CD. DE MÉXICO, 25 de Abril de 2018.- Autoridades en Europa investigan una red de blanqueo para financiar la campaña de Ricardo Anaya Cortés, el candidato presidencial del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.
En la indagatoria también estarían relacionados el queretano Manuel Barreiro y el empresario mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva, según la investigación en curso en torno al presunto delito de blanqueo de capitales, publica este día el diario madrileño El Español.
La nota detalla que la investigación de autoridades judiciales europeas está relacionada con la que realiza la Procuraduría General de la República en México, sobre el presunto blanqueo de dinero a través de la venta de una nave industrial de la familia del candidato panista.
El diario cita en forma destacada que se investiga la presunta participación del empresario Juan Pablo Olea Villanueva en una red internacional de lavado de dinero cuyo último beneficiario sería Anaya Cortés, ya que Olea es la mano derecha del conocido empresario mexicano de bienes raíces Manuel Barreiro, amigo de Ricardo Anaya y se indaga sobre una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales, a fin de obtener fondos para la campaña de Anaya.
Así, habría fondos circulando por Canadá y Gibraltar, recibidos por Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia y adquirida por Manhattan Master Plan, empresa supuestamente utilizada por Manuel Barreiro Castañeda para favorecer al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.
En México, la PGR inició una carpeta de investigación que por la denuncia de un supuesto desvío de recursos realizado por Barreiro Castañeda para triangular 54 millones de pesos en favor de la familia de Anaya, que vendió en 54 millones de pesos la nave industrial luego de que Anaya Cortés compró el espacio en 11 millones de pesos.
LA HAYA, Países Bajos, 24 de Abril de 2018.- El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, concluyó su primera Visita Oficial al Reino de los Países Bajos, que realizó como parte de la gira de trabajo por Europa.
El Primer Mandatario sostuvo un encuentro privado con Su Majestad Willem-Alexander, Rey de los Países Bajos y se reunió con su homólogo neerlandés, el Primer Ministro Mark Rutte, para dialogar sobre incrementar los intercambios comerciales y de inversión.
De manera particular se refirieron a la reforma energética y destacaron que ésta ha proporcionado un marco transparente y propicio para que empresas neerlandesas formen parte de un nuevo y diversificado mercado energético mexicano.
El Presidente Peña Nieto agradeció el apoyo de los Países Bajos durante las negociaciones con la Unión Europea para modernizar el marco jurídico con México.
Comunicado Conjunto
Los líderes hablaron sobre las amplias coincidencias que los dos países tienen en temas prioritarios de la agenda global, como la reforma de la ONU, implementación de la Agenda 2030, Operaciones para el Mantenimiento de la Paz y el cuidado del agua.
Para fortalecer el marco jurídico entre ambos países, se firmaron 6 instrumentos de cooperación bilateral en interconectividad aérea, promoción de inversiones e intercambio académico, énfasis en becas doctorales, así como una Declaración Conjunta sobre Cooperación, que busca crear una referencia general para guiar las acciones bilaterales en cooperación técnica y científica.
Países Bajos es el 5º inversionista en México a nivel mundial y el 2º entre los países de la Unión Europea. Es el 6º socio comercial de México entre los países miembros de la Unión Europea y el 18º a nivel mundial.
SE AVANZARÁ, NO IMPORTA QUIEN GANE
CD. DE MÉXICO, 24 de Abril de 2018.- Ante integrantes de la Confederación Patronal Neerlandesa, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que, independientemente de quién gane la próxima elección presidencial, México continuará en su ruta de desarrollo gracias a la solidez institucional y a la implementación de las reformas estructurales.
En el marco de la visita oficial que inició este martes por Países Bajos, el mandatario recordó a los empresarios de este organismo, encabezado por Hans Boer, que México vive el proceso electoral más grande de su historia, resaltando la renovación del Poder Ejecutivo.
Agregó que dicho proceso electoral transcurre en un clima de gran normalidad democrática, “tenemos instituciones democráticas sólidas hemos realmente fortalecido nuestra vocación democrática, hemos tenido en el pasado ya alternancia en el ejercicio del poder”, puntualizó.
Con estas palabras, el mandatario buscó mantener esa confianza en quienes ven en México como un país en el cual seguir invirtiendo.
+ Una fianza de 20 mil dólares le permitirá permanecer libre en tanto definen su situación legal
PHOENIX, E.U, 29 de Diciembre de 2017.- Un juez federal determinó liberar a un ex funcionario mexicano de la custodia a cargo del Departamento de Inmigración de este país, tras cubrir una fianza de 20 mil dólares.
Carlos Villalobos Organista, ex tesorero general del Estado de Sonora, fue arrestado en abril en Scottdale, Arizona, por expirar su visa que le permitía ingresar como visitante a los Estados Unidos.
Villalobos ingresó desde México a través de Nogales, Arizona, en Julio de 2016, presentando visa de no inmigrante. El alega persecución por parte del gobierno mexicano, a través de sus defensores legales y por el momento se le ha permitido asilo.
