Jueves 12 de Diciembre de 2013 19:17

Escrito por Tomada de redes.

CD. DE MEXICO.- Dos influyentes editorialistas se enfrentan epistolarmente a través de sus columnas en los diarios Milenio y Excelsior: Carlos Puig y Leo Zuckermann.

Sus textos,para comparar sus criterios, útiles en el análisis que los lectores deben hacer respecto al trascendente –y a la vez ignorado paso por parte de los mexicanos--, se exponen a continuación en este espacio:

1.- Carlos Puig:

Creo firmemente que lo mejor para los consumidores es que en un mercado, en este caso el de hidrocarburos o el de la electricidad, participen múltiples jugadores, sin importar si son nacionales o extranjeros. Lo creo para el petróleo y lo creo para las telecomunicaciones, la televisión, los periódicos, las hamburguesas, las marcas de automóviles o los bancos. Creo también que la manera en que hemos explotado nuestros recursos energéticos es ineficiente, cara y se ha prestado a una corrupción obscena.

Pero soy también un pesimista crónico. Soy realista.

La industria de la energía es una de las más poderosas del mundo. Es una gran productora de empleo, generalmente mejor pagado que el promedio, y excelente detonadora de industrias paralelas. Es también, por la naturaleza de su actividad, una de las más depredadoras en relación con el medio ambiente, de alto riesgo para sus trabajadores. Es, según los expertos, una de las que más y mejor regulación necesitan.

Y en mi país no sabemos regular ni supervisar absolutamente nada.

Cuando medio sabíamos regular elecciones decidieron acabar con el IFE.

Cuando la Cofeco tomó un par de tibias decisiones que afectaron a alguien, la cambiaron por otra. No veo a los bancos temblando frente a sus reguladores.

Las telefónicas han hecho lo que se les pega la gana y cuando el Ifetel afectó medio interés de medio actor del sector, lo destruyeron.

Cuando el IFAI se organizó para que supiéramos un poco más de quienes nos gobiernan, lo hicieron pedazos.

Cuando Tv Azteca se robó una señal, nadie en el gobierno se dio por aludido.

Las investigaciones de nuestra Auditoría Superior de la Federación no han metido jamás a nadie a la cárcel.

¿Alguien sabe qué hace, dónde está, o de qué sirve la Comisión Reguladora de Energía, a quién ha regulado en su historia?

¿Cuántos amparos por hora interpondrán las empresas petroleras contra cualquier intento de regulación?

Seamos honestos: no sabemos meter en orden ni al transporte público concesionado. Si no podemos con unos taxis, cómo le vamos a hacer con Exxon o Shell o BP.

No es lo óptimo. Seremos igual o más pobres, pagaremos gasolina y luz caras y malas… Pero al monstruo burocrático, corrupto, ineficiente llamado Pemex ya lo conocemos.

En el país que de por sí gobiernan los fácticos, para qué invitamos más.

2.- Leo Zuckermann:

Se equivoca Puig al estar en contra de la Reforma Energética

Una de las críticas más fuertes en contra de la Reforma Energética es la incapacidad del Estado mexicano de regular a empresas poderosas. Esta preocupación, y no las bobaliconas acusaciones de “traición a la patria” de nuestra izquierda, merece una discusión de fondo. Estamos hablando de un peligro real: que, al abrir el mercado al capital privado, las empresas capturen a la autoridad encargada de cobrarles las regalías y se pierdan miles de millones de dólares de renta petrolera.

El argumento lo explica muy bien Carlos Puig en su columna de ayer en Milenio, aunque llega a la conclusión equivocada. El periodista está a favor de la economía de mercado “pero soy también un pesimista crónico. Soy realista. La industria de la energía es una de las más poderosas del mundo (…) Es, según los expertos, una de las que más y mejor regulación necesitan. Y en mi país no sabemos regular ni supervisar absolutamente nada”.

Puig menciona varios casos para ilustrarlo: “Cuando medio sabíamos regular elecciones decidieron acabar con el IFE. Cuando la Cofeco tomó un par de tibias decisiones que afectaron a alguien, la cambiaron por otra. No veo a los bancos temblando frente a sus reguladores. Las telefónicas han hecho lo que se les pega la gana y cuando el Ifetel afectó medio interés de medio actor del sector, lo destruyeron. Cuando el IFAI se organizó para que supiéramos un poco más de quienes nos gobiernan, lo hicieron pedazos. Cuando TV Azteca se robó una señal, nadie en el gobierno se dio por aludido”.

Tiene razón: en México no hemos acabado de transitar de un Estado interventor a uno regulador. Antes el gobierno manejaba directamente muchas empresas. Era dueño del monopolio de la telefonía, de los bancos y de la segunda televisora. En los ochenta se privatizaron. El Estado pasó a regularlas para resolver fallas tradicionales de mercado o concentraciones monopólicas que afectaran a los consumidores. Pero las nuevas autoridades se tardaron en aprender a regular y cuando empezaron a hacerlo bien, vinieron las amenazas.

