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+ Se quejan de los Juzgados y el STJE anuncia revisión; aunque se infiere, no citan la palabra “corrupción”; advierte Rafael Acuña: “no será dado por cierto hasta verificar señalamientos”, pero se daría vista al Ministerio Público y Fiscalía Anticorrupción
GUAYMAS, Son.- La versión sobre el comercio de la ley es ancestral, pero si hacemos caso a abogados guaymenses, nunca como hoy se llegó a tal extremo entre quienes imparten justicia en este suelo.
Por eso vino el recién electo presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rafael Acuña. De hecho, aquí inició su agenda de visitas a toda la entidad. Quería saber el por qué de tanto ruido surgido en las últimas semanas y acudió perfectamente escoltado por la magistrada Elvia Zataráin --guaymense ella, para orgullo nuestro-- y el contralor Sergio Encinas.
Charló con 45 miembros del Colegio y de la Barra de Abogados, que dirigen René Sierra Munguía y Armando Saucedo Monarque y les recibió dos cuartillas con el resumen de quejas por todos conocidas.
O como lo plantea Saucedo: “el cúmulo de irregularidades con las que se opera en los juzgados locales”.
Eso, dijo, ha afectado el estado de derecho, a partir del lema del ambiente judicial, “la justicia que no se da, no es justicia”, ampliada a que “la justicia no es tal si tarda, porque se pierde calidad en el resultado de su aplicación”.
Buen punto el reclamo de no dejar denuncias en el vacío. Todas deben tener número de expediente, causa que se persigue, error, injusticia y actos de corrupción que se denuncien. No hacerlo, se dice, es dejar la ventana abierta por donde, la justicia puede desvanecerse… o no.
Se supone que al anunciarse la visita del magistrado presidente del STJE, se volcaron los abogados en denuncias. En tres días habrían desfilado todos ante la comisión de la Visitaduría interponiendo quejas.
René Sierra, también regidor morenista en el Cabildo actual, reiteró la queja pero menos incisivo, y hasta hizo sobresalir su reconocimiento a Acuña, porque “por primera vez se presenta una autoridad así en los municipios”.
Dijo que ya el presidente del Tribunal tiene la información completa, la revisa, aunque ya la tenía el anterior presidente, solo que no se interesó en arreglar el desgarriate de los juzgados locales.
Pero el documento entregado a la autoridad máxima del órgano impartidor de justicia, por más que se le busca, no habla nada de corrupción, solo de “irregularidades”, principalmente en los juzgados Civil y Familiar, y específicamente de sus titulares, secretarios de acuerdos y proyectistas.
Todos tienen nombre, claro, pero se indaga sobre la lentitud, negligencia, arrogancia o prepotencia, para saber si todo deriva de eso, corrupción. Solo entonces se resolvería separarlos del cargo y, en su caso, abrir procesos penales. Hasta entonces se podrían conocer.
Hay actas levantadas donde se piensa que no se aplicó correctamente la ley, pero limitadas a señalar lo anterior, y hasta “preferencias entre ciertos bogados”, lo cual sabría sin duda el experimentado abogado y principal juez estatal, quien trabaja en soluciones, pero todo eso “no será dado por cierto hasta verificar señalamientos”.
Tendrá razón. Para qué manchar honras sin la carga de la prueba.
Todos los juzgados están en entredicho, pero repito, sin señalamiento preciso de corrupción, así que se esperaría solo la rotación de personal, lo que el principal juzgador consideró “algo común cuando se cree necesario”.
Otra cosa sería hablar de “algún dinero o algún otro tipo de medio para influir una decisión” y, si hay causa justificable, entonces se acudirá “para dar vista” a instancias obvias, como el agente del Ministerio Público y el fiscal Anticorrupción.
Varios abogados vieron desaparecer una oportunidad de exponer el problema de fondo, pero al final aceptan la dificultad de exhibir a quienes creen ser dueños de la ley, por eso habrían dejado fuera del texto y charla, la palabra corrupción. Prefirieron señalarlos como servidores públicos que “con una visión autoritaria han distorsionado la función legal”.
Eso sí, los acusaron de nepotismo y tráfico de influencias en todos los niveles; también por falta de capacidad y formación, por eso jueces sin experiencia, criterio y voluntad, conocen y resuelven los contradictorios “a como Dios les da a entender”.
Quien entiende lo que ocurre en el poder judicial, pensaría en cambios próximos. Más, el origen, no sería esta queja, sino los aires de cambio generados por el nuevo sexenio.
Debieron darse hace tiempo, pero la rotación desapareció y por eso en la región –dicen que todo el estado está igual— el largo tiempo creó raíces y compadrazgos.
Y René Sierra así lo sintetiza: “Hoy, con servidores públicos que tienen 15 y 20 años en esos puestos, ya se convierte en eso”.
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