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+ Otra vez el caso Colosio: ¿Manoseo electoral?; Luis Donaldo hijo pide indultar a Aburto y carpetazo al asunto; 30 años después, las dudas prevalecen; hay culpables sin castigo, pero “el pueblo ya juzgó”
GUAYMAS, Son. – El Estado mexicano no quiso resolver el “Caso Colosio”, la tragedia que cavó la tumba del PRI y desnudó la descarnada lucha por el poder que arrastró al descrédito incluso a la familia presidencial de la época.
Esto dijo Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey y virtual candidato naranja al Senado de la República:
“Apelando a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto. Que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto. Que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero, sobre todo, a través del respeto, a dejar esto, ya, en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es, pues, vuelta a la página”.
Se reabrió el caso y no saca nada nuevo a la luz, excepto el nombre de Genaro García luna, más tarde secretario de Seguridad Pública del país hoy bajo proceso a penal en Miami, por vínculos con el crimen organizado.
García Luna podría pasar mucho tiempo preso por las diabluras cometidas como asesor del presidente Felipe Calderón, cuando inició la guerra contra las drogas, una caja de pandora que no han podido cerrar. Nada se decía sobre él en 1994.
Luis Donaldo Colosio Murrieta nació en Magdalena, Sonora, fue diputado federal, miembro de la alta burocracia y presidente del PRI nacional, de donde saltó a la candidatura presidencial.
Su atropellada campaña reflejó el disgustó de altas jerarquías priístas por el “destape” que, se supone, debió favorecer a Manuel Camacho Solís –jefe político y mentor de Marcelo Ebrard--, lo que habría conducido al crimen. Colosio fue asesinado el 23 de marzo de 1994 en Tijuana.
Mario Aburto, un obrero de 23 años nacido en Zamora, Michoacán, fue señalado como homicida. El candidato recibió un disparo en el cráneo de un revolver Taurus calibre 38, y uno de calibre .22 en su abdomen, pero Aburto fue encarcelado como único responsable del asesinato.
Recibió sentencia en 1995, pero obtuvo un amparo en 2023 por irregularidades en el proceso. Fue torturado, acusó, para que se declarara culpable. Un tribunal federal de apelación dejó sin efecto la condena de 45 años en octubre del año pasado, pero sigue preso.
REMUEVEN HERIDAS
Casi 30 años después, la Fiscalía de la República revive el caso y retoma la hipótesis del “segundo tirador”, retomando el nombre de quien dio positivo en la prueba de disparar un arma de fuego.
Aquella generación lo ha ido olvidando y la nueva no conoce la historia, pero en el análisis de quienes lo recuerdan, brota el tufo del oportunismo electoral cuando la reapertura de expedientes y revisión de las muy manoseadas pruebas, comenzó el choque de criterios con los juzgadores.
Por ejemplo, el fiscal de la Nación, Alejandro Gertz Manero, revela que el juez Alberto Chávez Hernández negó la orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, presunto agente de Seguridad Nacional en esa época y desaparecido del mapa al paso del tiempo, como se ha borrado el nombre de Domiro García Reyes, responsable para el Estado Mayor Presidencial, de la seguridad de Colosio y muchos más.
Lo vuelven a señalar como el “segundo tirador”. Pero el agregado actual es que, Sánchez Ortega, habría sido protegido por Genaro García Luna, entonces subdirector operativo del Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN), siempre mencionado cuando se habla del complot, de ayudar a preparar el crimen y sembrar pistas para desviar toda investigación de lo que apuntaba hacia lo más alto del mando nacional.
Después, el caos. La presunta respuesta al ser asesinado el siguiente dirigente nacional del PRI, Francisco Ruiz Massieu --miembro de la familia presidencial—, enseguida su presunto asesino intelectual, el diputado federal tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha, entre otros personajes de menor importancia jerárquica en el priato.
La ley, desde la entonces Procuraduría General de la República, volvió al medioevo. Para encontrar a Muñoz Rocha contrató a una bruja que adivinara su ubicación. Lo hallaron, dice la investigación, porque lo “adivinó” Francisca Zetina, “la Paca”, no los hábiles investigadores que compartieron tal vergüenza de ver una calaverita poniendo fin a la búsqueda.
Ruiz Massieu salió de una reunión con 180 diputados electos y abordaba su vehículo, cuando Daniel Aguilar Treviño le disparó. Fue quien acusó a Muñoz Rocha. Era un desempleado que llegó a la capital y fue contratado por Jorge Rodríguez, hermano de Fernando Rodríguez, secretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. El trabajo era, declaró, matar a Ruiz Massieu “porque apoya una serie de reformas que no convienen”.
El entonces presidente Carlos Salinas de Gortari nombró al hermano del asesinado, Mario Ruiz Massieu, subprocurador para el caso. Pronto renunció e hizo famosa su frase: "una bala mató a dos Ruiz Massieu, a uno le quitó la vida y a otro le quitó la fe y la esperanza de que en un gobierno priista se llegue a la justicia. Los demonios andan sueltos y han triunfado".
Carlos Salinas de Gortari terminó su gestión y le sucedió Ernesto Zedillo, quien propuso Pablo Chapa Bezanilla como subprocurador para investigar los asesinatos y comenzó creando el escenario de “La Paca” y sus calaveritas.
Allí apareció el nombre de Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos, como el verdadero autor intelectual del asesinato de Muñoz Rocha, por lo cual pasó 10 años preso.
QUE SANE EL PAÍS
Detener a Sánchez Ortega será un escándalo distractor. Cuando trabajaba la Comisión del Caso Colosio se integraron diputados federales como el empalmense Heriberto Lizárraga, quien descartó de la indagación al exagente del CISEN como presunto segundo tirador, pues el individuo era una persona mentalmente inestable, con todo lo que la expresión significa.
No ahondó en versiones sobre otros responsables de la seguridad de Colosio, del policía Federal de Caminos pregonando horas antes que “algo muy grande va a ocurrir aquí”, de Carlos y Raúl, de la desaparición por varias horas del presunto asesino para ser interrogado por personal ajeno a los investigadores, luego asesinado en un taller mecánico para ser sustituido por el Aburto preso.
Cuantas cosas. Por eso el hijo del malogrado candidato apela a la “compasión del presidente” para el indulto a Mario Aburto y el carpetazo para que, “tanto mi familia, como México, sanemos”.
Lo engrandece su expresión. Habla de reconciliación “a través del perdón”, sobre todo a través del respeto y pide dejar esto en manos “de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento”.
EL PUEBLO YA JUZGÓ
Meses después, luego de escuchar una conferencia del genial Catón, Armando Fuentes Aguirre, en Empalme, charlamos del tema imposible de soslayar.
Me respondió lo irrelevante de esperar resultados de la confusa información de la Procuraduría, pues “el pueblo ya juzgó”. Sí, como muchos alrededor coincidimos, eso llegaba hasta el presidente.
Para qué revivir ese drama sangriento y resaltar las agobiantes flaquezas del país.
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