Se trata de un fenómeno común en todos los países. Los entes regulados siempre tratan de capturar a los entes reguladores. Es por eso que se necesita un Estado con la autonomía y capacidad necesaria para que funcionen las instituciones. Ese es el reto que enfrentan todas las naciones incluyendo a México.

Pero esto no significa que, como aquí lo hacemos mal, debemos renunciar a hacerlo. He ahí donde se equivoca Puig al concluir: “Si no podemos con unos taxis, cómo le vamos a hacer con Exxon o Shell o BP. No es lo óptimo. Seremos igual o más pobres, pagaremos gasolina y luz caras y malas… Pero al monstruo burocrático, corrupto, ineficiente llamado Pemex ya lo conocemos. En el país que de por sí gobiernan los fácticos, para qué invitamos más”.

Es una conclusión tristemente conservadora: “Más vale malo conocido que bueno por conocer”. Es como si en los años ochenta hubiéramos dicho: “Como no sabemos regular elecciones mejor quedémonos con ese monstruo burocrático, corrupto, ineficiente llamado PRI que ya conocemos”. ¡No! Mejor invirtamos los recursos necesarios para desarrollar las instituciones como el IFE que nos permitió transitar a la democracia. Construyamos una autoridad reguladora petrolera que tenga la autonomía y capacidad para enfrentar a empresas poderosas.

Y aprendamos de nuestros errores. Al IFE comenzaron a matarlo en 2007 cuando los partidos optaron por un modelo de hiperregulación electoral que acabó haciendo del Instituto una burocracia cada vez menos concentrada en el objetivo de organizar elecciones limpias. La prioridad de la nueva regulación petrolera debe ser maximizar la renta de la extracción de hidrocarburos. Esto significa privilegiar esquemas jurídicos fáciles de administrar y fiscalizar. He ahí la gran virtud de las concesiones (aunque quieran llamarlas “licencias”) versus los contratos de utilidad compartida que quería Peña. Los primeros son fáciles: el gobierno mide en la boca del pozo cuántos barriles se extrajeron y la empresa paga las regalías e impuestos sobre éstos.

Los segundos son una pesadilla que genera corrupción: cada contrato es diferente; la empresa puede pedir poca utilidad, pero, con la colusión de las autoridades, infla los costos.

Si nos sumamos al pesimismo de Puig incluso podemos llegar a una conclusión todavía peor a la de él: como el Estado ha regulado tan mal a Telmex, los bancos y TV Azteca, mejor volvamos a estatizarlos y que el gobierno los opere.

¿Qué opinas?, querido Carlos.

Jueves 12 de Diciembre de 2013 18:48

Escrito por Tomado de EL PAIS

Una información divulgada por el más influyente diario español, El País, divulgó en estos términos la nota relativa a la reforma energética cuyo tema central fue la entrega del petróleo a intereses privados:

MADRID, España, 12 de Diciembre de 2013.- México pasó página a 75 años de nacionalismo en la industria energética.

El Senado mexicano aprobó esta madrugada en lo general, en una maratoniana sesión que ha durado más de 12 horas, la apertura de la industria de los hidrocarburos a la inversión de empresas privadas nacionales y extranjeras. El Partido Revolucionario Institucional (PRI, el partido en el Gobierno) junto con el Partido Verde, aliados con la derecha, el Partido Acción Nacional (PAN), pusieron fin, con 95 votos en favor y 28 en contra, a la política energética que Lázaro Cárdenas inauguró en 1938 con la expropiación petrolera.

La sesión tuvo algunos momentos de tensión por las protestas de la izquierda, que incluso tomó la tribuna al quejarse de ser orillada de la discusión. Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) acusaron que se “privatiza” la industria y señalaron como “traidores a la patria” a quienes aprobaron la llamada reforma energética, la última de gran calado que el presidente Enrique Peña Nieto se propuso en su primer año de Gobierno.

La reforma modifica tres artículos de la Constitución, lo que fue una clara afrenta a la izquierda, que dejó claro desde el inicio de las negociaciones, en el seno de los acuerdos del Pacto por México, en septiembre de 2012, que no apoyarían leyes que tocaran textos de la carta magna referentes a la propiedad y explotación de los recursos energéticos. Con la modificación, se permite la entrada de las empresas de capital privado a la industria energética mexicana mediante contratos de servicios, de utilidad y producción compartida, así como de licencias.

