capitales para empresas.

Coparmex pidió iniciar el análisis integral para transformar el sistema tributario y fortalecer la dinámica de crecimiento.

De Hoyos reiteró que México esa ante un gran reto para evitar perder inversión; y agregó que estas decisiones deben tomarlas el gobierno federal, lo que implica una gran responsabilidad a pesar de los costos políticos que pueda acarrear la decisión, de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

Martes 19 de Diciembre de 2017 20:02

Escrito por Agencias

+ Con la llamada “estafa maestra” malversaron más de 30 mdp

CD. DE MÉXICO, 19 de Diciembre de 2017.- Investigaciones federales por presunta irregularidad en el manejo de recursos públicos entre dependencias y universidades han hecho crecer los volúmenes de dinero involucrado en lo que ahora se conoce como “la estafa maestra”.

La Procuraduría General de la República abrió ahora una averiguación contra 2 universidades más que, a través de convenios con Sagarpa, habrían recibido más de 30 millones de pesos, que todo parece indicar, fue adjudicado y transferido de forma irregular a terceros.

El esquema es el mismo esquema de fraude documentado en una investigación periodística denominada “La Estafa Maestra”, que señala a dependencias federales evadiendo controles de licitación y transparencia, para otorgar contratos a universidades por servicios no realizados pese a lo cual les fueron pagados, como ahora se ha descubierto con hasta ocho universidades en Estado de México, Campeche, Morelos y Tabasco.

La PGR tiene una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación del 31 de octubre pasado, que involucra a la Universidad Juárez del Estado de Durango; y la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas.

Resultados de la auditoría 15-0- 08100-02- 0328, indican que SAGARPA firmó en 2015 convenios con dichas universidades como parte de su proceso de compra de bienes y servicios, que ahora se descubre, están llenos de irregularidades. En este caso se trataba de un servicio para supervisar componentes del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

EL MÉTODO

El contrato se firmó aprovechando una excepción legal marcada en el párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que si un servicio se asigna a una instancia pública esta queda excluida de un proceso de licitación.

Ese mismo párrafo estipula que la instancia pública a la que se asignen los recursos está obligada entregar por su cuenta la parte sustantiva del servicio, y no contratar a terceros. Sagarpa nunca exigió a la Universidad Juárez del Estado de Durango comprobar capacidad para ejecutar al menos el 51% de estipulado en el contrato. Solo pidió un escrito confirmando que ejecutaría por su cuenta el servicio.

La Universidad delegó realizar los servicios a 24 personas físicas en total, ajenas a esa casa de estudios, lo que evidencia que no contaba con la capacidad técnica y humana para la realización de los trabajos contratados, señala la Auditoría. Ahora las universidades no pueden justificar ni cumplimiento ni bitácoras de lo que habrían hecho.

Un reportaje divulgado en septiembre por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, denominado “La Estafa Maestra”, evidenció el esquema de pagos irregulares entregados por el gobierno federal a distintas universidades. En ese momento la PGR ya tenía 14 averiguaciones previas, por convenios realizados por la Secretaría de Desarrollo Social con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos.

El 7 de diciembre ese portal reveló también que la PGR había iniciado otra averiguación previa por un convenio de casi 220 millones de pesos entre Sagarpa y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los proyectos, por los cuales se pagó la referida cantidad, eran una copia de información publicada en páginas de internet entre ellas Wikipedia, monografías.com y buenastareas.com.

Con la carpeta de investigación que involucra ahora a la una universidad en Durango y otra en Zacatecas, ya suman 16 los casos, sin que ninguno de ellos haya llegado a una consignación, pues “siguen en integración.