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Agustin Rodriguez

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+ Se quejan de los Juzgados y el STJE anuncia revisión; aunque se infiere, no citan la palabra “corrupción”; advierte Rafael Acuña: “no será dado por cierto hasta verificar señalamientos”, pero se daría vista al Ministerio Público y Fiscalía Anticorrupción


GUAYMAS, Son.- La versión sobre el comercio de la ley es ancestral, pero si hacemos caso a abogados guaymenses, nunca como hoy se llegó a tal extremo entre quienes imparten justicia en este suelo.

Por eso vino el recién electo presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rafael Acuña. De hecho, aquí inició su agenda de visitas a toda la entidad. Quería saber el por qué de tanto ruido surgido en las últimas semanas y acudió perfectamente escoltado por la magistrada Elvia Zataráin --guaymense ella, para orgullo nuestro-- y el contralor Sergio Encinas.

Charló con 45 miembros del Colegio y de la Barra de Abogados, que dirigen René Sierra Munguía y Armando Saucedo Monarque y les recibió dos cuartillas con el resumen de quejas por todos conocidas.

O como lo plantea Saucedo: “el cúmulo de irregularidades con las que se opera en los juzgados locales”.

Eso, dijo, ha afectado el estado de derecho, a partir del lema del ambiente judicial, “la justicia que no se da, no es justicia”, ampliada a que “la justicia no es tal si tarda, porque se pierde calidad en el resultado de su aplicación”.

Buen punto el reclamo de no dejar denuncias en el vacío. Todas deben tener número de expediente, causa que se persigue, error, injusticia y actos de corrupción que se denuncien. No hacerlo, se dice, es dejar la ventana abierta por donde, la justicia puede desvanecerse… o no.

Se supone que al anunciarse la visita del magistrado presidente del STJE, se volcaron los abogados en denuncias. En tres días habrían desfilado todos ante la comisión de la Visitaduría interponiendo quejas.

René Sierra, también regidor morenista en el Cabildo actual, reiteró la queja pero menos incisivo, y hasta hizo sobresalir su reconocimiento a Acuña, porque “por primera vez se presenta una autoridad así en los municipios”.

Dijo que ya el presidente del Tribunal tiene la información completa, la revisa, aunque ya la tenía el anterior presidente, solo que no se interesó en arreglar el desgarriate de los juzgados locales.

Pero el documento entregado a la autoridad máxima del órgano impartidor de justicia, por más que se le busca, no habla nada de corrupción, solo de “irregularidades”, principalmente en los juzgados Civil y Familiar, y específicamente de sus titulares, secretarios de acuerdos y proyectistas.

Todos tienen nombre, claro, pero se indaga sobre la lentitud, negligencia, arrogancia o prepotencia, para saber si todo deriva de eso, corrupción. Solo entonces se resolvería separarlos del cargo y, en su caso, abrir procesos penales. Hasta entonces se podrían conocer.

Hay actas levantadas donde se piensa que no se aplicó correctamente la ley, pero limitadas a señalar lo anterior, y hasta “preferencias entre ciertos bogados”, lo cual sabría sin duda el experimentado abogado y principal juez estatal, quien trabaja en soluciones, pero todo eso “no será dado por cierto hasta verificar señalamientos”.

Tendrá razón. Para qué manchar honras sin la carga de la prueba.

Todos los juzgados están en entredicho, pero repito, sin señalamiento preciso de corrupción, así que se esperaría solo la rotación de personal, lo que el principal juzgador consideró “algo común cuando se cree necesario”.

Otra cosa sería hablar de “algún dinero o algún otro tipo de medio para influir una decisión” y, si hay causa justificable, entonces se acudirá “para dar vista” a instancias obvias, como el agente del Ministerio Público y el fiscal Anticorrupción.

Varios abogados vieron desaparecer una oportunidad de exponer el problema de fondo, pero al final aceptan la dificultad de exhibir a quienes creen ser dueños de la ley, por eso habrían dejado fuera del texto y charla, la palabra corrupción. Prefirieron señalarlos como servidores públicos que “con una visión autoritaria han distorsionado la función legal”.