El Estado, a través de una Comisión Nacional de Hidrocarburos, será el encargado de otorgar los contratos a las compañías para exploración y extracción. La iniciativa aprobada la medianoche del martes es mucho más ambiciosa que la presentada por el presidente Peña Nieto en agosto pasado, que solo contemplaba los contratos de utilidad compartida. Fue la derecha la que buscó un modelo más abierto a la inversión privada y el PRI secundó esa propuesta.

La reforma no rompe con uno de los cimientos de la reforma cardenista, promulgada a finales de los 30 del siglo pasado. El petróleo seguirá siendo propiedad de la nación. Los senadores de izquierda, sin embargo, aseguran que esto es un engaño.

“La licencia de contrato es lo mismo que una concesión. Se cede la propiedad del petróleo”, dijo la noche de este martes el senador Luis Sánchez Jiménez. Los senadores del partido en el Gobierno aseguran que las concesiones no podrán celebrarse en la explotación de petróleo, gas, minerales radioactivos ni en el sistema de distribución eléctrica del país. Las empresas extranjeras, no obstante, podrán incluir en sus informes contables las ganancias esperadas por explorar y explotar los yacimientos de hidrocarburos.

Durante más de ocho horas, los senadores que representan al partido en el Gobierno subieron a la tribuna a explicar el declive en la producción petrolera en el país en los últimos años y por qué la industria requiere una cirugía mayor.

“El estado de Texas produce más barriles de petróleo que nosotros”, dijo Humberto Mayans, del PRI. Los senadores de la izquierda, en cambio, defendían a Petróleos Mexicanos (Pemex) como una empresa próspera, la 14 a nivel mundial, cuyas ventas en 2012 representaron el 11 por ciento del PIB mexicano. Solicitaron, en más de una ocasión, que se hiciera un referendo en todo el país para consultar la apertura del sector. Y criticaron que la reforma no combatiera la corrupción que se ha presentado en la empresa. Dos senadores de la derecha votaron en contra de la iniciativa, oponiéndose al voto mayoritario de su bancada. Javier Corral, uno de ellos, señaló que “esta reforma necesaria solo debía de aprobarse si combate la corrupción en la industria. Nada propone para erradicarla. Lo que se avista no es nada prometedor”.

La reforma le da un margen de dos años a las empresas públicas descentralizadas -Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)- para convertirse en “empresas productivas de Estado”, un término ambiguo que las llama a ser más competitivas y adoptar las mejores “prácticas a nivel internacional”. El nuevo esquema dibujado en la reforma otorga a Pemex prioridad a la hora de elegir yacimientos, con el permiso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. De esta forma se asegura seguir siendo competitiva frente a otras empresas que podrían comenzar a trabajar con mayor capacidad y mejor tecnología.

Uno de los requisitos de la derecha para apoyar la reforma del Gobierno fue borrar al poderoso sindicato petrolero del Consejo de Administración de Pemex, donde tienen presencia desde hace más de 70 años y ocupan cinco de las 15 plazas que lo conforman. Este cambio, impulsado también por el PAN, probó la fama de pragmático que tiene Peña Nieto, que apoyó el golpe al sindicato que ha representado un bastión del partido tricolor al punto de enfrentar cargos penales por millonarios desvíos de recursos al PRI en campañas electorales.

La ley aprobada crea también el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, una gran bolsa que gestionará las ganancias de Pemex. El dinero será destinado a pagar el gasto corriente, el presupuesto de egresos, a financiar proyectos de ciencia y tecnología y a cubrir la pensión universal, prometida por el ministro de Hacienda este año.

La izquierda ha reservado la totalidad de la reforma, proponiendo modificaciones a cada párrafo que compone el dictamen que se ha aprobado en lo general. La sesión ha durado doce horas y todavía continúa. Aún existe una lista suficiente de oradores para que transcurran 12 horas más de la histórica sesión. Cuando ésta finalice el dictamen deberá pasar a la Cámara de Diputados, donde el PRI y el PAN, que tienen mayoría, han acordado aprobarla sin que pase por comisiones y evitar así que sea congelada. Después, 17 de los 32 Congresos estatales deberán ratificarla por tratarse de una modificación constitucional.

Los trabajos del Senado ocurrieron en medio de estrictas medidas de seguridad. La sede de la llamada Cámara Alta, en el centro de la capital mexicana, fue resguardada desde la semana pasada por un fuerte cordón policial. Los simpatizantes del excandidato Andrés Manuel López Obrador montaron desde el miércoles pasado un cerco para tratar de evitar el voto de la iniciativa de ley.

El líder de la izquierda no pudo estar en las protestas pues sufrió un infarto hace ocho días. Aunque sus seguidores se apersonaron en los alrededores del recinto senatorial, nunca en un número que rebasara por mucho el millar, la protesta no escaló más allá de obligar a los senadores a pernoctar en hoteles adyacentes a su sede. Ahora la Cámara de Diputados se prepara para recibir tanto el dictamen de ley como las protestas.