Vigila PGR elecciones en 5 Estados

Lunes 23 de Mayo de 2016 15:59

Escrito por Agencias

CD. DE MEXICO, 23 de Mayo de 2016.- Las denuncias relacionadas con el proceso electoral convierten a los estados de Oaxaca, Puebla, Quintana Roo Tamaulipas y Veracruz en zonas de “atención prioritaria” para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR.

Por ello, la Fiscalía federal hará un gran despliegue ministerial en esas entidades a partir del próximo 2 de junio, según el anuncio que adelanta su titular Santiago Nieto Castillo.

Medios nacionales consignaron que hasta ahora se acumulan mil 295 investigaciones relacionadas con los procesos electorales locales de este año, pero el funcionario negó que esas entidades de atención prioritaria sean el equivalente a “focos rojos”, aunque reconoce que en el caso de Veracruz, se han presentado más de 250 denuncias por la comisión de presuntos delitos electorales como condicionamiento de programas sociales, compra de votos, “turismo electoral” --acarreo de votantes de un estado a otro--, que en Chiapas se presenta con personas de Centroamérica.

Veracruz y Tamaulipas tienen cuatro denuncias por financiamiento ilícito y la Fiscalía realiza las primeras diligencias para conocer el fondo del asunto; en materia de turismo electoral tan sólo en el último año han detectado más de 2 mil casos de esa conducta ilícita que acumula hasta 28% de las denuncias presentadas en la historia de la FEPADE.

Este delito electoral es recurrente Veracruz, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Oaxaca, pero ya alcanzó a la Ciudad de México en 2015, cuando en la delegación Coyoacán se detectó decenas de personas se inscribieron al padrón electoral sin ser vecinos de la demarcación, a las cuales se les solicitó votar por un candidato a jefe delegacional.

Santiago Nieto confirma que fue llamado a declarar ante el Ministerio Público Federal por la denuncia que el Partido Verde Ecologista de México presentó en su contra por el caso del ex subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar, pero niega haber cometido faltas y confía en el Estado de derecho.

La FEPADE organizó atención para las elecciones locales de 2016, primero con el blindaje electoral; se logró un convenio de colaboración con las secretarías de Desarrollo Social y de la Función Pública y con los gobiernos de los estados, para capacitar a los funcionarios públicos sobre delitos electorales e inhibir este tipo de conductas. El proceso abarcó las 14 entidades en comicios: 12 elecciones de gobernador más Baja California, que va a renovar su Congreso local y ayuntamientos, y la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Luego, el despliegue para tener Ministerios Públicos Federales especializados y la Policía Federal Ministerial, peritos y de personal de las fiscalías estatales para que ministerios públicos del fuero común se sumen a este trabajo conjunto.

Por ejemplo, en el proceso electoral federal efectuado entre 2014 y 2015 la FEPADE inició mil 500 averiguaciones previas por presuntos delitos electorales en 32 entidades. Para este 2016, la FEPADE inició 702 averiguaciones previas en el viejo sistema de justicia, 246 actas circunstanciadas y 347 carpetas de investigación con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Eso significa mil 295 investigaciones abiertas relacionadas con los procesos electorales locales de este año.

EL “TURISMO ELECTORAL”

Detalló que el “turismo electoral” se forma con grupos de personas que van de un estado a otro estado o municipio vecino para inscribirse en el listado nominal de electores. Se trata de colectivos de personas que van a vivir a un solo domicilio, situación que se antoja improbable. En muchas ocasiones se trata de personas que se convierten en víctimas en virtud de que los instigadores primero los usan o los presionan para que hagan el cambio de domicilio y después los abandonan.

PGR dice haber tenido un caso de 280 movimientos irregulares que iban de Chalco a Oaxaca. Se pudo trabajar de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral y es importante decir que estas personas no podrán participar en las elecciones del próximo 5 de junio, puesto que fueron dadas de baja del Registro Federal de Electores.

Otro tema es el de condicionamiento de programas sociales que genera denuncias en contra de gobiernos municipales y estatales y del uso de programas sociales de naturaleza federal para influir en las campañas electorales, pero destaca la colaboración con la Contraloría Interna de Sedesol para sancionar a los servidores públicos que utilizan esa práctica, e incluso usan los bienes y servicios públicos a los que tienen acceso por su encargo.