Eso sí, los acusaron de nepotismo y tráfico de influencias en todos los niveles; también por falta de capacidad y formación, por eso jueces sin experiencia, criterio y voluntad, conocen y resuelven los contradictorios “a como Dios les da a entender”.

Quien entiende lo que ocurre en el poder judicial, pensaría en cambios próximos. Más, el origen, no sería esta queja, sino los aires de cambio generados por el nuevo sexenio.

Debieron darse hace tiempo, pero la rotación desapareció y por eso en la región –dicen que todo el estado está igual— el largo tiempo creó raíces y compadrazgos.

Y René Sierra así lo sintetiza: “Hoy, con servidores públicos que tienen 15 y 20 años en esos puestos, ya se convierte en eso”.

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+ Avanza plan rehabilitador del drenaje; cuidarán calidad de la obra y el dinero que se invierta; nombran a ciudadanos de verdad en el Comité de Participación Social; Hilario Sánchez, el ejemplo empalmense; negociaba con el pasado y destituyen a titular de Infraestructura; PT expulsará a Sara Valle: ¿y…?

 

GUAYMAS, Son.- El plazo para trabajar la rehabilitación de emergencia del drenaje en el puerto, avanza con buenas noticias.

El gobernador Alfonso Durazo entendió el problema, pero no solo eso, pues cualquiera lo entiende.

También se sensibilizó y emitió la declaratoria de desastre sanitario y ecológico, para poder obtener 10 millones de pesos para entrarle al problema.

La secuencia definió cómo se trabajará para cuidar los escasos pesos, para que ningún vivales se los embolse como ocurrió hasta septiembre pasado.

Este jueves se avanzó al formarse el Comité de Participación Social que vigilará la obra, cuya función explicó Lucía Valles Sampedro, directora de Organización Social del Consejo Estatal para concertación de la Obra Pública, ese organismo que coordina en Sonora el guaymense Carlos “Bebo” Zataráin.

La reunión explicativa la encabezó la alcaldesa Karla Córdova González. Estuvo en el lugar Adolfo Cabral, director de Apoyo Social de CECOP, y la gente de David Pintor, titular de la Comisión Estatal del Agua en Guaymas y Empalme, además de gente de a pie.

Más tarde supimos a qué fue esa gente, al reiterar la alcaldesa que “ya es tiempo de que a Guaymas le vaya bien”, y presentar a quienes vigilarán los trabajos y reportarán su correcta marcha porque, si no, podrían hacerse cochinadas que mañana “reventarán” y vivamos de nuevo el drama en el que nos metieron los traicioneros de la confianza popular en los últimos trienios.

Así que, por primera vez, un comité tan importante no fue puesto en manos de “los mismos”, los que se creen dueños de cuanto puesto existe en Guaymas. Ahora lo forma gente de la calle, que sufre nuestros problemas.

Teresa González Cárdenas, Magdalena Cano Velarde, Ignacio Arellano Amaya, Ignacio Salas Lozano y Marcos Llánes Reyes, harán que la obra solucione, no agrave el problema.

A la vez, el Comité es el mensaje de que así será con toda obra, pues estimularán la participación de la sociedad y así se podrá generar un mejor desarrollo.

Iniciará el 29 de noviembre, con equipamiento de cárcamos y limpieza de colectores. Se reparará el equipo que queda, porque mucho se perdió y no dejaron explicaciones de ello Roberto Romano ni su sucesor, el fuereño Iván Cruz Barriente, quien administró los intereses empresariales –sus constructoras, pues—del anterior vocal ejecutivo de CEA, Sergio Ávila Ceceña.

Ahora la constructora a cargo será vigilada con lupa en cuanto se conozca su razón social y nombre del dueño, este 22 de noviembre, cuando concluya el concurso que la ley exige.

Este jueves también anunció Fausto Trejo, quien representa a CEA en el Comité de Evaluación de Daños, que en el visitado destino playero de San Carlos también hay problemas, pero no están en emergencia como en la ciudad.

