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EMPALME, Son.- El anuncio del contralor sonorense Miguel Ángel Murillo de inhabilitar a funcionarios del padrecismo que hizo retroceder décadas a Sonora, fue un pequeño paso en esa descomunal lucha de Claudia Pavlovich para devolver la confianza en la autoridad y hacer ver a los políticos que ella no tolerará la impunidad.
Fueron 18 inhabilitaciones anunciadas para evitar –si la impunidad no se vuelve a imponer—que los sujetos que arrasaron con el futuro de los sonorenses vuelvan a ocupar cargos públicos.
Pero si fue un pequeño paso hacia esa meta de hacerlos responder como se debe, se vuelve un largo salto en cuanto a la atención que la señora Claudia y el contralor de la ronca voz lograron de la gente de a pié, cuando confirman que no parará todo en esa simpleza. Los malos deben resarcir el daño patrimonial.
Es decir, los exfuncionarios de la administración estatal 2009–2015 deben devolver el dinero robado al erario, mediante una sanción por 6 mil 259 millones 140 mil 492 pesos. Hay más notificaciones, pero todavía se esconden sus destinatarios, algunos de los cuales enfrentarán procesos penales en los fueros local y federal.
Van 40 expedientes de Contraloría General enviados a la Fiscalía Especializada para Investigación de Hechos de Corrupción, y mil denuncias, de las cuales se integran los expedientes para proceder. Se nota pues, que el pequeño paso para perseguir el delito, es gran salto en la recuperación de la confianza que doña Claudia intenta a favor de servidores públicos, quienes hasta el último día del padrecismo solo eran vistos como “una bola” de ladrones y abusivos.