Martes 01 de Febrero de 2022 23:04

Escrito por Agustín Rodríguez L.

+ Mucha obra en el Municipio; la región yaqui, la más favorecida; Karla Córdova anuncia que solo el Ayuntamiento invertirá 91 MDP; habrá transparencia y prioridad a contratistas locales; Tarango reaparece en Morelos; nombramientos en el puerto

GUAYMAS, Son.- En este municipio hay mucha obra, augurio de la recuperación que no pudo lograrse en los últimos trienios, por estar sometido a la voluntad de políticos sin vocación de servicio, que privilegiaron los negocios personales.

La principal obra se hace en comunidades yaquis, donde avanza el Plan de Justicia prometido y emprendido por el gobierno del presidente López obrador.

Los yaquis tendrán pronto su propia universidad, su Distrito de Riego para tarea agropecuaria, más de mil 500 viviendas y otros proyectos derivados del elevado interés gubernamental por devolverles algo de lo mucho que les han quitado.

El Estado respalda esa tarea y el fin de semana el gobernador Alfonso Durazo anduvo en aquel suelo, para observar que se dé seguimiento a las obras.

Gran recibimiento se le dio al iniciar su gira, en Pitahaya, donde aprecian mucho que les remodele la sede de la Guardia Tradicional, pero también les mejora escuelas y campos deportivos. Tal qué hacer lo confirmó el mandatario, junto con la participación de la gente, porque Durazo no quiere imposiciones y exigió atender sus ideas, diseños y solicitudes, pues quiere que las obras duren mucho y sean parte del progreso que merece la etnia, sin afectar sus costumbres.

Gran obras es la habilitación de 136 kilómetros de acueducto que llevará el líquido a 4,500 hogares en 58 comunidades del territorio, donde también se contempla la salud, educación y vivienda. Construir caminos es fundamental y, en la tarea, los mismos yaquis tienen una importante fuente de empleo.

Se explicaron metas y avances. En ello tuvo mucha participación el secretario de Infraestructura del estado, Heriberto Aguilar, quien entiende el pensamiento de su jefe y hace la tarea para verlo plasmado, en el menor tiempo posible, para bienestar de los sonorenses.

Con ellos anduvo Karla Córdova, la alcaldesa que hace décadas ya ayudaba a familias yaquis y hoy, con presupuesto a su alcance, les ayuda mucho más. Hará mucha obra municipal y un trozo del pastel va a esas comunidades, así que la región ya ve materializarse el apoyo ofrecido por las tres instancias de gobierno.

Allá mismo, la doctor Córdova confirmó al gobernador Durazo la correcta interpretación del mensaje cuatroteísta, en el enfoque a las acciones materiales a favor de la gente, y le adelantó algo de lo anunciado este martes en el patio de Palacio Municipal, sobre obras afines a la demanda de la ciudadanía y los ingresos municipales determinarán alcances.

Y por primera vez, destaca en su anuncio la jefa del Ayuntamiento, el 100% de la obra se licitará “con el fin de hacer todo con la mayor transparencia posible”, agregando este estimulante epílogo para ese sector: “se dará prioridad a contratistas locales”.

Qué bueno. Siempre el problema ha sido la falta de transparencia y, solo como un ejemplo, en el trienio anterior los favoritos de “la señora” ganaban las licitaciones, nadie más. Un contratista interpuso dos demandas por eso, pero como muchas otras, se atoraron cuando a la Contraloría de Miguel Ángel Murillo y a la Fiscalía Anticorrupción del Odracir aquel, les tocaba actuar contra tales chuecuras.

El caso es, pues, que la doctora Córdova formalizó el anuncio de 91 millones de pesos en infraestructura social, solo del Ayuntamiento este 2022.

Lo que hará  el Estado es aparte. Y ni se diga el fondo federal destinado al cercano futuro, centrado en el puerto marítimo comercial de altura, de donde se desprenderán muchas acciones más por miles de millones de pesos. Durazo ya arrojó su espada en prenda, y va por ella.