Por lo pronto no habrá rehabilitaciones, pero no descarta labores, pues quienes están ahora en CEA, no esperarán el colapso para pensar en soluciones.

RECUERDAN A HILARIO

Comenzó el XIV Festival Cultural “Hilario Sánchez Rubio” en empalme.

El Ayuntamiento le puso muchas ganas a esta manifestación de cultura y arte, una opción para convivir y alejarse de prácticas nocivas, sobre todo entre los jóvenes.

El director de Acción Cívica y Cultura, Sergio Inzunza, difundió la actividad y, sí, hay mucha, incluyendo el homenaje a Sánchez Rubio el sábado, preparando por la gente valiosa del sector Cultura, como José Islas, Marisela Álvarez, Giezy Cordero y Rosa Ojeda, con fuerte apoyo del alcalde Luis Fuentes Aguilar.

Coincide el evento con el inicio del programa piloto “Cultura para la paz”, del Gobierno estatal, cuyo arranque tiene a Empalme como sede. Luego será replicado en municipios donde la violencia obtuvo carta de residencia.

Antes, nuestros bravos policías arriesgaban su piel al enfrentar el delito con puños y armas; al no dar resultado la mano de hierro, hoy las armas son otras: deporte, cultura, arte y acercamiento familiar.

Beatriz Aldaco, directora del Instituto Sonorense de Cultura, explicó la meta: encaminarnos a regenerar el tejido social, con actividades que inspiren mejores escenarios para la vida cotidiana y propicien la convivencia y el diálogo.

CAMBIAN A TITULAR DE OBRAS

Al nogalense José Luis Valencia Gómez lo sorprendieron haciendo negocios con funcionarios de la pasada administración municipal, así que le pidieron la bola, no quiso entregarla y se la arrebataron.

Ahora la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología tiene a Ismael Quintana como encargado de despacho.

Y la Coordinación de Vendedores Ambulantes tendrán nuevo personal, pues el que hay, se corrompió. Cobraban la cuota de operación y –como vieron a sus jefes hacerlo-- se las robaban.

TRABAJO PARA INDIRA

Tras varias semanas en tregua, vuelve el terror: ejecutan a 5 personas en 2 días y encontraron 8 cuerpos en fosas en suelo de San José de Guaymas, en el mismo lugar donde hallaron un crematorio clandestino hace varios meses.

Salvo el estribillo de acudir elementos policiacos y de la Fiscalía de Justicia del Estado para procesar la escena, y que ellos harán exámenes de ADN, de aquello no se supo más. Hoy, se dijo lo mismo. A ver.

EL PT EXPULSARÁ A SARA

Dijo Ramón Flores que el Partido del Trabajo tiene abiertos procesos de expulsión de 7 militantes, y menciona el Comisionado Nacional de las siglas a Magdalena Uribe y Sara Valle en primer término.

Acusa traición, pues en la campaña se fueron a apoyar a otros candidatos.

Alguien debería decirle a Ramón, que el proceso y la expulsión misma, no tiene ni mínimamente preocupada a la dama que el PT propuso en 2018. Es decir, son cómplices del desastre que nos dejó.

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+ Sigue la queja general de los guaymenses por la basura; ya debieran olvidar los contenedores en las calles; resalta diputada el apoyo federal; diputados y regidores no avalarán aumento del agua; Ramón Flores viene por Marcos Ulloa


GUAYMAS, Son.- Mario Cota “subió” este mensaje: “Por si no sabían: más de tres semanas sin pasar a recolectar la basura en la calle 8 y avenida 6 de la colonia San Vicente”.

No tiene este guaymense, el monopolio de tal queja, pero leerlo me motivó a echar un ojo alrededor de mi casa, que es la de ustedes, a ver cómo andaba mi barrio en tal rubro.

Nada nuevo. Mi esposa sigue pagando al señor que dos, tres veces por semana, recoge “la bolsa”, pues la concesionaria de la recolección es, digamos, omisa. Viene el carro –cuando viene—a la hora que le dé su gana y sabe Dios cuándo volverá.