El ex tesorero es miembro del conservador Partido Acción nacional, opuesto al Revolucionario Institucional, siglas que han permanecido en el poder la mayor parte del último siglo.
Un juez de inmigración inicialmente ordenó liberar a Villalobos el 22 de noviembre, tras garantizar una fianza de 20 mil dólares, pero oficiales de esa instancia dispusieron una “permanencia automática” que ordena detener su liberación.
Jesse Evans-Schroeder, un abogado de Villalobos, dijo durante una audiencia la mañana de jueves que Villalobos ha estado hasta ahora en custodia por varios meses.
Autoridades Estadounidenses confirmaron que Villalobos, funcionario en el Gobierno de Guillermo Padres Elías, fue liberado de la prisión de Eloy, Arizona, el 28 de diciembre de 2017, tras haberle concedido un Juez Federal de Distrito de Arizona, la libertad bajo Fianza.
En resumen, Villalobos Organista continuará con su procedimiento inmigratorio bajo libertad, hasta en tanto el Juez de Inmigración dicte una resolución en su caso, desconociéndose cuanto tiempo lleve esto. El Servicio de Inmigración le advirtió no salir de los Estados Unidos, toda vez que le pidió su pasaporte al momento de su detención.
En contra del ex funcionario existen órdenes de aprehensión libradas por Jueces de Distrito en Sonora, por el delito de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, además de enfrentar investigaciones por enriquecimiento inexplicable y asociación delictuosa.
+ Exhibe el New York Times al gobierno mexicano; usan programa que deben ser para identificar a criminales y terroristas
NUEVA YORK, 20 de Junio de 2017.- El influyente medio New York Times publica hoy un artículo en el cual exhibe al gobierno mexicano como promotor de espionaje sobre defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.
Revela que han sido afectados por un avanzado programa de espionaje “adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas”, pero en este caso entre los “blancos” del programa están abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía, dice el rotativo.
Incluso los intentos de espionaje alcanzan a familiares de activistas y periodistas, incluido un adolescente y solo desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en este tipo de programas de espionaje que factura una empresa israelí.
COMO ACTÚA
El software conocido como Pegasus infiltra teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear la vida diaria de una persona por medio de su celular. Están al alcance desde llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos, calendarios, hasta el micrófono y cámara. Es decir, el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.
La empresa que fabrica el software, NSO Group, le dijo al NYT que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas, grupos criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.
Pero decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses confirman que el software ha sido utilizado para vigilar a personas que critican al gobierno y a sus familiares. Eso, dice el medio neoyorquino, sería un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
Entre los “enemigos del Estado” que fueron entrevistados, está Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3, junto con su esposa.
Según la ley mexicana, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud. Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la corte porque saben que no la obtendrían, señaló Eduardo Guerrero, ex miembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, agencia que utilizan el “Pegasus”.
Los hackeos fueron personalizados. Llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir acceso rápido a los teléfonos celulares.
Es el caso de la periodista Carmen Aristegui. Un operador se hizo pasar por funcionario de la embajada de Estados Unidos en México “y le imploró darle clic” en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa.
El gobierno mexicano ha dicho tener información de “sospechosos legítimos” de un modo apegado a derecho y dijo que “como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia”, pero rechazó “categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones” a esas personas.
El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. El fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo, pero los expertos pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un “objetivo” y reconocen que este programa “es lo mejor que hay”.
NSO Group agrega que es poco probable que los cibercriminales hayan obtenido acceso a Pegasus de algún modo, porque el programa solo puede ser utilizado por agencias gubernamentales en las que se ha instalado la tecnología, por lo cual de inmediato la sospecha involucra a gobierno mexicano porque no se sabe, una vez entregado el sistema, cómo lo utilizará.
Solo si se quiere espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650 mil dólares más la cuota de instalación, que es de 500 mil dólares, por lo cual los afectados lamentaron que el gobierno esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de hacerlo contra los responsables de estos abusos, lo cual “dice mucho de para quién trabaja el gobierno”.
En México, NSO Group no ha condenado ni ha reconocido que haya abuso de su software, a pesar de que se han presentado evidencias donde se demuestra que sus herramientas se han utilizado en contra de ciudadanos comunes y sus familias.
Para confirmar la lista de afectados, debe incluirse al periodista Carlos Loret de Mola, un popular conductor de televisión que recibió ocho mensajes de texto con un código para infectar su teléfono con el programa Pegasus; Está Luis Fernando García, director de un grupo de derechos digitales en México que ayuda a identificar casos de abuso del programa; Carmen Aristegui es infaltable, por su activismo al denunciar corrupción gubernamental como el escándalo de la “Casa blanca” de la primera dama, presuntamente obsequiada por un contratista del gobierno que tiene relación con el mandatario. Aristegui perdió su trabajo por esa denuncia.
Otros nombres son Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Stephanie Brewer, una abogada estadounidense que ha trabajado con el grupo desde 2007, etc.