De ese  futuro se habló en el evento en el que la alcaldesa se hizo acompañar de Celestino Sarabia, secretario del Ayuntamiento, y Alfonso de la Torre Ramos, titular de Infraestructura. Asistió Everardo Gortárez, director de Egresos, por obvias causas, y confirmando la buena relación con el Cabildo, regidores como Dinora Alcaraz, Guadalupe Soto, Oscar Tapia, Reyna Barahona y Paulette Gaxiola.

TARANGO, EN MORELOS

Cándido Tarango, oficial de las fuerzas armadas navales, era Comisario de Seguridad Pública en el sobrecalentado Cajeme, hasta hace poco.

Entregó el cargo a otro marino, como él, y desapareció llevando en sus espaldas el saldo de la desbocada violencia criminal que tiñe de sangre el municipio.

Este lunes reapareció en Morelos. Se reunió con el exfutbolista y hoy gobernador, Cuauhtémoc Blanco, para confirmar que llega de parte de la Secretaría de Marina para establecer el apoyo en funciones de seguridad pública en el estado, y llega con la “plena convicción de hacer nuestro trabajo como siempre lo hemos ejercido”. Imagínese.

A ver dónde aparece el otro capitán, Andrés Cano Ahuir, quien en diciembre dejó el mismo cargo en Guaymas.

NOMBRAMIENTOS

José Alberto Garayzar Conde y José Ángel Burruel Mariscal son, desde este martes, directores de Asuntos Internos y Catastro, respectivamente.

La alcaldesa Karla Córdova los exhortó a conducirse de manera transparente y apegada a la Ley para servir a la comunidad.

Otro Garayzar Conde –homónimo de su padre, el recordado amigo Rogelio Noé-- comenzó la semana como administrador del Hospital General de Guaymas.

Martes 25 de Enero de 2022 20:23

Escrito por Agustín Rodríguez L.

+ San José va por nueva directiva, frente a grave amenaza patrimonial; miles de hectáreas traspasadas no benefician ni al ejido ni al Ayuntamiento; Aarón Grajeda da reversa y la SEC sigue olvidada en Guaymas; notario cateado por la FGJE se ampara contra autoridades; mataron a Lourdes Maldonado, pero no se mata la verdad

GUAYMAS, Son.- El domingo, el ejido San José de Guaymas hará su asamblea de la cual debe surgir el nuevo presidente de su Comisariado, a quien Gildardo Nájera Padilla entregará el mando en medio de problemas graves para esa entidad social.

Tan graves, que en pocos meses podría sentenciarse al ejido a pagar millonaria suma, producto de una demanda interpuesta en 2019 por el abogado Jesús Alberto Garza Osuna, quien agotó negociaciones sin lograr reconocimiento al adeudo por servicios profesionales de asesoría jurídica.

Garza, por cierto, presidió el Comisariado y no le fue bien con ejidatarios-propietarios, a quienes ubicó como un cacicazgo que aprovecha el incremento en el valor del suelo, para realizar operaciones al margen del ejido.

San José de Guaymas fue uno de los ejidos más extensos del país–el segundo, me dicen—y en sus épocas de dotación y restitución, resaltó por su producción agropecuaria, sobre todo cítricos.

Conserva estatus ejidal, pero sus 15 mil hectáreas fueron alcanzadas por la expansión urbana al no haber para dónde más crecer. Muchos de quienes aquella reforma convirtió en dueños vendieron y hoy se pueden realizar operaciones mixtas, pero se critica el oscurantismo en esos tratos.

Miles de hectáreas se vendieron, sin servicios, a partir de 300 pesos y en algunos casos hasta 6 mil por metro cuadrado. Sin embargo, los Ayuntamientos de la última década no reflejan ingresos fiscales por los montos que exigen los traspasos, ante la prosperidad alcanzada por el ejido.