A dos cuadras, el contenedor emergente –PASA quitó los suyos, pues ya se va luego de sacarnos otra millonada-- rebosa. Peor, pepenadores tiran todo alrededor y el viento completa el ciclo.

Aguántese, don Mario. El 20 de diciembre tendremos el servicio como antes, a cargo de la chavalada de Servicios Públicos Municipales, unidades propias, rutinas diarias, como cuando Guaymas estaba limpio.

En mala hora dejaron entrar a esos empresarios que se sumaron a los tiempos del abuso y el saqueo. Demandarlos era atraer al famoso “negociador” Juan Torres, quien hábil, convencía a los alcaldes de dejar las cosas como estaban. Es muy persuasivo, pero la ciudad pagó las consecuencias.

Y poner contenedores en la ciudad solo sumó perjuicios, por eso los rechazaba Jaime Escobar, jefe de Servicios Públicos en el Ayuntamiento del “Papito” Córdova –el pícaro que presume sacarse dos veces la lotería, una de ellas al ganar la alcaldía—desde el trienio de 1985-88.

Cuando se entregó la recolección a la empresa la intención era ahorrar, pues se encarecía el trabajo por el vicio en el que incurría el personal (no cuidaba el equipo, faltaba a labores, se llenó de recomendados y aviadores), pero se vio a la distancia, fue más caro lidiar no con la empresa, sino con abogados expertos en el enredo legal vía el cual sangran a muchos ayuntamientos del país.

El 19 de diciembre se acaba el contrato y la alcaldesa no firmará otro, porque “no podemos arriesgarnos a traer otro PASA a Guaymas”.

APOYO FEDERAL A SONORA

Sandra Navarro refleja desvelo, luego de analizar propuestas, defender posiciones para el beneficio de Sonora y aprobar el presupuesto federal 2022, del cual da buenas nuevas.

Fueron 4 días de toma y daca verbal, la típica lucha del partido en el poder que intenta convencer de su proyecto, y la oposición que lo combate.

Dice la legisladora que se buscó afianzar el trabajó para beneficio de los sonorenses y lo lograron. Informa de 2,708 millones de pesos más, a favor de la educación, salud, infraestructura, seguridad pública y para fortalecer municipios.

A Sonora le tocan 48,105 millones de dinero federal para avanzar en proyectos respaldados --y aquí lo subraya--, “por el mejor Presidente que hemos tenido los mexicanos”.

Ya saben quién. Y ese presidente confirmó tres proyectos que con dinero del fideicomiso de Aduanas dinamizarán a Sonora, uno de ellos la expansión del puerto marítimo, que detendrá el deterioro de la ciudad y la sacará el hoyo en el que la metieron los malos gobiernos. Y sus cómplices, claro.

QUIEREN ELEVAR TARIFA DE AGUA… QUE NO HAY

El viernes saludé a Sebastián Orduño cuando el diputado local charlaba con el empresario y promotor turístico Eduardo Lemmen Meyer, quien por cierto, mostraba en su rostro efectos de su celo por la perfección en sus disciplinas deportivas.

Se sumó a esa charla el coordinador estatal y comisionado político del Partido del Trabajo, Ramón Flores, quien sorprendió al confirmar su invitación a Marcos Ulloa a participar con esas siglas. El ex dirigente petrolero y ex líder cetemista le dará el sí esta semana.

Más tarde, con la regidora Guadalupe quintana, hablaron del agua potable, la escasez, baches que Comisión Estatal del Agua deja en toda la ciudad, el manganeso que pinta de café rojizo todo lo que toca y “enferma de gris” la ropa, y la disposición de agua solo dos horas tres veces por semana.

Se convencieron. No apoyarán el aumento que propone CEA a partir de 2022. No puede darnos agua ni desechar la ya usada, como se debe, así que ¿qué cobra? Elevar tarifas con el argumento de mejorar, lo hizo Lorenzo Decima en 2017 y fue mentira.

El Gobierno estatal debe arreglar ese organismo y entonces, cuando pueda vender agua suficiente y de buena calidad, exigir al ciudadano su parte: pagar. Hoy, solo se viven efectos de tanta corrupción cuyo fin llegaría con este sexenio, pero el ciudadano, como Santo Tomás, hasta no ver.

El PT no avalará el aumento. Cuando haya agua, quizá. Hoy, no.

Y no tarda ese partido en pedir acuerdos para recuperar cartera vencida. Hay una lista parecida a la revelada por la alcaldesa Karla Córdova en el impuesto predial: se deben millones y “unos cuántos desarrolladores deben más que el resto de los 40 mil y pico de usuarios”.

Pues como dijo el presidente López Obrador en un discurso durante su visita del viernes: “ya basta de que se siga saqueando el presupuesto público”.

De todo lo que dijo, mucho de ello muy positivo para el estado, resumo esto: “los bienes son de los sonorenses, del pueblo, del estado, son de la nación” y “el presupuesto de Sonora nunca más debe ser destinado a satisfacer las ambiciones de minorías”, es decir, lo remarcó: “nunca más la corrupción”.

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+ No fue Sara a la comparecencia; sus funcionarios sí, pero qué escándalo; descubren “manoteo” en 120 mil multas de tránsito; habrían pagado falso software por 8 MDP; Sebastián y Jardines, amplían tema del drenaje; recuperan la playa de Miramar

GUAYMAS, Son.- Sara Valle no asistió ni justificó ausencia, a la comparecencia de este jueves, donde explicaría más sobre el desorden dejado junto con sus cómplices, en las cuentas municipales.

La señora despedida en 1998 a mitad de su mandato –entonces con el PRD--, no tuvo ganas de repetir su papel de víctima ante lo que considera fuerzas del oscurantismo cuya labor de zapa busca dañar su imagen de lideresa limpia, de luchadora social que dejó un impecable trabajo a favor de la gente.

Que Guaymas esté hundido, destrozado y sucio, quebrada su tesorería gracias a lo cual ella y socios hayan engrosado varias cuentas bancarias, es otra cosa.

Qué bueno que no acudió. Es chocante verla con rostro de víctima con una cantaleta de que todo está bien y nada está mal, sin rubor alguno. Es buena para eso y miente con facilidad pasmosa.

Se le citó a las 12:30, la esperaron hasta la una, no llegó y Carlos Burrola, presidente de la comisión --los “invitados” a declarar dicen que no sirve para nada--, dijo que el proceso seguirá de una u otra manera.

Fiel a lo que le enseña su maestra Sara, la ex directora de Recursos Humanos, Zulma Merlos Coronado, tampoco compareció e igual, se le citará de nuevo y a lo que sigue. Asistieron el ex secretario, Arturo Lomelí; el director de Desarrollo, Víctor Marín; y la tesorera, Célida Botello.

El ex secretario tuvo un desencuentro con el comunicador José Ramírez y se hicieron de palabras. Y lo ocurrido entre las palabras y los hechos, es ya tendencia nacional, junto la intervención conciliatoria de Marín, quien terminó en el suelo y solo la presencia policíaca (Caray, qué pena) puso fin al escándalo de gritos y jaloneos.

Dentro, poco antes, estuvo bajo la artillería administrativa –la penal es otra cosa, no se confundan— la ex tesorera Célida Botello. Fue y mostró una autosuficiencia tal, que terminó irritando a regidores y titular, quienes la atajaron más o menos así:

“Queremos dejar en claro que su sugerencia (la hizo reiteradamente en sus “respuestas”) de buscar bien los documentos, no significa que se buscaran mal”.

Hasta entonces, ese tiburón forjado en las mismas prácticas y oficinas similares de Hermosillo y Puerto Peñasco --luego la enviaron sus jefes hermosillenses a practicar sus habilidades en Guaymas--, cesó de pretender engullirse a los acosadores pecesitos.

Los representantes actuales coincidieron, fue arrogante, y concluyeron, se lo dijeron claro, que sus respuestas solo fueron para culpar al trienio previo, cuestionando: “¿Entonces cuál fue su trabajo, qué hizo?, porque sólo ha señalado a su antecesor”.

Ni se diga el choque final, con la prensa, luego de que el señor Burrola le agradeciera el “cambio de actitud, de arrogancia, al de una persona con educación”.