Se supone que los principales beneficiarios de esa prosperidad, fueron quienes negaron reconocimiento al adeudo con el abogado Garza y lo retaron, más por diferendos políticos que por conveniencia legal. Lo minimizaron, dicen conocedores de la materia que saben de avances del juicio --expediente 189/2019--, llevado por el Juzgado Segundo de Distrito en Hermosillo, donde “está prácticamente por resolverse”.

El domingo se sabrá si las cosas cambiarán, pues uno de los principales indignados por el proceder de quienes arriesgan el patrimonio comunal, es Alejandro Robinson, quien lamenta lo que ocurre y decidió participar para buscar orden, pues al ver que hay errores en la conducción, descubre que no todos habrían sido involuntarios y han costado demasiado dinero. Y mucho de lo que se habría generado tampoco ingresa a la tesorería ejidal, cuyas arcas debieran contabilizar millones.

Parece tener todo para ganar la elección y hacer lo correcto, alejar amenazas y tender puentes, lo que no logró Nájera Padilla, aunque se le complicará la vida si toca intereses como los que tienen ahora metidos en líos de todos tipos a la organización social.

¿QUÉ PASÓ, AARON?

Mauro Esteban Barrón Robles es ingeniero civil, pero prefirió dedicarse a las letras.

Su vocación ha integrado mucho de la historia guaymense y es el auténtico Cronista de la ciudad. Tiene varios libros ilustrativos del ayer y de los sonorenses que cimentaron la grandeza de Sonora.

Se creía que por eso y su capacidad administrativa, Aarón Grajeda, secretario de Educación y Cultura, decidió escogerlo como delegado para Guaymas y Empalme.

Barrón Robles y Grajeda se conocen hace años por coincidir en eventos de la intelectualidad sonorense.

Lo nombró delegado a partir del miércoles 19 y el respetado guaymense llegó a una oficina que, desde octubre, está prácticamente tirada al poner tierra de por medio la priísta-panista Marlene Márquez Castillo, y subsiste con escaso personal que solo hace “guardias” y bajo ataques de Covid-19.

Pero el viernes 21, cuentan los escasos testigos, el ingeniero Barrón salió al mediodía y no volvió. No se consumó pues, el nombramiento.

Ahora la gente cuenta que la reversa de Grajeda es porque el cargo se le dará a un político afín al cuatroteísmo. No será, y de eso no hay duda, tan capaz como el historiador y escritor, y quizá hasta sea importado, para que impacte más el presupuesto de la SEC con renta de casa y alimentos.

Todo sea por una buena educación.

NOTARIO PIDE AMPARO

El notario público 79, Enrique Ahumada Tarín, tramita un amparo contra actos atribuidos a Jesús Manuel Ibarra Carreón, juez de Control del Distrito Judicial 1, y otras autoridades. La audiencia para resolver la petición será el 23 de febrero.

NO SE MATA LA VERDAD

En todo el país se manifiestan periodistas y alzan su voz para confirmar que no se mata la verdad.

Por ejemplo, compañeros del Estado de Campeche preguntan esto:

“¿Creen que somos periodistas por la mala paga, los horarios de tiempo completo o el peligro de que nos maten?

Somos periodistas porque existe un interés público y el bien común. Las personas anhelan comprender el mundo en el que se encuentran y crear uno mejor. Pero en estos tiempos desconcertantes, defender la verdad se ha convertido en una necesidad social urgente y debe obligar incluso a los no periodistas a rechazar fuertemente la violencia contra la prensa”. Cierto.

Lourdes Maldonado murió en Tijuana, abatida por balas de criminales, como cientos de informadores más.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dice bien, no se vale acusar sin pruebas ni juzgar a priori, y prometió estar atento a las investigaciones para hacer lo necesario y que haya justicia.

Eso es la buena noticia. La mala, que lo mismo dijo con dos asesinatos previos en la semana y docenas más de los últimos tres años. Y la sangre sigue corriendo.