Sí, pues. La señora que habla con potentados capitalinos, cómo podría someterse a “autoridadecitas” como los regidores y la desfasada comisión, como la califican --“ya se les fue el tiempo”, acusan--, por presuntos errores cometidos al integrar expedientes y llamarlos a comparecer.

Si doña Célida tuviese razón, valdría la pena considerar la versión que ronda en pasillos palaciegos, sobre la existencia de un quintacolumna en la administración actual. Estaría emboscado en una oficina cercana a la casa de piedra en cargo oficial de mando medio y habría modificado textos legales para dejar una ventana de escape a quienes están a un paso de la cárcel y no lo saben, o no lo aceptan.

Si esto es circo y la ley los exculpa, lo cierto es que el dinero de los guaymenses durante esos tres años, unos 2 mil 400 millones de pesos, se perdió en su mayor parte y se debe precisar en manos de quién está, para la actual legal correspondiente.

Solo de pasada: el “sarato” cobró multas de tránsito por casi 150 millones de pesos y no hay cuentas claras; y ya brotó lo del software comprado para Catastro, que solo fue una simulación y se utilizó el que ya existía, pero lo habrían sustentado en una factura falsa de un negocio cajemense.

Por eso huyó raudo en cuanto cesó su misión como director de ese negocio, el “Sr, de las Fichas (policíacas)”, Jorge Villa Flores.

SEBASTIÁN Y EL USO DEL AGUA

Me envía la gente de Sebastián Orduño, la foto donde el diputado local por el XIII Distrito posa junto a José Luis Jardines, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.

Hablaron, me dicen, de su gestión para acelerar acciones y avanzar hacia la salida del criminal problema que nos crearon los anteriores directivos de la CEA, al evadir la obligación de evitar el colapso del organismo y el del sistema de operación de agua y alcantarillado.

De Jardines se habla bien. Que es un técnico reconocido en agua y saneamiento y buen administrador. No lo dibujan como su antecesor, negociante con sus constructoras vía interpósitas personas, a costa de hacernos vivir en una gran laguna de aguas negras. Esperemos que sea historia no vuelva a repetirse.

“LIBERAN” MIRAMAR

La playa de Miramar se fue llenando de vendedores y “alguien” –se ocultó muy bien quién—captaba recursos por cientos de miles de pesos mensuales durante el “sarato”, añadido lo que se captaba por estacionarse al lado.

Algo de ese dinero debió aplicarse en mejoras a la infraestructura en el lugar, pero no fue así y el abandono se reflejó, sobre todo en la hermosa escollera construida por el padrecismo.

Ya la playa está despejada para disfrute de todos, sin que la saturación de carpas lo evite y nadie cobre 200 o 300 pesos la hora por utilizarlas. A ver si se aclara quién hizo “topillo” con ese dinero.

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+ Guillotina en el Congreso; solo el comunicador salvó la dura crítica al desempeño; acusan opacidad de directivos de administración; Acuña, ruido de más en el ISSSTE; el Registro Civil, la nociva herencia del Ulises; Lomelí “solo firmo una anuencia”

GUAYMAS, Son.- Los nuevos directivos del congreso sonorense llegaron con guillotina y ya la usan.

Ya dieron el paso preparado desde el primer día y resolvieron con abrumadora mayoría, no ratificar a 18 funcionarios que ya remueven y sustituyen en Comunicación Social, Dirección Jurídica, Investigaciones Parlamentarias y Estudios Legislativos, y Oficialía Mayor.

El PAN se opuso, pero qué podían hacer con solo 4 votos.

La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política designó encargados de despacho en esos 18 espacios despejados.

Fueron duros con los despedidos, esos de “de nula oportunidad de permanencia, considerando el contexto político que no les es favorable en esta legislatura, ni en el nuevo sexenio de la Administración Estatal”. Algo así como que no tendrán chamba por razones fácilmente entendibles.

Un texto destaca la “mención especial” que merece Alberto Nevarez Grijalva, titular de Comunicación Social, quien renunció con efecto al 31 de octubre.

A Nevarez lo consideran un profesional e hizo su tarea “brindando en todo momento un trato respetuoso a todos los integrantes de la anterior y la presente legislatura”.

Eso, en buen castellano, es un mensaje de que no desaprovecharán su capacidad.

Al meter la escoba, la CRICP supo de varios cargos acéfalos, algunos “abandonados” desde hace años por sus titulares, por causas desconocidas --y de nuevo el leguaje fuerte-- “debido a la opacidad en el manejo de la información que sigue manteniendo el personal directivo que controla esos datos administrativos”.

Son pues, los cambios obligados para que la gente del nuevo sexenio no traiga una piedra en el zapato al emprenderse los nuevos proyectos.

También se ratificaría a Rogelio López García como fiscal Anticorrupción, pero qué contraste con el rechazo a la permanencia del fiscal especializado en Delitos Electorales, Daniel Núñez Santos.

El primero, apenas hace dos meses asumió las funciones de Fiscal Especializado en materia de Anticorrupción, y se recomendó brindarle el voto de confianza, como ocurrió.

Al segundo le fue como en feria, pues no dejó huella para evaluarlo desde su nombramiento en agosto de 2020, así que sólo se sabe lo negativo: denuncias durante las campañas y la jornada electoral, de violencia política de género, amenazas a aspirantes a puestos de elección popular, irregularidades el día de la votación y el asesinato del candidato a alcalde de Cajeme, Abel Murrieta.

No mostró participación de su Fiscalía para deslindar responsabilidades, sobre todo en los casos graves de amenazas y el brutal homicidio del ex procurador y candidato del MC. Se cree que los autores del crimen “podrían tener motivos electorales que no podemos permitir que vuelvan a presentarse en nuestro Estado”, se expuso.

Como no informó a la ciudadanía de lo que hizo para esclarecer los hechos, y sin elementos para valorar su labor con responsabilidades de Ministerio Público --investigación y persecución de delitos—, no fue posible recomendar su ratificación. Y no se ratificó.

En los próximos 15 días, o menos, estarán cocinados los nuevos nombramientos para comenzar la nueva historia. Que a Sonora le vaya bien.

QUE DÉ NOMBRES

Jesús Acuña Méndez, director del Isssteson, habla mucho de los estragos causados por los saqueadores que dirigieron años y años a la institución, en perjuicio de los derechohabientes.

Debiera establecer claramente lo que encontró y mencionar con la misma claridad, a cada uno de los presuntos responsables del evidente desfalco. No tiene caso hacer como el perro que ladra y, al final, no muerde.

Mejor son las precisiones como las que hizo el gobernador Alfonso Durazo, al salir de su oficina para atender a pensionados y jubilados a quienes se les retrasan sus quincenas y les pichicatean medicinas.

Durazo dijo que primero resolverá esta situación y se actuará contra los pillos del ayer. Y ya sabemos quiénes son, pues solo basta recordar su rápido crecimiento material a partir de su llegada a dirigir el instituto.

OFICINAS PRECARIAS

La ruinosa oficina del Registro Civil en Guaymas es una tortura para los usuarios. Siempre hay entre 20 y 30 personas esperando a veces hasta una hora para ser atendidas.

La nefasta herencia de Ulises Cristópulos, otro aprovechado del viejo régimen, persiste y es hora de cambiar las cosas, atendiendo una demanda que abusivamente no se cubre, pese a los altos costos –sin recibo—de los servicios.

“SOLO” FIRMÓ ANUENCIA

El ex secretario de la comuna guaymense, Arturo Lomelí, negó haber otorgado permiso para establecer el negocio de renta de carpas y sillas en una playa de San Carlos, retirado el sábado por la fuerza pública.

“Lo único que hice fue firmar una anuencia”, dice el ex, con una cara de inocencia que casi convence. Como si no supiera que lo que ocurra en el municipio, ocurre solo por una anuencia.

Con ese cinismo, acuden él y otros funcionarios a declarar lo qué saben de las leperadas del trienio pasado. Consultaron con sus abogados y les instruyeron qué responder, porque “no va a pasar nada”.